Responsabilidad de Toledo

Al margen del mayúsculo pleito entre dos ministros de Alejandro Toledo –que han dado dos versiones opuestas de la sesión del Gabinete de la época que decidió otorgar diversos beneficios a los terroristas–, lo cierto es que los beneficios se dieron durante el toledato. Aunque todos quieran ahora, en estampida, tomar distancia de ellos, porque se han revelado como gravemente perjudiciales para el país.

Es evidente, ante tales circunstancias, que la responsabilidad de esa política concesiva y blandengue frente al terrorismo, corresponde al ex presidente Toledo y a su socio, Fernando Olivera, quien ocupó importantes cargos; entre ellos, ministro de Justicia, además de decidir los principales asuntos de gobierno con su aliado de la Casa de Pizarro. Consciente de esa responsabilidad, Olivera –quien no regresa al Perú porque alega que existe una orden de captura– subestima la inteligencia y la memoria de los peruanos al declarar que “tanto él como el gobierno de Toledo en su conjunto trazaron una línea de dureza frente al terrorismo”.

Testimonios, declaraciones y, lo más importante, hechos concretos –como la liberación de terroristas que se acogieron a las normas expedidas en el toledato, –además de millonarias indemnizaciones para los genocidas–, desmienten esa presunción. Por más que intenten, no hay manera de que escondan las temerarias excarcelaciones y los escandalosos pagos millonarios hechos a terroristas en virtud del absoluto y vergonzante allanamiento de Toledo y compañía a las sentencias de la Corte IDH. ¿Esto es, acaso, trazar una línea dura frente al terrorismo? Todo lo contrario. Es transigir, ceder, por una mezcla letal de la banalidad, frivolidad, temeridad e irresponsabilidad que caracterizó al régimen que gobernó al Perú entre el 2001 y el 2006.

Algo más que es clave. Fue el gobierno de Toledo el que desarmó material y moralmente a las Fuerzas Armadas y Policiales expoliadas antes por el montesinismo y desarticuló los servicios de inteligencia. Con miopía y sed de venganza –azuzadas por la progresía caviar que copó aquel régimen desde un primer momento– el toledato no aquilató el rol de las FF AA ni el de la PNP, así como soslayó su proyección en la paz nacional. Mucho menos aceptó su actuación valerosa frente al espanto del terrorismo, en los duros años de la lucha contra sus huestes sanguinarias y –ellas sí– genocidas que trataron de destruir el Perú causando miles de muertes y miles de millones de soles en pérdidas materiales.

Ante este panorama simple de nuestra reciente historia, ¿quién puede dudar de que fue el régimen toledista el que flexibilizó las penas y las condiciones de carcelería para liberar a los terroristas?,¿quién puede no darse cuenta de cuál fue la verdadera –aunque siempre disimulada– orientación política del toledismo frente al terrorismo?

Sus ministros se enfrentan ahora porque todo el país ha tomado conciencia de esa política concesiva y humillante para los intereses nacionales. Si fue Olivera o si fue Kuczynski quien patrocinó –o para el efecto, toleró la intromisión y vigencia de esa política– no es lo fundamental. Lo medular en este caso es que la responsabilidad es de Alejandro Toledo, una mancha negra de la que jamás podrá rehuir.


EXPRESO

Nuestro electorado

Diecinueve millones 595 mil 300 peruanos podrán este año acudir a las urnas y votar ejerciendo su derecho. De dicha cifra 18 millones corresponden a los electores del territorio nacional, aptos para sufragar en las elecciones municipales y regionales, mientras que 726 mil son electores residentes en el extranjero. En Estados Unidos se concreta la mayor cantidad de peruanos, con 234 mil 459 electores, seguida por España, Argentina, Italia, Chile, Japón y Venezuela, en ese orden.


La cifra total representa un incremento de 2 millones 960 mil 476 electores respecto al padrón del 2006, un aumento que equivale al 17.8 por ciento. Por primera vez habrá mayor número de mujeres, 9 millones 830 mil 538 votantes, lo que representa el 50.17 por ciento del total de electores. Además, el guarismo de votantes jóvenes asciende a 6 millones 300 mil, lo que debe llamar a la reflexión de todos los candidatos.

Se ha anunciado que este padrón ha sido minuciosamente trabajado y supervisado en un proceso de validación en 61 distritos electorales del país realizado por la Dirección Nacional de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones. Ello debe garantizar su certeza, lo que a su vez permitirá que el desarrollo y la supervisión de los comicios sean expeditivos.

El mapa electoral peruano no se ha modificado pero su densidad. En cuatro años, el universo de electores ha crecido casi en 20 por ciento, haciendo que las generaciones jóvenes constituyan nada menos que dos tercios de la población electoral. Concurrentemente, las votantes mujeres son numéricamente más que los su pares varones, perfilando un mapa con características que demuestran que somos un país mayormente de gente joven; que nuestra población electoral sigue concentrada en Lima y en las grandes ciudades del interior del país; y que la naturaleza de nuestra geografía nos demanda una gran esfuerzo articulador para que los padrones y registros de identificación de todo tipo sean realizados con tecnología de punta y con la mayor prolijidad. En este sentido, resulta alentador que el JNE trabaje con esos elementos.

Mientras se van afinando las actividades preelectorales a nivel nacional, y lo mismo sucede en nuestras embajadas y consulados en el exterior, la campaña política se intensifica. Momento propicio para exhortar a los candidatos a estar a la altura de esta convocatoria ciudadana, de sus preparativos técnicos, de las esperanzas de las regiones y los municipios a lo largo y ancho del país, de la pujanza de nuestro modelo económico –que debe reflejarse en un modelo político también exitoso y ejemplar–. Y lo que es más importante, a la altura de las expectativas de esos 3 millones de nuevos electores que se incorporan a la vida democrática activa, ejerciendo su derecho al sufragio. La sociedad no debe ni puede defraudarlos sino acompañarlos en este inicio de su vida cívica, haciéndoles ver y comprender que la democracia es el marco institucional para que logren sus sueños personales de progreso y bienestar.


EXPRESO

Terroristas y reparación civil

Paralelamente a la atinada decisión de expresar formalmente, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nuestras reservas a las reparaciones en las sentencias en materia de terrorismo, tal como lo ha anunciado el primer ministro Javier Velásquez Quesquén, el Poder Judicial debe disponer en el acto que los terroristas liberados que no han pagado reparación civil retornen de inmediato a la cárcel, porque su presencia en las calles –como lo ha señalado en múltiples ocasiones este diario– no hace más que mellar la moral de las nación.

A la vista de los escandalosos casos que la opinión pública ha conocido, el Estado peruano debe reaccionar con firmeza y coherencia, sintonizando, además, con la opinión pública que, como un solo puño, se ha unido para condenar esa liviandad que permite a terroristas –que tanto daño le hicieron al país– salir libres por la aplicación irresponsable de beneficios sin que nadie se haya preocupado de confirmar si cumplieron o no –este último es el caso– con pagar la reparación civil fijada en sus sentencias. Una inacción a todas luces imperdonable, condenable.

La lógica más simple exige una respuesta de todas las instancias judiciales. Los terroristas son un peligro mayor para la sociedad porque plantean su destrucción. Y es bajo esa óptica que debe verse y aplicarse la legislación y acción punitiva del Estado, como lo han hecho otros países. Sólo para citar el reciente caso de algunos liberados de la banda terrorista ETA en España, estos elementos accedieron al beneficio de la excarcelación tras hacer expresa renuncia a su organización, a la ve que condenar –y renunciar a– la violencia que propiciaron. En el Perú, se sabe que ningún terrorista que ha salido con el beneficio en libertad ha hecho algo similar; por el contrario, no han perdido ocasión para demostrar que no tienen un ápice de arrepentimiento.

Los procuradores del Estado deben impulsar de inmediato una estrategia para llevar a los penales a los terroristas libres que no han pagado reparación civil, contando para el efecto con la decidida colaboración de las instancias jurisdiccionales. Por su parte las instituciones, en especial los partidos políticos representados en el Congreso, deben alzar su voz reclamando coherencia para decidir una medida como la planteada.

El país necesita señales claras antiterroristas de sus entes políticos y judiciales. No se debe bajar la guardia frente al fenómeno subversivo. No se debe ceder. No debemos dejarnos apabullar por la prédica de la izquierda progre –y la de sus adláteres– que ya bastante daño le han hecho a la verdadera reconciliación nacional. Una de esas señales es que la ciudadanía vea que el terrorismo no paga y que quienes lo ejercieran con alevosía, premeditación y ventaja, reciben todo el peso de la ley, expresión que no debe ser sólo una metáfora.

Observar las reparaciones a los terroristas de la Corte IDH es defender la auténtica soberanía del Perú, de la misma forma que lo es exigir que vuelvan a la cárcel mientras no paguen el íntegro de sus reparaciones civiles.


EXPRESO

Combustible político

Por Mirko Lauer

La idea de una marcha de los cuatro suyos ha reaparecido, esta vez como propuesta de movilización contra la política oficial del gas. Los promotores confían en que el sentimiento de que los de fuera se llevan lo de adentro casi gratis convocará multitudes. Pero les va a costar poner en marcha a un par de suyos donde el gas no es un tema caliente.

La iniciativa es evidente copia y calco del mitin de fiestas patrias que contribuyó a derribar a Alberto Fujimori en el 2000. La alusión geográfica se refería también a la coalición convocante: en lo esencial toledistas, apristas, acciopopulistas e izquierdistas. Pluralidad que más tarde Toledo bautizó para consumo propio como todas las sangres.

Como nota a pie de página, cabe anotar que esta segunda marcha estaría en buena medida realizándose contra los organizadores de la primera. Con lo cual el atractivo membrete asume una cierta pátina melancólica. Más todavía cuando se sospecha que no hay tanta gente ni tanto ánimo disponibles para esta segunda versión.

Pues no está muy claro si oponerse a la política del gas, que está en pleno debate y forcejeo, tiene la capacidad de convocatoria que algunos esperan. Pero quizás esa no es la preocupación principal en algunos sectores, para los cuales una jornada de agitación a menos de dos meses de las elecciones simplemente no tiene pierde.

Durante un decenio muchos políticos opositores han buscado el argumento o causa capaz de volver al archipiélago de protestas sociales aisladas un solo movimiento. Algo en la naturaleza de esas protestas, en la naturaleza de los políticos, o en la naturaleza de las agendas localistas, ha ido postergando una confluencia así.

La marcha es la segunda medida nacional que se propone en torno del gas: un paro nacional en su defensa también fue anunciado hacia unas semanas. Para las candidaturas más radicales el tema podría significar acceso a grandes reservas de votos. Pero las encuestas sugieren que ese tipo de voto no es mayoritario en todos los suyos.

El objetivo del activismo en torno del gas ha ido evolucionando: primero fue garantizar el abastecimiento local, luego se le ha sumado precios que no representen subsidio a la exportación, y ahora último se trata de impedir de plano la exportación del recurso. No anda lejos el reclamo de la estatización de los yacimientos, a la boliviana.

Luego de una temporada en que era tabú vender el gas afuera, en estos tiempos Bolivia exporta todo el gas que puede: 31 millones de metros cúbicos diarios a Brasil, cinco a Argentina, y pronto a Uruguay unos 300,000. En ese caso la palabra de orden ya no es nacionalismo, sino más bien integración regional entre países.


LA REPUBLICA

El canciller y el gas

Por Humberto Campodónico

Las recientes declaraciones de José Antonio García Belaunde sobre la necesidad de renegociar el contrato Camisea, lo que ha sido dispuesto por el DS 039 2010 EM, indican que, definitivamente, este tema ya se ha puesto en los primeros lugares de la agenda nacional, de cara a las elecciones del próximo año.

Dijo el canciller: “El contrato se va a renegociar para evitar que haya una diferencia entre la regalía que pagamos los peruanos y la que se paga cuando se exporta. No tiene ningún sentido que subsidiemos la exportación del gas”. Ciertamente. El gas en el Perú paga regalías sobre un precio promedio de US$ 2.50 / MMBTU, mientras que el que se exporta a México las paga sobre un precio de US$ 0.51/MMBTU, cinco veces menor. Agregó que “nadie se puede escandalizar pues en todas partes del mundo se renegocia un contrato, y eso no llama a escándalo”. Ciertamente. Dice la Sunat que “desde 1992 hasta el 2002 se firmaron 257 convenios, de los cuales 175 son originales y los 82 restantes son convenios modificatorios de los primeros” (1). Desde esa fecha ha habido nuevos convenios y, también, muchas nuevas renegociaciones. Esta sería una más y, claro, eso no tiene por qué escandalizar a nadie.

La lección más general es que puede haber cosas que están mal en los contratos y el hecho de que se pida su revisión o su renegociación no convierte a los críticos en “malos peruanos”, en “antisistema” o en gente con “intereses electoreros”. En este caso se trata de las regalías. Pero, digámoslo claramente: ese no es el problema principal de los contratos de Camisea. Si así fuera, podría pensarse que una vez renegociadas las regalías, entonces, colorín colorado, este cuento se habría acabado.

No. El tema principal es que primero debe garantizarse el abastecimiento del mercado interno y, solo después, se puede pensar en exportar (con una regalía adecuada para el Estado). Pero en el Perú el mercado interno está desabastecido, pues 4 TCF –el 47% de las reservas probadas de gas– están inmovilizados por 18 años, como garantía del contrato de exportación a México.

Eso es lo que impide que el consorcio Camisea abastezca de gas a los peruanos, cuyos pedidos no atendidos suman cerca de 700 millones de pies cúbicos diarios (ver La República, 13/7/10). Este aspecto, el más importante, no está solucionado. El gobierno dice que hay “un montón de reservas de gas”, pero la cuestión es que solo las reservas probadas se pueden comercializar. Y, repetimos, el 47% está inmovilizada.

Esto debería hacer reflexionar al presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (cuyos miembros son, justamente, los usuarios más importantes del gas), Pedro Olaechea, que, hasta hace poco, criticaba, con justicia, la exportación. Pero, a principios de junio, cambió de posición y dijo que “las críticas a la exportación llevan al caos y ahuyentan la inversión extranjera” (ver Camisea, industriales y el “antisistema”, www.cristaldemira.com, 5/6/10).

Esa misma crítica, a todas luces infundada, se les atribuye a los gobiernos regionales del sur, que plantean que el gasoducto andino utilice las reservas del Lote 88 (que tiene precios regulados), algo que no se puede materializar por la “inmovilización” antes mencionada. Esto se podría solucionar si el gobierno exige que Repsol cumpla con su ofrecimiento de exportar los 2 TCF de reservas probadas del Lote 57, en sustitución de los 2 TCF del Lote 88 que están inmovilizados. Pero no lo hace, posición que debe modificar.

Para terminar, el quid del asunto es que la exportación se da porque hubo una renegociación ilegal del contrato del Lote 88 en el 2006. Es eso lo que hay que anular para volver al contrato del 2000. Esta debiera ser la segunda renegociación, que venga inmediatamente después de la renegociación de las regalías que propone ahora el gobierno con el DS 039. Ahora sabemos que algunas cosas que parece que están bien pueden no estarlo y deben ser renegociadas. Que este sea el primer paso.


LA REPUBLICA

¡Mamita, Cherman!

Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe

Macartismo en el Perú de Alan García y su combo

Un riesgo de desenchufarse temporalmente del acontecer noticioso –como me pasó ayer por la tarde– es que, al reconectarse, algunas noticias parezcan inverosímiles o bromas.

Eso me ocurrió al enterarme, al inicio de la noche, del problema en el que se habían metido –los habían metido, más bien– el artista ‘Cherman’ Kino Ganoza y el publicista Fernando Iyo, quien había colgado en el balcón de su casa de Miraflores una obra del primero en la que aparece una bandera peruana con la imagen de Túpac Amaru al estilo ya característico de este notable diseñador gráfico peruano.

La reacción de los vecinos, alertados por algunos medios de comunicación que deslizaron la versión de que era una ‘bandera emerretista’, convocó al barrio al resto de la prensa pero, principalmente, a la policía. El ‘inquilino-transgresor’ fue conducido entonces a la comisaría para que ofrezca sus ‘descargos’.

Lo ocurrido es absurdo. ‘Cherman’ es un artista reconocido, cuyas obras llevan su estilo personal inconfundible y se han exhibido en lugares ‘no muy subversivos’ como el Ministerio de Relaciones Exteriores o la Universidad del Pacífico.

Pero lo ocurrido también es irritante pues se produce en un contexto en el que estamos asistiendo en el Perú a una cacería de brujas lamentable y vergonzosa, que es auspiciada por una alianza de algunos políticos con algunos medios que se han propuesto la ‘loable’ misión –de clara intención macartista– de extirpar hasta el último trapo rojo o cualquier expresión que no encaje con su visión intolerante sobre cómo debe ser el país.

¿Qué les irán a preguntar al artista y al publicista cuando hoy deban presentarse, pues han sido citados, en la comisaría de Miraflores? Yo, por si acaso anoche procedía a ocultar algunas pruebas del ‘delito’ que tengo en mi casa: una serigrafía de Lucha Reyes de ‘Cherman’, dos cuadros del ya vetado Piero Quijano, una ilustración de la colección ‘Limeña girl’ de Sheila Alvarado donde se ve bastante más que la entrepierna, y mis tres tomos de Carlitos Marx que tengo bien subrayados desde cuando estudiaba en la Universidad del Pacífico. También, por si acaso, evitaré ir, por un tiempo, a los restaurantes ‘La 73’ y ‘550’ de Israel Laura donde se exhiben obras peligrosas de ‘Cherman’.

Fuera de bromas, un triste legado del segundo gobierno de Alan García es –por rodearse de macartistas como su cardenal, su ministro defensivo y su vicealmirante agresivo– un tufo de persecución lamentable por el modo de pensar.

De paso, los medios de comunicación más prestigiosos del país (prestigiosos en Palacio de Gobierno, quiero decir) debieran ser más cuidadosos con la manera como informan pues, con frecuencia, sus rumores son interpretados como expedientes de acusación y órdenes de captura.



LA REPUBLICA

Tarata y el Museo de la Memoria

Acabamos de recordar el dieciocho aniversario del bárbaro atentado de la calle Tarata en Miraflores, cuyo salvajismo y vesania no pudo, sin embargo, doblegar la moral de los limeños, quienes, junto a todos los compatriotas del país y con la protagónica y heroica participación de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, lograron derrotar al terrorismo. Veinticinco muertos, 155 heridos y una calle arrasada y un distrito dañado que después floreció, son la expresión viva de que la violencia subversiva no pasó ni pasará en el Perú. Sólo quedará ésta como aspiración de la izquierda históricamente violentista.

Por ello, rechazamos la iniciativa de construir en Miraflores una ermita –llamada Museo de la Memoria–, donde la izquierda pretende obligar a la población a rendir homenaje, por igual, a los terroristas y a sus víctimas. Esta iniciativa descabellada –pues no caben “museos” ni “memorias” cuando el terrorismo está redivivo en las universidades y en regiones del país– fue sin embargo abrazada por el alcalde de Miraflores, Manuel Masías Oyanguren, presumiblemente en su afán por codearse con la progresía siempre glamorosa. Pero flaco favor le ha hecho este funcionario al distrito que juró servir.

La maoísta marcha del campo a la ciudad que los subversivos de Sendero Luminoso empezaron a poner en práctica con el alevoso atentado de Tarata, tuvo en él su expresión más simbólica, aunque estratégicamente no significara mucho. Lo que quería Sendero era infundir terror en la población limeña, y por ello atentaron contra el corazón de uno de sus distritos más simbólicos. No olvidemos que, según las publicaciones de la época, la secta terrorista Sendero Luminoso era considerada capaz de acceder al poder por la violencia armada.

La policía llegó a la conclusión de que la barbarie del 16 de julio en Miraflores fue planificada y ejecutada por los destacamentos especiales 12, 15 y 18 de la Dirección Zonal Centro de Sendero Luminoso, y, se logró identificar y detener a la mayoría de los terroristas responsables del atentado. La Justicia sentenció a los senderistas responsables de la masacre. Hoy, sin embargo, apelando a concesiones otorgadas por la progresía –el gobierno de Alejandro Toledo sucumbió ante la presión de esta izquierda de salón– los condenados exigen libertad y, además, que el Estado los indemnice.

Tarata es historia, pero historia siempre presente. Es la señal que el terrorismo puede amenazar pero no vencer, ni menos convencer a la democracia. Para graficarlo, la emblemática calle se renovó por completo y sus gentes, lejos de amilanarse, cada año marchan en rechazo al senderismo genocida. Entre esos marchantes que corean las palabras paz y democracia, está Vanessa Quiroga, joven de 22 años que se convirtió en símbolo de esta tragedia al sobrevivir pese a su grave lesión.

Pero los peruanos no aprendemos la lección. No obstante que Vanessa Quiroga fue víctima del terrorismo el Estado aún no la ha indemnizado; sin embargo sí lo ha hecho con los terroristas a quienes, además, ha dejado libres por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Peor aún, los senderistas ya libres no han pagado la indemnización a la sociedad que les impuso la Justicia y se pasean sin problema por las calles; los terroristas que siguen encarcelados claman libertad e indemnización apoyados por las ONG, la CIDH y la izquierda mediática; y, paradójicamente, el Municipio de Miraflores –donde queda la calle Tarata– apoya esa necedad llamada Museo de la Memoria que la progresía insiste en erigir allí para “hermanar” a los terroristas con sus víctimas.


EXPRESO

El cielo es el límite

La economía peruana sigue avanzando a una velocidad que continúa sorprendiendo. Al crecimiento del 9% reportado para el mes de mayo ahora se suma el dato que el consumo, claramente, se ha recuperado y al día de hoy se ha superado los 10,000 millones de soles en el monto transado en más de seis millones de tarjetas de crédito que hay en el mercado.

Incluso, la cercanía del proceso electoral no parece preocupar ni al consumidor ni al empresariado, quienes mantienen un fuerte entusiasmo, lo cual debe de asegurar un crecimiento no menor de 7% este año.

Sin embargo, creemos que haría bien el Gobierno en tratar de asegurar los niveles de inversión para que el actual impulso se mantenga. Para ello, debería tomar iniciativas como, por ejemplo, el facilitar que se le dé un uso productivo a las 600,000 hectáreas de tierra eriaza que hay en la costa.

Actualmente, hay cuatro mil peticiones para invertir en proyectos agrícolas esperando por años ya sea una respuesta, o algún favor, en la tortuosa cadena burocrática del Estado. Si hay tanto interés en invertir, por qué no llevar a cabo subastas de tierras eriazas y acelerar el proceso. Si solo la cuarta parte de esa tierra, actualmente muerta, se torna productiva, se le habrá agregado a la economía el equivalente de toda la industria azucarera más Chavimochic.

Por otro lado, nuestra deficiente infraestructura sigue siendo el principal cuello de botella que amenaza el poder lograr altas tasas de crecimiento durante muchos años. Si bien es poco probable que a estas alturas del partido el Gobierno pueda hacer algo espectacular, el presidente García se podría fijar la meta de cerrar, al menos, tres temas en concesiones antes de acabar su mandato.

Primero, para completar el proyecto de una autopista a lo largo de toda la costa, se requiere concesionar el tramo entre Tacna e Ica. Luego, el contar con un operador internacional para el muelle norte en Callao –sin el lastre del sindicato de Enapu– garantizaría un puerto de talla mundial. Finalmente, una planta de tratamiento en La Chira completaría, junto a la de Taboada, la limpieza de la bahía de Lima y así, dentro de unos tres años, finalmente, dejaríamos de arrojar excremento al mar en el cual nos bañamos.

Tenemos como país un enorme potencial de crecimiento. Lo importante es no caer en la complacencia de sentirse satisfecho. Se debe empujar el carro hasta el último día de gobierno.


PERU 21

Pacto secreto del gobierno con Repsol para continuar la exportación del gas de Camisea

El gobierno ha adoptado un evidente pacto secreto, aprobado antes de sentarse a la tramposa “renegociación”. Esta trampa la han reducido a regalías, con el DFS 039-2010-EM, para obtener migajas entre US$ 30 a 40 millones anuales. El anuncio de este Pacto secreto lo ha dado Perupetro al autorizar que siga la exportación del Gas, el que será embarcando los próximos dos o tres meses, en seis o siete buques, que transportarán cada uno 121,437.803 m3, embarques destinados ahora hacia España. Dicen que al ser el precio de venta en España de US$ 7 el Millón de BTU, se obtendría una regalía que supera el promedio que pagamos los consumidores nacionales.

El gobierno y Repsol-Perú LGN, sabían hace tiempo que la planta de Manzanillo en México, no empezaría a funcionar sino el 2011, y que recién el 2014 podría asumir los 500 MPCM vendidos por 15 años en el contrato de exportación de los 4,2 TCF de los lotes 88 y 56 de Camisea.

Es parte de este Pacto secreto, el permitirles variar ilegalmente el Contrato de venta y su destino de la exportación. Repsol-Perú LGN, sabía que la planta de Licuefacción de Melchorita se organizaba empresarialmente con las plantas de regasificación de Chile (Quintero y Mejillones), conectada con ductos hacia Argentina, por ahora vacíos. Esto los sabia por razones de rentabilidad en distancia (Repsol abastece a Chile desde Trinidad y Tobago, a seis veces de distancia de Melchorita), y en precio (en Chile esta a 10 US$ y en Argentina a 14 el millón BTU). Desde hace varios años el destino a México era una mascarada. Y se le transformo en tragedia financiera para Repsol, cuando en USA empiezan a usar gas no convencional, que reduce el precio a casi la mitad de los que previa Repsol en sus planes estratégicos 2008-2012.

Lo que ha obtenido Repsol de su Ministro enamorado, es que bajo el mismo Contrato de venta de gas a la Comisión Federal de Electricidad de México, pueda re-vender el gas ahora en España, con un precio mayor ¡atravesando el Océano Atlántico! Gasta mucho para atravesar el Atlántico, pero gana mucho más, pues el Pacto Secreto solo es posible si incluye desde ahora la autorización y compromiso de la Comisión Federal de Electricidad de México (CFEM) y del Estado del Perú, vía PeruPetro y el MEM, aceptando que las condiciones del Contrato de Venta de Gas a la CFEM le permitan re-vender el gas como propiedad absoluta de Repsol-Perú LNG.

El gobierno debe responder la exigencia efectuada en Carta Abierta por el Foro Soberanía Energética, para que haga públicos los documentos de la exportación, entre los que se esconden los del evidente Pacto Secreto del Ministro enamorado para darle continuidad y disfrazar una tramposa “renegociación” .Con estas exigencias, el lunes 26 de julio se lavaran masivamente las banderas, en la plaza San Martín de Lima y en otras plazas publicas del país, a las 12 del mediodía.


LA PRIMERA

La grandeza de lo sencillo

Mientras ingresamos a la etapa final de esta campaña política para elegir al sucesor (ra) de Castañeda, creo que debemos reflexionar sobre el título de esta columna en función a la historia reciente de las gestiones de las autoridades que han venido gobernando nuestra ciudad hasta el día de hoy. Ya no creo en los grandes discursos y las grandes promesas de mega inversiones, ni en debates publicitarios. Lamentablemente el eje del debate hoy está centrado en metros, trenes eléctricos, corredores viales, como arreglar la vida de los transportistas urbanos sin sacarlos de circulación incluyendo a los taxistas, algunos hablan de apoyar la continuidad del Metropolitano, pero sin explicar cómo, ya que el Cosac contiene, si se quiere ver de esta forma, 9 Metropolitanos más y la pregunta es la siguiente, ¿En cuánto tiempo tendremos las etapas restantes? Ya que LA PRIMERA lleva cuatro años y solo atenderá el 8% de la demanda, siguiendo esta lógica ¿En cuarenta años finalizaremos el Cosac? De esto no se habla, considerando que solo el 8% de la demanda diaria de pasajes lo podrá satisfacer el Metropolitano uno y según los GURUS el tren eléctrico solo podrá satisfacer el 4% de la demanda diaria. Pero el candidato (ta) que manifieste sensatez en este momento de caos insoportable, por la que atraviesa nuestra ciudad creo que debería ser escuchada (o) con atención.Hoy se impone la sencillez en la propuesta, se pueden lograr cambios importantes aplicando el más común de los sentidos, tan ausente en los últimos 8 años en nuestra ciudad, con solo observar en lo que se ha convertido la vialidad de Lima, con autoridad, transparencia y aprovechando nuestra infraestructura y apelando al cambio de las malas costumbres de nuestra población podremos iniciar una transformación cualitativa para alcanzar calidad de vida que debe ser el objetivo fundamental de una autoridad que solicita votos para gobernar a la población de una ciudad. Hasta mañana.



LA PRIMERA

El dolor del olvido

Ayer desfilaron miles de víctimas de la guerra interna, venidas sobre todo de Ayacucho, en son de reclamo. Pedían reparaciones individuales. Eran víctimas o familiares de muertos o desaparecidos, y mujeres que sufrieron violación. En un cartel enarbolado por campesina se leía: “Señor gobierno: queremos justicia”.

Un discapacitado, solo en la multitud, exhibía su propio letrero: “Sufrí daño físico y sipscológico”. (Error ingenuo, doloroso).

Es una demanda reveladora. Hace tres años, el presidente Alan García reconoció la justicia del pedido y prometió satisfacerlo en 2009. En vez de eso, los voceros oficiales han escamoteado la obligación afirmando que en reparaciones colectivas se ha invertido 156 millones de nuevos soles.

No es eso lo que se reclama. Lo que el Estado llama reparaciones colectivas son gastos asignados a comunidades. Pero esto no es reparación individual. Reparar un puente no repara una muerte o una mutilación. Construir una escuela no borra las letras donde nació la pena. Eso es, en todo caso, atención a obligaciones permanentes. No mitiga el dolor y el desamparo de las víctimas.

Hay, por cierto, un Consejo de Reparaciones que, pese a limitaciones presupuestarias, ha establecido un Registro Único de Víctimas. Pero eso resulta un simple certificado de dolor –y olvido–, no un acto reparador.

Las 35 mil fichas de víctimas sobrevivientes comprenden 1,338 poblaciones que padecieron matanzas y otras formas de violencia, ejercida tanto por las fuerzas del orden como por los grupos armados de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.

Un problema metodológico, pero ilógico, es que algunas autoridades consideran que para otorgar las reparaciones se debe esperar a que se concluya el registro de víctimas. Esto puede resultar el cuento (o la cuenta) de nunca acabar. Muchos de los afectados emigraron a otros lugares. ¿Cuándo y cómo se podría ubicar al último de ellos?

Más razonable resulta que se vaya atendiendo a las víctimas probadas. Hay pueblos enteros que padecieron las atrocidades de la guerra: ellos no se han movido de su sitio. El régimen sabe cuáles son y quienes padecieron allí.

Cálculos severos indican que atender los reclamos no tendría un costo elevado. Su efecto sería, sin embargo, de grandes consecuencias: abriría un camino hacia la tranquilidad de amplios sectores rurales, cerraría el paso a maniobras de los violentistas y contribuiría a la reconciliación nacional.

Por todas esas razones, no sólo a las víctimas conviene que se acceda a las peticiones expresadas ayer en calles de Lima. Daniel Roca, presidente de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política, condensó las demandas en un pedido: que se cree una Comisión de Reparaciones Individuales


LA PRIMERA

El arte de la entrevista

Acabo de leer una entrevista que me dio vergüenza. Consiste en citar entre comillas largas frases del entrevistado, a las cuales se agrega: “dijo”, “lamentó”, “observó”, “anotó”, “subrayó” y “añadió”. Si eso es periodismo, entonces hasta un niño de diez años puede ser periodista.

Eso no requiere ningún trabajo. Es el tipo de entrevista que hacían los malos periodistas hace 60 años.

Aclaremos que ya entonces había periodistas como Alfonso Tealdo, que se distinguían por su cultura, su dominio del idioma, su estudio del personaje y su talento artístico para armar el texto. Ejemplar es su entrevista a Raúl Porras Barrenechea, en la cual nos presenta el ambiente hogareño, la erudición, la memoria, el gesto y la mirada del gran historiador y escritor. Quien no haya leído ese texto de Tealdo, no conoce por completo a Porras. (Aún no existía la grabadora).

Víctor Hurtado me envió hace años el libro Las palabras quedan que había adquirido en librería de lance de Madrid. Contiene las entrevistas que el escritor español César González Ruano hizo a grandes de la cultura y el espectáculo de Europa y América latina. ¡Qué artista para pintar ambientes, gestos, atuendo, honduras de la vida, del pensamiento, del sentir!

En esa época la entrevista no se reducía a preguntas y respuestas. En el Perú, César Hildebrandt impuso otra fórmula, imitada a partir de entonces. Pero los imitadores ignoraban que detrás de cada pregunta había cultura, investigación, afán de verdad. Recuerdo que para la entrevista que hicimos, al alimón, a Haya de la Torre, establecimos previamente un cuestionario con decenas de preguntas, y previmos para cada hipotética respuesta una o más réplicas, o repreguntas. Supongo que el cuestionario reposa en el archivo de Doris Gibson.

La repregunta suele descubrir la entraña. Los adulones, los ineptos y los improvisadores sin base aceptan y transcriben, sin más, las respuestas. Preguntan sobre un supuesto contubernio, y les responden algo así como: “yo me llevo bien con todos”. Y pasan a otra cosa.

García Márquez ha escrito el ensayo “¿Una entrevista más? ¡No, por favor!”. Se pronuncia allí contra el uso de la grabadora, que no registra los latidos del corazón. Gabo indica que los entrevistadores suelen prometerle preguntas que nadie le ha hecho. Resultan las mismas preguntas de siempre. Considera, además, que la entrevista no debe ser agresiva ni complaciente.

Tengo la convicción de que Hildebrandt trabaja con dos grabadoras. La electrónica, pasiva, y la mental, activa. Por eso puede hacer repreguntas demoledoras.

Recuerdo que en el Diario Marka, de izquierda, los compañeros encargaban a sus dirigentes políticos que se hicieran ellos mismos las preguntas y las respuestas. Resultaban unos textos sosos y sin sorpresas. Complacientes.


LA PRIMERA

Encuesta inquietante

La encuesta de Ipsos Apoyo realizada por encargo de “El Comercio” me preocupa por dos razones principales. Una es que Keiko Fujimori, la hija del dictador ladrón y asesino, ocupa el primer lugar entre los aspirantes a la presidencia de la República. Otra es el continuo debilitamiento de opciones nacionalistas e izquierdistas.

Cierto es que la encuesta no abarca todo el universo ciudadano. Se ha llevado a cabo en 17 ciudades del país, por eso se titula: encuesta urbana. Su realización ocurrió entre el 13 y el 16 del mes presente.

La ubicación de la señora Keiko puede deberse en gran parte al recuerdo de las obras, sobre todo escuelas y caminos, que realizó el régimen Fujimorista. Otro elemento a su favor es que el poder mediático ha clavado en amplios sectores de opinión la idea de que Fujimori fue quien derrotó al terrorismo. Los sectores campesinos y de izquierda, que movilizaron masas y opinión contra Sendero Luminoso y el MRTA, son, en cambio, olvidados por la gran prensa.

Conviene recordar que los órganos de inteligencia, a través de bien aceitados “senderólogos”, sembraron la idea del que el movimiento armado por Abimael Guzmán era un peligro avasallador, a punto de apoderarse del poder. Hoy se sabe que sus militantes no pasaban de tres mil, y en algunas zonas, sobre todo de la selva, se componían de adolescentes reclutados mediante la oferta de un sueldo, aparte del desayuno, el almuerzo y la cena de que carecían en sus hogares. Los maoístas fanáticos eran una minoría activa e implacable, que creían que el asesinato era sinónimo de violencia revolucionaria.

La prueba de la endeblez de ese movimiento es que bastó con que su jefe fuera capturado, sin resistencia, rodeado de mujeres y vino, en una residencia limeña de lujo, para que todo eso se viniera abajo.

Fujimori estaba en ese momento dedicado a la pesca fluvial.

Hoy, la propaganda acerca de un resurgimiento senderista renueva la leyenda de que Fujimori nos salvó del terrorismo. Eso refuerza la campaña de Keiko.

Por otra parte, la propaganda de la candidata inunda todos los muros de la ciudad y el campo en el Perú. Es una campaña publicitaria escandalosa, financiada sin duda con los fondos mal habidos del ex dictador.

El otro dato que me preocupa es la baja aceptación del Partido Nacionalista a escala presidencial y de un sector progresista en lo municipal de Lima. Claro está que el sondeo es sólo urbano, en tanto que el humalismo tiene su fuerte en el sector rural. Aun así, pueden estar pesando otros factores. Por ejemplo, el reclutamiento indiscriminado, en que se han infiltrado hasta montesinistas, so capa de intelectuales. Otro factor son los procedimientos organizativos, sobre todo en provincias, donde caciques y negociantes suelen moverse a sus anchas.

LA PRIMERA

García actúa como un Chang

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César Lévano

Columna del Director

César Lévano
Razón Social
cesar.levano@diariolaprimeraperu.com
Publicado: Hoy 22 de julio del 2010

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García actúa como un Chang

Al observar la Autógrafa de Ley que establece la elección de autoridades universitarias por voto universal y directo, el presidente Alan García se ha inspirado en José Antonio Chang, un ministro que da la nota.

Sabido es que el titular de Educación conoce el tema, primero como alumno pésimo y después como exitoso empresario de la Educación. Aparte de eso, tiene el mérito de haber creado una Escuela de Gobierno o Maestría de Gobernabilidad para que la dirigiera Alan García. En esa Escuela, anexa a la Universidad Particular San Martín de Porres, García enseñó a gobernar, cosa que no había sabido hacer entre 1985-1990. El maestro Ciruela, que no sabe y pone escuela.

Dice García que observa la ley porque encierra el peligro de… ¡politización! Como si no se supiera hasta qué punto el APRA, su partido, ha sido durante décadas un factor de politiquería, reforzada con fraudes, falsificaciones y embestidas de búfalos violentos. La propia elección de Chang como Rector en San Martín de Porres se revistió de trampas y engaños.

Las anomalías recientes en diversas Universidades se deben a maniobras políticas del APRA. El fraude en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos obedece a la conducta de autoridades electorales, que juegan abiertamente contra los sectores críticos y opositores. Secuelas de esa manipulación subsisten.

Precisamente, lo ahí ocurrido ha sido el detonante para una vasta movilización de alumnos y docentes en pro de un nuevo método de elecciones académicas.

El presidente conoce, por supuesto, lo ocurrido y sin duda auspicia los planes políticos, partidarios, de intervenir en San Marcos y “reorganizarla” para convertirla en una especie de Villarreal de segunda clase.

El jefe de un partido que anuda alianzas sin principios con el Fujimorismo corrupto, llega al descaro de sostener, en su observación, que “con la elección directa por 20.000 o 40.000 estudiantes y 500 o 2.000 profesores, según los casos, se piensa solucionar las alianzas de intereses o el canje de favores”.

Las Universidades públicas del Perú padecen una crisis de fondo, que abarca todos los aspectos. Elemento central de esa tragedia es el deliberado afán de regatearle recursos económicos. Ese propósito, también político, responde a directrices del Banco mundial, que García acata con unción.

En el sistema de la Universidad peruana se ha producido un viraje malsano. Hay ahora más Universidades privadas que públicas. Muchas de aquellas son un gran negocio, pero nada más. A menudo no cumplen su función de servicio a la sociedad, de investigación científica y tecnológica, de irradiación a sectores extrauniversitarios, dentro y fuera de los claustros.

Quizás ha llegado el momento de crear dos sistemas universitarios: el público y el privado.

LA PRIMERA