Llama positivamente la atención el enérgico pronunciamiento del nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general EP Francisco Contreras Rivas, al asumir el mando, sumamente coherente con los principios del sistema democrático.
Destacan en su discurso no solo la subordinación de los institutos armados al orden constitucional, sino también su compromiso con el objetivo nacional de derrotar definitivamente los bolsones del narcoterrorismo que amenazan la democracia y la paz social al pretender crear zonas al margen de las leyes del Estado unitario en la selva central.
No solo eso. Resulta especialmente significativo que el nuevo jefe del comando conjunto haya subrayado que la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico se realizará "bajo un irrestricto respeto por los derechos humanos".
Esto es sumamente importante, pues marca un punto de inflexión sobre la doctrina, estrategias y modos de actuación de los militares peruanos. Estos cuentan hoy con una preparación moderna y acorde con la práctica democrática. Asimismo han aprendido de la experiencia nefasta del régimen fujimontesinista que los manipuló malamente, lo que derivó en excesos censurables contra los derechos humanos, que fueron denunciados y judicializados tanto interna como externamente.
Los tiempos han cambiado. Ahora, cuando la tendencia democrática se consolida en la mayor parte del mundo y en nuestro país, y la doctrina sobre derechos humanos es universalmente aceptada, las Fuerzas Armadas se constituyen en defensoras del Estado y del sistema democrático, que además cuenta con instrumentos legales y de otro tipo para detectar y sancionar cualquier irregularidad dentro o fuera de los cuarteles.
Un ejemplo para graficar la situación. La recuperación de Vizcatán es una empresa ardua y difícil en la que los militares siguen cumpliendo un papel fundamental. Y no solo como parte de las acciones de interdicción, sino también dentro de la estrategia de afianzar la presencia del Estado en zonas tradicionalmente relegadas. Las Fuerzas Armadas y Policiales sirven como instrumentos para reparar esta carencia, por lo que merecen reconocimiento y apoyo para propiciar su renovación tecnológica y logística.
En tal contexto, no se puede generalizar ni caer en el juego de ciertas entidades que hacen de la acerba crítica a las Fuerzas Armadas un modo de lucrar y de sobrevivir. Claro que hay ONG responsables y objetivas, pero también existen otras con una agenda casi única orientada a escudriñar y denostar la acción de los militares, lo que obviamente resulta injusto y desalentador, sobre todo en momentos en que se libra una dura batalla contra los remanentes del narcoterrorismo.
La consolidación democrática exige mejorar las relaciones entre civiles y militares. Como lo señalamos en nuestras Propuesta para una Agenda de Gobierno, "nunca más los militares deben ser utilizados por el poder político ni sus cúpulas para participar en mafias corruptas". Pero asimismo, "debe ejecutarse acciones concretas para mejorar el nivel de vida de los militares y propiciar mecanismos de control, internos y externos".
Destacan en su discurso no solo la subordinación de los institutos armados al orden constitucional, sino también su compromiso con el objetivo nacional de derrotar definitivamente los bolsones del narcoterrorismo que amenazan la democracia y la paz social al pretender crear zonas al margen de las leyes del Estado unitario en la selva central.
No solo eso. Resulta especialmente significativo que el nuevo jefe del comando conjunto haya subrayado que la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico se realizará "bajo un irrestricto respeto por los derechos humanos".
Esto es sumamente importante, pues marca un punto de inflexión sobre la doctrina, estrategias y modos de actuación de los militares peruanos. Estos cuentan hoy con una preparación moderna y acorde con la práctica democrática. Asimismo han aprendido de la experiencia nefasta del régimen fujimontesinista que los manipuló malamente, lo que derivó en excesos censurables contra los derechos humanos, que fueron denunciados y judicializados tanto interna como externamente.
Los tiempos han cambiado. Ahora, cuando la tendencia democrática se consolida en la mayor parte del mundo y en nuestro país, y la doctrina sobre derechos humanos es universalmente aceptada, las Fuerzas Armadas se constituyen en defensoras del Estado y del sistema democrático, que además cuenta con instrumentos legales y de otro tipo para detectar y sancionar cualquier irregularidad dentro o fuera de los cuarteles.
Un ejemplo para graficar la situación. La recuperación de Vizcatán es una empresa ardua y difícil en la que los militares siguen cumpliendo un papel fundamental. Y no solo como parte de las acciones de interdicción, sino también dentro de la estrategia de afianzar la presencia del Estado en zonas tradicionalmente relegadas. Las Fuerzas Armadas y Policiales sirven como instrumentos para reparar esta carencia, por lo que merecen reconocimiento y apoyo para propiciar su renovación tecnológica y logística.
En tal contexto, no se puede generalizar ni caer en el juego de ciertas entidades que hacen de la acerba crítica a las Fuerzas Armadas un modo de lucrar y de sobrevivir. Claro que hay ONG responsables y objetivas, pero también existen otras con una agenda casi única orientada a escudriñar y denostar la acción de los militares, lo que obviamente resulta injusto y desalentador, sobre todo en momentos en que se libra una dura batalla contra los remanentes del narcoterrorismo.
La consolidación democrática exige mejorar las relaciones entre civiles y militares. Como lo señalamos en nuestras Propuesta para una Agenda de Gobierno, "nunca más los militares deben ser utilizados por el poder político ni sus cúpulas para participar en mafias corruptas". Pero asimismo, "debe ejecutarse acciones concretas para mejorar el nivel de vida de los militares y propiciar mecanismos de control, internos y externos".
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