La pertinacia de la satrapía norcoreana

El reciente y alevoso ataque producido por la aviación norcoreana contra la isla de Yeongpyeong constituye no sólo un incidente mayor en la disputada región marítima fronteriza entre las dos Coreas sino que es la primera agresión contra la población civil además del primer bombardeo de suelo surcoreano desde el fin de la guerra entre ambos países en 1953.

Sabido es que el régimen de Piong Yang es el más aislado del mundo por su ideología comunista y porque ha instaurado una verdadera monarquía dictatorial y autoritaria en la que el poder se hereda de padre a hijo. En efecto; A Kim Il Sum le ha sucedido su hijo Kim Jong Il y a este le sucederá en breve su ya nombrado heredero Kim Jong Un, quien ha sido nombrado recientemente general de cuatro estrellas pese a contar tan solo con veintiséis años.

En consonancia con una férrea y dinástica dictadura comunista, Corea del Norte ha desarrollado una agresiva política armamentista que está avanzando en la preparación de bombas nucleares. Ya en la ONU se ha advertido en reiteradas oportunidades sobre estas intenciones pero poco es lo que se ha podido hacer por la oposición del gobierno norcoreano a que se realicen inspecciones en su territorio. A todo esto es evidente que Corea del Norte ya cuenta con un programa nuclear de enriquecimiento de uranio muy avanzado.

La diferencia entre lo que significa el capitalismo y el comunismo, la democracia y la dictadura, la política económica estatal y el libre mercado y su apertura al mundo, la tenemos evidenciada de manera indubitable en las dos Coreas. Corea del Sur es próspera y boyante y su modelo de desarrollo es considerado muy exitoso en el Asia y en el mundo entero. Sus logros tecnológicos son extraordinarios y el nivel de vida de su población alcanza los índices de los países altamente desarrollados. Mientras tanto Corea de Norte sigue con su economía empeorando cada vez más, ahogada por los subsidios estatales, las prebendas públicas y una política estatista y centralista que la ha llevado casi al borde la inmovilidad. A la idea de la democracia, cuya vigencia le ha dado a Corea del Sur bienestar y esperanza para su pueblo, Corea del Norte propone la extravagante idea Zuche, invento de Kim Il Sum que compendia los principios del totalitarismo comunista.

Es en este contexto y con estos antecedentes que debemos reflexionar sobre esta provocación inaceptable del gobierno norcoreano y condenar su ataque a Corea del Sur y a sus ciudadanos indefensos. Sin embargo, es plausible que Corea del Sur no haya caído en dicha provocación y mantenga la calma y la prudencia. La sociedad militarizada de Corea del Norte tiene a más de un millón de soldados en su Ejército y a un aparato militar poderoso solventado con el hambre y el atraso de su población.

Queda claro que en ese escenario de posible conflicto binacional, es muy fácil el escalamiento, por lo que es menester que la ONU, Estados Unidos y China interpongan sus buenos oficios para sentar en la mesa de negociación a Corea del Norte y exigirle el respeto a las normas internacionales de convivencia pacífica

Violencia contra la mujer

La reciente celebración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer debe estimular la acción permanente del Estado y de la sociedad sobre una problemática que se agudiza cada vez más y sobre la que hay que sensibilizar a todos los actores gubernamentales y sociales.

En efecto, es alarmante que, de acuerdo a cifras oficiales, el 38.8 por ciento de las mujeres casadas o convivientes del país, haya manifestado haber sufrido violencia física por parte de su esposo o pareja. Las agresiones más frecuentes van desde los empujones, golpes, patadas hasta los ataques o amenazas con cuchillo u otra arma, además de ser forzadas a tener relaciones sexuales sin su consentimiento, entre otras múltiples formas de violencia física y psicológica. Un dato que relaciona promedialmente el nivel educativo con la violencia de género es que el mayor porcentaje de casos de violencia se registra entre las mujeres con nivel de educación secundaria (42.5%), mientras que la menor se da en mujeres con nivel educativo superior (30.1%). Adicionalmente, tenemos que de los más de 200 casos diarios de violencia atendidos en los establecimientos del Ministerio de Salud, la mayoría son contra mujeres.

Hay un conjunto de factores que explica este desgraciado fenómeno, pero es el educativo el más importante, ya que en la medida que la mujer posee mayor instrucción y preparación, está mejor preparada para afrontarlo y denunciarlo en defensa de sus derechos. Una mujer informada y estimulada desde temprano a no permitir el abuso de cualquier tipo por parte del hombre, no acepta situaciones humillantes y degradantes. Pero hay también el factor sanitario que dice relación directa con la salud mental en la cual el Estado debe trabajar estrategias integrales de prevención y atención. La violencia de género tiene un fuerte componente de trastorno de la personalidad que hace que la mujer no sólo acepte sino que se vuelva incapaz de revertir una situación que la envilece, colaborando con ella a través del silencio cómplice y, lo que es aún peor, encubriendo a su agresor que en no pocos casos extiende esa agresividad salvaje a los hijos.

Queda claro, entonces, que la lucha contra la violencia de género abarca varios sectores y tiene medidas preventivas, sanitarias y punitivas. Y se inscribe, además, en un contexto de promoción social que incluye el factor educativo, ético y moral. Con esa perspectiva es que debe trabajarse de manera articulada y en los tres niveles de gobierno, además de contarse con un andamiaje legal cada vez más perfeccionado que permita contemplar y sancionar esta violencia.

El reciente caso de la mujer salvajemente quemada por su pareja con agua hirviendo y que grafica los niveles de crueldad y desaprensión a los que puede llegar la violencia de género en cualquier hogar, nos debe aleccionar a trabajar para que estos bárbaros ejemplos no se repitan en el país.

Encuestas y control de calidad

Pertinente, oportuna y necesaria deviene a estas alturas y dados los antecedentes, la fiscalización a las encuestadoras que ha anunciado el presidente de la Comisión de Constitución, Aurelio Pastor. Señaló que las medidas con este propósito dejarán de ser parte del reglamento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y tendrán rango de ley con lo cual habrá sanciones a las empresas que no entreguen informes sustentados de los trabajos de campo con los que sustentan sus predicciones.

La fiscalización anunciada implicará modificaciones a la ley electoral que deberán ser materia de un amplio debate. Pastor anunció que uno de estos ajustes exigirá a las encuestadoras entregar al JNE información sucinta pero completa de las encuestas, indicando los nombres de los encuestados y otros datos relevantes. El objetivo: transparentar al máximo esta práctica para que recupere la confianza de las instituciones y de la ciudadanía.

La opinión pública ha sido testigo del bochornoso espectáculo brindado por empresas que en tan sólo días de diferencias entregaban información contraproducente y contradictoria dando la sensación de que su objetivo no era registrar una tendencia definida sino orientar al electorado hacia determinada opción. Eso no puede volver a repetirse y para ello la normatividad debe ser clara reduciendo al mínimo la posibilidad de manipulación. Con información precisa de las personas cuya opinión se registra se dará un paso en ese sentido, el mismo que con otras modificaciones consensuadas y efectivas nos proporcionará un marco normativo y operativo para regular apropiadamente la actividad de las encuestadoras.

La estadística como ciencia proporciona los elementos suficientes como para que esta labor sea transparente y eficiente. Sin embargo, hay que cuidar –como en todo proceso productivo– la calidad y para ello es menester supervisar al detalle la información que la empresa entrega para poder contrastarla y para que la ciudadanía pueda acceder a ella sin ninguna cortapisa.

El proceso electoral que se avecina debe fortalecer –qué duda cabé- la institucionalidad democrática del país generando confianza no sólo en los entes reguladores y conductores sino en los procedimientos. En ese gran objetivo, normar la actividad de las encuestadoras es importante porque las predicciones electorales forman ya parte indesligable de la experiencia electoral. El pleno del Congreso deberá sopesar las modificaciones a la ley electoral que sean apropiadas para que la gran meta de la transparencia sea alcanzada en todos los niveles y en todos los aspectos directa e indirectamente relacionados con los comicios del año entrante. Así no sólo se eliminarán suspicacias y reclamos sino que se enriquecerá el proceso electoral en sí y su valor como componente clave de la democracia representativa.

Queda a la ciudadanía y a los medios de comunicación ahora que asistimos al despegue de la carrera electoral, mantenerse vigilantes de este debate para alcanzar los objetivos propuestos y afinar nuestros procedimientos electorales.

DNI es inclusión social

Es –como señala el presidente Alan García– un paso histórico que los peruanos, sin excepción de edad, tengan su documento nacional de identidad, DNI. Éste, que ahora se extiende a los menores de cero a 14 años, establecerá una identificación común, a la vez que permitirá regularizar la atención del Estado a la gente necesitada. Los niños no votan en las elecciones y por ello no eran considerados ciudadanos. Sin embargo la ciudadanía no implica sólo el derecho al voto sino formar parte del país. Ello lo ofrece el DNI: la constancia del gran empadronamiento de esta comunidad que se llama Perú.

El otorgamiento del DNI a los niños los consagra en adelante como ciudadanos. No es sólo un acto simbólico, sino un paso hacia la inclusión social, pues la carencia de este documento –especialmente en el sector rural alejado del país– impide alcanzar y regular, de manera apropiada, los servicios de educación y salud pública; además de focalizar mejor los programas sociales, donde la filtración de gente inescrupulosa es alta por la falta de una adecuada identificación de sus beneficiarios. Siendo la entrega del carné gratuita, ésta permitirá verificar a quienes accedan a los programas sociales, entre ellos el Aseguramiento Universal en Salud, cuya afiliación es ahora automática en cualquier establecimiento con la sola presentación del DNI.

Asimismo, el documento hará posible que un niño que sufre algún tipo de maltrato por parte de los padres, pueda registrar ese hecho en la comisaría o en el ministerio competente, a efectos de hacer la debida indagación en busca de justicia. De esta forma se abre una puerta promisoria para disminuir las tasas de violencia familiar doméstica y los maltratos a los niños, en algunos casos ya institucionalizados en ciertas zonas y circunstancias.

Cabe destacar que el financiamiento de la campaña que hará posible esta carnetización masiva, se dio a partir del ahorro presupuestal de diversos ministerios, lo que permitió financiar una partida con los recursos necesarios. Un ejemplo que debiera ser tomado en cuenta para otras urgencias del aparato público.

Papelito manda, dice el adagio popular. Además la población se refiere a “tener papeles” cuando quiere señalar que alguien cuenta con una identidad documentaria que le permite existir, legalmente hablando: votar, hacer trámites de toda índole, cobrar cheques, etc. etc. Pues bien, el DNI ahora incorpora a los niños y niñas a la ciudadanía real en un acto de genuina inclusión social que debe destacarse. Sabemos cuántos somos y quiénes somos, de la cuna a la tumba; paso esencial para formar una sociedad moderna en la que los derechos básicos alcancen a todos.


expreso

Editorial: El intolerante modelo chavista se repite en Argentina

La escalada del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner contra la prensa independiente y crítica parece no tener límite. Al igual que hizo su socio del ALBA, Hugo Chávez, contra el canal venezolano RCTV, esta vez el régimen neoperonista mostró su más feo rostro antidemocrático y asestó un duro zarpazo a los diarios Clarín y La Nación.

Las acusaciones contra dichas empresas periodísticas son realmente graves e insidiosas, pues no solo las señalan como promotoras de un monopolio abusivo del papel en desmedro de otros diarios, sino que las vinculan al montaje de un esquema delictivo, que incluye hasta el secuestro y la tortura, para hacerse del control de la empresa Papel Prensa.

La presidenta Kirchner ha hecho un extensivo recuento de la supuesta cadena delictiva, que se remonta a la época del Gobierno militar, pero los cargos han sido desmentidos no solo por los directores de dichos diarios sino también por otras personalidades de reconocido prestigio que dan fe de la legalidad y legitimidad de la compra.

En cualquier caso, lo que llama poderosamente la atención son tres cosas: primero, que sea el Poder Ejecutivo, con la pareja Kirchner a la cabeza, el que monte un show para politizar al extremo una grave denuncia, que en todo caso debió ser liderada por el Poder Judicial; segundo, que con base en exageraciones, mentiras y supuestos, presentados como evidencias, se pretenda sojuzgar y dividir a la prensa, enfrentarla con la ciudadanía y distraer la atención de problemas trascendentales; y tercero, realmente el tema de fondo, la posibilidad de que el Gobierno tramite una cuasi confiscación de la empresa productora de papel y promueva un monopolio estatal del soporte principal de la prensa escrita, con lo que podría controlar, amedrentar y condicionar la libertad de prensa, expresión y opinión.

Hay lugar para la suspicacia. Previamente, al mejor estilo de las brigadas chavistas, el kirchnerismo organizó protestas violentistas contra los periodistas de “Clarín”; ordenó la brusca intervención en el local del diario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (la Sunat argentina); promovió la controvertida Ley de Medios Audiovisuales que, bajo el pretexto de democratizar el acceso a la información, buscaba amedrentar a los medios privados y estatizar las transmisiones; y avanzó incluso al manoseo de asuntos privados de la familia dueña de “Clarín”, con métodos propios de una dictadura, obligando a los hijos adoptivos de la propietaria, Ernestina Herrera de Noble, a someterse a vejatorios exámenes de ADN para determinar si los padres biológicos pertenecían al grupo de desaparecidos en la dictadura.

Últimamente, el Gobierno estableció el retiro de la licencia a Fibertel, del grupo Clarín, que deberá dejar de operar en 90 días, con lo que se afectó a más de un millón de suscriptores.

Tal es la inquina de los Kirchner contra la prensa independiente, pues no le perdona su papel informativo y fiscalizador, que denuncia graves irregularidades gubernamentales. Como bien señalan los directivos de ambos diarios, “venimos denunciando desde hace casi un año un plan del gobierno nacional para apoderarse de la compañía y controlar el papel para diarios, insumo esencial de la prensa libre”.

Ante tan escandalosa arremetida contra la prensa libre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha emitido varios firmes pronunciamientos de preocupación y ha rechazado la escalada gubernamental, manifestada también en la discriminación en la publicidad oficial, la falta de acceso a la información pública, las agresiones verbales en contra de medios y periodistas, así como aspectos perniciosos de nuevas leyes de prensa.

En declaraciones a la prensa internacional, nuestro director, Francisco Miró Quesada Rada, ha expresado asimismo su profunda preocupación por una evidente maniobra encaminada a silenciar a la prensa crítica e independiente en Argentina. Una maniobra que atenta, ha dicho, desde cualquier punto de vista, contra todo principio democrático y contra el derecho de los ciudadanos a estar informados.

Nuestra solidaridad con la prensa argentina. La comunidad internacional está advertida y se espera el pronunciamiento de la OEA, pues un régimen como el de los Kirchner no puede llamarse democrático. Si algo está realmente mal en Argentina es que se impide el ejercicio irrestricto de las libertades de prensa, expresión y opinión, por obra y gracia de un régimen que se torna cada vez más intolerante, abusivo y autoritario por lo que, al igual que a Chávez, no se lo puede tratar como un par democrático.



EL COMERCIO

lA sexta estrofa

En breve el Ministerio de Educación iniciará una campaña educativa en los colegios, institutos y escuelas superiores del país, para que sus estudiantes, docentes, trabajadores administrativos, auxiliares y de servicios entonen con fervor patriótico el coro y la sexta estrofa del Himno Nacional del Perú. El plan, que abarcará las instituciones de Educación Básica Regular y Educación Técnico Productiva, busca fortalecer la identidad peruana y la conciencia histórica y nacional. La campaña se ha oficializado con la publicación de una resolución ministerial en el Diario Oficial El Peruano.

A pesar de que el himno nacional, como todos los de su género, es una vibración patriótica que alude a los símbolos de la nación que nos vio nacer y a la cual pertenecemos, ello no significa que su letra constituya un elemento secundario, sobre todo si de ella se deriva una actitud, un gesto, un sentimiento que prefigura un sentir individual y colectivo. En ese contexto, la estrofa que hemos cantado por décadas de décadas no debiera ser la más representativa del sentir nacional, pues es un texto clara y terminantemente derrotista y plañidero, imposible de conjugar con una justa y apropiada visión de nuestro pasado histórico y, menos, con una real y optimista visión de nuestro futuro, más aún si nos encontramos en un sostenido periodo de crecimiento económico y desarrollo social.

También desde décadas se ha insistido en nuestro inveterado sentimiento de culpa y de derrota que podría explicar muchas de nuestras reacciones y omisiones como pueblo ante eventos determinantes de nuestra historia. Por ello la importancia, primero de la decisión de impulsar oficialmente el canto de la sexta estrofa de nuestro himno, y segundo, de divulgarla y hacerla efectiva en los colegios del país, en donde está la simiente de nuestro inmediato porvenir.

Es obvio que términos como “peruano oprimido”, “ominosa cadena”, “cruel servidumbre”, “indolencia de esclavo” y “humillada cerviz” pertenecientes a la segunda estrofa, no se condicen con una genuina autoestima nacional cuya promoción es deber del Estado. De otro lado, tampoco se trata de modificar o introducir un nuevo texto –cosa imposible en un himno que se funda en la tradición– sino de recoger otra de las estrofas del mismo himno en su concepción original. Y eso es lo que se hace con la sexta estrofa que como ninguna de las otras que conforman el himno, recoge el sentir de libertad y lo proyecta con bríos, además de resaltar nuestra imponencia geográfica y el tesón que costó a varias generaciones la independencia nacional.

Apoyemos la campaña del Ministerio de Educación impulsando en nuestros propios ámbitos de trabajo, recreación y de otras actividades diarias, el canto de la sexta estrofa del himno en sustitución de la segunda. Y en torno de sus frases felices, construyamos en unión y democracia un país cada vez más fuerte y justo de tal manera que podamos decir siempre con máximo orgullo: Somos libres, seámoslo siempre.


EXPRESO

Responsabilidad de Toledo

Al margen del mayúsculo pleito entre dos ministros de Alejandro Toledo –que han dado dos versiones opuestas de la sesión del Gabinete de la época que decidió otorgar diversos beneficios a los terroristas–, lo cierto es que los beneficios se dieron durante el toledato. Aunque todos quieran ahora, en estampida, tomar distancia de ellos, porque se han revelado como gravemente perjudiciales para el país.

Es evidente, ante tales circunstancias, que la responsabilidad de esa política concesiva y blandengue frente al terrorismo, corresponde al ex presidente Toledo y a su socio, Fernando Olivera, quien ocupó importantes cargos; entre ellos, ministro de Justicia, además de decidir los principales asuntos de gobierno con su aliado de la Casa de Pizarro. Consciente de esa responsabilidad, Olivera –quien no regresa al Perú porque alega que existe una orden de captura– subestima la inteligencia y la memoria de los peruanos al declarar que “tanto él como el gobierno de Toledo en su conjunto trazaron una línea de dureza frente al terrorismo”.

Testimonios, declaraciones y, lo más importante, hechos concretos –como la liberación de terroristas que se acogieron a las normas expedidas en el toledato, –además de millonarias indemnizaciones para los genocidas–, desmienten esa presunción. Por más que intenten, no hay manera de que escondan las temerarias excarcelaciones y los escandalosos pagos millonarios hechos a terroristas en virtud del absoluto y vergonzante allanamiento de Toledo y compañía a las sentencias de la Corte IDH. ¿Esto es, acaso, trazar una línea dura frente al terrorismo? Todo lo contrario. Es transigir, ceder, por una mezcla letal de la banalidad, frivolidad, temeridad e irresponsabilidad que caracterizó al régimen que gobernó al Perú entre el 2001 y el 2006.

Algo más que es clave. Fue el gobierno de Toledo el que desarmó material y moralmente a las Fuerzas Armadas y Policiales expoliadas antes por el montesinismo y desarticuló los servicios de inteligencia. Con miopía y sed de venganza –azuzadas por la progresía caviar que copó aquel régimen desde un primer momento– el toledato no aquilató el rol de las FF AA ni el de la PNP, así como soslayó su proyección en la paz nacional. Mucho menos aceptó su actuación valerosa frente al espanto del terrorismo, en los duros años de la lucha contra sus huestes sanguinarias y –ellas sí– genocidas que trataron de destruir el Perú causando miles de muertes y miles de millones de soles en pérdidas materiales.

Ante este panorama simple de nuestra reciente historia, ¿quién puede dudar de que fue el régimen toledista el que flexibilizó las penas y las condiciones de carcelería para liberar a los terroristas?,¿quién puede no darse cuenta de cuál fue la verdadera –aunque siempre disimulada– orientación política del toledismo frente al terrorismo?

Sus ministros se enfrentan ahora porque todo el país ha tomado conciencia de esa política concesiva y humillante para los intereses nacionales. Si fue Olivera o si fue Kuczynski quien patrocinó –o para el efecto, toleró la intromisión y vigencia de esa política– no es lo fundamental. Lo medular en este caso es que la responsabilidad es de Alejandro Toledo, una mancha negra de la que jamás podrá rehuir.


EXPRESO

Nuestro electorado

Diecinueve millones 595 mil 300 peruanos podrán este año acudir a las urnas y votar ejerciendo su derecho. De dicha cifra 18 millones corresponden a los electores del territorio nacional, aptos para sufragar en las elecciones municipales y regionales, mientras que 726 mil son electores residentes en el extranjero. En Estados Unidos se concreta la mayor cantidad de peruanos, con 234 mil 459 electores, seguida por España, Argentina, Italia, Chile, Japón y Venezuela, en ese orden.


La cifra total representa un incremento de 2 millones 960 mil 476 electores respecto al padrón del 2006, un aumento que equivale al 17.8 por ciento. Por primera vez habrá mayor número de mujeres, 9 millones 830 mil 538 votantes, lo que representa el 50.17 por ciento del total de electores. Además, el guarismo de votantes jóvenes asciende a 6 millones 300 mil, lo que debe llamar a la reflexión de todos los candidatos.

Se ha anunciado que este padrón ha sido minuciosamente trabajado y supervisado en un proceso de validación en 61 distritos electorales del país realizado por la Dirección Nacional de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones. Ello debe garantizar su certeza, lo que a su vez permitirá que el desarrollo y la supervisión de los comicios sean expeditivos.

El mapa electoral peruano no se ha modificado pero su densidad. En cuatro años, el universo de electores ha crecido casi en 20 por ciento, haciendo que las generaciones jóvenes constituyan nada menos que dos tercios de la población electoral. Concurrentemente, las votantes mujeres son numéricamente más que los su pares varones, perfilando un mapa con características que demuestran que somos un país mayormente de gente joven; que nuestra población electoral sigue concentrada en Lima y en las grandes ciudades del interior del país; y que la naturaleza de nuestra geografía nos demanda una gran esfuerzo articulador para que los padrones y registros de identificación de todo tipo sean realizados con tecnología de punta y con la mayor prolijidad. En este sentido, resulta alentador que el JNE trabaje con esos elementos.

Mientras se van afinando las actividades preelectorales a nivel nacional, y lo mismo sucede en nuestras embajadas y consulados en el exterior, la campaña política se intensifica. Momento propicio para exhortar a los candidatos a estar a la altura de esta convocatoria ciudadana, de sus preparativos técnicos, de las esperanzas de las regiones y los municipios a lo largo y ancho del país, de la pujanza de nuestro modelo económico –que debe reflejarse en un modelo político también exitoso y ejemplar–. Y lo que es más importante, a la altura de las expectativas de esos 3 millones de nuevos electores que se incorporan a la vida democrática activa, ejerciendo su derecho al sufragio. La sociedad no debe ni puede defraudarlos sino acompañarlos en este inicio de su vida cívica, haciéndoles ver y comprender que la democracia es el marco institucional para que logren sus sueños personales de progreso y bienestar.


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Terroristas y reparación civil

Paralelamente a la atinada decisión de expresar formalmente, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nuestras reservas a las reparaciones en las sentencias en materia de terrorismo, tal como lo ha anunciado el primer ministro Javier Velásquez Quesquén, el Poder Judicial debe disponer en el acto que los terroristas liberados que no han pagado reparación civil retornen de inmediato a la cárcel, porque su presencia en las calles –como lo ha señalado en múltiples ocasiones este diario– no hace más que mellar la moral de las nación.

A la vista de los escandalosos casos que la opinión pública ha conocido, el Estado peruano debe reaccionar con firmeza y coherencia, sintonizando, además, con la opinión pública que, como un solo puño, se ha unido para condenar esa liviandad que permite a terroristas –que tanto daño le hicieron al país– salir libres por la aplicación irresponsable de beneficios sin que nadie se haya preocupado de confirmar si cumplieron o no –este último es el caso– con pagar la reparación civil fijada en sus sentencias. Una inacción a todas luces imperdonable, condenable.

La lógica más simple exige una respuesta de todas las instancias judiciales. Los terroristas son un peligro mayor para la sociedad porque plantean su destrucción. Y es bajo esa óptica que debe verse y aplicarse la legislación y acción punitiva del Estado, como lo han hecho otros países. Sólo para citar el reciente caso de algunos liberados de la banda terrorista ETA en España, estos elementos accedieron al beneficio de la excarcelación tras hacer expresa renuncia a su organización, a la ve que condenar –y renunciar a– la violencia que propiciaron. En el Perú, se sabe que ningún terrorista que ha salido con el beneficio en libertad ha hecho algo similar; por el contrario, no han perdido ocasión para demostrar que no tienen un ápice de arrepentimiento.

Los procuradores del Estado deben impulsar de inmediato una estrategia para llevar a los penales a los terroristas libres que no han pagado reparación civil, contando para el efecto con la decidida colaboración de las instancias jurisdiccionales. Por su parte las instituciones, en especial los partidos políticos representados en el Congreso, deben alzar su voz reclamando coherencia para decidir una medida como la planteada.

El país necesita señales claras antiterroristas de sus entes políticos y judiciales. No se debe bajar la guardia frente al fenómeno subversivo. No se debe ceder. No debemos dejarnos apabullar por la prédica de la izquierda progre –y la de sus adláteres– que ya bastante daño le han hecho a la verdadera reconciliación nacional. Una de esas señales es que la ciudadanía vea que el terrorismo no paga y que quienes lo ejercieran con alevosía, premeditación y ventaja, reciben todo el peso de la ley, expresión que no debe ser sólo una metáfora.

Observar las reparaciones a los terroristas de la Corte IDH es defender la auténtica soberanía del Perú, de la misma forma que lo es exigir que vuelvan a la cárcel mientras no paguen el íntegro de sus reparaciones civiles.


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Tarata y el Museo de la Memoria

Acabamos de recordar el dieciocho aniversario del bárbaro atentado de la calle Tarata en Miraflores, cuyo salvajismo y vesania no pudo, sin embargo, doblegar la moral de los limeños, quienes, junto a todos los compatriotas del país y con la protagónica y heroica participación de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, lograron derrotar al terrorismo. Veinticinco muertos, 155 heridos y una calle arrasada y un distrito dañado que después floreció, son la expresión viva de que la violencia subversiva no pasó ni pasará en el Perú. Sólo quedará ésta como aspiración de la izquierda históricamente violentista.

Por ello, rechazamos la iniciativa de construir en Miraflores una ermita –llamada Museo de la Memoria–, donde la izquierda pretende obligar a la población a rendir homenaje, por igual, a los terroristas y a sus víctimas. Esta iniciativa descabellada –pues no caben “museos” ni “memorias” cuando el terrorismo está redivivo en las universidades y en regiones del país– fue sin embargo abrazada por el alcalde de Miraflores, Manuel Masías Oyanguren, presumiblemente en su afán por codearse con la progresía siempre glamorosa. Pero flaco favor le ha hecho este funcionario al distrito que juró servir.

La maoísta marcha del campo a la ciudad que los subversivos de Sendero Luminoso empezaron a poner en práctica con el alevoso atentado de Tarata, tuvo en él su expresión más simbólica, aunque estratégicamente no significara mucho. Lo que quería Sendero era infundir terror en la población limeña, y por ello atentaron contra el corazón de uno de sus distritos más simbólicos. No olvidemos que, según las publicaciones de la época, la secta terrorista Sendero Luminoso era considerada capaz de acceder al poder por la violencia armada.

La policía llegó a la conclusión de que la barbarie del 16 de julio en Miraflores fue planificada y ejecutada por los destacamentos especiales 12, 15 y 18 de la Dirección Zonal Centro de Sendero Luminoso, y, se logró identificar y detener a la mayoría de los terroristas responsables del atentado. La Justicia sentenció a los senderistas responsables de la masacre. Hoy, sin embargo, apelando a concesiones otorgadas por la progresía –el gobierno de Alejandro Toledo sucumbió ante la presión de esta izquierda de salón– los condenados exigen libertad y, además, que el Estado los indemnice.

Tarata es historia, pero historia siempre presente. Es la señal que el terrorismo puede amenazar pero no vencer, ni menos convencer a la democracia. Para graficarlo, la emblemática calle se renovó por completo y sus gentes, lejos de amilanarse, cada año marchan en rechazo al senderismo genocida. Entre esos marchantes que corean las palabras paz y democracia, está Vanessa Quiroga, joven de 22 años que se convirtió en símbolo de esta tragedia al sobrevivir pese a su grave lesión.

Pero los peruanos no aprendemos la lección. No obstante que Vanessa Quiroga fue víctima del terrorismo el Estado aún no la ha indemnizado; sin embargo sí lo ha hecho con los terroristas a quienes, además, ha dejado libres por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Peor aún, los senderistas ya libres no han pagado la indemnización a la sociedad que les impuso la Justicia y se pasean sin problema por las calles; los terroristas que siguen encarcelados claman libertad e indemnización apoyados por las ONG, la CIDH y la izquierda mediática; y, paradójicamente, el Municipio de Miraflores –donde queda la calle Tarata– apoya esa necedad llamada Museo de la Memoria que la progresía insiste en erigir allí para “hermanar” a los terroristas con sus víctimas.


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El rechazo sanmarquino a Sendero Luminoso

Ninguna posición extremista, de derecha o de izquierda, tiene que alterar la vida sanmarquina ni perturbar su ritmo de crecimiento, desarrollo y modernidad. De allí lo importante que los estudiantes hayan dicho “No a la violencia”

Luego de la sospechosa y furtiva aparición de grupúsculos prosenderistas en la ciudad universitaria de San Marcos, la respuesta de la comunidad académica ha sido rechazar enérgica y contundentemente toda forma de terrorismo, dentro y fuera de la decana de América. Así lo ha expresado la marcha sanmarquina del último viernes, integrada por una joven generación respetuosa del Estado de derecho que, emulando a aquella que se enfrentó a la dictadura fujimontesinista, ahora ha salido a las calles para recalcar que son estudiantes de una universidad reconocida como la conciencia cívica del Perú y que nunca más permitirá ser caja de resonancia de infiltrados terroristas.

El Comercio, que guarda una relación institucional estrecha y de larga data con San Marcos, siempre ha valorado el aporte que esa casa de estudios brinda a la formación de los cuadros más importantes de la vida política, económica y social del país. Solo en lo académico, no se puede ignorar que ocupa el primer lugar en el ránking nacional de las universidades con mayor producción investigativa; ni su contribución al sentimiento de peruanidad y la idea de país, como crisol de todas las tendencias y formas de pensamiento. Por lo mismo, vemos con preocupación que rezagos de Sendero Luminoso pretendan infiltrarse en la UNMSM, no porque así lo deseen sus autoridades, docentes y estudiantes, sino aprovechándose de los vacíos institucionales que actualmente afectan la gestión de la universidad y que tienen que resolverse en el plazo más corto. Eso no implica, sin embargo, aprobar necesariamente disposiciones que si bien pueden constituir un paso importante para desterrar las camarillas que han desfigurado la representación universitaria, también pueden menoscabar los diferentes niveles de participación en la Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario, el Tercio Estudiantil como entidad y los consejos de facultad. El voto universal norma la democracia representativa de un país, pero nada garantiza que funcione en un centro académico. Por el contrario, pueden elevar el grado de politización actual, como han recalcado el presidente de la ANR, Iván Rodríguez Chávez, y el propio ministro de Educación, Antonio Chang.

Si hay irregularidades y hasta faltas graves en la representación en San Marcos, lo que se necesita es revalorar el principio de la participación, reducir la indiferencia de los alumnos frente a los asuntos internos y sancionar ejemplarmente las prebendas, vengan de donde vengan. No hay corruptos sin corruptores.

Autoridades y docentes, estudiantes y egresados sanmarquinos pueden contribuir al proceso de modernización de su alma máter. Ellos son los llamados a exigir al Estado mejoras en los presupuestos y en la infraestructura universitaria. Asimismo, trabajar para elevar la calidad académica y garantizar el acceso irrestricto de todos los estamentos por mérito propio, dentro de una justa proyección social. De otro lado, nada debe afectar la autonomía universitaria —sin que ello implique extraterritorialidad—, ni siquiera los intentos de intervención de penosa recordación durante el fujimorato. Que haya actividad política no debería sorprender, porque ella es inherente al claustro; lo que debe rechazarse son las posiciones violentistas.

Ninguna posición extremista, de derecha o de izquierda, tiene que alterar la vida sanmarquina ni perturbar su ritmo de crecimiento, desarrollo y modernidad. De allí lo importante que los estudiantes hayan dicho “No a la violencia”, que causó miles muertes y millones de dólares en pérdidas materiales. Nada justificaría volver a ese pasado, que probablemente muchos jóvenes no recuerdan, pero que deben conocer. En el caso de la universidad peruana, eso significaría un retroceso, en una coyuntura altamente competitiva que exige excelencia a los jóvenes profesionales peruanos. En cuanto a la UNMSM, como ha sucedido a lo largo de la historia, ha sido más grande que sus problemas y ha legado al Perú una contribución invalorable e insustituible.


el comercio

Venta ambulatoria en colegios

Es menester que los municipios de la capital fiscalicen con mayor rigor la venta ambulatoria de bebidas, golosinas y otros alimentos en los exteriores de los colegios, con el fin de proteger la salud de la población escolar. Problema inveterado, que no obstante se debe resolver solamente con perseverancia en el cuidado y la vigilancia de los establecimientos, como ha quedado demostrado en más de una oportunidad.


Sin embargo, no es pedagógico, práctico ni formativo dejar esta responsabilidad exclusivamente en manos de los municipios. Por cierto que la tienen, en particular para fijar y aplicar las sanciones que sean necesarias. Pero hay aquí también una responsabilidad de los padres de familia y de los propios colegios. Los padres deben hablar con sus hijos, persuadirlos de lo dañino que puede ser adquirir bebidas y golosinas en los exteriores de sus escuelas, pero también exigirles que no lo hagan en virtud de un conjunto doméstico de reglas cuyo cumplimiento se debe preservar en el seno de la familia. De la misma forma, los colegios, sus autoridades y, en especial, sus asociaciones de padres de familia necesitan estar al tanto del problema, involucrarse y resolver bajo el criterio que primero es la salud de los escolares. Dentro de las posibilidades a manejar, pueden estar algunas alternativas bien estudiadas y sopesadas para lograr que los ambulantes hallen alguna modalidad de formalización, cumplan las disposiciones sanitarias y conviertan su actividad en algo lícito y regulado por las instancias competentes en los espacios apropiados.

La vigilancia es clave, porque, además, coadyuva a la seguridad de los planteles. Entre los ambulantes podrían camuflarse elementos de mal vivir y, sobre todo, expendedores de droga. En este aspecto también debe funcionar la comunidad educativa. Docentes, autoridades y los propios alumnos, especialmente los mayores organizados en brigadas, pueden contribuir a la seguridad de su colegio, además de velar por su salud física.

Sin embargo, quien debe liderar este necesario control es la autoridad edil, ejerciendo su autoridad y convocando a los actores sociales a poner de su parte. El comercio ambulatorio no regulado ni fiscalizado es una fuente de conflictos, inseguridades e insalubridades. No dejemos que se establezca permanentemente con estas nefastas características, mucho menos en las inmediaciones de nuestras escuelas. La salud de los escolares lo exige en primer término, además del orden y ornato de nuestros distritos, algunos muy venidos a menos por la inacción de sus alcaldes.

Demandemos como vecinos a nuestra municipalidad local cumplir con esta responsabilidad. Nuestra vigilancia ciudadana debe ser estímulo pero también defensa del legítimo derecho de los escolares peruanos a su salud y a su educación en las mejores condiciones posibles.


EXPRESO

Las otras universidades católicas

El enfrentamiento judicial entre la PUCP y el Arzobispado de Lima es por una cuestión técnica y legal, y allí debe centrarse el debate: ¿Se cumplirá o no la voluntad de José de la Riva Agüero?

El notable pensador, escritor, historiador y ensayista José de la Riva Agüero y Osma (1885-1944) fue el principal benefactor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que hoy se encuentra enfrascada en un proceso judicial con el Arzobispado de Lima.

Ferviente católico, De la Riva Agüero creó esa casa de estudios junto al padre Jorge Dintilhac, Víctor Andrés Belaunde y otros intelectuales que consideraban que la doctrina cristiana no se opone a la libertad de cátedra. Soltero y sin descendencia, legó testamentariamente su fortuna para que esa casa de estudios sobreviviera en el tiempo y fue su voluntad que el Arzobispado de Lima velara por esos bienes.

En días recientes circuló una carta firmada por destacados intelectuales internacionales, en la que expresaban su natural inquietud porque “Como académicos, vemos con preocupación que el proceso judicial entre el arzobispado y la PUCP pueda dar lugar al control de la universidad por personas cuyas nociones de libertad académica difieren profundamente de los valores pluralistas y democráticos de dicha universidad” (refiriéndose al cardenal Cipriani y su pertenencia al Opus Dei).

Entre los firmantes de esa carta figuran, sin embargo, Sabine MacCormack, profesora de la cátedra Reverendo Theodore Hesburgh C.S.C., Guillermo O’Donnell, profesor emérito de la cátedra Helen Kellog de Estudios Internacionales, y Scott Mainwaring director de esa misma cátedra. Tres intelectuales vinculados a la universidad estadounidense de Notre Dame (Nuestra Señora) fundada en 1842 por la Congregación de la Santa Cruz, en cuya página web se lee: “Una universidad católica busca su inspiración básica en Jesucristo como la fuente de sabiduría y de la convicción de que en él todas las cosas pueden ser completadas”.

Según Notre Dame, un centro académico católico debe ser: “un lugar de enseñanza e investigación, de becas y publicación, de servicio y comunidad. Estos componentes fluyen de tres características del catolicismo romano, la imagen de Jesucristo, su Evangelio y su Espíritu”. Notre Dame tiene por presidente emérito al sacerdote Theodore Hesburgh, premiado en 1982 por sus “sobresalientes contribuciones al ministerio de la educación religiosa en América” y desde 1961 es miembro honorario de la fraternidad católica KÖHV Alpenland, de Austria, cuyos principios son: Religión, Patria, Ciencia y Amistad.

Se observan también las firmas de Francisco Diez y Julia V. Ibarne, de la Pontificia Universidad Católica Argentina, cuyo presidente es el excelentísimo reverendo cardenal Jorge Mario Bergoglio, el par jesuita de monseñor Cipriani.

La Universidad Católica de Argentina asume como misión —al igual que la Iglesia— “evangelizar la cultura y las culturas”. Constituida por el Episcopado “se reconoce a sí misma instrumento privilegiado en este empeño evangelizador, según las claras enseñanzas del Concilio Vaticano II [...] los estudios y enseñanzas se han de realizar e impartir a la luz de la Fe, es decir, del reconocimiento de la Verdad Revelada, de tal forma que la actividad sea presidida e inspirada por dicha verdad, que se encuentra en la Sagrada Escritura y en la Tradición”.

Muchas universidades en el mundo inspiran su cátedra en las enseñanzas cristianas con excelencia académica, pluralidad y tolerancia. Un caso emblemático es la reputada Universidad de Georgetown, en Washington D.C., fundada por el sacerdote jesuita John Carroll en 1773 “con la meta de asegurar el futuro del catolicismo americano a través de la educación [...]. Carroll veía a Georgetown como una academia rigurosamente católica con una diversidad en su cuerpo estudiantil”. Hoy se precia de “contribuir con la tradición intelectual católica”, de contar con la biblioteca católica más grande del hemisferio y de brindar servicios espirituales para las diversas tradiciones de los estudiantes. Entre los destacados ex alumnos de este claustro sobresalen hoy el ex presidente Bill Clinton; Laura Chinchilla, la primera presidenta de Costa Rica; el rey Abdullah II de Jordania, entre muchos otros.

El enfrentamiento judicial entre la PUCP y el Arzobispado de Lima es por una cuestión técnica y legal, y allí debe centrarse el debate: ¿Se cumplirá o no la voluntad de José de la Riva Agüero?


EL COMERCIO

Debates y no insultos

Las elecciones en los países democráticos son una escuela de ciudadanía. En ellas, el elector escoge sus representantes, aquellos que en su nombre administrarán el Estado. Por esto son tan importantes la exposición y los debates de ideas y propuestas. Sea a nivel local, regional o nacional, la confrontación enriquece no sólo la cultura cívica y la información de los electores, sino hasta los propios planteamientos de los candidatos. Éstos deben, por tanto, promoverse. En tal sentido, la primera responsabilidad corresponde a quienes reclamas el voto del ciudadano. En segundo término, las instituciones de la sociedad, académicas, gremiales, laborales o comunales, deben asumir una actitud proactiva, exhortando e instando a los candidatos a exponer y debatir sus iniciativas. En tercer lugar, los medios de prensa necesitan cooperar en este empeño divulgando las propuestas, dándole cobertura y procurando reacciones de todos los actores sociales a las mismas.

En este contexto, las denuncias sobre malos candidatos o propuestas no idóneas tienen gravitación, porque el elector necesita estar informado de las acciones de los postores que aspiran a ser autoridades y personajes públicos. Y en ese carácter, la vida institucional de éstos puede y debe ser sometida al escrutinio ciudadano. Además –y esto está comprobado– son las denuncias mediáticas las que muchas veces descubren aquellos escándalos que hubieran quedado ocultos o pasado inadvertidos sin el contrapeso al poder político que supone la libertad de prensa.

Pero una cosa es la denuncia y otra la diatriba, el insulto, la difamación, y su marco nefasto. Es decir, la llamada guerra sucia que se hace con el único propósito de descalificar al adversario. No se atacan sus propuestas; no se debaten las ideas; ni siquiera se pone el énfasis en las denuncias –siempre y cuando sean éstas documentadas–; simplemente se ataca, insulta e insinúa malévolamente para echarse abajo a un postulante –contrario– a como dé lugar. El resultado es el desenfoque total de la campaña, ajena a los planteamientos locales, regionales o nacionales, y ligada a la denuncia infundada, al escandaloso ataque oral y al insulto. De la batalla de las ideas a la guerra sucia de las artimañas, las calumnias y los insultos.

Por cierto se impone aquí una referencia a la educación. Mientras más alto sea el nivel de los electores, mejores campañas habrá. Una población educada exigirá propuestas y no se contentará con la política como espectáculo, a veces denigrante. En este sentido, una vez más queremos relevar el esfuerzo -que el gobierno nacional y aquellos regionales y locales empeñosos y visionarios- están realizando por la educación, base del desarrollo socioeconómico sostenible.

En marcha ya el proceso de comicios municipales y regionales –y ad portas de las generales–, hacemos un llamado consecuente a las colectividades políticas –y en particular a los candidatos– para elevar el nivel de las contiendas que se avecinan, haciendo que estas elecciones sean realmente una escuela de civismo y ciudadanía.


EXPRESO

Preocupante realidad

Muy preocupantes son las declaraciones del ex presidente de la Sala Nacional Antiterrorista, Marcos Ibazeta, quien señaló a EXPRESO que la justicia peruana actúa con blandura frente al terrorismo. Y ello en base a su propia experiencia como magistrado y luego como observador informado de los procesos de la administración de justicia en el país. En ese sentido consideramos que hay comportamientos que deben ser aclarados por las instancias del poder político y del Poder Judicial. El primero tiene que ver con los beneficios penitenciarios otorgados a los terroristas, que les han permitido –en casos muy notorios por la relevancia de los mandos involucrados– salir de la prisión antes de que se cumplan las respectivas condenas. El segundo se relaciona con la regulación existente para casos de apología del terrorismo, ya que actualmente el Código Penal tiene un marco normativo para este delito, pero la pena que se impone es mínima. Si a ello añadimos esa denunciada blandura de los jueces, tenemos que esas penas, ya mínimas, se reducen al ridículo exponiendo a la sociedad al peligro de un rebrote de la subversión extremista.

Es una verdad maciza que el régimen del presidente Toledo abrió las puertas de las cárceles a los condenados por terrorismo, en base a una legislación que se ha corregido en parte, pero que cuando estuvo en vigencia, permitió flexibilizaciones y liberaciones de las que ahora –con las muertes del VRAE y lo que ha sucedido en San Marcos, entre otras acciones– nos lamentamos. Sin embargo, no hay novedad: los terroristas no mostraron prácticamente en ningún caso arrepentimiento. Pese a ello, la justicia los ha tratado con un criterio de reinserción en la sociedad y de reeducación que ellos no solamente no aplican sino desprecian. Bajo ese criterio es que jueces y fiscales han sentenciado y acusado de un tiempo a esta parte con la ley del embudo: lo ancho para los terroristas y sus promotores de dentro y fuera del país; lo angosto para el Estado y sus sacrificados defensores, con uniforme o sin él.

Hay aquí, por cierto, una primera responsabilidad a cargo del Congreso que debe legislar con responsabilidad y teniendo en perspectiva el tremendo drama que el Perú ha vivido con el terrorismo. Pero también la administración de justicia tiene la suya, porque si ella entendiera a cabalidad que el terrorismo, aunque herido, está vivo y que su propósito es destruir la democracia, encontraría la forma de actuar con severidad ante los casos que se le presenten.

Estamos advertidos y desde hace buen tiempo. EXPRESO ha venido alertando, previniendo, denunciando, exhortando para corregir esta lenidad. Tenemos claro que al terrorismo se le vence con firmeza. En democracia y con la ley pero aplicada en su máximo rigor sin contemplaciones ni subterfugios. Una vez más nos dirigimos a las colectividades políticas y al país entero para demandar celo y eficiencia en la defensa de los valores democráticos.


EXPRESO

Editorial: TC: No más caos y contaminación por autos usados

Finalmente, el Tribunal Constitucional (TC) determinó que las írritas medidas cautelares del Poder Judicial que posibilitaron la libre importación de vehículos usados carecen de toda eficacia, por lo que son nulas en todos sus alcances.

El deslinde, al más alto nivel del control constitucional, sienta un precedente vinculante trascendental que debe ser complementado por los otros poderes: el Judicial, para que instruya correctamente a los jueces y sancione cualquier transgresión; el Ejecutivo, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), para aplicar de inmediato la medida; y sobre todo del Congreso, para evitar más perforaciones al ordenamiento legal vigente.

El TC precisa: “A partir del 6 de noviembre de 2008, todas las resoluciones judiciales que hayan inaplicado las normas legales que regulan los requisitos para la importación de autos usados son ineficaces por contravenir la uniforme y reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional”.

Ahora el MTC puede demandar la nulidad de las resoluciones judiciales emitidas a partir de esa fecha, definida previamente por el Tribunal Constitucional a través de otras resoluciones que, de modo escandaloso, no fueron acatadas por algunos magistrados.

Esta terminante decisión es sobre todo un severo llamado de atención a los jueces indolentes, venales y corruptos que, sin ninguna justificación, aceptaban burdas acciones de amparo por parte de inescrupulosos importadores, que así se saltaban a la garrocha la prohibición establecida por ley.

Incluso los importadores de autos de Tacna aprueban la medida del TC que, según su entender, pone fin a la competencia desleal y caótica de importadores informales.

De antemano debemos advertir sobre la recusable reacción de algunos padres de la patria que, de modo irresponsable y populista, pretenderían ahora modificar otra vez el marco legal y volver todo a fojas cero: es decir, que nuevamente se permita el ingreso de vehículos obsoletos, contaminantes e inseguros, con antigüedad mayor a cinco años, sin pensar en las graves consecuencias que tendría este retroceso.

Como hemos informado, en los últimos años, a través de írritas medidas de amparo de jueces venales ingresaron al país miles de vehículos de 15 a 20 años de antigüedad, muchos de ellos siniestrados en sus países de origen. Los resultados los sufrimos diariamente, con altos índices de accidentes y de contaminación, a más de una escandalosa competencia desleal con la industria formal que importa autos nuevos.

No se trata, pues, como pretenden confundir algunos, de afectar el derecho al trabajo, sino de poner orden en un tema que se había ido de las manos por la acción de malos magistrados y la indolencia de ciertas autoridades.

La sentencia del Tribunal Constitucional debe restaurar la ley y el principio de autoridad, así como terminar con las interpretaciones arbitrarias y sospechosas de malos jueces o legisladores.


EL COMERCIO

(Editorial) Metropolitano: una obra que no debe politizarse

Existe una intencionalidad politiquera de inmiscuir a los medios de comunicación independientes en estrategias electorales que no les corresponden
Martes 22 de junio de 2010 - 07:16 am

Bien podría decirse que el Corredor Segregado de Alta Capacidad (Cosac), conocido como Metropolitano, ha sido, por lo menos en el último año, el hecho que mayor debate y preocupación ha concitado en la capital.

Las razones son claras: desde su construcción, a fines del 2006, técnicos y urbanistas han reconocido que puede ofrecer múltiples beneficios al pasajero y a la ciudad, lo que reconocemos. Sin embargo, en estos casi cuatro años, tampoco han pasado desapercibidas las denuncias de sobrecostos y postergaciones que, desde nuestra opinión, podrían haber sido aclaradas oportunamente. Primero, por Pro Transporte, que no fue suficientemente claro y explícito; y segundo, por el propio alcalde, para no afectar el desarrollo de este costoso e importante proyecto. Después de todo, si bien el Metropolitano solo atenderá entre el 7% y 9% de la demanda, Lima necesita construir no uno, sino varios corredores similares para ordenar el transporte, que es uno de los problemas más graves después de la delincuencia, según las últimas encuestas de El Comercio, elaboradas por Ipsos Apoyo S.A.

Desde este punto de vista, la prensa en general ha cumplido un papel medular. No solo para dar a conocer el avance de las obras y difundir la información oficial de la Municipalidad de Lima, sino también los aportes de técnicos especializados, interesados en que el Metropolitano funcione bien y sea una estructura con accesibilidad arquitectónica y urbanística, pero también un espacio público de convivencia, pensado para y por los ciudadanos.

Como El Comercio solo puede responder por su propia agenda informativa, debemos señalar que hemos estado presentes en los momentos más gravitantes del proceso. Cuando se dio a conocer el hallazgo de cables de alta tensión, restos arqueológicos y otras estructuras en la avenida Grau; o cuando se anunciaron licitaciones, compra de buses y la ampliación de los presupuestos, que demoraron las obras, como reconoció el alcalde Luis Castañeda, en entrevista con nuestro Diario en julio del 2009.

Igualmente, hace poco, difundimos el inicio de los recorridos que, a manera de ensayo, puso en marcha la comuna.

Pero, este Diario —que se debe al público, no a intereses partidarios— tampoco podía dar la espalda a las quejas de los vecinos, como los de Barranco y Chorrillos, afectados por las alteraciones producidas en sus distritos; o a los problemas de planificación, que se pusieron en evidencia en el cierre simultáneo e inconsulto de varias calles. Además, no podía ignorar los informes de la contraloría sobre errores en el trazo de la ruta; las marchas y contramarchas en la suspensión de las rutas que circulaban originalmente en la Vía Expresa; ni el escandaloso caso de un chofer del Metropolitano con más de 90 papeletas.

En conclusión: Así como reconocemos la importancia de este sistema, también cumplimos con reportar los planteamientos de técnicos, urbanistas, vecinos y usuarios sobre una obra que, en lugar de convertirse en eje de innecesarias polémicas, debería someterse a ajustes y correcciones, para concluirse de una vez por todas. Por lo mismo, queda en claro que la supuesta demolición de candidatos es inexistente y que, más bien, existe una intencionalidad politiquera de inmiscuir a los medios de comunicación independientes en estrategias electorales que no les corresponden.

comercio

Editorial: Contra la infiltración del terrorismo en los claustros

el comercio


La ciudadanía y los propios estudiantes ajenos y opuestos a esta banda delictiva exigen una reacción urgente y firme de las autoridades universitarias
Domingo 20 de junio de 2010 - 08:02 am

Las demostraciones públicas realizadas por simpatizantes de Sendero Luminoso, que se han atrevido a marchar con trapos rojos dentro del campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, despiertan rechazo e indignación y hacen revivir los horrores de una etapa sangrienta que creíamos superada.

El presidente Alan García ha sido enfático al señalar que su gobierno no permitirá este tipo de manifestaciones en pro de quien, con acierto y valentía, ha calificado de “carnicero”, es decir el criminal Abimael Guzmán, “Gonzalo”.

La ciudadanía y los propios estudiantes ajenos y opuestos a esta banda delictiva exigen una reacción urgente y firme de las autoridades universitarias, cuya indolencia, irresponsabilidad y permisivismo han facilitado que se llegue a estos extremos.

Al respecto, llama poderosamente la atención la minimización de estos escandalosos por parte del rector de la Universidad Decana de América, doctor Luis Izquierdo Vásquez. Para él, no pasa nada.

Compete también al Gobierno y al Ministerio del Interior reforzar las labores de inteligencia e identificar fehacientemente a quienes vienen haciendo apología del terrorismo en este y otros centros universitarios. Los extremos a que se está llegando demandan la exhaustiva revisión y aplicación de las políticas antiterrorista y de seguridad ciudadana.

No se puede descuidar ni minimizar las acciones de los senderistas que subsisten ahora como mercenarios del narcotráfico, con armamento de última generación, en las zonas del VRAE y en el Huallaga. La coordinación de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas tuvo inicialmente buenos resultados, pero los recientes asesinatos perpetrados contra nuestras fuerzas del orden son un campanazo para afinar estrategias.

Urge, entonces, modernizar el equipamiento y el armamento, así como lograr un trabajo unificado de los servicios de inteligencia, lamentablemente debilitados durante el gobierno de Alejandro Toledo en nombre de una errada política de derechos humanos. Es también necesaria una mayor presencia y acercamiento del Estado en esos valles alejados, así como inversiones que beneficien a la población capturada por los intereses del narcotráfico.

Con la marcha prosenderista en San Marcos, las páginas web apologistas y las publicaciones de ideario violentista, está claro que los grupúsculos terroristas apuntan a un trabajo político para engatusar a una juventud que no tiene recuerdo de la insania criminal y la destrucción y miseria generadas por estos delincuentes a lo largo de los años 80 y principios de los 90.

Fue, precisamente, en las universidades, y hay que recordarlo, donde germinó el senderismo con una prédica marxista-leninista-maoísta que promovía el odio de clases y la destrucción del “Estado burgués” para refundaruna república gestada en la mente pérfida de Abimael Guzmán.

Estas ideas cautivaron a algunos desadaptados y desencadenaron una ola de crímenes sin precedentes, como lo evidencian los más de 60 mil muertos y desaparecidos que dejó la barbarie terrorista repelida por el Estado democrático, con tardanza y ciertos excesos en un escenario de guerra contra el Perú.

Recordar esto es fundamental, sobre todo para las autoridades y docentes de las universidades estatales. En el caso de San Marcos resulta grave y peligroso que, como han denunciado algunos docentes y alumnos en los últimos días, el propio rector permita el resurgimiento de grupos prosenderistas, solo porque apoyan una agenda reeleccionista de las actuales autoridades universitarias.

Tal miopía cortoplacista sería terrible para San Marcos, para las universidades, para los estudiantes ajenos a estos hechos y, por supuesto, para el país. El rector Izquierdo está debilitando peligrosamente la legitimidad institucional de la autoridad universitaria.

No hay que confundir las cosas. Las universidades son repositorios de enseñanza, investigación y debate de ideas, pero dentro de las coordenadas de lo legal, lo científico y lo democrático. Cuando se hace apología del terror, de la violencia y de los caudillos senderistas genocidas dentro de un claustro universitario, se cruza los límites de lo deseable y permisible dentro del Estado de derecho en que la gran mayoría de peruanos y peruanas aspira a vivir.

Colombia unida

El casi 70 por ciento de votos con el que abrumadoramente ha ganado en segunda vuelta la presidencia de Colombia el candidato oficialista, Juan Manuel Santos, derrotando al candidato del Partido Verde, Antana Mockus, muestra a las claras que el mensaje que los colombianos han querido dar a la región –y al mundo– es que se encuentran unidos contra el terrorismo que las FARC representan. Porque ha sido el gobierno de Álvaro Uribe –a cuyo régimen sirvió como ministro el electo presidente Santos– uno que, con política firme, sin concesiones ni medias tintas, ha logrado aislar y debilitar a las FARC al punto que, podría decirse, se hallan en fase de derrota y desintegración; aun cuando –como en el caso de Sendero Luminoso–siguen siendo una amenaza para la estabilidad y la democracia. Precisamente por ello el pueblo colombiano ha respaldado al heredero político de Uribe. Porque no quiere dar marcha atrás en esa batalla para recudir el enorme costo de vidas y recursos para Colombia que representa el terrorismo de las FARC. Y porque, además, ese pueblo ha comprobado que la seguridad y la promoción de las inversiones es la fórmula adecuada para apuntar al progreso. Todos los indicadores socioeconómicos muestran una Colombia pujante que, a pesar de las FARC, avanza en todo aspecto.

Por ello, las primeras palabras del presidente elegido, Santos, no hacen sino reflejar ese sentimiento popular. “Soy el presidente electo de todos los colombianos, de todos los que me apoyaron y también de los que no me apoyaron”, agregando que su acuerdo de unidad nacional "ya está en marcha". Crear prosperidad democrática con salud, educación de calidad, vivienda digna y oportunidades para todos, seguridad en las ciudades y combate a la corrupción y la impunidad, son sus ejes más importantes y la principal obligación de todo buen gobernante: mejorar la calidad de vida de la población.

Pero esta unidad no sólo se ha manifestado abiertamente en contra del terrorismo de las FARC sino en respaldo a la política firme que Colombia ha mantenido frente a Hugo Chávez y su régimen, encarando sin subterfugios sus amenazas, sus constantes bravatas, sus infundadas acusaciones. En repetidas ocasiones Chávez dijo que su enemigo era el gobierno y no el pueblo colombiano, al que llamó a la buena vecindad. Sin embargo, ahora ese pueblo se ha pronunciado contundentemente en defensa de su gobierno, de aquel que puso los puntos sobre las íes y desenmascaró a Chávez. Pese a ello, el presidente electo ha señalado con talante de estadista –cosa que por cierto Chávez desconoce– que dos gobiernos pueden ser como el agua y el aceite pero si se enfrentan los que sufren son los pueblos.

Las FARC deben entender el mensaje del pueblo colombiano y, antes que nada, liberar a los militares y policías que permanecen secuestrados –exigencia que Juan Manuel Santos ha vuelto a reiterar– como paso previo a su rendición definitiva. Colombia unida ha demandado –con la votación del domingo– su afirmación democrática y la apuesta nacional por la inversión, la estabilidad, el orden y la justicia social.


expreso

Contra la corrupción

Digno de destacar es el anuncio hecho por el coordinador de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, Genaro Matute, quien anuncia que planteará un conjunto de sugerencias a los institutos armados y policiales para garantizar la transparencia en las compras militares y el uso de gasolina. Dos temas polémicos y espinosos que constituyen, de antiguo, puntos críticos de gestión y corrupción en el Estado. Esas iniciativas se harán –claro está– tras exhaustivo estudio al interior de las FF AA y la PNP, habida cuenta de que, en el caso de los vales de gasolina, este insumo tiene diferentes usos; por ejemplo, forma parte del sueldo de algunos miembros del personal militar, o se abona a un fondo común para fines remunerativos. Esta irrealidad felizmente acabará con la nueva modalidad de remuneraciones a ejecutarse el próximo año. En materia de las compras de equipos militares se requiere un análisis más detallado de esos procesos para recién proponer medidas que contribuyan a fomentar la transparencia en este mecanismo.

Atinada la iniciativa de tocar dos temas recurrentes de la historia de la corrupción en el aparato estatal. Ello, sin embargo, no debe obstar para plantear, concurrentemente, líneas generales aplicables a todos los demás sectores públicos, aspecto en el que se ha avanzado muy poco pese a varios intentos puestos en marcha. Sigue la corrupción enquistada en la administración pública debido a muchos factores; y sin embargo no hay una respuesta apropiada a la magnitud del problema. Baste decir que mientras la cooperación internacional destina recursos a campañas informativas y de concienzación en este tema álgido, no hay una contrapartida adecuada por parte del Estado. Apenas algunas iniciativas burocráticas que no han tenido suerte.

En este contexto, focalizar el esfuerzo de la comisión de alto nivel en estos dos temas iniciales es un buen comienzo. Pero hay que exigir que el esfuerzo se inicie y concluya con decisión y vigor, para conseguir que sus sugerencias sean incorporadas en las normas administrativas y legales que fueran menester. Establecer el componente de observadores externos en los procesos ayudará también significativamente. Y, finalmente, señalar con claridad la obligación de las instituciones de apoyar el trabajo. En ese contexto, si las recomendaciones de la mencionada comisión –tras el proceso acucioso al que se abocará– no son vinculantes, pues el trabajo no tendrá efecto y sólo serán más y más sugerencias para la larga lista que duerme el sueño de los justos en los anaqueles de las reparticiones públicas.

Hay que dar señales precisas de que desde los poderes públicos se quiere de verdad luchar contra la corrupción caiga quien caiga. Si no, la sombra de los escándalos acabará neutralizando todo esfuerzo por enfrentarla como la ciudadanía lo demanda.


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