El presidente no tiene quien le escriba

Tras el escándalo generado por parlamentarios de su partido (incluyendo al secretario general del mismo y una ex ministra de Educación), la mayor parte de ellos integrantes de la Comisión de Educación, y todos vinculados por redes de clientela a la mafia que sirve los intereses de dueños de “universidades” privadas que lucran negociando al por mayor grados y títulos “a nombre de la Nación”, con grave perjuicio del país, el presidente García, ha condenado tal estafa, ordenando solemnemente a los directivos del SINEACE una pronta evaluación de la calidad académica de todas las universidades, refiriéndose otra vez (como antes con el escándalo de los petroaudios) a los operadores políticos de aquella estafa como si se tratase de terceros, ajenos a su entorno.

Llama la atención que el presidente hable y actúe como si no hubieran responsables políticos para este tema en su entorno ministerial. Y, en cierto sentido, efectivamente tal vez no los haya; en cuyo caso la situación es más grave aún, pues revela la total ausencia del ámbito universitario, nivel educativo de importancia decisiva para el país, en su agenda política. ¿Es que realmente no hay nadie en el gobierno que asuma la responsabilidad por lo que ocurre con las universidades en nuestro país? ¿Son entonces las universidades tierra de nadie donde pueden instalarse tan fácilmente personajes de la calaña del vitalicio “rector PhD”, dueño y padrino, cuyas patéticas declaraciones dan rotunda cuenta de su estatura moral e intelectual? ¿No había reparado en ello el presidente García? ¿O es que nunca le importó lo que ocurriese en las universidades peruanas excepto si podía hacer caja con alguna de ellas, como la de su socio, y ministro de Educación por ello, José Antonio Chang, cuyas deplorables credenciales académicas tampoco parecen haberle importado al momento de nombrarlo como ministro precisamente en esa área? Y, cuándo propone solemnemente una prontísima evaluación, ¡ya mismo!, de todas las universidades (¡!), ¿tiene el presidente alguna mediana idea de los plazos y costos que toma acreditar no digamos una universidad sino uno solo de sus programas?... Preguntas van, preguntas vienen, escuchando al presidente. De lo que no cabe duda después de oírle es que, en un tema tan delicado y de la mayor importancia para el futuro inmediato del país, como es el de la educación superior, el presidente no tiene la menor idea (y tal vez tampoco el menor interés) en relación a qué hacer, ni nadie que le escriba un elemental ayudamemoria sobre este tema en el que hasta hoy dejó hacer y dejó pasar el negocio de sus allegados. Ahora que fue puesto en evidencia, quiere que se tenga evaluada instantáneamente a toda la universidad, sin decir en absoluto para qué, puesto que no lo sabe.



LA PRIMERA

La mujer perfecta

Rosario Sasieta es la mujer perfecta según los cánones de la viveza criolla.

(Viveza criolla: virtud infecta que le permite a Canal 9 “transmitir” el “éxito” de la señorita Malpartida –la única campeona mundial que retuvo su corona cayendo a la lona y forcejeando con los antebrazos como si de un lío de faldas se tratara- poniendo ocho minutos de comerciales por dos de programación, estirando la jornada con sobras boxísticas de variado pelaje y mutilando cada round para que viéramos a Gastón Acurio diciendo, asalto tras asalto, que “Franca” es la gran cerveza del Perú y que si queremos conocer de sus antojos no gestatorios tenemos que afiliarnos al BBV).

Pues bien, la señora Sasieta, que ha aspirado siempre a ser creíble, mintió esta vez como gitana en gran remate de garaje.

Y han hecho bien en “Día D” demostrándolo de una vez y para siempre.

Porque ahora sí que madame Sasieta ha quedado calata y ha sido varada, tras su captura en alta mar, en una playa de la costanera.

¿Así que fue invitada por la “Generalité” (como su ignorancia la hizo decir en una radio)?

Pues quedó claro: no fue invitada por la “Generalité” ni por la Generalitat ni por Barcelona Promoción y ni siquiera por el Lleida Football Club –que está en segunda pero que jugaba muy bien-.

Lo que hizo, más bien, fue hacerse recibir por una entidad de promoción comercial-cultural que, al parecer, recibió desde Lima –así lo dio a entender su vicepresidente Ramón Masié- la orden de que había que atender “a como diera lugar” a una de esas paracaídistas angurrientas que suelen merodear los consulados y autogenerarse esforzadísimas “convocatorias” y a las que hay que tolerar cuando Repsol y la Telefónica han invertido tanto como en estos parajes.

“No la conocíamos para nada. La conocimos recién aquí y nosotros no la invitamos”, dijo Masié, el segundo de Barcelona Promoción. En la Generalitat, la sede del gobierno catalán, ni siquiera saben de quién se trata.

¿Así que coordinó proyectos de ley homologables en el Consulado peruano en Barcelona?

Tampoco. El cónsul peruano Miguel Palomino lo dijo con elegancia, pero la traducción impía es la siguiente: Sasieta también se zampó a esas instalaciones a fatigar a los funcionarios y a hacerse escribir un papelito que dejaba constancia, a su insistencia, de la intrascendente conversación allí producida. Y por supuesto no fue “invitada” por nadie sino que se presentó con su vozarrón simpatiquísimo de juerguera de San Bartolo.

¿Con que el feriado religioso por la virgen de la Merced duró tres días que “le arruinaron la chamba” y la “empujaron” a irse a Roma y a Venecia para no morir de aburrimiento, pobre santa?

¡Mentira gorda! El feriado eclesiástico duró apenas 24 horas y el resto de la semana fue laborable, aunque no para ella ni para su “acompañante ocasional”, esa sobrina carnal, aunque simbólica, de Héctor Faisal, ese resumen de la ordinariez porteña que responde “¡aquí estoy!” cuando alguien grita “¡Marijuán!”

¿Así que fue invitada nomás a la boda homosexual de sus patitas de Barcelona?

No, no fue invitada nomás. Hizo de sacerdotisa casamentera, de alcalde bamba, de funcionario registral aparecido y, encima, antes de decir “el novio puede besar al novio”, recitó una huachafería que creyó aparente para avivar la llama de los esponsales.

¿Con que trabajó más de la mitad de los días en que estuvo en Europa, cobrando cada día al fisco peruano como si de una misión oficial se tratara?

¡Mentira arponeable! La señora Sasieta, tal como lo demostró la reportera Andrea Llosa, “trabajó” sólo tres de los quince días de licencia –si podemos llamar “trabajar” a eso de simular que se pretende algo cuando lo que se quiere es una vil coartada para eludir el descuento de ley a la hora de la quincena-.

¡Y pensar que Acción Popular tuvo en sus filas a mujeres como Violeta Correa o Matilde Pérez Palacios!

El desplome final de esta señora sin vergüenza salpica severamente a Rosa María Palacios, que en una de las noches más tristes de su largo repertorio acogió su versión con tanto amor, sus documentos repentinos con tanta devoción, sus argumentos con tan plena complicidad que parecía estar hablando con Juan Carlos Hurtado Miller, su antiguo aconsejado, o con algún representante de Petrotech, la empresa que ella jamás tocará porque allí trabaja su marido. Y, como dice Vivas siempre, “chamba es chamba”.


LA PRIMERA - HILDEBRANDT

Bolivia por todo lo alto

El triunfo de Evo Morales en las elecciones del domingo es una buena señal para la democracia en América. No es sólo el abrumador 63% que él obtiene, pesan también los dos tercios que alcanza en el Senado y asimismo en Diputados.

Por encima de discrepancias ideológicas y políticas, el Perú debe tomar en cuenta ese resultado, y proceder en consecuencia.

Felizmente, tenemos en Bolivia un nuevo embajador, el ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros, que sabe de diplomacia y geopolítica y tiene una visión clara sobre las alianzas y bloques que existen o se preludian en América del Sur.

Un punto neurálgico es Venezuela. No se necesita ser chavista para darse cuenta de que el Perú debe tener una evaluación sobria respecto al arco de alianzas que ha forjado Hugo Chávez, y en el cual Bolivia es factor clave.

El presidente Alan García y el canciller, José Antonio García Belaunde, deben comprender que el Perú, por obra de ambos, padece un aislamiento peligroso. Colombia, bajo Álvaro Uribe, un genocida autoritario, no es amigo confiable.

Chile, cuya amistad privilegian García y García Belaunde, está a punto de elegir un régimen más conservador y más antiperuano que el de Michelle Bachelet, lo cual es bastante decir.

El triunfo de Evo es ante todo una victoria de su acción nacionalista, de justicia social y de reivindicación de las masas indígenas y sus instituciones, costumbres y autonomía.

En la balanza de la historia hay que poner al avance electoral de Evo y su Movimiento al Socialismo (MAS). En el 2005, fue elegido presidente con 53.7% de los votos (hoy llega a 63%). Aquella vez, Jorge Quiroga, neoliberal recalcitrante a quien Jaime de Althaus presentaba como la gran esperanza blanca, sólo alcanzó el 28.54% de los sufragios. Ahora ha desaparecido de la escena.

Notable deslizamiento se produce también en las regiones opositoras a Morales. En Santa Cruz, Convergencia llega a 50%, pero el MAS sube a 43%. En Pando, Convergencia tiene 49% y MAS, 46%, casi un empate. En el Beni, Convergencia 55%, MAS 35%. Dos departamentos se pasaron al MAS: Tarija, donde éste llega a 49% y Convergencia se conforma con 40%. En Chuquisaca el volteretazo es abrumador: el MAS llega a 53% y Convergencia baja a 35%.

La victoria de Evo debe de haber herido el hígado de Alan García, el presidente más impopular de América, y de neoliberales como Mario Vargas Llosa.

El novelista sentirá quizás que exageró cuando escribió, poco antes de que el líder boliviano asumiera la presidencia en el 2005:

“Don Evo es el emblemático criollo latinoamericano, vivo como una ardilla, trepador y latero”. Quizás le duela todavía que un escritor español escribiera en El País: ¿No ha sentido Mario que se estaba definiendo a sí mismo?

¡Qué falta de respeto a Evo Morales!


LA PRIMERA - C.LEVANO

Las trompetas sonaban hace tiempo

Por Humberto Campodónico

Tengo la impresión de que este Gobierno peruano tiene 10 años de atraso, porque esta idea de la liberalización y la privatización total, que en un momento fue tan importante en muchos países, ahora ya está abandonada” (Alain Touraine, sociólogo francés, Revista Domingo, 11/5/2008).

“Perú debe cambiar su estructura productiva y pasar de ser un sector primario a uno industrializado, con valor agregado y generación de empleos. Perú invierte entre 0.1 y 0.2% del PBI en innovación y desarrollo. Se debe establecer una meta para llegar a 0.5%. El Gobierno tiene que liderar, junto con el sector privado (José Luis Guasch, Consejero en Competitividad, Banco Mundial, Andina, 20/7/09).

Esto es muy parecido a lo que ha dicho hace unos días el “gurú”, Michael Porter. Pero por tratarse de él, ha “rebotado” con fuerza en los medios, a diferencia de las críticas anteriores.

Dijo Porter: “El Perú atraviesa tiempos económicamente peligrosos porque las fuerzas que explican el crecimiento reciente no son sostenibles porque no generan competitividad. Perú depende demasiado de las exportaciones de materias primas, que tienen un potencial limitado para impulsar el crecimiento económico y la diversificación económica. Perú ha logrado progresos en política macroeconómica pero no está invirtiendo lo suficiente en recursos humanos e infraestructura”.

Esto puede también leerse así: continuar con el modelo primario exportador no va a llevar al país al desarrollo. Puede, eso sí, dar ganancias para un sector reducido de la población mientras duren los precios de los “commodities”. Pero nada más.

Dicho de otra manera, la “teoría” que afirma que “en algún momento” el modelo económico va a “chorrear” a la mayoría de la población no tiene sustento alguno. Para tratar de justificarse, el ministro Carranza nos habla de que “ha crecido el PBI per cápita”, como si el aumento de ese indicador “promedio” fuera equivalente a más bienestar cuando la distribución del ingreso es súper desigual. No, pues.

Lo que ha dicho Porter no es nada nuevo, por favor. Hace tiempo que se sabe que las ventajas comparativas (por ejemplo, exportar los minerales que tenemos) deben dar paso a las ventajas competitivas, que se forjan con políticas explícitas para impulsar valor agregado en la producción que cree empleos y sea competitiva a nivel mundial, para lo cual hay que avanzar en ciencia y tecnología, donde estamos muy mal. Todo esto no se puede lograr sin mejorar la educación y salud, mejorar la infraestructura y avanzar hacia la reducción de la pobreza.

Estas recomendaciones mandan al traste la letanía oficialista de que “basta con la inversión”, cualquiera sea ésta, sin importar dónde se localice y qué produzca. El lema es: “salvo la inversión todo es ilusión”. Por eso, el Estado debe darle todos los incentivos posibles, sobre todo si es extranjera (ya tiene “igual trato” que la nacional).

Porter dice que “la productividad de la economía nacional proviene de la combinación de las firmas nacionales y extranjeras”. Agrega que “la productividad de las industrias domésticas o “locales” es fundamental para la competitividad, no solo la de las industrias de exportación”. Pero aquí se desprotege a la industria nacional con los aranceles más bajos de la Región y, peor aún, se admite la entrada de productos subvaluados que solo favorecen a las empresas importadoras.

Hay muchas más cosas que dice Porter. Pero todas se podrían reducir a una sola: para alcanzar la competitividad se necesita de metas nacionales claras, lo que implica –en el caso peruano- una nueva ecuación en las responsabilidades del Estado para liderar ese esfuerzo. O, lo que es lo mismo, mientras sigamos en la política de “no cambiar para nada el modelo, para que nada cambie”, el desarrollo estará cada vez más lejano y las brechas sociales se agrandarán.


LA REPUBLICA

Copenhague: Lejos del final del camino

Por Humberto Campodónico

Hoy comienza la Conferencia de Copenhague sobre el cambio climático. Su objetivo central es conseguir un nuevo compromiso mundial que permita reducir la emisión de los gases “efecto invernadero” y que provocan el calentamiento global. Como se sabe en el 2012 se termina el Protocolo de Kyoto que se firmó en 1997 y cuya meta era que, en el 2010, se reduzcan las emisiones al mismo nivel que tenían en 1990.

Pero eso no se ha cumplido, porque EEUU y China no firmaron el Protocolo de Kyoto, siendo responsables del 45% del total de emisiones mundiales anuales. Por eso, se esperaba que en Copenhague estos países adhieran a los nuevos compromisos, algo que se viene discutiendo desde hace años. Sin embargo, no hay todavía “humo blanco”.

Lo que está en juego aquí es la cruda “realpolitik” para el siglo XXI, lo que se traduce así: ¿Quién va a ser la potencia hegemónica en lo económico en el siglo XXI? ¿Lo seguirá siendo EEUU o será superado por China en los próximos 20 o 30 años?

La cuestión de fondo es que si la pregunta se plantea en esos términos la respuesta va a tener muy poco en cuenta las consideraciones sobre el calentamiento global. Para EEUU, es muy difícil cambiar el “american way of life” que implica, también, enormes ganancias para las empresas automotrices y petroleras.

Para los actuales gobernantes chinos, el objetivo es continuar sacando de la pobreza a millones de sus ciudadanos, para lo cual necesitan continuar creciendo, lo que implica mayor consumo de recursos naturales. Su objetivo no es otro que llegar a ser “un país desarrollado”, lo que implica continuar con la adhesión al modelo consumista del capitalismo, política que comenzó hace 30 años.

He allí un problema. La lógica de la eficiencia en el actual sistema económico implica la maximización de la rentabilidad de uno solo de los factores de producción: el capital. Si mañana IBM dice que va a despedir 30,000 empleados, el valor de sus acciones se disparará en la Bolsa porque es “eficiente” el ahorro de costos.

Por el contrario, cualquier medida que “no maximice la ganancia de los accionistas” será considerada ineficiente y golpeará el valor de la empresa. Es el caso, por ejemplo, del planeado muelle de minerales en el Callao, que definitivamente va a dañar el medio ambiente, pero que es la salida “más barata” –supuestamente más eficiente– para los minerales de la futura mina de Toromocho y otras del centro del país.

Pero existen salidas intermedias, entre ellas las que han planteado varios países de la Unión Europea, con compromisos vinculantes de reducción de emisiones y de financiamiento de los costos de adaptación y mitigación. No solo eso, hace pocos días se reunieron los países BASIC (Brasil, Africa del Sur, India y China) planteando su acuerdo con compromisos vinculantes, siempre y cuando se establezca una agenda cooperativa de largo plazo, se provea de ciencia y tecnología y, sobre todo, se financien los costos de la adaptación de los países más pobres y pequeños. Lo resaltante aquí es que China e India han tenido una iniciativa común en este campo por primera vez.

El tema es, entonces, de comprensión de la magnitud del problema y de voluntad política. Lo que parece faltar en nuestra Región: a la Cumbre Amazónica de Manaos del 26 de noviembre (preparatoria de Copenhague) no asistieron Chávez, Uribe, García, Correa y Evo. Solo estuvo Lula y el invitado Nicolás Sarkozy.

Pareciera que por estos predios no se entiende claramente (a excepción de Brasil), que tener una política de preservación del medio ambiente –de verdad– va a ser condición sine qua non de las relaciones económicas y comerciales internacionales. Cuando lo comprendan, puede ya ser demasiado tarde. Mientras, observemos de cerca qué es lo que pasa en Copenhague.


LA REPUBLICA

Nueva perspectiva: un escuadrón de pishtacos

Por Mirko Lauer

Los pishtacos se niegan a morir, y ahora están a punto de alzar con toda la grasita política del ministro Octavio Salazar. Ayer en la red La palabra pishtacos ya tenía casi 1,200 comentarios noticiosos. El ángulo favorito es la idea del cosmético europeo hecho de grasa humana. La idea de la cortina de humo va muy atrás, pero se está abriendo paso.

Si pensábamos que la historia del pulmón robado malograba la imagen del país, esta grasienta secuela huanuqueña viene mucho peor, y además peligrosamente cerca de la revolución gastronómica. Porque el pishtaquismo en la versión PNP puede ser a la vez horroroso y gracioso, esto último por su radical inverosimilitud.

Para las páginas de humor de fuera ha sido un festín. The Spoof propone un vehículo impulsado por grasa humana llamado el flatomóvil, y anuncia el desembarco de pishtacos en EEUU a la caza de obesos locales. La idea es que el pishtaco ha reemplazado al chupacabras como el cuco étnico incomprensible, y de allí que se le llame directamente chupagrasa.

Mientras tanto en el Perú la cosa es bastante menos graciosa. Un alto mando policial ha sido removido, pero el argumento para retirarlo (“ha sobredimensionado el caso”) no es convincente, pues la mentira difundida es mucho más elaborada: no solo 60 inhallables muertos desgrasados, sino además 30 años de asesinatos cometidos en banda.

Un caso tan obviamente jalado de los pelos se presta a ser considerado una cortina de humo para minimizar las denuncias de un escuadrón de la muerte policial en Trujillo, llegadas a los medios esa misma semana. Son 46 muertos (en últimas versiones son 56) en diversos enfrentamientos armados con la policía, que despiertan sus propias perplejidades.

Hay un notorio paralelismo entre estas dos historias de muertes masivas. Ambas traen al centro una presencia policial y una violencia inaudita, y en ambas la verdad última de los hechos todavía está por establecerse. Pero en Trujillo ya hay judicialización, denuncias y descargos concretos, materiales para una investigación en regla.

Menos notoria, pero igual de significativa en el contexto de los escuadrones, es la noticia sobre la excarcelación de los sindicados por el asesinato con arma larga de dos policías en una invasión del bosque de Pómac, cortesía del juez José Pisfil Gonzales. Este es un mensaje de impunidad que sin duda multiplicará las permanentes invasiones en Lambayeque.

Da la impresión de que la policía se está moviendo en estos tiempos entre ser asesinada a mansalva, como en Pómac y Bagua, y la tentación de hacer justicia (o incluso injusticia) por su propia cuenta. Es obvio que además de un ministro del Interior, la carcomida institución necesita un comité reorganizador en serio.



LA REPUBLICA

Arana: aún no despega, pero quizás ya pega

Por Mirko Lauer

En esta semana Marco Arana tuvo varias salidas públicas que lo muestran como un candidato distinto del que pintan los estereotipos desde la derecha, con algo más de perspectiva que su ranking en las encuestas. Estas no lo incluyen entre los cinco grandes de la intención de voto, pero eso no es una mala situación a un año y medio de las elecciones.

Arana respondió con claridad tajante al intento senderista de acercársele, con el postulado de una opción democrática desvinculada de antiguos golpistas o violentistas perennes. Es probable que ese abrazo del oso del abogado-vocero SL Alfredo Crespo signifique que para ellos es importante quemar a Arana para el 2011.

En otro momento el precandidato ha anunciado su probable pedido de suspensión de labores sacerdotales, pero a la vez precisó que no por eso piensa dejar de lado su fe cristiana. Una declaración de sentido común, pero que al igual que la anterior disipa versiones que buscan encasillar su imagen en formas de rebeldía.

Luego se presentó Arana ante los periodistas del nuevo Club de la Prensa y causó, al menos entre la gente que pudimos consultar, la impresión de ser una persona articulada e informada. Anuncio de que probablemente no le va a ir mal con los medios, una vez que estos lo lleguen a ubicar en sus radares temáticos.

Por lo pronto Arana tiene unos cuantos caballos de batalla de innegable impacto. El coto a la minería, defensa del medio ambiente, de los movimientos indígenas o la no prescripción de los delitos de corrupción son el tipo de tema que los va a mantener en el vórtice polémico (la Confiep ya le ha respondido) y en la mirada del público.

Vemos, pues, que Arana tiene casi todas las ventajas de su competidor inmediato Ollanta Humala, pero sin sus hándicaps. No es fácil asociarlo con Hugo Chávez, no tiene una bancada parlamentaria que lo desprestigie, todavía no es un rostro asimilable a la política cotidiana donde se dan todos los escándalos.

A la vez es evidente que sus posiciones no ocupan hoy un nicho mayoritario de la opinión pública. Por lo pronto la recolección de firmas para inscribirse en el JNE no está resultando fácil. Si bien se le ve bien ubicada para dar esa primera batalla frente a Humala, solo una reversión bíblica de tipo David-Goliat le permitiría ganarle.

Pero quizás, como sucede con más de un movimiento hoy, el objetivo central de Tierra y libertad no sea la presidencia de Arana sino una presencia sustantiva en los gobiernos locales mañana, y en el Congreso pasado mañana. En otras palabras, recuperar la presencia izquierdista que el éxito de Humala en el 2006 no logró realmente establecer.


LA REPUBLICA

2010 ante Chile: un año de suaves tensiones

Por Mirko Lauer

La relación Chile-Perú seguirá marcada una buena parte del 2010 por el caso del espía, con la bola del lado chileno de la cancha. Pues es poco probable que la investigación en Santiago llegue a algún resultado bajo su actual gobierno, y menos probable todavía que ese resultado satisfaga a Lima.

Tal vez la señal más clara de una distensión efectiva sería la asistencia de Alan García al cambio de mando en Santiago, en marzo. Sin embargo García no suele asistir a esas ceremonias, y de hecho en estos años solo ha ido a la más reciente del presidente ecuatoriano Rafael Correa.

Los efectos políticos en el Perú del espía y de su secuela de palabras cruzadas van a ser más duraderos y fuertes que los diplomáticos. No debemos descartar que más de un candidato elija incluir entre sus promesas electorales un programa integral de contención de la presencia chilena.

Pero aun así, es de suponer que Chile no será un tema central en la campaña electoral peruana del 2011. Pues si bien hay una parte del electorado que participa de un sentimiento de rivalidad, el tema es demasiado conflictivo para candidaturas en pos de consensos amplios.

Como uno de los efectos del caso ha sido darle más cuerpo aquí a los reclamos militares de compra de armamento nuevo, se puede esperar que el discurso del desarme regional y la crítica a las compras bélicas chilenas pasen a un segundo plano frente a los argumentos económicos.

De otro lado La Haya no debería ser un tema de gran contención, al menos hasta el segundo semestre del 2011. Pues tanto la contraintervención chilena de marzo como la réplica peruana del segundo semestre se darán a la sombra de la confidencialidad que exige la corte.

Algo del flujo de la inversión entre países podría retraerse, pero da la impresión de que el volumen del comercio se va a mantener. En parte porque los negocios sí creen en la política de cuerdas separadas, y en parte porque el 2010 se anuncia como un ciclo de rebote económico en ambos países.

Aun así, es obvio que han aparecido áreas económicas más sensibles que otras, y cabe preguntarse si una discriminación efectiva de capitales chilenos en un sector no produciría un efecto dominó, tanto entre los inversionistas como entre quienes toman las decisiones en el Perú.

El nombramiento del embajador Manuel Rodríguez Cuadros en La Paz terminará de calmar las aguas con esa capital, y a partir de allí ayude a estabilizar la geopolítica en toda la subregión. Con Rodríguez, Morales podría encontrar caminos de diálogo con Lima, de los que al parecer hoy siente que carece.

LA REPUBLICA

Presupuesto 2010

El presupuesto del sector público aprobado por el Congreso de la República para el año 2010 asciende a S/. 81,857 millones. El presidente del Congreso Luis Alva Castro señala que es “una buena herramienta de las finanzas públicas”. Sin embargo contiene un peligroso vacío: el esperado y justo aumento a las magras remuneraciones de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. En ese espíritu, el Congreso hubiera revelado sapiencia y sensibilidad incorporando mecanismos graduales de incremento para los uniformados, como lo sugiere el ex ministro de Economía Pedro Pablo Kuczynski. No lo hizo y perdió una oportunidad histórica de marcar un punto de quiebre en el crucial tema de la defensa nacional, y en un momento crítico en los frentes externo e interno.

El presupuesto 2010 no sólo es mayor al de 2009 y trata de promover la calidad en el gasto. Es un esfuerzo que hay que ponderar pero asimismo fiscalizar. De igual forma, trata de enfocarse en la inversión como prioridad del Estado y como instrumento para retomar el nivel de crecimiento necesario. Empero aquí también la fiscalización es clave, porque probado está que tanto en el año 2008 como en el actual, el Estado no ha sabido gastar lo presupuestado, pese a la existencia de los recursos. Un tejido burocrático complejo, unido a la inercia del sistema y además a un perverso mecanismo de control que en muchos casos cae en la duplicidad y la amenaza, explica en parte este fenómeno. Los procesos aún no afinados de la descentralización explican la otra parte.

Afiatar tales procesos deviene en indispensable, dado que el presupuesto asignado a las regiones asciende a 11,471 millones de nuevos soles, y el de los gobiernos locales a S/. 9,294 millones, además de S/. 500 millones destinados al Foniprel para el financiamiento de estudios y proyectos que tengan alto impacto en el desarrollo de las comunidades.

Es evidente que la inversión pública ha crecido de manera consistente en los últimos tres años, marcando un hito nacional. Y ello es muy importante, porque ha significado la revaloración de dicha inversión, estratégica e históricamente complementaria de la privada y, además, crucial en momentos de crisis mundial caracterizada por la retracción de los capitales privados. Gracias a la inversión del Estado, entre otros factores, el impacto de la crisis ha sido mucho menor en el Perú que en otros países.

Gastar más, con calidad y fiscalización efectiva es la meta. Sin embargo ello no se consolidará si no se proyectan y atienden las demandas puntuales de la defensa nacional, incluida naturalmente la salarial de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y si no se enfatiza la inversión social como herramienta clave para seguir disminuyendo los índices de pobreza. Sólo así los presupuestos estimados de crecimiento serán sólidos y consecuentes con el genuino desarrollo del país.


EXPRESO

Democracia hondureña

Las elecciones recientes en Honduras –que contaron con la participación del 64 por ciento de los votantes, contra un 55 por ciento que ha sido el promedio en esa nación– afirman la democracia en ese país centroamericano y dejan una lección al continente: no se puede manipular desde el exterior la voluntad política de un pueblo, lo que, precisamente, intentó hacer Hugo Chávez con un estrepitoso fracaso.

La crisis hondureña fue precipitada por la trasgresión flagrante de la Constitución de ese país por el ex presidente Manuel Zelaya, que –inducido por él imitando a Chávez– fue paulatinamente pervirtiendo la naturaleza democrática de su régimen, al extremo de promover su propia reelección contraviniendo las normas legales establecidas. El Congreso depuso a Zelaya con el aval de la Corte Suprema, nombrando presidente interino a Roberto Micheletti, quien se enfrascó en arduo proceso de negociaciones para encontrar una salida a la situación, la que alcanzó convocando a elecciones generales producidas bajo una histórica concurrencia ciudadana, en las que triunfó Porfirio Lobo, candidato del Partido Nacional.

El fracaso de Zelaya es el declive del expansionismo de Chávez, además del colapso de aquellos países que actuaron como comparsa del presidente venezolano, sorprendentemente encabezados por un Brasil que está pagando caro su equivocada apuesta primordialista. Zelaya, con menos fortuna que Chávez, intentó perpetuarse en el poder convocando a un referéndum sin autorización del Parlamento, para permitir su reelección permanente. Esa tesis fue rechazada una vez más por el pueblo hondureño, que no sólo acudió masivamente a las urnas –pese al llamado abstencionista de los seguidores de Zelaya y las consignas chavistas– sino que logró que un contundente 56 por ciento de los sufragios eligiera a Lobo.

El Perú ha hecho muy bien en reconocer la validez y el resultado de las elecciones en Honduras. Un país que se ha librado de los tentáculos imperialistas de Chávez y la seudo democracia latinoamericana. Honduras se reafirma bajo el común denominador del respeto a la voluntad popular y el rechazo a las tutelas internacionales, sean de donde fueran, EE UU, Cuba o Venezuela. Mantengamos buenas relaciones con todos los pueblos y defendamos nuestra identidad, respetándonos mutuamente. Que nadie ose decirnos qué debemos hacer ni cómo habemos de conducirnos en las relaciones internacionales. Seamos integracionistas, pero evitemos caer en el juego de los bloques donde los países acaban sirviendo a los intereses de ciertas cabezas calientes. Eso es lo que intenta hacer Chávez en América Latina: imponer no sólo su modelo ideológico sino las perversas modalidades para perpetuarlo. Honduras ha dicho ¡basta! Celebrémoslo.


EXPRESO

El juicio sobre espionaje

Es alambicado el argumento esgrimido por la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, de que el caso Ariza debe ser visto por el fuero común porque el agraviado es el Estado y no sólo la Fuerza Aérea. En ese sentido, y según criterio de los constitucionalistas, la competencia de un caso no se define por la calidad del agraviado sino por la naturaleza del delito. Y en este caso, como hemos sostenido en EXPRESO, no hay dudas al respecto: el delito de traición a la patria de Ariza reúne los requisitos establecidos en el Código de Justicia Militar-Policial, vale decir, ser cometido por un militar en actividad durante el cumplimiento de sus funciones, y que se afecte un bien jurídico o las funciones de las FF AA y la Policía Nacional.

Hay, sin embargo, un hecho que no atenta contra la clara competencia del fuero castrense que sí argumenta a favor de quienes, como la Fiscal de la Nación, sostienen que el competente es el fuero común: la comisión por parte de Ariza, de acuerdo al fiscal provincial, del supuesto delito de “lavado de activos”, crimen que no existe en el fuero militar. Sin embargo este sesgo no debe enervar la vista de la causa principal –traición– por la justicia Castrense,
De otro lado, el Tribunal Constitucional ha establecido ya jurisprudencia en casos como éste, al dictaminar ante una acción de inconstitucionalidad planteada en el año 2006 por la ex decana del Colegio de Abogados de Lima, Greta Minaya, que el delito de traición a la patria es competencia exclusiva del fuero militar. Por otra parte, la duplicidad de acción de los dos fueros estaría, al decir de especialistas, introduciendo un vicio de nulidad al proceso que deslegitimaría los resultados del mismo, amén de todas las consecuencias administrativas de dicha duplicidad.

Finalmente hay una consideración política en el caso Ariza que es gravitante y que nadie, menos el Poder Judicial o el Ministerio Público, puede soslayar. Estamos hablando, repetimos, señores, de un delito de traición a la patria; es decir, un crimen contra el alma del Estado cuyo abordaje y castigo, además de ser ejemplarizadores, deben encontrar a ese Estado unido y coherente en la defensa de su propia razón de ser.
Por todo ello, y ante el panorama que ofrece este caso, es al Ministerio Público que le corresponde tomar la iniciativa. Si tiene reparos en inhibirse porque hay ya un proceso abierto por un delito que se juzga en su fuero –que no puede incluirse en el otro–, se puede posponer esa causa del lavado de activos para que sea vista por la justicia ordinaria cuando concluya la de traición a la patria en el fuero militar. La Constitución ampararía esa salida que permitiría conciliar criterios y superar esa absurda competencia de fueros que perjudica al proceso y empaña la imagen del país. Esto es lo que debería anunciar cuanto antes la Fiscalía, considerando la importancia y consecuencias del caso.


EXPRESO

Nombramientos en el Estado

Oportuna y precisa la aclaración del presidente Alan García de que el Ejecutivo no permitirá el nombramiento de 100 mil trabajadores contratados para el aparato estatal, ni tolerará que bajo alguna fórmula presupuestal encubierta se proceda a incrementar la ya demasiado frondosa burocracia pública. El argumento que ha dado el Presidente es sencillo: no se debe cargar sobre las espaldas del pueblo decisiones que no atacan el mal de fondo: la lentitud e ineficiencia del aparato público, y que sin embargo sí implican distracción de recursos que necesitan dedicarse a las urgentes reformas que requiere el Estado peruano para ser más eficiente y estar más cerca de las necesidades de la ciudadanía.

El principio de austeridad y racionalidad que subyace en la decisión presidencial debe extenderse a todos los ámbitos de la esfera gubernamental, especialmente a aquellos que aún echan mano a viejos artificios para aumentar sus respectivas burocracias, o para incrementar selectivamente los salarios de forma temporal que termina a la postre convertida en indefinida. El criterio presidencial debería ser el referente único y máximo; pero la realidad es otra, debido a que la maraña estatal es tan compleja e inorgánica que deja siempre lugar para la maniobra. Por cierto, ese margen es cada vez menor, aunque aún así es grande y favorece inequidades inexplicables. Por ello, y pese a la voluntad política del Primer Mandatario, la percepción en los medios y en la opinión pública es que no se hace nada o muy poco para dejar de inflar las ya abultadas planillas estatales.

La transparencia juega aquí un rol fundamental y a eso hay que apuntar. Se han dado pasos importantes, en este sentido publicando en las páginas webs de los organismos del Estado los requerimientos, presupuestos, cuadros de asignaciones de personal etc. y lo que queda es seguir ampliando la información y mejorando su calidad de tal manera que los resquicios para desvirtuar las normas vayan paulatinamente desapareciendo. La voluntad política presidencial debe encontrar aquí un correlato inmediato y efectivo. Y aquello debe alcanzar, especialmente, a las entidades públicas que no forman parte del nivel central estatal y en donde las licencias en este caso son mayores y difíciles de controlar.

Finalmente, en los casos de nombramientos en el sector público, existen procesos en sectores que están enmarcados en leyes que señalan su gradualidad, limitaciones y asignaciones presupuestales y que, por ello mismo, no están en el mismo saco al que el presidente García se ha referido con toda contundencia y claridad.


EXPRESO

¡Ampay! … ¿y me salvo?

Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe

Auge y caída del bono regalón de Luis Alva Castro

La reculada de Luis Alva Castro con los bonos regalones que le otorgó al grupo cercano a él en la Presidencia del Congreso, apenas fue ‘ampayado’, es un ejemplo del desorden con el que se decide en el Estado.

Ocurre que Alva Castro, en su condición de presidente del Congreso, autorizó el otorgamiento de una ‘bonificación mensual por responsabilidad de puesto’ al grupo de funcionarios y empleados del Poder Legislativo que trabaja más cerca de él, desde el oficial mayor, la jefa de auditoría, el director general parlamentario, y sus dos secretarias.

Todo iba ‘bien’ hasta el sábado, cuando el diario Perú.21 dio a conocer los alcances de la resolución 010 –del primero de setiembre pasado– con la que se concretó el aumento. LAC sostiene que no es un aumento sino bonificación no pensionable a pagar solo mientras las personas indicadas trabajen con él debido a que ya laboraban en el Congreso y que, temporalmente, han asumido una responsabilidad mayor.

El argumento no parece muy sólido. Si el puesto de secretaria de la Presidencia del Congreso demanda un esfuerzo mayor que el de secretaria de parlamentario común y corriente –lo que parece razonable–, las secretarias de LAC debieran haber cobrado un sueldo superior al usual durante este período legislativo asumiendo que esto se encuentre previsto en el presupuesto del Congreso, sin requerir una bonificación especial.

En ese sentido, incluso aceptando que las secretarias de LAC cobren un sueldo mayor porque están cambiando, temporalmente, de trabajo –siempre que eso esté presupuestado–, ¿cuál sería la justificación para hacerlo en el caso del oficial mayor, la jefa de auditoría o el director general parlamentario, pues se asume que su trabajo es el mismo sin perjuicio de quien ejerza la Presidencia del Congreso? ¿O es que trabajar con Alva Castro implica más chamba que hacerlo con Mercedes Cabanillas, Luis Gonzales Posada o Javier Velásquez Quesquén?

Y si todo estaba tan en orden y de acuerdo a ley, ¿por qué dar marcha atrás con el argumento de hacerlo –como informó el comunicado del Congreso del sábado– simplemente “para evitar más polémica sobre el tema”?

Nadie debe oponerse a que se paguen mejores remuneraciones en el Congreso y, en general, en el sector público si esto se hace de acuerdo a ley, con el fin de permitir la captación o retención de trabajadores de mejor calidad, y –mejor aún– cuando es parte de una estructura organizada y moderna de servicio civil. Se ve mal, en cambio, cuando parece que se hace debajo de la mesa y se retrocede al toque cuando se es ‘ampayado’.


PERU 21

Justo resarcimiento

Constituye un logro de los usuarios de los servicios de salud que el Ministerio del sector haya anunciado la decisión oficial de no apelar el fallo en segunda instancia del Décimo Sexto Juzgado Especializado Civil de Lima, que declara fundada la demanda presentada por la Sra.
Carmen Guevara, madre del niño que el 2004 adquirió el VIH en una transfusión de sangre contaminada con el virus, realizada en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP). Además es importante que lo haya hecho –según declaración propia– en el marco de la política de protección y reconocimiento de los derechos de los usuarios y acatando una sentencia dictada por el órgano superior de justicia.

De esta forma, el Estado pagará como resarcimiento a la familia afectada 800 mil soles, la más alta indemnización otorgada en el país, en paralelo a otros casos similares que el sector ha dispuesto, también por contagio del VIH en hospitales públicos, hechos que son evaluados por una comisión especial que determinará el resarcimiento correspondiente.

La decisión ministerial ha sentado un precedente en la defensa de los derechos de los pacientes en el país. Para ello, el sector Salud ha dispuesto que cualquier reparación pecuniaria por este concepto se cargue a los recursos del establecimiento de salud en donde se haya producido el daño. Ello, además de individualizar las responsabilidades y las sanciones, propiciará un mayor control y dará a la ciudadanía, especialmente a la más necesitada que se atienden en los centros y hospitales estatales, una garantía de resarcimiento en caso se afecte su salud como resultado de alguna negligencia médica en algún centro de salud del Estado.

Este caso no sólo es emblemático desde el punto de vista de los usuarios, sino del manejo de los procesos judiciales dentro del Estado, cuando de por medio hay derechos vulnerados de los ciudadanos. En efecto, tras la primera sentencia el Ministerio de Salud, a través de la procuraduría del sector, apeló el fallo. La Corte Superior denegó la apelación. El Ministerio podría haber ido en casación –apelación– ante la Corte Suprema, lo que hubiera significado un año más de proceso y agravado el perjuicio para la familia de la víctima, al margen de dañar la imagen del Estado que siempre se resiste a reconocer su responsabilidad y, más aún, a resarcir sus daños.

Al optar por consentir la sentencia y hacerlo, además, en forma coordinada con el Consejo de Defensa del Estado –del que dependen los procuradores públicos, el Ministerio de Salud– el gobierno no sólo sienta un precedente en el ámbito legal sino que da un mensaje claro a los hospitales y establecimientos del sector: que sirvan a la ciudadanía con responsabilidad, calidad y oportunidad, y reparen, como debe ser, los daños que resulten de las negligencias de los profesionales que allí laboran.


EXPRESO

Policía ineficaz, justicia popular

Es claro que hay algo extraño en las 46 muertes de presuntos delincuentes ocurridas en 'enfrentamientos’ con la Policía en Trujillo, el último par de años. Las evidencias que van apareciendo –golpes, disparos en la nuca, maltratos– indicarían que se habrían producido actos de ajusticiamiento policial extrajudicial o, mejor dicho, estaríamos frente a un probable escuadrón de la muerte.

Por otro lado, es alarmante que recién el viernes, al exigir el presidente una explicación, la Policía habría iniciado la investigación interna y el primer paso habría sido pedir los antecedentes penales de los fallecidos, en algunos casos, 27 meses después del asesinato, sorprendentemente solo dos de las víctimas eran requisitoriados.

¿Uno se pregunta cómo podían salir el premier y el ministro del Interior a rechazar tajantemente cualquier insinuación cuando ni siquiera habían hecho el más mínimo esfuerzo por investigarlo? Creo que para beneficio de la credibilidad de la institución policial es fundamental no solo esclarecer lo antes posible este caso sino también que las declaraciones hechas a la ligera sean dejadas de lado.

Sin embargo, lo más perturbador de este incidente es la popularidad que tendría la existencia de un escuadrón de la muerte. Revisando los comentarios de la edición web de este diario, estos son abrumadoramente a favor del 'aniquilamiento’ de delincuentes. Esta posición tan dura también se refleja en la actitud de vecinos tomando la justicia en sus manos –rateros que son amarrados y linchados o incluso quemados vivos–. Asimismo, la agresividad de las respuestas está en línea con una tendencia ciudadana a exigir medidas extremas ante el incremento de la delincuencia. Una última encuesta en Lima encontró que el 84% quería ley seca, el 63% pena de muerte para violadores y el 59% toque de queda.

Entonces, lo que tenemos en el país es una situación realmente explosiva en la cual la población, ante el innegable fracaso de la Policía, pide a gritos cualquier solución, ya sea linchamiento, ajusticiamiento o lo que sea con tal de revertir una ola de criminalidad que llega a niveles insoportables. Por tanto, al margen de si el ministro se mantiene o no en su cargo, lo cual es irrelevante desde el punto de vista del ciudadano, es fundamental que este gobierno deje, de una vez por todas, de ignorar la inseguridad en nuestras ciudades.


PERU 21

Cuentos de terror

Uri Ben Schmuel
uribs@larazon.com.pe


Desde hoy Copenhague será una suerte de Vaticano de la progresía. Durante dos semanas, los acólitos de esa nueva religión fundamentalista llamada ambientalismo tratarán de convencernos, otra vez, de que el fin de nuestro planeta está a la vuelta de la esquina.
Los calentólogos pronostican un derrumbe de la producción de cereales, masivas extinciones de especies, elevación de los océanos, y la migración forzada de centenares de millones de personas, expulsadas de sus hogares por las inundaciones, las sequías o la escasez.

Todo, claro está, por culpa de la malvada economía de mercado y la perversa globalización, dos de las bestias negras del caviaraje global.


Numerosas ONG ya batallan para presionar a los delegados de 192 países y sumarlos a su causa. Como reseña un cable de la AFP, mientras sus expertos están en el Bella Center, sede de la conferencia, sus militantes alistan espectaculares acciones que atraigan sobre la capital danesa la atención del mundo. El barco de Greenpeace “Arctic Sunrise” estaba anclado el domingo ante el parlamento danés, con una banderola: “Our climate, our future, your decision” (Nuestro clima, nuestro futuro, vuestra decisión).

Aclaremos: una cosa es la legítima preocupación por el uso racional de los recursos planetarios, a los que ninguna persona sensata puede oponerse. Y otra este culto pagano y fanático creado por las ONG –y cuyo Sumo Pontífice es el charlatán de Al Gore– para justificar las donaciones que reciben, en enormes cantidades, de sus ingenuos seguidores.

La Cumbre, por cierto, tiene lugar a poco de revelarse, en lo que se ha llamado el “Climagate”, cómo manipulan y ocultan todos los datos que contradicen los dogmas de su religión. Por ejemplo, que el planeta no solo no se está calentando sino que se ha enfriado en años recientes. Por supuesto, ante la abrumadora evidencia, han esgrimido el viejo cuento del complot, urdido, faltaba más, por siniestras corporaciones que quieren succionar recursos cual vampiros.

Afortunadamente, ya son cada vez menos los que toman en serio este tipo de alarmismo bien rentado de las ONG “verdes”, formadas por rojos reciclados que, si por ellos fuera, nos volverían a la época de las cavernas.


LA RAZON

Las decisiones en política exterior

La política exterior consiste esencialmente en tomar las decisiones correctas en escenarios políticos, económicos, sociales y estratégicos complejos y cambiantes. La diplomacia, a diferencia de la política interna, actúa en el ámbito descentralizado de la sociedad internacional. Por esta razón, las decisiones, además de tener en cuenta a los actores internos nacionales (políticos, militares, sociales y económicos), deben adoptarse considerando su impacto en los otros Estados nacionales y en los múltiples actores internos al interior de éstos. Por esta razón, el medio internacional es mucho más complejo y cambiante que el interno o nacional. Las decisiones incumben e inciden en múltiples intereses internos y externos y no dependen sólo del Estado emisor, sino de sus contrapartes y del resto de los estados. Tienen un margen de incertidumbre mayor del que existe en la política interna.

Cuando Nikita Jrushchov y Fidel Castro decidieron trasladar los misiles nucleares intercontinentales a territorio cubano, impactaron en los procesos políticos, económicos y estratégicos de sus políticas internas y de su relación bilateral. Pero, esa decisión incidía también en todos los países del mundo, en los partidos políticos, los movimientos sociales, las empresas; y, muy parti-cularmente, en Estados Unidos. Fue un test de resistencia para el llamado equilibrio del terror. Kennedy tenía básicamente tres opciones, decidir asumiendo una guerra nuclear, aceptar el emplazamiento de los misiles y la preeminencia estratégica soviética en el mundo o decidir buscando resolver la crisis políticamente con los menores costos. Lo grave era que la última opción, la más razonable, podía ser sólo un paso para el escenario del holocausto nuclear.

En esos días que remecieron el mundo, Kennedy y Jrushchov adoptaron lo que se llama en la teoría “decisiones de crisis”. Al final, la URSS respetó el bloqueo marítimo ordenado por Kennedy, ordenó el regreso de sus naves y junto con Cuba desmantelaron las instalaciones de lanzamiento ya emplazadas en la isla. Los EE.UU. renunciaron a derrocar a Castro a través de nuevas Bahías de Cochinos. Y Cuba ganó su viabilidad estratégica en la guerra fría.

Las decisiones de manejo de crisis, en diversa escala, como las de ejecución de la política exterior se rigen por unas reglas básicas: 1) Un análisis o diagnóstico lo más objetivo posible de la realidad, por más dura que ésta sea. Reconocer las cosas como son, no como deseamos que sean. 2) La elaboración de escenarios posibles, según las decisiones que teóricamente pueden adoptar los estados involucrados. 3) Establecer un balance de las ganancias y pérdidas, según cada decisión y escenario. 4) Prever que toda decisión conlleva siempre, por mínimo que sea, un margen de incertidumbre.

Cuando se adoptan siguiendo los procesos básicos que reducen los márgenes de incertidumbre, estamos frente a un Estado tecnificado y de conductas previsibles en política exterior. Cuando, al contrario, las decisiones se adoptan sin los requerimientos mínimos de un proceso interno fiable, estamos frente a lo que Basadre llamó el Estado empírico.


LA PRIMERA

Escuadrones para matar

Una acuciosa investigación de Ricardo Uceda publicada en la revista “Poder” ha tenido la virtud de acumular pruebas e indicios sobre un escuadrón de la muerte armado por la policía en Trujillo, sin duda bajo la inspiración del presidente Alan García, quien para eso acababa de dictar el Decreto Legislativo 982, que garantiza impunidad para las fuerzas del orden.

Uceda presenta precisiones y testimonios sobre la matanza de 46 presuntos delincuentes, muertos, según versión policial, en el curso de enfrentamientos durante el 2007 y el 2008.

LA PRIMERA había publicado el 28 de enero de 2009 una información titulada “Lo tildan de asesino”. Hacíamos referencia a que en la Feria del Libro de Trujillo, el ex ministro del Interior, Luis Alva Castro, fue recibido por una manifestación hostil de familiares de 46 personas supuestamente asesinadas extrajudicialmente bajo la jurisdicción de Alva Castro.

Los manifestantes gritaron “¡asesino!” al hoy presidente del Congreso de la República. Alva Castro había acudido a la Feria para presentar una nueva edición de su libro Víctor Raúl, el señor asilo.

Por supuesto, Alva Castro (a quien se sindica como autor intelectual de los crímenes organizados por el poder político y ejecutados por el entonces coronel Elidio Espinoza) no sabe nada.

Según todos los datos disponibles, el aparato asesino empezó a organizarse en el 2006, cuando el actual ministro del Interior, Octavio Salazar, era jefe de la región policial de La Libertad.

No se puede omitir el hecho histórico de que el Apra, durante el primer periodo de Alan García, estructuró dos escuadrones de la muerte, el “Rodrigo Franco” y el “Colina”.

A mediados de marzo del 2008, LA PRIMERA denunció la existencia de un aparato policial secreto, destinado a matar opositores que se presentaran en mítines de masa. Hubo campesinos y mineros muertos por obra de ese operativo.

Recuerdo que a raíz de esa denuncia fui citado por el ministro del Interior, Luis Alva Castro. Amigos muy cercanos me recomendaron no acudir al encuentro. “Te van a meter preso”, me decían. Fui al ministerio. Un trío a la defensiva me recibió: Alva Castro; Danilo Guevara, general PNP retirado, entonces viceministro del Interior y ahora jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia; y el general PNP Octavio Salazar, jefe de la Policía.

El argumento fue que ese organismo criminal paralelo no existía.

Señalé que había pruebas de su existencia en mensajes con amenazas de muerte, mensajes que decían salir en defensa de militares y policías acusados de violar derechos humanos. El general Guevara dijo que conocía uno de esos mensajes, que yo cité.

Implícitamente, el general reconocía la existencia de un organismo paralelo, cuyos textos están ornados por una explícita calavera.


LA PRIMERA

Por qué liliputizar la base democrática

Por: Mirko Lauer

l voto facultativo ha sido interpretado por algunos de sus enemigos como una maniobra para reducir la votación de los pobres. Viene implícito en el argumento que son los pobres quienes más votan por la izquierda, o los mejor comidos quienes más se movilizan, lo cual no está demostrado por pasadas elecciones o por las encuestas de estos tiempos.

Es cierto que en la derecha están los más entusiastas por hacer el voto obligatorio, seguramente con la idea de que eso daría ventaja a minorías conservadoras bien organizadas, creando una suerte de vuelta a la llamada república aristocrática. Pero quizás esto revela un desconocimiento sobre dónde están hoy las verdaderas élites.

Si bien en Lima el sector A declara un interés por la política que es el doble que en E, la aprobación de la gestión edil del candidato presidencial puntero hoy es pareja de A hasta E. En 1980 se pensó que el voto del analfabeto cambiaría radicalmente la topografía electoral, pero desde entonces los grandes triunfos han sido para la derecha o el centro.

Hay, pues, mejores argumentos para defender el voto obligatorio que la identidad pobres-izquierda. En una sociedad donde un problema serio es el cumplimiento de la ley, la obligación de votar es algo que una gran mayoría acata, y en esa medida una victoria recurrente contra la informalidad y la desidia cívica.

Liberar el voto produciría un aumento exponencial del ausentismo, que hoy bordea el 20%, y esto unido a la fragmentación del voto en las elecciones regionales y municipales crearía un problema adicional de legitimidad del sistema democrático. En esto último vamos a la cola de América Latina, nos recuerda el sondeo Latinobarómetro.

Con el voto facultativo tendríamos una liliputización de la base social de muchos de los elegidos, y con cierta razón los enemigos de la democracia liberal podrían llamarla un sistema de gobierno de minorías. Es cierto que hay países que se manejan bien con altas tasas de ausentismo (EEUU, Colombia), pero sus tasas de civismo también son altas.

Es muy poco probable que una liberación del voto produzca una catástrofe electoral antiizquierdista o proderechista. Lo que produciría más bien es un debilitamiento del sistema democrático peruano. Uno de los argumentos de SL para justificar su guerra en 1980 fue que en realidad muy poca gente participaba en la elección de autoridades democráticas.

Este no parece el tipo de decisión que se pueda beneficiar de un referéndum, puesto que el reflejo tiende a ser opinar contra una obligación, y aparentemente a favor de una libertad. Por eso no se someten a referéndum, por ejemplo, los impuestos. Imaginen: ¿Quiere Ud. pagar impuesto a la renta? ¿Sí? ¿No? Ya vendrán los que reclamen eliminarlo.

Universidades: la lógica del costo-beneficio

Por: Humberto Campodónico

La razón que explica la negativa del ministro de Economía, Luis Carranza, a homologar las remuneraciones de los docentes universitarios –que llevan en huelga más de 45 días– es la lógica del costo-beneficio.

Su punto de partida es ¿qué importancia tienen las universidades estatales para el funcionamiento del modelo primario exportador de la economía? Muy poca. Desde 1990 han aumentado las universidades privadas y ahora según la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), ya son 56 y las estatales solo 35.

En el 2006 (último año con estadísticas de la ANR), de los 568,095 estudiantes matriculados, 282,119 estaban en las universidades privadas y 282,219 en las estatales. La proporción es 50-50. Lo mismo sucede con los 44,692 docentes: 22,398 están en las estatales y 22,244 en las privadas. Con seguridad, al 2009, el número de alumnos y docentes en las universidades privadas es ahora mayoritario.

Continuando con el costo-beneficio: si la mayor parte de las necesidades de las empresas son cubiertas por las universidades privadas, no tiene sentido aumentar el sueldo de los docentes estatales. Poco importa que buena parte de las universidades privadas sean “máquinas de negocios”, con educación de mala calidad y que, además, tengan como práctica común la corrupción de funcionarios (Alas Peruanas).

Al costo-beneficio poco le interesa el rol de la universidad en la investigación y el desarrollo necesarios para la sociedad de la información y del conocimiento. En el Perú en el 2008 se invirtieron S/. 252 millones, lo que apenas llega a 0.1% del PBI, según Francisco Sagasti (1).

De este total, según Sagasti, la universidad estatal invirtió S/. 57 millones y la privada tan solo S/. 30 millones (poco que ver con la ciencia y tecnología). Agréguese que las empresas privadas tan solo habrían invertido el 2% del total, lejísimos del 40% promedio en América Latina, según la Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnología.

Corolario: si ahora hay más universidades, alumnos y docentes privados, si a la empresa privada no le interesa la ciencia y tecnología (casi todas las patentes vienen de afuera, ver “Nos ganan 47 a 1, www.cristaldemira.com, 31/10/09), si con las universidades privadas se puede satisfacer las necesidades de un aparato económico que responde, como dice Efraín Gonzales, a un modelo primario exportador y de servicios (PESER), ¿para qué diablos debe el MEF aumentarle el sueldo a los docentes estatales?
Para terminar, existen algunas buenas universidades privadas y algunas estatales malas. El problema de fondo es que, a diferencia de Brasil, México y Argentina (donde las estatales tienen niveles de excelencia superiores a las privadas) aquí al “modelo económico” no le interesa la universidad estatal. Eso es lo que hay que modificar.

La solución pasa por mejorar la calidad de la educación, hacerla más equitativa (lo que brilla por su ausencia) y tener un adecuado sistema de evaluación. En una palabra, reformar el conjunto del sistema universitario, para lo cual existen múltiples propuestas que duermen en el Congreso. Un primer paso obligatorio es homologar, ya, los sueldos de los docentes universitarios estatales y terminar con la lógica del costo-beneficio.

(1) “Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Perú”, PCM, 2009, Tabla 4.

Todos los artículos del autor pueden ser leídos en: www.cristaldemira.com

¿Noticias bomba o noticias bamba?

A todos nos gustan las buenas noticias pero sin inflador.

Por: Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe

Todo gobierno –y el actual no es excepción– tiene la pretensión de que el presidente logre una alta aprobación en la opinión pública, lo cual es comprensible y positivo pues, con frecuencia, suele ser expresión de estabilidad política y de buena salud de la democracia.

Asimismo, los periodistas siempre andamos a la caza de alguna buena noticia. A los lectores les gusta encontrarlas, en medio de la marea de noticias mayoritariamente negativas, y a los periodistas nos ofrece la posibilidad de entregar una cobertura más balanceada. Así, aunque usted no lo crea, las noticias buenas también son buenas noticias para los periodistas.

El problema surge cuando se detecta, a los pocos días, que la manera como el gobierno la presentó en realidad ‘no era tan buena’ como este decía. Algo de eso ha pasado esta semana.

Un caso es el modo como el presidente reveló el hallazgo de gas natural en el lote 58 explorado por Petrobras y celebrado con tremendo ‘tono’ en el patio de Palacio y nada menos que con los Hermanos Yaipén y el Grupo 5, pero que rápidamente tuvo que ser puesto en su real perspectiva por técnicos de prestigio en la materia, como Juan Incháustegui, Carlos Herrera Descalzi o Humberto Campodónico.

El hecho de que el presidente Alan García los haya llamado “aguafiestas” y la ministra Mercedes Aráoz, “agoreros que todo lo ven mal”, simplemente refuerza la voluntad politiquera del gobierno. En resumen, esta es, sin duda, una buena noticia, pero no tanta como celebraron el gobierno y sus gonfaloneros.

La otra noticia inflada por el gobierno se divulgó el lunes en un diario con gran pompa ‘tres en uno’ –portada, informe y editorial–, sosteniendo que “el Perú es el tercer principal destino turístico del mundo”, según la consultora Future Brand (FB).

Suena muy bien, ¿no? Pero quizá demasiado, y la explicación podría radicar en que FB realiza consultoría en turismo y, simultáneamente, elabora rankings en lo mismo, lo cual, digamos, no se ve muy bien, algo que no fue advertido en la manera festiva como se presentó la información. FB es la misma empresa que asesora al gobierno en el trabajo de ‘marca país’.

Todos nos ponemos felices con la aparición de buenas noticias, y el Perú es hoy en día –afortunadamente– un país en donde estas surgen con mucho más frecuencia que antes. El problema es cuando se deja la sensación de engaño por exageración y debido al poco rigor con que se difunde determinada información, lo cual coincide con un bajón de la aprobación del presidente como la que registró la encuesta de CPI recién divulgada.

Acción integral en el VRAE

Es evidente –y la historia propia y ajena lo ilustra– que la erradicación de la subversión y los males que le son conexos en determinadas realidades –como el narcotráfico en el Perú–, más que un fenómeno militar es uno social. En ese sentido, la acción multisectorial a emprenderse en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE) –que abarca aspectos como la energía, la agricultura, la enseñanza, la salud, la construcción de viviendas, el transportes y otros servicios básicos– deviene en indispensable. A esta acción le seguirá un reporte semanal con las implementaciones y los resultados obtenidos.En primer lugar resulta indispensable deslindar con una palabra empleada con segunda intención: narcoterrorismo. No hay tal. Lo que hay es terrorismo y narcotráfico que establecen alianzas puntuales y generales según convenga a sus planes e intereses. Aludir al narcoterrorismo implica soslayar o minimizar el fenómeno terrorista propiamente dicho, cosa que conviene naturalmente al terrorismo y a sus aliados políticos y estratégicos de la ultraizquierda y el progresismo. El terrorismo opera en el VRAE con una finalidad específica: consolidar una base política y militar con miras a captar ingentes sumas de dinero negro para, a partir de allí, consolidar su avance político en la costa, sierra y selva. Eventualmente para ello se alía con el narcotráfico, como ha sucedido antes. Pero siempre mantiene su nefasta identidad con sus objetivos muy claros: jaquear y luego derribar el sistema democrático. El narcotráfico es sólo una modalidad delictiva, acaso la más siniestra y rentable de las que existen, porque se alimenta de la adicción del hombre, una de las más patéticas miserias humanas.Con el plan multisectorial y social se busca aislar a los terroristas de la población, dejando sin piso su labor proselitista y su aprovechamiento de la falta de presencia del Estado. Este plan, sin embargo, debe estar bien articulado, de manera tal de ir gradualmente haciendo más fuerte la presencia del Estado en esa zona alejada de nuestra patria, la misma que ahora constituye punto neurálgico para el orden interno. El nombramiento de un encargado para ese trabajo específico, destacado en la zona, ayuda pero no es determinante, pues cada ministerio articula su propia labor. Sólo así podremos avanzar con rapidez y al mismo tiempo con efectividad.La lucha contra el terrorismo es integral y así debemos entenderlo todos. La visita que hoy hace el Premier con algunos ministros a la zona del VRAE es oportunidad para evaluar, corregir e impulsar acciones. Democracia con orden e inclusión social, el gran objetivo de la hora en el VRAE y en el país entero.

EXPRESO

¡Ay, Bachelet!

Pésimo día para las relaciones con Chile, que ayer tocaron mínimos al revelarse el descubrimiento de un espía peruano y una nueva gigantesca compra de armas yanquis, que incluye a los misiles Stinger, un arma tan potente que fue decisiva en la derrota soviética en Afganistán en la década de los 80 al perder los rusos el dominio aéreo.

No me escandaliza que se haya encontrado un espía. Como bien se dice, el problema de los espías no es que existan sino que los detecten. Estoy seguro de que el Perú debe tener agentes allá; sería más bien muy lamentable que no los tuviese (¡y parece que son muy buenos porque nunca los han cogido!). Por lo general, los agregados militares y de prensa de las embajadas se dedican a esos menesteres. Es más, se rumorea intensamente que varios destacados colegas locales chambean para una de las agencias de una superpotencia que está interesada en el narcoterrorismo. No me asombraría. Las operaciones de inteligencia son básicas, más aún entre países donde las fricciones y desconfianzas son tan profundas. Y no es la primera vez que ampayamos a espías de Chile. A finales de los 70 se fusiló al FAP Vargas Garayar y se expulsó a dos oficiales chilenos, que vinieron en el buque Beagle, por integrar una red de espionaje con éste. Incluso uno de ellos era hijo de Sergio Onofre Jarpa (un importante político de la derecha chilena, que equivaldría aquí a Luis Bedoya Reyes).

Otro que fue acusado de espiar en los 70 fue Vladimiro Montesinos, que en ese entonces era asistente del premier Mercado Jarrín. El general De la Flor lo ampayó en Washington cuando llevaba información de armamento ruso a la CIA y estuvo preso un tiempo en el cuartel de Pueblo Libre por eso. La sacó barata y no fue fusilado, como correspondía en aquella época, seguramente porque espiaba para los yanquis y no para los chilenos. ¡Qué distinta hubiera sido la historia peruana si se le hubiese aplicado la ley entonces vigente! Años después, durante el primer gobierno aprista, se detectó en 1988 que el agregado aéreo ecuatoriano Duchicela fungía de espía. Según una magnífica investigación de Ricardo Uceda, este agente fue asesinado de un tiro en la nuca y cremado en el Pentagonito junto a su contacto peruano (el teniente EP Marco Barrantes) sin que ni Lima ni Quito toquen jamás el tema. El silencio suele ser el episodio final de los espías que son descubiertos. También se comenta, aunque podría ser fanfarronada, que Montesinos armó una muy eficaz y amplia red de agentes en Ecuador, que habría incluso abarcado a varios parlamentarios norteños. Curiosamente, estamos por venderle energía eléctrica a Ecuador, país con el que tuvimos una guerra en los 90, y nadie protesta porque ahora andamos felizmente de grandes amigos. ¡Muy distinto sería el cuadro si esa operación se hubiese planteado con Chile! ¿Cómo evolucionará esto? Me imagino que nuestros militares tratarán de llevar el tema en el mayor de los silencios, incluso negando el incidente. Al tipo lo procesarán en el fuero militar (que por casos como éste debe existir, por más que los caviares quieran abolirlo) y le aplicarán un castigo severo, aunque ahora ya no se fusila ni se ejecuta por lo bajo. No creo, como sucedió con el embajador Bulnes en el "caso Beagle", que se declare persona non grata al enviado sureño en Lima. Pero posiblemente ambos países se harán los cojudos. Más serio está el tema entre Caracas y Bogotá.


CORREO

Se estrecha el cerco

Uri Ben Schmuel
uribs@larazon.com.pe


En la columna de este jueves mencionamos el vaso medio lleno –la auspiciosa situación económica del país. En la de hoy abordaremos el vaso medio vacío: un complicado escenario geopolítico. Por un lado, el chavismo moviendo cada vez más abiertamente sus piezas (el Duce de Caracas envía tanques a la frontera con Colombia, trata de embarcar a sus socios del ALBA en delirantes aventuras bélicas y estrecha los lazos con un estado terrorista como Irán). Por el otro lado, Chile.
En un mismo día, se conoce que el gobierno de Bachelet gastará 650 millones de dólares en armas estadounidenses –siempre con el cuento de “reponer material obsoleto”– y un caso de espionaje, el primero desde la segunda fase del gobierno militar, abre un nuevo foco de tensión.


Tanto en el episodio descubierto casi al final del régimen de Morales Bermúdez como ahora, los espías son suboficiales de la FAP que trabajaron en la Embajada del Perú en Santiago. No es coincidencia. Los conflictos modernos se deciden en base a la supremacía aérea y los chilenos tratan por todos los medios de averiguar nuestra exacta situación en ese campo. Y por supuesto qué mejor lugar para captar un “topo” que en la capital del país que organiza el espionaje. La suerte que les espera, sin embargo, es distinta. Julio Vargas Garayar fue fusilado en enero de 1979, pero actualmente la Constitución solo permite la pena de muerte por traición a la patria en tiempos de guerra.

Pero nos desviamos del asunto de fondo: el cerco al Perú. Desde el norte, el expansionista “socialismo del siglo XXI”. Desde el sur, la afiebrada carrera armamentista chilena con aval de Washington. El deslenguado ministro Vidal lo ha dicho con todas sus letras: “Chile contribuye a la seguridad nacional de EE.UU. y le da estabilidad política a la región”.

En otras palabras, Chile es el portaaviones yanqui en la zona. Y aquí creemos en “cuerdas separadas”, le negamos el canon a nuestras FF AA y encima perseguimos a los militares con el cuento de los DD HH. ¿Hasta cuándo seguiremos disparándonos a los pies?


la razon

Constancia

En la edición de hoy de The Economist, se proyecta que, en unos 10 años, Brasil se convertirá en la quinta economía del planeta. El secreto para el despegue brasilero ha sido, según ellos, la consistencia en política económica que han mantenido desde que Fernando Henrique Cardoso fuera nombrado ministro de Hacienda en 1993 –el éxito del plan real lo catapultó a la presidencia–. Luego de ello, el manejo prudente y ortodoxo de la economía fue continuado por el gobierno de Lula hasta la fecha.

En nuestro caso también, por primera vez en muchas décadas, se han mantenido sin grandes alteraciones las líneas maestras de la política económica desde comienzos de los años 90. Ha sido realmente inusual para nuestro país el que durante casi 20 años se haya respetado la iniciativa privada y se haya mantenido la disciplina fiscal. Como resultado, venimos disfrutando de un extenso periodo de crecimiento sostenido en una economía estable, sin mayor inflación.

Por otro lado, recordemos que, durante los años negros de la hiperinflación, las hipotecas se licuaron, por lo cual los bancos hipotecarios quebraron y tuvimos 20 años en los cuales la demanda insatisfecha por vivienda se fue embalsando. Hoy tenemos, gracias a la estabilidad de la economía, un mercado hipotecario desarrollado, y eso está posibilitando a cientos de miles de peruanos el aspirar a tener su casa propia. Así que uno de los sectores más beneficiados por la consistencia en el manejo económico ha sido el habitacional, el cual, durante décadas, estuvo limitado a la autoconstrucción.

Para asegurar que este boom, que aún tiene impulso en el mercado inmobiliario, llegue a todos los estratos, no solo hay que mantener la estabilidad económica, sino tratar de reducir algunos sobrecostos innecesarios. Por ejemplo, entre notarios y Registros Públicos se aumenta en casi 2% el costo de comprar un inmueble. Ello es debido a que la tasa registral es calculada en función del valor de la propiedad y no, como debería ser, por el costo de brindar el servicio, el cual debe ser la décima parte de lo que cobran en la actualidad.

Por ello, si consideramos lo que se desperdicia de una vivienda en el cumplimiento de una obligación que es solo formal, no tenemos duda que se debe actuar. El Gobierno debe recordar que el éxito económico se debe no solo a la constancia, sino también a la voluntad por reformar.


PERU 21

Operación Condorito

Recuerdo cuando el presidente de la República del Perú preguntó a los peruanos: “¿Y si Chile se molesta?”

Eso fue el 6 de junio de este año y García hablaba de la posibilidad de no venderle gas a Chile, como lo exige la gran mayoría de los consultados por las encuestas.

Sentí vergüenza ajena y recordé vergüenzas mayores de la historia. Recordé, por ejemplo, a Mariano Ignacio Prado, el gran traidor. Y se me vino a la cabeza Piérola, el gran felón que tanto hizo por Chile antes y durante la guerra. Antes con sus revueltas y durante con su incompetencia militar de fanfarrón risible.

García tiene algunos problemas en relación a la historia del Perú: el primero es que no la ha leído.

Y García tiene todavía más problemas en relación a la historia de Chile. No sólo no la conoce sino que creyó siempre que Diego Portales –a quien debe de conocer por lo que le ha contado Hugo Otero- era un prócer muerto y no el doctrinero vigente de la política chilena frente al Perú.

Portales, cuyo bisabuelo paterno fue el peruano José de Portales Meneses y cuya bisabuela materna fue la peruana Petronila de Acevedo Borja, fue importante sin ocupar la presidencia, fundó el republicanismo autoritario y legó a la clase política de ese país la concepción de que Chile fue y será, por sus singularidades, una entidad predestinada a la victoria del orden y al orden de la victoria.

Por algo es que Pinochet gobernó desde el rebautizado Edificio Diego Portales.

Enemigo casi intrínseco del Perú, donde vivió y fracasó como comerciante en 1822, dijo del general Santa Cruz, arquitecto de la Confederación Perú-Bolivia de 1836: “Este cholo nos va a dar mucho que hacer”. Y vaya que así fue.

Portales, el estratega intelectual que destruyó la Confederación y contribuyó a unificar a su país alrededor de un ejército aliado a la oligarquía –la paradoja de haber muerto a manos de una sublevación militar en 1837 no cancela esos méritos- nunca terminó de morir. Es el fantasma desconfiado y brutal que puebla el alma tanto de un general de derechas como de una gobernante socialista.

Esa es, en todo caso, una virtud estimable de Chile: persistir en su identidad y crear una mirada común en asuntos de política exterior.

El problema es que el Perú no persiste sino que reincide en su verborrea andaluza: después de que Chile ha gastado 10,000 millones de dólares para armarse en los últimos ocho años, al doctor García no se le ocurre nada mejor que enviar delegaciones personales a varios países para hablar, tautológicamente, de los beneficios del desarme.

¿Quién puede estar en contra del desarme? Nadie. ¿Quién lo acataría de buena fe? Eso es otro asunto.

Es tan torpe la diplomacia peruana que plantea el desarme justo en el momento en que Chile podría firmarlo. Y podría hacerlo porque es tal la diferencia en equipamiento que una guerra entre ambos países –hipótesis indeseable para la razón pero no inverosímil desde el punto de vista de la historia- la ganaría Chile en menos de los seis días israelíes.

Y a pesar de poder decirle sí a la propuesta peruana, Chile le dice que no. Y responde al Perú pidiéndole autorización al Pentágono para comprar 665 millones de dólares en misiles portátiles Stinger, misiles aire-aire AIM y un sistema de radar avanzado (el Sentinel).

Con lo cual el Perú regresa al ridículo internacional que parece convocarlo cada vez que se trata de Chile.

Y mientras eso ocurre, se descubre un nuevo caso de espionaje financiado desde Santiago: un suboficial de la Fuerza Aérea Peruana, capturado en Lima después de un seguimiento, había estado, desde el 2003, pasándole información militar clasificada a la inteligencia chilena.

El mismo perfil del traidor suboficial FAP Julio Vargas Garayar, fusilado en enero de 1979 después de ser descubierto entregándole información a militares de Chile.

Y como si eso no bastara, Sebastián Piñera, el dueño de LAN y candidato a la presidencia con grandes opciones, se acaba de comprometer ante una organización de ultraderecha –“Chile, mi patria”- a parar los juicios a los militares que hubiesen violado los derechos humanos.

De modo que Piñera anuncia el sesgo uniformado de lo que sería un gobierno bajo su mando.

Torre Tagle podría ser acusada de ingenua si fuéramos benévolos. Como no lo somos cuando se trata de la política exterior peruana, diremos, con toda sencillez, que el aspecto de nuestra diplomacia hacia Chile es cada vez más anacefálico. Anancefálico y clueco.


LA PRIMERA

Salvajes en la selva

Los pueblos awajún y wampis han convocado a su Consejo Directivo y a los coordinadores que participan en las Mesas de Diálogo con el gobierno. Van a decidir si prosiguen o no con un conversatorio que ya dura cuatro meses y no conduce a nada.

Sin duda por temor a una ruptura peleona, el régimen ha decidido dar un paso atrás: retirar el pedido de disolución de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) presentado por la Procuraduría.

Es una maniobra táctica, pero los dirigentes amazónicos no se dejan confundir. “Con estos gestos”, declara Saúl Puerta Peña, Secretario de Aidesep, “se pretende el debilitamiento de los pueblos amazónicos, para facilitar el acceso de los grandes intereses de las empresas petroleras y mineras”.

Puerta clava la flecha en el centro. Expresa sin tapujos que la política oficial persiste en la política de concesiones abusivas, que es el núcleo del debate y respecto a la cual Aidesep mantiene un firme rechazo.

Entretanto, continúan la represión y penalización de los pobladores de la selva. Alberto Pizango, presidente de Aidesep, sigue en Nicaragua, asilado por el gobierno sandinista. El Comité de Lucha de los Pueblos de la Selva Central reclamó ayer el retorno inmediato de Pizango y que se anule la orden de prisión que pesa contra él.

Los nativos reclaman también la excarcelación de Freddy Palomino Ñahuero, presidente del Frente de Defensa de Pichanaki.

Los hombres de la selva van a acompañar su protesta con una movilización que promete ser masiva y enérgica.

Todo esto indica que la selva padece la intromisión creciente de salvajes, de esos salvajes de cuello y corbata que quieren destruir a los pueblos de la Amazonía y sus culturas, en beneficio de grandes empresas nacionales y extranjeras.

La arremetida contra la selva corre a cargo del presidente Alan García y de sus cómplices intelectuales como Hernando de Soto, ese agente viajero del imperialismo.

Conviene recordar la serie El síndrome del perro del hortelano en la que Alan García pregonó su intención de despojar a los amazónicos y privatizar la selva. Esa clarinada tenía un precursor, casi un inspirador: Mario Vargas Llosa. En su novela El Hablador (1987) expresa éste, autobiográficamente, sus prejuicios contra una población supuestamente arraigada en el atraso, con perjuicio del Perú “moderno”.

Los decretos legislativos que plasmaron las ideas de García han sido condenados por los pueblos de la Amazonía, los cuales demostraron atinada percepción de lo que está en juego: no sólo respetables rasgos culturales, por ejemplo: el sentido de comunidad y el respeto a la naturaleza, sino también su comprensión de que ser moderno en el Perú implica enlazar la tradición y el cambio, la conservación y la esperanza.


LA PRIMERA

Chávez predice guerra

Por Mirko Lauer

El llamado de Hugo Chávez a prepararse para una guerra, que sería latinoamericana y duraría 100 años, bien puede ser visto como un simple ataque de mesianismo bolivariano. Pero en el mundo caldeado e inestable de estos días, es el tipo de declaración que lanza a los estrategas militares de vuelta a sus escenarios hipotéticos.

Desde por lo menos el 2005 los analistas de EEUU vienen considerando que Chávez desarrolla en América Latina una guerra asimétrica, en la cual el ejercicio de la violencia es secundario frente a los factores políticos. Su primer objetivo sería la desestabilización de Colombia, lo cual sin duda redibujaría el mapa geopolítico de la región.

En esa hipótesis debemos entender que la apertura de aeropuertos colombianos al ejército de los EEUU ha sido leída por Chávez como una movida directa contra sus planes de guerra asimétrica. Lo cual lo habría obligado a asumir la posibilidad y el lenguaje de una guerra convencional, lo cual incluiría la defensa de partes de su territorio.

Quizás Chávez está considerando un remake estadounidense de la frustrada invasión a Cuba en Playa Girón de 1981, que terminó de consolidar a la Revolución Cubana. Bogotá hace notar que el apoyo de sus vecinos a las FARC y al ELN constituye en los hechos una forma de invasión, de la que es preciso defenderse.

Por eso en el discurso de Chávez es una Colombia fortalecida por su nuevo pacto la que lo empezaría a invadir. Su ejemplo es la incursión a Ecuador que en el 2008 capturó las computadoras del líder FARC Raúl Reyes, quien utilizaba al país vecino como santuario. En aquella ocasión los discos duros revelaron más nexos de Venezuela con las FARC.

Una incursión colombiana exitosa tendría un efecto similar al del golpe en Honduras: llevar la contención de Chávez a nuevos niveles. Lo cual equivaldría a desanimar a los socios actuales o potenciales de Chávez en la región, lo cual a su vez potenciaría las victorias electorales de derecha que se den en los próximos tiempos.

En cuanto al carácter latinoamericano de la guerra que menciona Chávez, resulta difícil (no imposible) imaginar a los países más decididos del ALBA movilizándose militarmente en defensa de Venezuela. Como también resulta difícil imaginar a los EEUU, empantanados en Afganistán e Irak, moviendo tropa y armas en defensa de Colombia.

Todos estos son cálculos sombríos, que entre otras cosas demuestran que Chávez sigue manteniendo la iniciativa política en la región. Con el petróleo a US$ 80 el barril, y US$ 3,000 millones de armas nuevas en sus hangares, y socios tan eficaces como los cubanos, el mandatario venezolano quizás no debería sentirse tan amenazado.

LA REPUBLICA

El Tribunal de la Santa Disquisición

Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe

El TC mantuvo invicta su capacidad de errar con el AOE.

Las sentencias judiciales o de instancias legítimas deben acatarse y cumplirse, en señal de respeto indudable al orden institucional, pero ello no es incompatible con el derecho a poder criticarlas o a opinar que se han decidido por razones subalternas, tal como acaba de ocurrir con el fallo aclaratorio emitido por el Tribunal Constitucional (TC) sobre el Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE) más conocido como la píldora del día siguiente.

Los miembros del TC han quedado como unos cavernícolas que abdicaron de su mandato para actuar como última instancia nacional al servicio de la constitucionalidad, la justicia, el sentido común y la ciudadanía –especialmente de los más pobres–, y se pusieron al servicio, como monaguillos, de las tendencias más conservadoras y aristocráticas del país.

Esto es así pues el TC ha decidido que el AOE solo estará disponible para los que puedan pagar por este anticonceptivo pero no para los más pobres del país, es decir, una de las formas más perversas de discriminación, que es, además, una de las razones por las que el catolicismo va perdiendo, año a año, a su feligresía, la cual se siente desconcertada y hasta ofendida por las decisiones y las presiones de su cúpula retrógrada.

En este sentido, es claro dónde está la ciudadanía en este tema: 70 por ciento se encuentra a favor de su distribución gratuita. ¿Qué les van a decir a todas esas personas los acólitos que integran el TC por encargo de la cucufatería nacional, la cual decide con mentalidad de chamán de la Av. Abancay? ¿Que la mayor parte de los peruanos son unos pervertidos?

Luego de que el TC fallara en contra de la distribución gratuita del AOE, se le consultó si la píldora se podía vender a un precio mínimo, ante lo cual ratificó su invicta capacidad de errar y prohibió esa posibilidad. Dicho fallo carece de fundamento científico. El AOE no tiene un efecto abortivo según todo el conocimiento científico disponible, de acuerdo con entidades como el Colegio Médico, la Sociedad de Ginecología, la Academia de Salud y de la Medicina, además de, en el plano internacional, la OMS, la OPS, y el Fondo de Población de la ONU.

La pregunta relevante ahora ya no es qué debe hacer el Ministerio de Salud con el stock que posee de la píldora del día siguiente, sino qué hace el país con este TC mamarrachento cuyos fallos –insisto– se deben acatar en respeto del orden institucional, pero sin dejar de lado el derecho de criticarlo, al igual que a sus magistrados que más bien parecen, por su actuación, los monaguillos de un proyecto ultraconservador que es repudiado por el ciudadano de a pie.

LA REPUBLICA

No los abandonemos

Mientras el Ministerio de Defensa ha respondido positivamente a la campaña que EXPRESO ha lanzado para mejorar las remuneraciones en nuestras Fuerzas Armadas, el Ministerio de Economía ha optado por el silencio y el Primer Ministro ha avalado ese silencio al anunciar que el próximo año no habrá aumento de remuneraciones para nuestros soldados. Una decisión sobre la que es menester reflexionar. En comunicado reciente, Defensa se quejaba, y con razón, del silencio del MEF y señalaba que desde el 30 de abril, fecha en que expuso una propuesta integral a sus técnicos para empezar a resolver este crítico problema, no recibe respuesta alguna. Además, afirmaba que solicitó en varias oportunidades el apoyo de las comisiones de Defensa y de Presupuesto del Congreso para poner atender otras demandas sociales –que si bien no resuelven atenúan el problema– y que tienen base en normas o leyes. Pasado el tiempo tenemos un panorama sombrío: ni una cosa ni la otra. Y un anuncio que significa postergar una vez más y por un espacio de tiempo no definido, la satisfacción de una legítima demanda.

El gobierno no ha entendido que la situación remunerativa de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional exige hacer algo inmediatamente. No se trata de resolver el tema en su integridad sino de dar algunas señales efectivas de que no se es insensible ante él. Es verdad que debemos cuidar el equilibrio macroeconómico y no dar medidas de carácter populista. Es verdad también que debemos advertir el efecto multiplicador que una medida como la reclamada podría tener en las expectativas de otros sectores. Pero es más verdad que no podemos seguir encargando el orden y la seguridad internas, especialmente en las zonas en donde se combate contra el terrorismo y el narcotráfico, a unas fuerzas armadas que no solamente tienen que afrontar el riesgo de ser enjuiciadas por cualquier cosa y luego abandonadas a su suerte en los tribunales, sino que ganan remuneraciones de escándalo que están entre las más bajas de todo el continente. Además y como lo ha advertido el propio Ministerio de Defensa, sin un aumento en las remuneraciones de las FF AA se corre el riesgo inminente de la quiebra de la Caja de Pensiones Militar Policial.

Está bien mejorar las adquisiciones militares y la operatividad bélica. Está igualmente bien asegurar la consolidación del Núcleo Básico de Defensa. Ambas cosas son necesarias y urgentes, además de constituir punto de partida para una política de Estado en el campo de la defensa nacional. Pero también lo es no dejar en el abandono salarial a militares y policías, más aún si se les pide defendernos, a riesgo de sus propias vidas, del narcotráfico y del terrorismo.


EXPRESO