¿Cuántas personas más tienen que morir para que las autoridades nacionales, regionales y también locales frenen la nefasta racha de tragedias que sigue enlutando las carreteras del Perú? La situación actual es inmanejable e inadmisible, porque a nadie parece importarle que solo en este año se hayan producido diez accidentes que dejaron 123 heridos y 82 muertos; es decir, dos personas fallecidas al día, en apenas un mes y once días.
Como ilustra la página web de El Comercio, al Ministerio de Transportes debería preocuparle que la mayoría de estos accidentes haya ocurrido en la costa. Ni siquiera en zonas escarpadas y de difícil acceso, sino a escasos kilómetros de Lima donde se estima, por lo menos, deberían funcionar bien los controles de la Tolerancia Cero.
Sin duda tiene razón el ministro Enrique Cornejo cuando sostiene que los gobiernos regionales tienen que asumir la responsabilidad que les corresponde y sumarse a la campaña de prevención de accidentes. No obstante, también es cierto que el MTC ha caído en una inacción intolerable cuando debería llevar la batuta o, en todo caso, dar a conocer al país qué presidente regional se ha cruzado de brazos ante las medidas de control.
Las causas que causan las muertes en vías del país son ampliamente conocidas: en primer lugar, hay un problema de infraestructura, porque tenemos carreteras intransitables, de difícil acceso y sin señalización. Aquí la solución y los responsables son evidentes.
En segundo lugar, subsisten empresas de transporte interprovincial, formales e informales, que siguen cometiendo las mismas infracciones de siempre, pero de manera increíble continúan funcionando. Allí falla la sanción ejemplarizadora. Si ciertas unidades no ofrecen medidas de seguridad, carecen de sistemas de control satelital o de tacógrafos y no respetan los paraderos formales (ni siquiera aspiran a un terrapuerto), simplemente deben ser enviadas a los depósitos o salir de circulación. Es más, si sus propietarios permiten tal estado de cosas deben ser sancionados porque además de pésimos empresarios, tienen que responder ante la ley por las muertes que generan.
La tercera causa es el factor humano: el chofer. Los hay negligentes que no merecen tener brevete ni transportar personas. Pero también choferes explotados obligados a trabajar en dos turnos sin descanso y sin copiloto.
Si se atacara estos problemas, empezando por reorganizar la Dirección de Transporte Terrestre y la entidad que otorga los brevetes, habremos ganado algo. El siguiente paso es judicial y consiste en evitar que las acciones de amparo permitan la impunidad. En cuanto a la policía de carreteras, tiene que involucrarse más y sumarse a la vigilancia, sobre todo ante la ola de robos.
El usuario, igualmente, debe ser parte de la solución del problema, defender sus derechos y denunciar las empresas de transporte transgresoras. ¿O es que vamos a seguir permitiendo que más personas mueran en las carreteras?
Como ilustra la página web de El Comercio, al Ministerio de Transportes debería preocuparle que la mayoría de estos accidentes haya ocurrido en la costa. Ni siquiera en zonas escarpadas y de difícil acceso, sino a escasos kilómetros de Lima donde se estima, por lo menos, deberían funcionar bien los controles de la Tolerancia Cero.
Sin duda tiene razón el ministro Enrique Cornejo cuando sostiene que los gobiernos regionales tienen que asumir la responsabilidad que les corresponde y sumarse a la campaña de prevención de accidentes. No obstante, también es cierto que el MTC ha caído en una inacción intolerable cuando debería llevar la batuta o, en todo caso, dar a conocer al país qué presidente regional se ha cruzado de brazos ante las medidas de control.
Las causas que causan las muertes en vías del país son ampliamente conocidas: en primer lugar, hay un problema de infraestructura, porque tenemos carreteras intransitables, de difícil acceso y sin señalización. Aquí la solución y los responsables son evidentes.
En segundo lugar, subsisten empresas de transporte interprovincial, formales e informales, que siguen cometiendo las mismas infracciones de siempre, pero de manera increíble continúan funcionando. Allí falla la sanción ejemplarizadora. Si ciertas unidades no ofrecen medidas de seguridad, carecen de sistemas de control satelital o de tacógrafos y no respetan los paraderos formales (ni siquiera aspiran a un terrapuerto), simplemente deben ser enviadas a los depósitos o salir de circulación. Es más, si sus propietarios permiten tal estado de cosas deben ser sancionados porque además de pésimos empresarios, tienen que responder ante la ley por las muertes que generan.
La tercera causa es el factor humano: el chofer. Los hay negligentes que no merecen tener brevete ni transportar personas. Pero también choferes explotados obligados a trabajar en dos turnos sin descanso y sin copiloto.
Si se atacara estos problemas, empezando por reorganizar la Dirección de Transporte Terrestre y la entidad que otorga los brevetes, habremos ganado algo. El siguiente paso es judicial y consiste en evitar que las acciones de amparo permitan la impunidad. En cuanto a la policía de carreteras, tiene que involucrarse más y sumarse a la vigilancia, sobre todo ante la ola de robos.
El usuario, igualmente, debe ser parte de la solución del problema, defender sus derechos y denunciar las empresas de transporte transgresoras. ¿O es que vamos a seguir permitiendo que más personas mueran en las carreteras?
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