A estas alturas, ninguna de las hipótesis formuladas sobre los móviles del atentado contra la doctora Gladys Echaíz debe desestimarse. Sin embargo, sería un grave error que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional minimizaran lo sucedido, recurriendo al fácil expediente de señalar que quienes atacaron el auto de la fiscal solo buscaban asaltar a sus ocupantes.
En principio, y tomando en consideración los contextos en que se produjeron estos hechos, lo más atinado probablemente sea que la Dinincri, a la que se ha encargado la investigación correspondiente, trabaje de manera coordinada con el equipo de la Dinandro que capturó a los autores de las interceptaciones telefónicas.
El Ministerio Público había solicitado que la Dinandro asumiera las investigaciones, tal vez, por la coincidencia en el tiempo de las denuncias de “chuponeo” con el atentado contra la fiscal. El Ministerio del Interior no ha atendido esa propuesta, aunque bien podría reconsiderar su aplicación si lo que se busca es llegar a los culpables, determinar el móvil del atentado e impedir la impunidad.
Por lo pronto, llaman la atención varias cosas en este caso. La hipótesis del asalto se ajusta, según la policía, a una modalidad de robos al paso. Sin embargo, lo extraño es que delincuentes avezados no se percataran torpemente que su víctima estaba en un vehículo oficial y que tenía seguridad: dos escoltas armados que estuvieron esperando por ella durante tres horas aproximadamente. Además, por qué disparar contra el automóvil que se pretendía robar.
De otro lado, el ministro del Interior, Remigio Hernani, ha señalado que si la intención hubiese sido asesinar a la fiscal, los delincuentes habrían portado armas de largo alcance, lo cual no ocurrió. No obstante, habría que preguntarse entonces si lo que se buscaba era amedrentar a la doctora Echaíz, lanzarle una advertencia o atemorizarla respecto al papel que viene cumpliendo el Ministerio Público sobre todo en el área penal, que genera la mayor atención de la fiscalía según han señalado algunos magistrados supremos.
De allí la conveniencia de no desestimar el caso de la interceptación de las comunicaciones, como tampoco los famosos procesos por presunto lavado de dinero y narcotráfico que están pendientes, entre otros.
En lo mismo, una investigación mayor y profunda deberá identificar si estamos ante otro caso de sicarios contratados por terceros, que se preocuparon muy bien en conseguir armas en el mercado negro y emplear en este caso a delincuentes comunes para desviar la atención. Los casquillos de bala hallados en la escena del atentado son de uso de las Fuerzas Armadas y de la PNP y efectivamente deberían ser la pista para llegar a los autores directos y los intelectuales.
Finalmente, tampoco debería descartarse que el atentado contra la doctora Echaíz tenía por objeto apuntar contra alguien más. ¿O se trató de un mensaje cifrado, dirigido a otra persona, para demostrar de qué es capaz el crimen organizado?
Son demasiadas hipótesis las que tienen que investigarse, pero cabalmente y sin descanso. Lo sucedido no puede minimizarse. Hoy fue la fiscal de la Nación, cuyo temple, responsabilidad y compromiso en la lucha contra la ilegalidad cuenta con el apoyo y admiración de todo el país. Pero no podemos esperar de brazos cruzados a que esto se repita ni volver —aunque en otras circunstancias— a los atentados selectivos.
En principio, y tomando en consideración los contextos en que se produjeron estos hechos, lo más atinado probablemente sea que la Dinincri, a la que se ha encargado la investigación correspondiente, trabaje de manera coordinada con el equipo de la Dinandro que capturó a los autores de las interceptaciones telefónicas.
El Ministerio Público había solicitado que la Dinandro asumiera las investigaciones, tal vez, por la coincidencia en el tiempo de las denuncias de “chuponeo” con el atentado contra la fiscal. El Ministerio del Interior no ha atendido esa propuesta, aunque bien podría reconsiderar su aplicación si lo que se busca es llegar a los culpables, determinar el móvil del atentado e impedir la impunidad.
Por lo pronto, llaman la atención varias cosas en este caso. La hipótesis del asalto se ajusta, según la policía, a una modalidad de robos al paso. Sin embargo, lo extraño es que delincuentes avezados no se percataran torpemente que su víctima estaba en un vehículo oficial y que tenía seguridad: dos escoltas armados que estuvieron esperando por ella durante tres horas aproximadamente. Además, por qué disparar contra el automóvil que se pretendía robar.
De otro lado, el ministro del Interior, Remigio Hernani, ha señalado que si la intención hubiese sido asesinar a la fiscal, los delincuentes habrían portado armas de largo alcance, lo cual no ocurrió. No obstante, habría que preguntarse entonces si lo que se buscaba era amedrentar a la doctora Echaíz, lanzarle una advertencia o atemorizarla respecto al papel que viene cumpliendo el Ministerio Público sobre todo en el área penal, que genera la mayor atención de la fiscalía según han señalado algunos magistrados supremos.
De allí la conveniencia de no desestimar el caso de la interceptación de las comunicaciones, como tampoco los famosos procesos por presunto lavado de dinero y narcotráfico que están pendientes, entre otros.
En lo mismo, una investigación mayor y profunda deberá identificar si estamos ante otro caso de sicarios contratados por terceros, que se preocuparon muy bien en conseguir armas en el mercado negro y emplear en este caso a delincuentes comunes para desviar la atención. Los casquillos de bala hallados en la escena del atentado son de uso de las Fuerzas Armadas y de la PNP y efectivamente deberían ser la pista para llegar a los autores directos y los intelectuales.
Finalmente, tampoco debería descartarse que el atentado contra la doctora Echaíz tenía por objeto apuntar contra alguien más. ¿O se trató de un mensaje cifrado, dirigido a otra persona, para demostrar de qué es capaz el crimen organizado?
Son demasiadas hipótesis las que tienen que investigarse, pero cabalmente y sin descanso. Lo sucedido no puede minimizarse. Hoy fue la fiscal de la Nación, cuyo temple, responsabilidad y compromiso en la lucha contra la ilegalidad cuenta con el apoyo y admiración de todo el país. Pero no podemos esperar de brazos cruzados a que esto se repita ni volver —aunque en otras circunstancias— a los atentados selectivos.
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