La ciudadanía está siguiendo muy de cerca las investigaciones en marcha, tanto en el ámbito judicial como congresal, para esclarecer la ilegal sustracción de por lo menos 837 cajas con documentos que, subrepticiamente, desaparecieron hace un mes de los archivos del Ministerio de Salud (Minsa).
Por eso, el Congreso de la República y también el Poder Judicial se equivocan si creen que pueden minimizar este escandaloso caso admitiendo hipótesis descabelladas, como la de señalar que el destino final de gran parte de la documentación robada habría sido el reciclaje.
Aseveraciones como estas, hechas nada menos que ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, son irrisorias y constituyen un insulto a la inteligencia de los peruanos que merecen saber quién o quiénes se esconden tras el delito cometido. Debe considerarse que, de acuerdo con las pesquisas policiales, en el material extraviado también había documentos importantes, únicos y confidenciales sobre licitaciones y compras que sabe Dios en qué manos estarán. Además, según lo informado, el material que se ha perdido había comenzado a ser archivado. Por eso, habría que preguntarse si en ese proceso se halló información trascendental y por eso fue sustraída.
Aquí no se trata evidentemente de protagonizar un circo, inventar pruebas o testimonios, exagerar lo sucedido y distraer la atención del país que ya tiene bastantes problemas. Pero tampoco se puede tolerar que, sin mayores pruebas, el jefe del Archivo Central del Minsa sostenga de manera insólita y hasta ingenua que los documentos habrían sido reciclados.
Señores, no solo se ha cometido una grave transgresión, que tendrá que sancionarse, sino que se han violentado los sistemas de seguridad de una institución del Estado, cuya vulnerabilidad ha quedado en evidencia de manera inobjetable.
El propio ministro de Salud, Óscar Ugarte, responsable político del caso, reconoció que tras este escándalo había una veintena de sospechosos; que algunos trabajadores fueron separados temporalmente, mientras se hacían las investigaciones; y también canceló el contrato con la empresa Security Zak S.A., encargada de prestar vigilancia en el archivo y en el resto de dependencias del ministerio. Todas estas medidas se tomaron por algún motivo y no pueden caer en saco roto. Más allá de la confidencialidad con que se siguen las investigaciones en los ámbitos judicial y congresal, el país necesita saber cuántas cajas en realidad fueron sustraídas; cuál es el paradero de la camioneta en la que, según un testigo, fueron retirados los documentos entre el 31 de diciembre y el 4 de enero últimos; y quién garantiza ahora la seguridad en el Ministerio de Salud.
Tenemos derecho a saber qué otros documentos se estarán perdiendo en la administración pública, sin que los ciudadanos lo sepamos; y también qué medidas ha tomado el Gobierno para evitar que incidentes como estos se repitan no solo en el sector Salud sino en toda la administración pública.
EL COMERCIO
Por eso, el Congreso de la República y también el Poder Judicial se equivocan si creen que pueden minimizar este escandaloso caso admitiendo hipótesis descabelladas, como la de señalar que el destino final de gran parte de la documentación robada habría sido el reciclaje.
Aseveraciones como estas, hechas nada menos que ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, son irrisorias y constituyen un insulto a la inteligencia de los peruanos que merecen saber quién o quiénes se esconden tras el delito cometido. Debe considerarse que, de acuerdo con las pesquisas policiales, en el material extraviado también había documentos importantes, únicos y confidenciales sobre licitaciones y compras que sabe Dios en qué manos estarán. Además, según lo informado, el material que se ha perdido había comenzado a ser archivado. Por eso, habría que preguntarse si en ese proceso se halló información trascendental y por eso fue sustraída.
Aquí no se trata evidentemente de protagonizar un circo, inventar pruebas o testimonios, exagerar lo sucedido y distraer la atención del país que ya tiene bastantes problemas. Pero tampoco se puede tolerar que, sin mayores pruebas, el jefe del Archivo Central del Minsa sostenga de manera insólita y hasta ingenua que los documentos habrían sido reciclados.
Señores, no solo se ha cometido una grave transgresión, que tendrá que sancionarse, sino que se han violentado los sistemas de seguridad de una institución del Estado, cuya vulnerabilidad ha quedado en evidencia de manera inobjetable.
El propio ministro de Salud, Óscar Ugarte, responsable político del caso, reconoció que tras este escándalo había una veintena de sospechosos; que algunos trabajadores fueron separados temporalmente, mientras se hacían las investigaciones; y también canceló el contrato con la empresa Security Zak S.A., encargada de prestar vigilancia en el archivo y en el resto de dependencias del ministerio. Todas estas medidas se tomaron por algún motivo y no pueden caer en saco roto. Más allá de la confidencialidad con que se siguen las investigaciones en los ámbitos judicial y congresal, el país necesita saber cuántas cajas en realidad fueron sustraídas; cuál es el paradero de la camioneta en la que, según un testigo, fueron retirados los documentos entre el 31 de diciembre y el 4 de enero últimos; y quién garantiza ahora la seguridad en el Ministerio de Salud.
Tenemos derecho a saber qué otros documentos se estarán perdiendo en la administración pública, sin que los ciudadanos lo sepamos; y también qué medidas ha tomado el Gobierno para evitar que incidentes como estos se repitan no solo en el sector Salud sino en toda la administración pública.
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