¿Hasta cuándo el sector Educación será relegado en la lista de las urgencias nacionales? ¿Hasta cuándo se esperará la última hora para proveerlo de los recursos que necesita, en materia de profesores, infraestructura adecuada y contenidos renovados, sobre todo al inicio del año lectivo?
Pues bien, como ha informado nuestro Diario, este año nuevamente el Ministerio de Educación deberá correr contra el reloj para tratar de enfrentar las precariedades inmobiliarias y físicas de los colegios estatales, y además contratar a 40 mil profesores, todo a menos de tres semanas del inicio de las clases escolares el próximo 1 de marzo.
En lo primero, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tendrá que informar al país si está cumpliendo con asignar las partidas necesarias para la refacción y mantenimiento de la infraestructura educativa. Por lo pronto, hoy no queda duda de que este año muchos planteles tampoco estarán listos para recibir a miles de escolares el primer día de clases.
En este terreno siempre ha habido burocratismo, pero en este caso se trataría de negligencia y además de una cuestionable falta de respeto hacia la población estudiosa, sobre todo en el castigado departamento de Ica, donde la mayoría de colegios sigue en estado ruinoso un año y medio después del sismo de agosto del 2007.
Allí se ha cumplido con levantar 20 colegios, pero fueron 307 los que quedaron inhabitables. Este año se necesitaba recuperar por lo menos 86 centros educativos, por lo que se estima que unos 30 mil alumnos de las provincias de Ica, Pisco y Chincha tendrán que ocupar módulos provisionales porque sus colegios no han sido reconstruidos. Ante esta aplastante realidad, es indispensable que la caja fiscal redefina sus prioridades en materia de educación, más aun cuando el Gobierno se ha comprometido a potenciar la inversión pública, lo cual no debería excluir a las escuelas y menos a las ubicadas en el departamento iqueño. Asimismo, los gobiernos regionales deben asumir la responsabilidad que les corresponde en el manejo de las partidas que reciben, cuyo uso y aplicación no pueden sufrir mayor demora ni dilación.
De otro lado, el Ministerio de Educación debe explicar cómo enfrentará la urgencia de la contratación de 40 mil profesores. La normativa correspondiente recién se publicó ayer, de manera que solo se cuenta con tres semanas útiles para convocar a los postulantes, elaborar y ejecutar la prueba de evaluación de los maestros (programada para el 15 de febrero) y firmar los contratos correspondientes. Haría bien en dar a conocer la estrategia que aplicará para que este año no se repitan los problemas que se produjeron el verano pasado con los procesos de evaluación docente. En esta ocasión, por ejemplo, se hace necesario capacitar técnicamente a las regiones, a fin de que puedan cumplir con la contratación descentralizada de profesores; y mejorar el examen de los profesores que, si bien mide una serie de conocimientos, no compulsa las capacidades comunicativas de los docentes ni sus perfiles psicológicos.
Hasta el momento el Gobierno ha dado algunos pasos para mejorar la calidad de la educación y hacerla más inclusiva. Sin embargo, ese ritmo no debe perderse.
EL COMERCIO
Pues bien, como ha informado nuestro Diario, este año nuevamente el Ministerio de Educación deberá correr contra el reloj para tratar de enfrentar las precariedades inmobiliarias y físicas de los colegios estatales, y además contratar a 40 mil profesores, todo a menos de tres semanas del inicio de las clases escolares el próximo 1 de marzo.
En lo primero, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tendrá que informar al país si está cumpliendo con asignar las partidas necesarias para la refacción y mantenimiento de la infraestructura educativa. Por lo pronto, hoy no queda duda de que este año muchos planteles tampoco estarán listos para recibir a miles de escolares el primer día de clases.
En este terreno siempre ha habido burocratismo, pero en este caso se trataría de negligencia y además de una cuestionable falta de respeto hacia la población estudiosa, sobre todo en el castigado departamento de Ica, donde la mayoría de colegios sigue en estado ruinoso un año y medio después del sismo de agosto del 2007.
Allí se ha cumplido con levantar 20 colegios, pero fueron 307 los que quedaron inhabitables. Este año se necesitaba recuperar por lo menos 86 centros educativos, por lo que se estima que unos 30 mil alumnos de las provincias de Ica, Pisco y Chincha tendrán que ocupar módulos provisionales porque sus colegios no han sido reconstruidos. Ante esta aplastante realidad, es indispensable que la caja fiscal redefina sus prioridades en materia de educación, más aun cuando el Gobierno se ha comprometido a potenciar la inversión pública, lo cual no debería excluir a las escuelas y menos a las ubicadas en el departamento iqueño. Asimismo, los gobiernos regionales deben asumir la responsabilidad que les corresponde en el manejo de las partidas que reciben, cuyo uso y aplicación no pueden sufrir mayor demora ni dilación.
De otro lado, el Ministerio de Educación debe explicar cómo enfrentará la urgencia de la contratación de 40 mil profesores. La normativa correspondiente recién se publicó ayer, de manera que solo se cuenta con tres semanas útiles para convocar a los postulantes, elaborar y ejecutar la prueba de evaluación de los maestros (programada para el 15 de febrero) y firmar los contratos correspondientes. Haría bien en dar a conocer la estrategia que aplicará para que este año no se repitan los problemas que se produjeron el verano pasado con los procesos de evaluación docente. En esta ocasión, por ejemplo, se hace necesario capacitar técnicamente a las regiones, a fin de que puedan cumplir con la contratación descentralizada de profesores; y mejorar el examen de los profesores que, si bien mide una serie de conocimientos, no compulsa las capacidades comunicativas de los docentes ni sus perfiles psicológicos.
Hasta el momento el Gobierno ha dado algunos pasos para mejorar la calidad de la educación y hacerla más inclusiva. Sin embargo, ese ritmo no debe perderse.
EL COMERCIO
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