El atentado perpetrado el sábado contra la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, no puede quedar impune. El país condena el hecho de que quien lidera en este momento la investigación judicial de asuntos sumamente gravitantes —como el narcotráfico, la corrupción y el “chuponeo”— haya sido objeto de un execrable intento de asesinato que demuestra, claramente, el interés de algunos criminales por impedir que se les descubra, procese y sentencie.
En lo más básico es obvio que tan vil atentado tiene que investigarse hasta las últimas consecuencias porque puede tratarse de una “advertencia” de amedrentamiento. Decimos advertencia porque el análisis técnico de los hechos induce a pensar que si realmente hubiesen querido matar a la doctora Echaíz, la hubiesen atacado de otra manera, es decir, con mayor número de esbirros y armas de mayor capacidad destructiva.
En consecuencia, y dado que la fiscal ha tenido el enorme valor de decir que nada la arredrará, desgraciadamente no puede descartarse que un hecho similar pueda repetirse con la misma facilidad, alevosía y ventaja, y no solo contra la doctora Echaíz, sino también contra otros miembros del Ministerio Público y eventualmente contra algunos magistrados. Recordemos, a propósito, que en los últimos años varios jueces y fiscales han sido objeto de similares ataques criminales, sin que hasta la fecha se haya dado a conocer quiénes fueron los autores directos o intelectuales de esos hechos. Allí están los casos de los fiscales Mateo Castañeda y Luz Loayza, así como el vocal Saturno Vergara y el fiscal Arturo Campos Vicente, estos dos últimos asesinados.
Por eso mismo, el atentado bajo comentario pone nuevamente en debate la vulnerabilidad de los sistemas de resguardo de jueces y fiscales, que el Estado tiene que fortalecer para que el Perú no se convierta en rehén de mafias y carteles que en otros países han hecho del asesinato de autoridades un problema cotidiano.
No basta con que se cumplan antiguas normas según las cuales la asignación de la seguridad para la Fiscalía de la Nación es magra. Tampoco es suficiente que el Ministerio del Interior se comprometa a redoblar el esquema de protección de manera ex post. Lo que se necesita es que el Ejecutivo asuma un compromiso político y funcional a tope para impedir que se produzca un atentado que —además de execrable en sí mismo— podría frustrar investigaciones muy graves en torno al crimen organizado que se agazapa, por lo pronto, detrás del “chuponeo”.
Parte de ese compromiso es que de inmediato se reformulen los deficientes servicios de inteligencia, cuyos graves problemas de estructura, operatividad e institucionalidad colocan al país en una situación de indefensión incluso frente a mafias diversas. Acopiar y procesar información concerniente a la delincuencia es urgente, más aun cuando de un lado han aumentado los casos de ajustes de cuentas, muchos de ellos vinculados al narcotráfico y a ciudadanos de nacionalidad colombiana y mexicana; y, del otro lado, el escándalo de las interceptaciones ilegales de las comunicaciones está adquiriendo ribetes absolutamente dramáticos.
La doctora Echaíz es una funcionaria notable, independiente y auténticamente comprometida con la justicia. Por ello nos solidarizamos con ella y advertimos que este atentado en su contra demuestra que estamos ante sujetos que no creen en nada ni en nadie. Esperamos que el Gobierno haga lo necesario para impedir que esos miserables se impongan sobre el Estado Peruano.
EL COMERCIO
En lo más básico es obvio que tan vil atentado tiene que investigarse hasta las últimas consecuencias porque puede tratarse de una “advertencia” de amedrentamiento. Decimos advertencia porque el análisis técnico de los hechos induce a pensar que si realmente hubiesen querido matar a la doctora Echaíz, la hubiesen atacado de otra manera, es decir, con mayor número de esbirros y armas de mayor capacidad destructiva.
En consecuencia, y dado que la fiscal ha tenido el enorme valor de decir que nada la arredrará, desgraciadamente no puede descartarse que un hecho similar pueda repetirse con la misma facilidad, alevosía y ventaja, y no solo contra la doctora Echaíz, sino también contra otros miembros del Ministerio Público y eventualmente contra algunos magistrados. Recordemos, a propósito, que en los últimos años varios jueces y fiscales han sido objeto de similares ataques criminales, sin que hasta la fecha se haya dado a conocer quiénes fueron los autores directos o intelectuales de esos hechos. Allí están los casos de los fiscales Mateo Castañeda y Luz Loayza, así como el vocal Saturno Vergara y el fiscal Arturo Campos Vicente, estos dos últimos asesinados.
Por eso mismo, el atentado bajo comentario pone nuevamente en debate la vulnerabilidad de los sistemas de resguardo de jueces y fiscales, que el Estado tiene que fortalecer para que el Perú no se convierta en rehén de mafias y carteles que en otros países han hecho del asesinato de autoridades un problema cotidiano.
No basta con que se cumplan antiguas normas según las cuales la asignación de la seguridad para la Fiscalía de la Nación es magra. Tampoco es suficiente que el Ministerio del Interior se comprometa a redoblar el esquema de protección de manera ex post. Lo que se necesita es que el Ejecutivo asuma un compromiso político y funcional a tope para impedir que se produzca un atentado que —además de execrable en sí mismo— podría frustrar investigaciones muy graves en torno al crimen organizado que se agazapa, por lo pronto, detrás del “chuponeo”.
Parte de ese compromiso es que de inmediato se reformulen los deficientes servicios de inteligencia, cuyos graves problemas de estructura, operatividad e institucionalidad colocan al país en una situación de indefensión incluso frente a mafias diversas. Acopiar y procesar información concerniente a la delincuencia es urgente, más aun cuando de un lado han aumentado los casos de ajustes de cuentas, muchos de ellos vinculados al narcotráfico y a ciudadanos de nacionalidad colombiana y mexicana; y, del otro lado, el escándalo de las interceptaciones ilegales de las comunicaciones está adquiriendo ribetes absolutamente dramáticos.
La doctora Echaíz es una funcionaria notable, independiente y auténticamente comprometida con la justicia. Por ello nos solidarizamos con ella y advertimos que este atentado en su contra demuestra que estamos ante sujetos que no creen en nada ni en nadie. Esperamos que el Gobierno haga lo necesario para impedir que esos miserables se impongan sobre el Estado Peruano.
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