Usualmente, en los balances que presentan las empresas anualmente, las notas de los auditores externos tienden a ser la lectura más interesante. En ellas, uno encuentra tanto recomendaciones puntuales como señales de alerta sobre temas que podrían deteriorarse. En esencia, esas notas reflejan la contribución que puede hacer a una empresa un buen auditor.
En el caso del Estado peruano, la Contraloría es el auditor. Sin embargo, esta institución no parece tener claramente enfocada su función. Así tenemos que saltan con facilidad a temas técnicos o discrecionales de mercado y parecen intentar abarcar cada vez más. No obstante, en el cumplimiento de su objetivo fundamental –asegurar transparencia en las cuentas y procedimientos– se va de mal en peor, como claramente lo demuestran los crecientes escándalos en entidades estatales. Incluso, aún no ha existido (que yo recuerde) ningún caso importante de corrupción en el Estado que haya sido inicialmente detectado o denunciado por la Contraloría o el auditor.
Más aún, en incidentes recientes como el del Banco de Materiales, no solo la Contraloría estaba atrasada en su fiscalización, sino que su representante en la entidad, el auditor, también recibió los ilegales préstamos en cuestión.
Por tanto, parece apropiada la propuesta de revisar el rol de la Contraloría para asegurar que cumpla una función adecuada. Esta función, a mi entender, debería concentrarse en garantizar que las cuentas del Estado a todo nivel estén claras. Asimismo, en asegurar que todos los concursos, licitaciones, subastas o cualquier otro procedimiento que llevan a cabo las entidades del sector público se realicen de manera transparente, cumpliendo celosamente con todos los plazos, requisitos y requerimientos sin gollerías ni favoritismos. Logrando esos dos objetivos, se daría un paso gigantesco en combatir la corrupción, bastante generalizada, que existe en el Estado.
Lamentablemente, cuando la Contraloría cree que sabe más que el ingeniero, banquero, arquitecto o consultor es que pierde el rumbo, entrampando al sector público. Peor aún es cuando deja de mantener distancia de los políticos y termina avalando sus injustificados gastos. Por ello, quien sea elegido contralor deberá mantenerse al margen de limpiar cuentas en el Congreso, pero, más importante aún, debe enfocar su función.
PERU 21
En el caso del Estado peruano, la Contraloría es el auditor. Sin embargo, esta institución no parece tener claramente enfocada su función. Así tenemos que saltan con facilidad a temas técnicos o discrecionales de mercado y parecen intentar abarcar cada vez más. No obstante, en el cumplimiento de su objetivo fundamental –asegurar transparencia en las cuentas y procedimientos– se va de mal en peor, como claramente lo demuestran los crecientes escándalos en entidades estatales. Incluso, aún no ha existido (que yo recuerde) ningún caso importante de corrupción en el Estado que haya sido inicialmente detectado o denunciado por la Contraloría o el auditor.
Más aún, en incidentes recientes como el del Banco de Materiales, no solo la Contraloría estaba atrasada en su fiscalización, sino que su representante en la entidad, el auditor, también recibió los ilegales préstamos en cuestión.
Por tanto, parece apropiada la propuesta de revisar el rol de la Contraloría para asegurar que cumpla una función adecuada. Esta función, a mi entender, debería concentrarse en garantizar que las cuentas del Estado a todo nivel estén claras. Asimismo, en asegurar que todos los concursos, licitaciones, subastas o cualquier otro procedimiento que llevan a cabo las entidades del sector público se realicen de manera transparente, cumpliendo celosamente con todos los plazos, requisitos y requerimientos sin gollerías ni favoritismos. Logrando esos dos objetivos, se daría un paso gigantesco en combatir la corrupción, bastante generalizada, que existe en el Estado.
Lamentablemente, cuando la Contraloría cree que sabe más que el ingeniero, banquero, arquitecto o consultor es que pierde el rumbo, entrampando al sector público. Peor aún es cuando deja de mantener distancia de los políticos y termina avalando sus injustificados gastos. Por ello, quien sea elegido contralor deberá mantenerse al margen de limpiar cuentas en el Congreso, pero, más importante aún, debe enfocar su función.
PERU 21
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