4.3.09

Fondos propios

Hasta ahora la lucha antidrogas del Perú se ha financiado principalmente con recursos provenientes de los fondos de la cooperación internacional. Hemos estirado nuestras manos a las donaciones del USAID o al apoyo de la Unión Europea pero los resultados acusan, al margen de noticiosas capturas de narcotraficantes cada cierto tiempo, un aumento general en la actividad delictiva de los carteles de la droga.

Parecería lógico atenernos a la ayuda de los principales países consumidores de cocaína del mundo, ya que después de todo es en ellos donde se concentra la demanda de estupefacientes. Sin embargo la acción desplegada con esos fondos ha sido tan lenta que las mafias no sólo se han instalado en el Perú sino que experimentan un crecimiento constante y ramificado al punto que hoy en el Perú movilizan para realizar sus actividades un monto no menor de S/. 3,500 millones al año, parte de la cual se dirige a corromper funcionarios (hecho que avanza de manera peligrosa). Esto indicaría por qué el control de insumos, por ejemplo, es casi nulo ya que los niveles de incautación de kerosene, permanganato de potasio, ácido clorhídrico, acetona o cal –por citar las materias primas más importantes para elaborar pasta básica de cocaína además de la hoja de coca– no llegan ni al 2%. ¿Hay muchos que se hacen de la vista gorda acaso?

Es más, con la crisis recesiva de los países desarrollados quizá en los próximos años se reduzcan los donativos del exterior, los que de por sí son insuficientes si se quiere luchar seriamente contra la transnacional de la droga. No nos engañemos, si el Estado peruano no se moja con más fondos de su propio presupuesto público, seguiremos rascando la epidermis del problema, que se agrava cuando cada día comprobamos que los consumidores de drogas ya no están en Estados Unidos, Europa, Rusia o el sudeste asiático sino que pululan –en mayor o menor magnitud– en todos los distritos del Perú. El aumento de jóvenes drogadictos peruanos aumenta lentamente y sin pausa. Lo peor es cuando –por citar un caso específico en la lucha contra las drogas– el Programa de Impacto Rápido PIR, creado por iniciativa de Devida, tiene recursos aprobados en la Ley de Presupuesto General de la República para el 2009 pero este dinero permanece hasta ahora sin ser desembolsado debido a la inacción del Ministerio de Economía y Finanzas MEF.

Un Estado tiene que comprender la importancia de luchar contra el narcotráfico y contra la corrupción que genera, que es la más letal de las corrupciones. Por ello es insoslayable que se exija al MEF el desembolso de los S/. 161.7 millones presupuestados a fin de entregarlos a Devida, entidad que cuenta con programas focalizados en los gobiernos regionales y distritos de Ayacucho, Cusco, Huánuco y San Martín para contrarrestar la acción de las denominadas “firmas” que acopian la coca para luego dirigirlas a las pozas y a los dinámicos eslabones del ilegal negocio del narcotráfico. Sin fondos propios no se podrá frenar a las mafias de la droga. Entonces la pregunta es obvia: ¿dónde están los recursos propios para luchar contra los narcos, mucho más cuando es nuestra responsabilidad no llegar a los extremos de inseguridad a los que ha llegado México o Colombia a causa de los carteles de la cocaína?

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