Aunque el número de conflictos ha experimentado un ligero aumento, se empieza a advertir una tendencia a acudir más a los mecanismos de diálogo para resolverlos, lo cual es positivo y debe promoverse.
Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, hasta el 30 de abril pasado se había reportado 250 conflictos, de los cuales 196 están activos, lo cual es ciertamente preocupante. Sin embargo, se informa a continuación que hay 80 en proceso de diálogo.
El mayor número de conflictos se da por cuestiones socioambientales, que enfrentan mayormente a empresas mineras con algunas comunidades, lo que debe llamar la atención del nuevo Ministerio del Ambiente, tanto para promover la responsabilidad social de las empresas cuanto el respeto al sistema ecológico.
Otro grupo importante de conflictos se origina por reclamos en temas locales y regionales, que no son detectados ni abordados oportunamente por los alcaldes y gobernantes regionales, los que muchas veces evaden su responsabilidad y trasladan la solución de problemas al Gobierno Central.
Un tercer grupo tiene como causa las discrepancias sobre temas electorales o de demarcación territorial, lo cual nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de revisar la legislación electoral para dar mayor legitimidad y legalidad a los alcaldes, que hoy son elegidos con votaciones menores al 20%.
En cualquier caso, lo importante, como hemos reiterado más de una vez en estas páginas, es mejorar el sistema para detectar y prevenir conflictos. La Unidad de Prevención de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros recién empieza a asumir mayor protagonismo, aunque es evidente que queda muchísimo por hacer.
Dicho esto, debemos seguir alentando los procesos de diálogo, lo que implicaría que muchos de los conflictos podrían solucionarse en el corto plazo.
Al respecto, hay experiencias ejemplares que deben repetirse, como el acta de Dorissa que puso fin a las disputas entre los nativos achuares y la empresa Pluspetrol, luego de que esta se comprometiera a dejar de contaminar las cuencas de los ríos Corrientes, Pastaza, Tigre y Marañón.
La Unidad de Prevención de Conflictos de la PCM, junto con la Defensoría del Pueblo, tienen que insistir en la instalación de mesas de diálogo, lo que es una apuesta por la racionalidad y la tolerancia para exponer puntos de vista y encontrar soluciones.
Es precisamente en ese convencimiento que nuestro Diario promueve audiencias locales y regionales para encauzar las preocupaciones de los ciudadanos, de modo que sean escuchados por las autoridades y se pueda concretar alternativas pacíficas de solución.
Todo ello, claro está, exige diferenciar los reclamos justos de aquellos que son simples maniobras politiqueras, además de una firme voluntad de diálogo al más alto nivel y, por supuesto, el respeto de la ley y de las reglas de juego del Estado de derecho, que no pueden ser conculcadas de modo absurdo y violento, como hacen a veces ciertos grupos radicales y desestabilizadores.
EL COMERCIO
Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, hasta el 30 de abril pasado se había reportado 250 conflictos, de los cuales 196 están activos, lo cual es ciertamente preocupante. Sin embargo, se informa a continuación que hay 80 en proceso de diálogo.
El mayor número de conflictos se da por cuestiones socioambientales, que enfrentan mayormente a empresas mineras con algunas comunidades, lo que debe llamar la atención del nuevo Ministerio del Ambiente, tanto para promover la responsabilidad social de las empresas cuanto el respeto al sistema ecológico.
Otro grupo importante de conflictos se origina por reclamos en temas locales y regionales, que no son detectados ni abordados oportunamente por los alcaldes y gobernantes regionales, los que muchas veces evaden su responsabilidad y trasladan la solución de problemas al Gobierno Central.
Un tercer grupo tiene como causa las discrepancias sobre temas electorales o de demarcación territorial, lo cual nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de revisar la legislación electoral para dar mayor legitimidad y legalidad a los alcaldes, que hoy son elegidos con votaciones menores al 20%.
En cualquier caso, lo importante, como hemos reiterado más de una vez en estas páginas, es mejorar el sistema para detectar y prevenir conflictos. La Unidad de Prevención de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros recién empieza a asumir mayor protagonismo, aunque es evidente que queda muchísimo por hacer.
Dicho esto, debemos seguir alentando los procesos de diálogo, lo que implicaría que muchos de los conflictos podrían solucionarse en el corto plazo.
Al respecto, hay experiencias ejemplares que deben repetirse, como el acta de Dorissa que puso fin a las disputas entre los nativos achuares y la empresa Pluspetrol, luego de que esta se comprometiera a dejar de contaminar las cuencas de los ríos Corrientes, Pastaza, Tigre y Marañón.
La Unidad de Prevención de Conflictos de la PCM, junto con la Defensoría del Pueblo, tienen que insistir en la instalación de mesas de diálogo, lo que es una apuesta por la racionalidad y la tolerancia para exponer puntos de vista y encontrar soluciones.
Es precisamente en ese convencimiento que nuestro Diario promueve audiencias locales y regionales para encauzar las preocupaciones de los ciudadanos, de modo que sean escuchados por las autoridades y se pueda concretar alternativas pacíficas de solución.
Todo ello, claro está, exige diferenciar los reclamos justos de aquellos que son simples maniobras politiqueras, además de una firme voluntad de diálogo al más alto nivel y, por supuesto, el respeto de la ley y de las reglas de juego del Estado de derecho, que no pueden ser conculcadas de modo absurdo y violento, como hacen a veces ciertos grupos radicales y desestabilizadores.
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