Como es de conocimiento público, en estos tiempos desde el Perú exigimos –de manera firme, espontánea y formal– claridad a las autoridades chilenas sobre el tema del acatamiento de los fallos de un foro jurídico tan importante como la Corte Internacional de Justicia (CIJ), toda vez que –teniendo en cuenta que el Estado peruano ha presentado una demanda para resolver una controversia limítrofe marítima con nuestro vecino– se venían registrando actitudes y posturas ambiguas en el seno de la clase dirigente sureña, como el provocador rearme de las fuerzas armadas mapochas pese a haber concluido recientemente éstas un millonario proceso de
Modernización; el frenético entrenamiento de sus soldados en los cuarteles; el emplazamiento de equipos bélicos al norte del territorio chileno; y las maniobras constantes realizadas de cara a la frontera con el Perú.
Por ello, en lo que a este medio de prensa concierne, el pasado martes 5 de mayo sostuvimos lo siguiente en editorial titulado “Emplazamiento”: “Pensamos que una nación puede ser todo lo soberana que quiera, pero ante un problema limítrofe las partes involucradas están llamadas a actuar con prudencia y no sólo una de ellas. En consecuencia, la bravata chilena debe ser denunciada ante los foros internacionales y delante de distintos escenarios (como la OEA y la ONU por ejemplo), no sólo por el Estado peruano sino por los intelectuales, pensadores y pacifistas del mundo. Resulta crucial ese emplazamiento para comprobar si la clase política chilena está dispuesta o no a respetar el fallo de la CIJ. Que lo diga de una vez, sin ambigüedades ni galimatías; así le ahorrará al Tribunal de La Haya tener que ruborizarse mañana o más tarde si una de sus sentencias no es acatada por alguna de las partes en un juicio internacional.”
Asimismo, el presidente de la República, Alan García Pérez, fue contundente al opinar que “cuando uno no está de acuerdo, no apela a las armas, apela a las razones jurídicas, y eso es lo que ha hecho el Perú”. Puestas así las cosas, tomamos conocimiento de la respuesta oficial del Ejecutivo de Chile, la misma que se concreta a través de la declaración pública de la ministra vocera de La Moneda, Carolina Tohá, quien asegura que su país tiene una “historia” de respeto al derecho internacional, descartando así que Chile vaya a dejar de acatar una eventual decisión –aunque le resulte adversa– de la CIJ.
Parece sincera y oportuna esta aclaración, ya que en ocasiones anteriores la cancillería chilena no fue lo necesariamente enfática en torno al respeto que merece un tribunal como el de La Haya, como nunca lo fue el actual ministro de Defensa, Francisco Vidal, cuando ocupó anteriormente el puesto de secretario general del Gobierno de Chile, cargo que hoy ejerce la ministra Tohá causante de la necesaria rectificación, por supuesto bajo instrucciones de la presidenta Michelle Bachelet. Pues bien, que quede registrado el 6 de mayo de 2009 como fecha en que Chile reconoció oficialmente que no puede desacatar una sentencia de la Corte Internacional de Justicia
expreso
Modernización; el frenético entrenamiento de sus soldados en los cuarteles; el emplazamiento de equipos bélicos al norte del territorio chileno; y las maniobras constantes realizadas de cara a la frontera con el Perú.
Por ello, en lo que a este medio de prensa concierne, el pasado martes 5 de mayo sostuvimos lo siguiente en editorial titulado “Emplazamiento”: “Pensamos que una nación puede ser todo lo soberana que quiera, pero ante un problema limítrofe las partes involucradas están llamadas a actuar con prudencia y no sólo una de ellas. En consecuencia, la bravata chilena debe ser denunciada ante los foros internacionales y delante de distintos escenarios (como la OEA y la ONU por ejemplo), no sólo por el Estado peruano sino por los intelectuales, pensadores y pacifistas del mundo. Resulta crucial ese emplazamiento para comprobar si la clase política chilena está dispuesta o no a respetar el fallo de la CIJ. Que lo diga de una vez, sin ambigüedades ni galimatías; así le ahorrará al Tribunal de La Haya tener que ruborizarse mañana o más tarde si una de sus sentencias no es acatada por alguna de las partes en un juicio internacional.”
Asimismo, el presidente de la República, Alan García Pérez, fue contundente al opinar que “cuando uno no está de acuerdo, no apela a las armas, apela a las razones jurídicas, y eso es lo que ha hecho el Perú”. Puestas así las cosas, tomamos conocimiento de la respuesta oficial del Ejecutivo de Chile, la misma que se concreta a través de la declaración pública de la ministra vocera de La Moneda, Carolina Tohá, quien asegura que su país tiene una “historia” de respeto al derecho internacional, descartando así que Chile vaya a dejar de acatar una eventual decisión –aunque le resulte adversa– de la CIJ.
Parece sincera y oportuna esta aclaración, ya que en ocasiones anteriores la cancillería chilena no fue lo necesariamente enfática en torno al respeto que merece un tribunal como el de La Haya, como nunca lo fue el actual ministro de Defensa, Francisco Vidal, cuando ocupó anteriormente el puesto de secretario general del Gobierno de Chile, cargo que hoy ejerce la ministra Tohá causante de la necesaria rectificación, por supuesto bajo instrucciones de la presidenta Michelle Bachelet. Pues bien, que quede registrado el 6 de mayo de 2009 como fecha en que Chile reconoció oficialmente que no puede desacatar una sentencia de la Corte Internacional de Justicia
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