”Chile no puede ceder territorio que fue peruano a Bolivia”
El congresista Javier Valle-Riestra, con el respaldo de la célula parlamentaria aprista, presentó un proyecto de ley de reforma constitucional para que el Estado peruano declare la intangibilidad de la provincia chilena de Arica, al amparo del Tratado de 1929 suscrito por ambos países, que establece la imposibilidad de ceder parte de sus territorios a una tercera potencia, como Bolivia, que aspira a conseguir un acceso al mar a través de un corredor en dicho lugar.
La propuesta legislativa busca añadir la cláusula decimoséptima como disposición constitucional final y transitoria de la Carta Magna de 1993, con el siguiente texto: “El Perú declara que no permitirá ni consentirá la entrega, en cualquier modalidad, de la totalidad o parte del territorio de Arica a Bolivia o a tercera potencia, como consecuencia de la firma del Artículo Primero del Protocolo Complementario del Tratado Rada y Gamio-Figueroa Larraín del 3 de junio de 1929 suscrito con Chile”.
Asimismo, plantea derogar todas las disposiciones legales que se opongan a la presente ley.
Valle-Riestra explica en el texto que “el protocolo complementario (de 1929), que ningún Estado puede desconocer, obliga a los gobiernos del Perú y Chile a que no pueden, sin previo acuerdo entre ellos, ceder a una tercera potencia los territorios de Tacna y Arica. Fijar una posición en torno al tema no significa obstruir las aspiraciones de terceros, menos tratar de reconocerle derechos a quien ni por hecho, ni por derecho le corresponde”.
Agrega que la demanda marítima peruana busca derechos sobre un mar que nos pertenece inmemorialmente y sobre el que Bolivia, como Estado independiente, jamás tuvo esos derechos. “La demanda peruana ante la CIJ se refiere al mar y nada tiene que hacer con un presunto corredor boliviano en el territorio de Arica, el cual jamás existirá porque, por lo menos el Perú, singularmente, no lo permitirá”, acotó.
Aclara que el litigio “en modo alguno busca perjudicar los derechos de otros países. Sin embargo, ante algunas actuales posiciones, adoptadas por quienes desconocen el derecho y, sobre todo, la historia, se hace imprescindible y necesaria la adopción de medidas internas por parte del Estado”.
Y es que, precisa, “al convertirse todo tratado (el 1929) en parte del derecho interno y nacional no solo obliga al Estado a su cumplimiento, sino, como se pretende a través de este proyecto de reforma, a fijar posiciones frente a los hechos políticos que se vienen suscitando actualmente y que podrían poner en peligro su cumplimiento”.
LA RAZON
El congresista Javier Valle-Riestra, con el respaldo de la célula parlamentaria aprista, presentó un proyecto de ley de reforma constitucional para que el Estado peruano declare la intangibilidad de la provincia chilena de Arica, al amparo del Tratado de 1929 suscrito por ambos países, que establece la imposibilidad de ceder parte de sus territorios a una tercera potencia, como Bolivia, que aspira a conseguir un acceso al mar a través de un corredor en dicho lugar.
La propuesta legislativa busca añadir la cláusula decimoséptima como disposición constitucional final y transitoria de la Carta Magna de 1993, con el siguiente texto: “El Perú declara que no permitirá ni consentirá la entrega, en cualquier modalidad, de la totalidad o parte del territorio de Arica a Bolivia o a tercera potencia, como consecuencia de la firma del Artículo Primero del Protocolo Complementario del Tratado Rada y Gamio-Figueroa Larraín del 3 de junio de 1929 suscrito con Chile”.
Asimismo, plantea derogar todas las disposiciones legales que se opongan a la presente ley.
Valle-Riestra explica en el texto que “el protocolo complementario (de 1929), que ningún Estado puede desconocer, obliga a los gobiernos del Perú y Chile a que no pueden, sin previo acuerdo entre ellos, ceder a una tercera potencia los territorios de Tacna y Arica. Fijar una posición en torno al tema no significa obstruir las aspiraciones de terceros, menos tratar de reconocerle derechos a quien ni por hecho, ni por derecho le corresponde”.
Agrega que la demanda marítima peruana busca derechos sobre un mar que nos pertenece inmemorialmente y sobre el que Bolivia, como Estado independiente, jamás tuvo esos derechos. “La demanda peruana ante la CIJ se refiere al mar y nada tiene que hacer con un presunto corredor boliviano en el territorio de Arica, el cual jamás existirá porque, por lo menos el Perú, singularmente, no lo permitirá”, acotó.
Aclara que el litigio “en modo alguno busca perjudicar los derechos de otros países. Sin embargo, ante algunas actuales posiciones, adoptadas por quienes desconocen el derecho y, sobre todo, la historia, se hace imprescindible y necesaria la adopción de medidas internas por parte del Estado”.
Y es que, precisa, “al convertirse todo tratado (el 1929) en parte del derecho interno y nacional no solo obliga al Estado a su cumplimiento, sino, como se pretende a través de este proyecto de reforma, a fijar posiciones frente a los hechos políticos que se vienen suscitando actualmente y que podrían poner en peligro su cumplimiento”.
LA RAZON
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