La justicia tiene que actuar con suma severidad para castigar a aquellos inescrupulosos que siguen traficando con las donaciones para los cientos de miles de compatriotas afectados por la ola de frío.
Mientras las cifras de menores de 5 años muertos por neumonía sobrepasan el cuarto de millar, se da la paradoja escandalosa de que alrededor de 100 toneladas de arroz donadas por la ONU nunca llegaron a Puno. Según se ha informado, la Sunat decomisó 32 toneladas en un camión que tenía como destino Lima y halló otras 30 toneladas en Ica.
Hasta el momento solo se ha denunciado a dos personas por desviar el arroz. Pero, es evidente que detrás de ellas hay todo un esquema de robo y corrupción, que tiene que ser investigado, denunciado penalmente y sancionado de modo ejemplar.
La corrupción, ya en sí recusable, lo es tanto más cuando, como en estos casos, se trata de productos destinados a aliviar los sufrimientos de los más pobres, por lo que los traficantes han sido calificados como aves de rapiña. También porque se trastoca totalmente el sentido de generosidad y solidaridad de los donantes, que con buena fe y a veces con sacrificio, colectan y envían ayuda para determinado fin.
La carga fue incautada por funcionarios de la Sunat en el control de Pucusana, en una operación sumamente oportuna y eficaz que debe ser aplicada de modo permanente. La Policía Nacional, a su turno, debe esclarecer la participación de los encargados de varias empresas de transporte y almacenes de la zona en este escandaloso tráfico de donaciones.
A su turno, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, así como los organismos encargados de recibir y derivar las donaciones, tienen que evaluar sus sistemas de fiscalización y control para evitar estas filtraciones y robos tan deleznables como los que mencionamos ahora.
No obstante, finalmente la responsabilidad de procesar y sancionar recae en las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial, que deben asumir su responsabilidad de aplicar la ley con suma severidad.
No se trata solo de castigar a los delincuentes, sino también de dar una señal clara a los donantes de que sus envíos llegarán a su destino y de que cualquier irregularidad será denunciada y castigada. Anteriormente se descubrió tráfico de donaciones en La Victoria, Huancayo y Huancavelica, casos que aún esperan por deslindes y sentencias para los involucrados en este delito tan infame e inhumano.
La grave emergencia en Puno y otras zonas altoandinas aún no ha terminado, por lo que es pertinente reiterar el llamado a la solidaridad con nuestros hermanos en extrema necesidad. Aparte del apoyo gubernamental y de países amigos y organismos internacionales, hay varias campañas en curso para que podamos poner nuestro grano de arena en una causa tan noble, que no puede ser desvirtuada ni manchada por unos pocos sinvergüenzas y delincuentes.
EL COMERCIO
Mientras las cifras de menores de 5 años muertos por neumonía sobrepasan el cuarto de millar, se da la paradoja escandalosa de que alrededor de 100 toneladas de arroz donadas por la ONU nunca llegaron a Puno. Según se ha informado, la Sunat decomisó 32 toneladas en un camión que tenía como destino Lima y halló otras 30 toneladas en Ica.
Hasta el momento solo se ha denunciado a dos personas por desviar el arroz. Pero, es evidente que detrás de ellas hay todo un esquema de robo y corrupción, que tiene que ser investigado, denunciado penalmente y sancionado de modo ejemplar.
La corrupción, ya en sí recusable, lo es tanto más cuando, como en estos casos, se trata de productos destinados a aliviar los sufrimientos de los más pobres, por lo que los traficantes han sido calificados como aves de rapiña. También porque se trastoca totalmente el sentido de generosidad y solidaridad de los donantes, que con buena fe y a veces con sacrificio, colectan y envían ayuda para determinado fin.
La carga fue incautada por funcionarios de la Sunat en el control de Pucusana, en una operación sumamente oportuna y eficaz que debe ser aplicada de modo permanente. La Policía Nacional, a su turno, debe esclarecer la participación de los encargados de varias empresas de transporte y almacenes de la zona en este escandaloso tráfico de donaciones.
A su turno, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, así como los organismos encargados de recibir y derivar las donaciones, tienen que evaluar sus sistemas de fiscalización y control para evitar estas filtraciones y robos tan deleznables como los que mencionamos ahora.
No obstante, finalmente la responsabilidad de procesar y sancionar recae en las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial, que deben asumir su responsabilidad de aplicar la ley con suma severidad.
No se trata solo de castigar a los delincuentes, sino también de dar una señal clara a los donantes de que sus envíos llegarán a su destino y de que cualquier irregularidad será denunciada y castigada. Anteriormente se descubrió tráfico de donaciones en La Victoria, Huancayo y Huancavelica, casos que aún esperan por deslindes y sentencias para los involucrados en este delito tan infame e inhumano.
La grave emergencia en Puno y otras zonas altoandinas aún no ha terminado, por lo que es pertinente reiterar el llamado a la solidaridad con nuestros hermanos en extrema necesidad. Aparte del apoyo gubernamental y de países amigos y organismos internacionales, hay varias campañas en curso para que podamos poner nuestro grano de arena en una causa tan noble, que no puede ser desvirtuada ni manchada por unos pocos sinvergüenzas y delincuentes.
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