Si el fin primario del Estado es proteger la vida y la integridad de los ciudadanos, pues estamos yendo muy mal, a decir de la racha sangrienta de accidentes de tránsito que enluta a miles de hogares. Es hora de revertir esta tendencia, que afecta a miles de peruanos, con un plan gubernamental que dé prioridad a la sanción y la prevención que permita revertir las terribles estadísticas actuales.
Es escandaloso que cada año mueran unas 3.500 personas y otras 50.000 sufran heridas que les pueden ocasionar una discapacidad permanente, lo que implica un costo aproximado de US$1.000 millones al año. Con este monto, de acuerdo con el Ministerio de Salud, se podría cubrir la tercera parte de la inversión total en salud y el gasto de alimentación de tres millones y medio de niños en extrema pobreza.
No podemos seguir conviviendo con esta dolorosa realidad que, además, incrementa los niveles de pobreza. Efectivamente, miles de hogares quedan desmembrados ante la pérdida o incapacidad permanente del sostén familiar principal, cuyo real costo es difícil de cuantificar, sin que nadie haga nada por ellos.
Y es evidente que los programas de Tolerancia Cero, que han sido relanzados una y otra vez, no están cumpliendo sus metas y que urge una nueva estrategia contra los accidentes de tránsito.
Esta semana el titular de Salud, Óscar Ugarte, ha anunciado el lanzamiento del Plan Nacional de la Estrategia Sanitaria contra Accidentes de Tránsito 2009-2012, cuyo principal objetivo es reducir las lesiones y muertes por este problema.
¿Pero qué se necesita para asegurar el éxito de este programa? Pues, primeramente no puede ser limitado a un solo sector, sino que exige un abordaje interdisciplinario. Al respecto, la Policía Nacional, así como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y las municipalidades provinciales deben asumir su grave responsabilidad contra este luctuoso panorama.
Luego, debe instalarse un centro de coordinación, que incluya a todos los estamentos señalados para implementar acciones, proponer metas y hacer el seguimiento, fiscalización y verificación de su cumplimiento.
En esto debe darse un gran énfasis a las labores de prevención y educación, con campañas educativas y sociales para que todos —conductores, pasajeros y también peatones— entendamos la gravedad del problema y reaccionemos en consecuencia, en lo cual es importante la participación del sector privado.
Pero, con la misma convicción y energía debe sancionarse a quienes transgreden las normas, sobre todo las que limitan la velocidad y prohíben manejar en estado de ebriedad, principales causas de los accidentes. En esto el nuevo Código de Tránsito es crucial, pero no suficiente. Todo dependerá de su correcta y efectiva aplicación por la autoridad, la Policía Nacional, en lo que no pueden haber contemplaciones ni medias tintas.
El Perú no puede seguir de luto permanente por las víctimas diarias de accidentes de tránsito. Cuando está de por medio la vida e integridad de las personas la acción del Estado tiene que ser urgente y patente, no limitada a acciones esporádicas y efectistas, sino con programas permanentes y de mediano y largo plazo, de los que debe informarse periódicamente a la nación.
Es escandaloso que cada año mueran unas 3.500 personas y otras 50.000 sufran heridas que les pueden ocasionar una discapacidad permanente, lo que implica un costo aproximado de US$1.000 millones al año. Con este monto, de acuerdo con el Ministerio de Salud, se podría cubrir la tercera parte de la inversión total en salud y el gasto de alimentación de tres millones y medio de niños en extrema pobreza.
No podemos seguir conviviendo con esta dolorosa realidad que, además, incrementa los niveles de pobreza. Efectivamente, miles de hogares quedan desmembrados ante la pérdida o incapacidad permanente del sostén familiar principal, cuyo real costo es difícil de cuantificar, sin que nadie haga nada por ellos.
Y es evidente que los programas de Tolerancia Cero, que han sido relanzados una y otra vez, no están cumpliendo sus metas y que urge una nueva estrategia contra los accidentes de tránsito.
Esta semana el titular de Salud, Óscar Ugarte, ha anunciado el lanzamiento del Plan Nacional de la Estrategia Sanitaria contra Accidentes de Tránsito 2009-2012, cuyo principal objetivo es reducir las lesiones y muertes por este problema.
¿Pero qué se necesita para asegurar el éxito de este programa? Pues, primeramente no puede ser limitado a un solo sector, sino que exige un abordaje interdisciplinario. Al respecto, la Policía Nacional, así como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y las municipalidades provinciales deben asumir su grave responsabilidad contra este luctuoso panorama.
Luego, debe instalarse un centro de coordinación, que incluya a todos los estamentos señalados para implementar acciones, proponer metas y hacer el seguimiento, fiscalización y verificación de su cumplimiento.
En esto debe darse un gran énfasis a las labores de prevención y educación, con campañas educativas y sociales para que todos —conductores, pasajeros y también peatones— entendamos la gravedad del problema y reaccionemos en consecuencia, en lo cual es importante la participación del sector privado.
Pero, con la misma convicción y energía debe sancionarse a quienes transgreden las normas, sobre todo las que limitan la velocidad y prohíben manejar en estado de ebriedad, principales causas de los accidentes. En esto el nuevo Código de Tránsito es crucial, pero no suficiente. Todo dependerá de su correcta y efectiva aplicación por la autoridad, la Policía Nacional, en lo que no pueden haber contemplaciones ni medias tintas.
El Perú no puede seguir de luto permanente por las víctimas diarias de accidentes de tránsito. Cuando está de por medio la vida e integridad de las personas la acción del Estado tiene que ser urgente y patente, no limitada a acciones esporádicas y efectistas, sino con programas permanentes y de mediano y largo plazo, de los que debe informarse periódicamente a la nación.
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