El panorama descrito por el ministro del Interior, Octavio Salazar, en entrevista con El Comercio es bastante alarmante, pero sobre todo ratifica la urgencia de enfrentar de una vez por todas la grave crisis de inseguridad que vive el país. En principio, la noticia de que hay un déficit de 35 mil policías en el territorio nacional explica no solo la percepción de temor en muchos peruanos (91% en Lima), sino el incremento de delitos que antes no se habían reportado en la incidencia y magnitud actuales. Sin embargo, lo más grave probablemente sea que, como reconoce el titular del Interior, los sectores involucrados en la lucha contra la delincuencia no están haciendo nada para enfrentarla, con los riesgos mortales que esto implica.
Hay un Plan de Seguridad Ciudadana 2009, consensuado con los ministerios, la fiscalía, entre otras entidades, pero el país tiene derecho a saber quién no está haciendo su parte: ¿las municipalidades, la propia policía o acaso la burocracia estatal?
En principio, es positivo que con base en ese plan se hayan programado varias actividades, como dotar a las comisarías de nuevas radios digitales o de un sistema de vigilancia que permitiría hacer un seguimiento de los problemas de seguridad en Lima. La mala noticia, sin embargo, es que esto recién empezará a aplicarse en el mejor de los casos a fines de año, mientras las estaciones policiales carecen de computadoras incluso para confirmar si un vehículo tiene orden de captura y no caer en abusos.
Esta agenda tiene, pues, que agilizarse en el año y medio que le queda al régimen. Sin duda hay tareas para el largo plazo, como sembrar valores desde el hogar y la escuela, pero en tanto el Gobierno tiene que liderar una estrategia para el corto plazo, con responsabilidades y cronogramas bien establecidos, antes de que la delincuencia nos desborde, como ha sucedido en otros países.
Por ejemplo, se deberían impulsar los planes conjuntos de la PNP con los serenazgos, como el Plan Telaraña, que han demostrado su eficacia en algunos gobiernos locales limeños que destinan recursos al financiamiento de las labores policiales. En el resto no hay grandes cambios. ¡Qué decir de las municipalidades del interior del país y de las regiones, completamente ajenas a la lucha contra la delincuencia! El Ministerio del Interior tiene que señalar qué alcaldes o presidentes regionales no están cumpliendo, así como premiar a los que están haciendo las cosas bien.
Una segunda tarea es intensificar la labor de investigación que debe desarrollar la PNP. Sin duda, la ciudadanía celebra que los policías salgan a las calles, pero también agradecería que las denuncias presentadas en las comisarías tuvieran un seguimiento. La inacción actual es desesperante, al punto que muchas víctimas ni siquiera denuncian los robos de las que son víctimas en las calles o en sus domicilios porque quedan archivadas en un cajón. Sin sanción, el maleante seguirá delinquiendo.
En lo inmediato, también hay que atender al factor humano, revalorar al policía, que así como merece un buen sueldo para reducir los riesgos de la corrupción, también requiere una mejor formación en las escuelas de suboficiales, para elevar su autoestima y desarrollar las capacidades que demanda la labor de servicio que tienen que cumplir. En ese sentido, para fin de año debería estar concluido el proceso de revisión del plan de estudios de los establecimientos formativos.
Finalmente, en coordinación con las municipalidades, el Ministerio del Interior podría impulsar las rondas urbanas o los comités de vecinos para alentar la prevención y la denuncia.
La lista de asuntos pendientes para garantizar la lucha frontal contra la delincuencia común es aun más larga y urgente. Pero el Gobierno podría empezar por desarrollar las que hemos reseñado —reiteramos— de aquí hasta el 2011.
EL COMERCIO
Hay un Plan de Seguridad Ciudadana 2009, consensuado con los ministerios, la fiscalía, entre otras entidades, pero el país tiene derecho a saber quién no está haciendo su parte: ¿las municipalidades, la propia policía o acaso la burocracia estatal?
En principio, es positivo que con base en ese plan se hayan programado varias actividades, como dotar a las comisarías de nuevas radios digitales o de un sistema de vigilancia que permitiría hacer un seguimiento de los problemas de seguridad en Lima. La mala noticia, sin embargo, es que esto recién empezará a aplicarse en el mejor de los casos a fines de año, mientras las estaciones policiales carecen de computadoras incluso para confirmar si un vehículo tiene orden de captura y no caer en abusos.
Esta agenda tiene, pues, que agilizarse en el año y medio que le queda al régimen. Sin duda hay tareas para el largo plazo, como sembrar valores desde el hogar y la escuela, pero en tanto el Gobierno tiene que liderar una estrategia para el corto plazo, con responsabilidades y cronogramas bien establecidos, antes de que la delincuencia nos desborde, como ha sucedido en otros países.
Por ejemplo, se deberían impulsar los planes conjuntos de la PNP con los serenazgos, como el Plan Telaraña, que han demostrado su eficacia en algunos gobiernos locales limeños que destinan recursos al financiamiento de las labores policiales. En el resto no hay grandes cambios. ¡Qué decir de las municipalidades del interior del país y de las regiones, completamente ajenas a la lucha contra la delincuencia! El Ministerio del Interior tiene que señalar qué alcaldes o presidentes regionales no están cumpliendo, así como premiar a los que están haciendo las cosas bien.
Una segunda tarea es intensificar la labor de investigación que debe desarrollar la PNP. Sin duda, la ciudadanía celebra que los policías salgan a las calles, pero también agradecería que las denuncias presentadas en las comisarías tuvieran un seguimiento. La inacción actual es desesperante, al punto que muchas víctimas ni siquiera denuncian los robos de las que son víctimas en las calles o en sus domicilios porque quedan archivadas en un cajón. Sin sanción, el maleante seguirá delinquiendo.
En lo inmediato, también hay que atender al factor humano, revalorar al policía, que así como merece un buen sueldo para reducir los riesgos de la corrupción, también requiere una mejor formación en las escuelas de suboficiales, para elevar su autoestima y desarrollar las capacidades que demanda la labor de servicio que tienen que cumplir. En ese sentido, para fin de año debería estar concluido el proceso de revisión del plan de estudios de los establecimientos formativos.
Finalmente, en coordinación con las municipalidades, el Ministerio del Interior podría impulsar las rondas urbanas o los comités de vecinos para alentar la prevención y la denuncia.
La lista de asuntos pendientes para garantizar la lucha frontal contra la delincuencia común es aun más larga y urgente. Pero el Gobierno podría empezar por desarrollar las que hemos reseñado —reiteramos— de aquí hasta el 2011.
EL COMERCIO
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