Alejandro Indacochea (*). Analista
El recientemente plan anticrisis anunciado por el Gobierno es una señal positiva de que se van a tomar medidas para afrontar la peor crisis global desde los años 30.
Los países, sean desarrollados o en desarrollo, vienen adoptando diversas medidas fiscales (denominadas contracíclicas): como la reducción de impuestos, el mayor gasto social, apoyo al sector exportador y principalmente inversión en infraestructura.
Es importante tener en cuenta que la intensidad y el fin de la crisis se desconocen y no hay forma de saber si lo peor ya pasó.
El recientemente plan anticrisis anunciado por el Gobierno es una señal positiva de que se van a tomar medidas para afrontar la peor crisis global desde los años 30.
Los países, sean desarrollados o en desarrollo, vienen adoptando diversas medidas fiscales (denominadas contracíclicas): como la reducción de impuestos, el mayor gasto social, apoyo al sector exportador y principalmente inversión en infraestructura.
Es importante tener en cuenta que la intensidad y el fin de la crisis se desconocen y no hay forma de saber si lo peor ya pasó.
Con este panorama lo más prudente es planificar el uso de los recursos para períodos que pueden resultar siendo más complicados.
Las recientes cifras a noviembre del 2008 dejan mucho que decir en lo que la ejecución presupuestal se refiere; el Gobierno Central utilizó el 46,2 % de su presupuesto de inversión, los gobiernos regionales el 35% y los gobiernos locales el 48,8%. El hecho de que ninguna instancia del Gobierno haya ejecutado el 50% de lo que se tenía proyectado evidencia que hay una gran brecha entre el presupuesto aprobado, usualmente el que se anuncia políticamente y el que realmente se ejecuta.
El problema sigue siendo la capacidad real del Gobierno en sus diversas instancias de poder para gastar adecuadamente. Es decir, si bien se cuenta con los recursos, no hay la capacidad de gestión en sus instituciones para poder hacer un uso eficiente (calidad del gasto) de los mismos.
Por otro lado en el último reporte del Doing Business del Banco Mundial se evidencia que las trabas burocráticas, principalmente en el ámbito de los gobiernos locales, siguen siendo un problema para poder hacer negocios en el país. Si bien varios países han adoptado la denominada ventanilla única para hacer trámites y el denominado gobierno electrónico (e-govermet) es una realidad, en el caso del Perú el avance es mínimo.
En lo que al sistema de control en todo el país se refiere, la manera en que este ha venido funcionando deja mucho que desear ya que gran parte de las acciones son a posteriori y a destiempo, usualmente cuando los actos prescriben. Gran parte de estas acciones son resultado principalmente de las denuncias periodísticas o el escándalo político.
Tampoco se debe responsabilizar a los mecanismos de control de todos los males por la no ejecución de los proyectos de inversión, proponiendo reducir facultades o minimizar el sistema de control. Dada la magnitud de los recursos destinados al plan anticrisis lo más adecuado es relanzar el sistema, a fin de que sea mucho más gerencial y efectivo, dirigido a un adecuado control previo, que sea oportuno y focalizado en lo verdaderamente relevante para el país. Para todo ello es importante la elección de un contralor que sea verdaderamente independiente.
Destinar los 10.000 millones de soles sin tener garantizado un adecuado sistema de control es verdaderamente riesgoso para el país y el propio gobierno; si no recordemos lo que sucedió en el pasado con el proceso de privatización y la ausencia de un sistema de control.
Todo esto nos pone de manifiesto un problema mucho más de fondo: la necesidad de una verdadera reforma y modernización del Estado que incluya la consolidación de las instituciones y no la desarticulación de las mismas.
* CENTRUM-PUCP
Las recientes cifras a noviembre del 2008 dejan mucho que decir en lo que la ejecución presupuestal se refiere; el Gobierno Central utilizó el 46,2 % de su presupuesto de inversión, los gobiernos regionales el 35% y los gobiernos locales el 48,8%. El hecho de que ninguna instancia del Gobierno haya ejecutado el 50% de lo que se tenía proyectado evidencia que hay una gran brecha entre el presupuesto aprobado, usualmente el que se anuncia políticamente y el que realmente se ejecuta.
El problema sigue siendo la capacidad real del Gobierno en sus diversas instancias de poder para gastar adecuadamente. Es decir, si bien se cuenta con los recursos, no hay la capacidad de gestión en sus instituciones para poder hacer un uso eficiente (calidad del gasto) de los mismos.
Por otro lado en el último reporte del Doing Business del Banco Mundial se evidencia que las trabas burocráticas, principalmente en el ámbito de los gobiernos locales, siguen siendo un problema para poder hacer negocios en el país. Si bien varios países han adoptado la denominada ventanilla única para hacer trámites y el denominado gobierno electrónico (e-govermet) es una realidad, en el caso del Perú el avance es mínimo.
En lo que al sistema de control en todo el país se refiere, la manera en que este ha venido funcionando deja mucho que desear ya que gran parte de las acciones son a posteriori y a destiempo, usualmente cuando los actos prescriben. Gran parte de estas acciones son resultado principalmente de las denuncias periodísticas o el escándalo político.
Tampoco se debe responsabilizar a los mecanismos de control de todos los males por la no ejecución de los proyectos de inversión, proponiendo reducir facultades o minimizar el sistema de control. Dada la magnitud de los recursos destinados al plan anticrisis lo más adecuado es relanzar el sistema, a fin de que sea mucho más gerencial y efectivo, dirigido a un adecuado control previo, que sea oportuno y focalizado en lo verdaderamente relevante para el país. Para todo ello es importante la elección de un contralor que sea verdaderamente independiente.
Destinar los 10.000 millones de soles sin tener garantizado un adecuado sistema de control es verdaderamente riesgoso para el país y el propio gobierno; si no recordemos lo que sucedió en el pasado con el proceso de privatización y la ausencia de un sistema de control.
Todo esto nos pone de manifiesto un problema mucho más de fondo: la necesidad de una verdadera reforma y modernización del Estado que incluya la consolidación de las instituciones y no la desarticulación de las mismas.
* CENTRUM-PUCP
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