Ha concluido, como empezó, la agria polémica sobre la venta de algunos terrenos del Cuartel General del Ejército, conocido como el Pentagonito.
Voceros del Poder Ejecutivo, que hace pocos días defendían a capa y espada la iniciativa, ahora dan marcha atrás expresando que no habrá venta y que los terrenos se usarán para construir centros de capacitación o de convenciones.
Saludamos tal decisión pero, al mismo tiempo, debemos preguntarnos: ¿Había necesidad de promover tanta confrontación en una coyuntura como la actual?
El acalorado debate involucró no solo a líderes políticos de diversas bancadas, representantes de la oficialidad y ex comandantes generales del Ejército, sino también a miles de vecinos, sobre todo de San Borja.
Estos últimos salieron a las calles a expresar su disconformidad con una decisión improvisada, carente de estudios técnicos y de compatibilidad de uso, cuya concreción podía afectar su entorno y hasta su seguridad. De allí que la rectificación gubernamental podría considerarse como un triunfo de la democracia vecinal, que pide diálogo para hacer valer sus derechos.
Por lo demás, tampoco se habían hecho evaluaciones de zonificación residencial, con lo cual era necio anunciar el uso que podría darse a los terrenos cuando ni siquiera se tenía el visto bueno de la municipalidad, cuyas razonables atribuciones constitucionales sobre la materia no podían ser ignoradas y menos conculcadas.
Otro ángulo más intangible, pero no por ello menos importante, es el simbólico. Poner en venta, así sin más, aunque sea en parte, terrenos del Cuartel General del Ejército, resiente valores nacionales, sobre todo cuando se hace sin explicación de contexto ni necesidad, y no se sabe quién los compraría.
Yendo al fondo del asunto, si bien no estamos de acuerdo con la manera en que se trató el tema de los terrenos del Pentagonito, sí propugnamos que el Estado y los institutos militares se deshagan de activos, pero siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones , de carácter normativo y procesales.
Antes que nada tendría que hacerse un estudio de costo- beneficio, que como en el caso del cuartel San Martín pondere, por un lado, la significativa revaluación comercial del terreno y las desventajas logísticas y operativas de mantener un cuartel en una zona residencial. Y , por otro lado, los ingentes recursos que se podrían generar y el uso específico de los mismos para determinados objetivos de mejora tecnológica o de otros ítems dentro de la política de modernización y reforma castrense.
Esperamos que, por el bien del país, se zanje definitivamente este debate. Pero, para evitar que se repitan exabruptos como estos, debería retomarse seriamente la reforma castrense que este Gobierno consideró al inicio con tanta prolijidad.
Dentro de ello cualquier decisión sobre venta de activos debe ser parte de un estudio técnico que la ciudadanía tiene derecho a conocer con la debida antelación, a través de consultas previas, tal como lo establece la Ordenanza 1063 del Concejo Provincial de Lima. No más improvisación, globos de ensayo ni innecesaria confrontación
Saludamos tal decisión pero, al mismo tiempo, debemos preguntarnos: ¿Había necesidad de promover tanta confrontación en una coyuntura como la actual?
El acalorado debate involucró no solo a líderes políticos de diversas bancadas, representantes de la oficialidad y ex comandantes generales del Ejército, sino también a miles de vecinos, sobre todo de San Borja.
Estos últimos salieron a las calles a expresar su disconformidad con una decisión improvisada, carente de estudios técnicos y de compatibilidad de uso, cuya concreción podía afectar su entorno y hasta su seguridad. De allí que la rectificación gubernamental podría considerarse como un triunfo de la democracia vecinal, que pide diálogo para hacer valer sus derechos.
Por lo demás, tampoco se habían hecho evaluaciones de zonificación residencial, con lo cual era necio anunciar el uso que podría darse a los terrenos cuando ni siquiera se tenía el visto bueno de la municipalidad, cuyas razonables atribuciones constitucionales sobre la materia no podían ser ignoradas y menos conculcadas.
Otro ángulo más intangible, pero no por ello menos importante, es el simbólico. Poner en venta, así sin más, aunque sea en parte, terrenos del Cuartel General del Ejército, resiente valores nacionales, sobre todo cuando se hace sin explicación de contexto ni necesidad, y no se sabe quién los compraría.
Yendo al fondo del asunto, si bien no estamos de acuerdo con la manera en que se trató el tema de los terrenos del Pentagonito, sí propugnamos que el Estado y los institutos militares se deshagan de activos, pero siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones , de carácter normativo y procesales.
Antes que nada tendría que hacerse un estudio de costo- beneficio, que como en el caso del cuartel San Martín pondere, por un lado, la significativa revaluación comercial del terreno y las desventajas logísticas y operativas de mantener un cuartel en una zona residencial. Y , por otro lado, los ingentes recursos que se podrían generar y el uso específico de los mismos para determinados objetivos de mejora tecnológica o de otros ítems dentro de la política de modernización y reforma castrense.
Esperamos que, por el bien del país, se zanje definitivamente este debate. Pero, para evitar que se repitan exabruptos como estos, debería retomarse seriamente la reforma castrense que este Gobierno consideró al inicio con tanta prolijidad.
Dentro de ello cualquier decisión sobre venta de activos debe ser parte de un estudio técnico que la ciudadanía tiene derecho a conocer con la debida antelación, a través de consultas previas, tal como lo establece la Ordenanza 1063 del Concejo Provincial de Lima. No más improvisación, globos de ensayo ni innecesaria confrontación
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