Como parte del plan anticrisis presentado por el Ejecutivo –una inyección de 10 mil millones de soles a la economía–, la opinión pública ha conocido cómo se ha dado un paso trascendental para pagar la deuda de la Oficina Nacional Previsional que mantiene con más de cien mil cesantes y jubilados por concepto de devengados.
De modo que es positivo que el Estado haya decidido asumir y honrar ese compromiso. Pero así como a los jubilados, muchos de ellos octogenarios y nonagenarios, se les reconoce lo que es justo, también debería pensarse en aquellos compatriotas –y en sus familias– que sufrieron el despojo de sus haciendas cuando en 1969 la dictadura de Juan Velasco emprendió una reforma agraria (RA) vengativa, odiosa, que al final el más castigado resultó ser el pueblo, afectado por sus catastróficos resultados de miseria, improductividad e ineficiencia.
Han pasado cuatro décadas de aquella confiscación, y en vez de justiprecio los prósperos productores agrarios de entonces
–que mantenían vergeles en costa, sierra y selva– sólo recibieron bonos no reajustables, sin intereses, cuyo capital a la fecha no existe por culpa de un Estado cleptómano manejado por el neosocialismo de la cúpula velasquista. En los años setenta el importe total de esos bonos fue 15 mil millones de soles; no obstante esa cifra ha cambiado debido a inflaciones y devaluaciones. Sólo las de finales de la década del ochenta pulverizaron cualquier expectativa. Tampoco existe un inventario actualizado del número, nombre y monto de los tenedores de aquellos bonos. Por supuesto no todos los propietarios de entonces viven ahora. Unos fallecieron, otros negociaron por pesetas sus bonos, o algunos los han extraviado y no tienen cómo acreditarlos. Pero todavía existe otro tanto que sí los tiene y a quienes el Estado debe resarcir, para no mimetizarse con ese Estado del perro muerto impuesto por un puñado de militares que tomó el poder el 3 de octubre de 1968 y se aventuró a quebrar el espinazo productivo como si fuese su chacra.
Según cálculos recientes, el número de tenedores de bonos es aproximadamente 3,500 y el monto a pagarles asciende a diez mil millones de soles. Sin duda los demagogos se escandalizarán frente a esta propuesta. Pero hay que decir que la democracia y el estado de derecho no hacen distingos. Ha llegado el momento de reconocer a aquellos peruanos despojados de sus bienes agrarios, otrora fundos productivos, muchos que hoy vemos enterrados en absoluto abandono. De las carreteras se divisan vetustas casas-haciendas y rancherías en medio de páramos que sirven de testigos de la funesta RA. Testigos –en medio de la nostalgia y la improductividad– del esfuerzo de sus antiguos que contemplan sus propiedades convertidas en escombros, donde antes producía frutas, menestras, verduras, algodón, azúcar, etc., que salían del Perú a los mercados más exigentes del mundo.
En virtud del respeto a la Constitución y la ley, pero sobre todo en aras de la justicia, hay que atender a estos peruanos que llevan más de cuatro décadas expoliados. A los propietarios y herederos de unidades agrarias se les debe indemnizar. Tienen derecho.
De modo que es positivo que el Estado haya decidido asumir y honrar ese compromiso. Pero así como a los jubilados, muchos de ellos octogenarios y nonagenarios, se les reconoce lo que es justo, también debería pensarse en aquellos compatriotas –y en sus familias– que sufrieron el despojo de sus haciendas cuando en 1969 la dictadura de Juan Velasco emprendió una reforma agraria (RA) vengativa, odiosa, que al final el más castigado resultó ser el pueblo, afectado por sus catastróficos resultados de miseria, improductividad e ineficiencia.
Han pasado cuatro décadas de aquella confiscación, y en vez de justiprecio los prósperos productores agrarios de entonces
–que mantenían vergeles en costa, sierra y selva– sólo recibieron bonos no reajustables, sin intereses, cuyo capital a la fecha no existe por culpa de un Estado cleptómano manejado por el neosocialismo de la cúpula velasquista. En los años setenta el importe total de esos bonos fue 15 mil millones de soles; no obstante esa cifra ha cambiado debido a inflaciones y devaluaciones. Sólo las de finales de la década del ochenta pulverizaron cualquier expectativa. Tampoco existe un inventario actualizado del número, nombre y monto de los tenedores de aquellos bonos. Por supuesto no todos los propietarios de entonces viven ahora. Unos fallecieron, otros negociaron por pesetas sus bonos, o algunos los han extraviado y no tienen cómo acreditarlos. Pero todavía existe otro tanto que sí los tiene y a quienes el Estado debe resarcir, para no mimetizarse con ese Estado del perro muerto impuesto por un puñado de militares que tomó el poder el 3 de octubre de 1968 y se aventuró a quebrar el espinazo productivo como si fuese su chacra.
Según cálculos recientes, el número de tenedores de bonos es aproximadamente 3,500 y el monto a pagarles asciende a diez mil millones de soles. Sin duda los demagogos se escandalizarán frente a esta propuesta. Pero hay que decir que la democracia y el estado de derecho no hacen distingos. Ha llegado el momento de reconocer a aquellos peruanos despojados de sus bienes agrarios, otrora fundos productivos, muchos que hoy vemos enterrados en absoluto abandono. De las carreteras se divisan vetustas casas-haciendas y rancherías en medio de páramos que sirven de testigos de la funesta RA. Testigos –en medio de la nostalgia y la improductividad– del esfuerzo de sus antiguos que contemplan sus propiedades convertidas en escombros, donde antes producía frutas, menestras, verduras, algodón, azúcar, etc., que salían del Perú a los mercados más exigentes del mundo.
En virtud del respeto a la Constitución y la ley, pero sobre todo en aras de la justicia, hay que atender a estos peruanos que llevan más de cuatro décadas expoliados. A los propietarios y herederos de unidades agrarias se les debe indemnizar. Tienen derecho.
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