EL PESO DE LA BUROCRACIA
Por: Raúl Mendoza Abogado
Las medidas del plan anticrisis permitirán a los gobiernos regionales y locales disponer de fondos para sus proyectos de inversión. El objetivo es calentar la economía en el marco del “friaje” mundial. El recorte de precios de los combustibles para reactivar el aparato productivo, la reconstrucción del sur y el incremento de fondos para compras estatales a microempresas apuntan a contrarrestar la corriente helada. Quizá lo más importante es la flexibilización del SNIP, pues si existe un factor en contra del plan es el viejo esquema burocrático del Estado. La concesión de una carretera (como la Pucusana-Ica), por ejemplo, puede tardar 90 meses. Reformar el Estado en todos sus niveles es ya un imperativo.
Naturalmente, se ha puesto énfasis en los obstáculos que pone el Estado a sus propias inversiones, pero ¿y las trabas al sector privado? Nadie llama aún a reducir las barreras municipales, pese a que este tema debiera ser uno de los puntales del plan contracíclico. Lo real es que los municipios siguen siendo gravosos, enmarañados, pausados y paquidérmicos para los privados que pretenden invertir.
Existe un Perú real, que avanza en una dinámica acelerada, y uno formal en cada región y localidad, que es pesado y lento. Por eso, la institucionalidad formal le ha perdido el paso al Perú real. Hoy gran parte de la agenda nacional, regional o local la diseña el Perú no oficial: los movimientos sociales, la turba, los intereses regionalistas y la economía no legal; pues el Perú oficial camina despacio, torpe, entreverado, dado a detener o retrasar con sus lógicas administrativas la dinámica del Perú real.
Según la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi, un 55% de las trabas administrativas en el país corresponde al otorgamiento de licencias municipales de funcionamiento. Los municipios en todo el país tardan demasiado en otorgar estas licencias para negocios, apertura de empresas y demás. Las más afectadas son, por supuesto, las pequeñas y medianas empresas, desprovistas de asesores legales y tramitadores profesionales. Estas son, además, las primeras afectadas por el Estado recaudador. Así, la informalidad tiene uno de sus orígenes en la imposibilidad de asumir los costos del reconocimiento legal; pues formalizarse para asumir cargas, pagar impuestos y “patear lejos” la devolución de lo invertido desincentiva cualquier proyecto. En la mayoría de casos, la licencia de funcionamiento, la declaración jurada, el número de RUC, o la vigencia del poder, el certificado de Defensa Civil, etc., suman costos imbatibles que hacen más rentable actuar al margen de la legalidad. Y lo peor es que muchos municipios ignoran aún el silencio positivo.
Modernizar los municipios para articularlos al Perú real es una tarea urgente. Que las turbias coyunturas internacionales nos recuerden esa tarea.
Por: Raúl Mendoza Abogado
Las medidas del plan anticrisis permitirán a los gobiernos regionales y locales disponer de fondos para sus proyectos de inversión. El objetivo es calentar la economía en el marco del “friaje” mundial. El recorte de precios de los combustibles para reactivar el aparato productivo, la reconstrucción del sur y el incremento de fondos para compras estatales a microempresas apuntan a contrarrestar la corriente helada. Quizá lo más importante es la flexibilización del SNIP, pues si existe un factor en contra del plan es el viejo esquema burocrático del Estado. La concesión de una carretera (como la Pucusana-Ica), por ejemplo, puede tardar 90 meses. Reformar el Estado en todos sus niveles es ya un imperativo.
Naturalmente, se ha puesto énfasis en los obstáculos que pone el Estado a sus propias inversiones, pero ¿y las trabas al sector privado? Nadie llama aún a reducir las barreras municipales, pese a que este tema debiera ser uno de los puntales del plan contracíclico. Lo real es que los municipios siguen siendo gravosos, enmarañados, pausados y paquidérmicos para los privados que pretenden invertir.
Existe un Perú real, que avanza en una dinámica acelerada, y uno formal en cada región y localidad, que es pesado y lento. Por eso, la institucionalidad formal le ha perdido el paso al Perú real. Hoy gran parte de la agenda nacional, regional o local la diseña el Perú no oficial: los movimientos sociales, la turba, los intereses regionalistas y la economía no legal; pues el Perú oficial camina despacio, torpe, entreverado, dado a detener o retrasar con sus lógicas administrativas la dinámica del Perú real.
Según la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi, un 55% de las trabas administrativas en el país corresponde al otorgamiento de licencias municipales de funcionamiento. Los municipios en todo el país tardan demasiado en otorgar estas licencias para negocios, apertura de empresas y demás. Las más afectadas son, por supuesto, las pequeñas y medianas empresas, desprovistas de asesores legales y tramitadores profesionales. Estas son, además, las primeras afectadas por el Estado recaudador. Así, la informalidad tiene uno de sus orígenes en la imposibilidad de asumir los costos del reconocimiento legal; pues formalizarse para asumir cargas, pagar impuestos y “patear lejos” la devolución de lo invertido desincentiva cualquier proyecto. En la mayoría de casos, la licencia de funcionamiento, la declaración jurada, el número de RUC, o la vigencia del poder, el certificado de Defensa Civil, etc., suman costos imbatibles que hacen más rentable actuar al margen de la legalidad. Y lo peor es que muchos municipios ignoran aún el silencio positivo.
Modernizar los municipios para articularlos al Perú real es una tarea urgente. Que las turbias coyunturas internacionales nos recuerden esa tarea.
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