6.2.09

La nonata contralora

EN DEFENSA DE LA COMISIÓN WEBB


Por: Manuel Cisneros Milla Periodista

En el Congreso de la República se ha pedido que se denuncie penalmente a los integrantes de la denominada Comisión Webb, por haber cometido el delito de asociación ilícita para delinquir al inducir a error a los 18 congresistas de la Comisión Permanente que votaron por el nombramiento de Ingrid Suárez como contralora.

Es comprensible que en el Congreso se presenten pedidos de esta o de otra naturaleza, basándose en el supuesto de que hubo premeditación o negligencia de los miembros de la Comisión Webb al proponer a una persona que había presentado una información falsa.

En principio, parece inimaginable, inadmisible que una profesional como Ingrid Suárez haya consignado en su hoja de vida un título que no tenía. Este hecho en sí mismo es grave y se acentúa dado el cargo al que postulaba. ¿Podía, como contralora, un supuesto ya negado, aceptar este procedimiento delictivo como algo normal y corriente? ¿O en el mejor de los casos pasarlo por alto o considerarlo una “criollada” sin mayor importancia? Si este fue el razonamiento que la llevó a proceder de esta manera, estaba descalificada de antemano para ejercer cualquier función pública y menos la que tenga que ver con el control de la administración estatal. En su defensa, la cuasi contralora, sostiene que si bien no llegó a obtener el título de ingeniera cumplió con seguir todos los estudios y que lo único que le falta es su graduación.

Así como resultan inaceptables los descargos de la señorita Suárez, resulta también desproporcionada, por decir lo menos, la solicitud de denunciar a los miembros de la Comisión Webb por no haber reparado en la falacia de la postulante y haber inducido a error a los miembros de la Comisión Permanente del Congreso.

En principio, es de suponer que a una comisión como la que presidió Richard Webb se le debió enviar los legajos de los postulantes debidamente analizados, chequeados se dice ahora y lo acepta la Real Academia de la Lengua. No se le podía exigir a tres personas un trabajo previo como el de la verificación de cada uno de los documentos presentados por cada uno de los postulantes, que en este caso eran más de cien.

A dicha comisión le correspondió, seguramente, lo que se llama en casi todos los concursos de este tipo la entrevista personal, que tiene como finalidad conocer de cerca, frente a frente y a través del diálogo a cada uno de los postulantes sobre la base de sus antecedentes profesionales.

Se puede imaginar, en el peor de los casos, que hubo alguna inclinación, alguna direccionalidad para escoger a los que formarían la terna final, pero en ningún caso mala fe o intención de inducir a error a los miembros de la Comisión Permanente del Congreso. Abunda en esta apreciación el hecho de que si Ingrid Suárez presentaba solo su título de contadora sería hoy la contralora.

Es más, de prosperar un pedido como el que comentamos, ninguna persona sensata, en sus cabales dirían otros, aceptaría encargos como el asumido por Richard Webb, Cecilia Blondet, Beatriz Boza y Gastón Garatea.

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