El embajador de Washington en Lima, Michael McKinley, aprovechó una ceremonia ayer para despacharse contra la propuesta, nada descabellada por cierto, del alcalde de Surquillo Gustavo Sierra, para que se les venda estupefacientes, en forma controlada, a las personas con problemas de adicción. Y también repitió las diplomáticas y usuales frases de rigor sobre el “decidido compromiso” del flamante presidente estadounidense Barack Obama, de apoyar los esfuerzos que desarrolla Perú en la lucha contra las drogas.
Pero lo cierto es que el modelo de “guerra antidrogas” impuesto por Estados Unidos a Latinoamérica en las últimas tres décadas ha derivado en mayores beneficios a los grandes cárteles que a la sociedad que se pretende defender. Esta política otorga un virtual monopolio a los narcotraficantes, que ante la limitación de la competencia venden drogas por diez o veinte veces más de lo que costarían en un entorno legal. Según la ONU, obtienen US$400.000 millones anuales de ganancia, un 8% del comercio mundial, comparable al que genera la industria de textiles.
Quizá, aprovechando la propuesta del alcalde Sierra, haya llegado la hora de hacer preguntas “políticamente incorrectas” ¿Si la cocaína y la marihuana se despenalizaran, como ocurrió con el alcohol, no desaparecerían las mafias? ¿No sería más provechoso invertir los miles de millones de dólares que hoy se gastan inútilmente en combatir la oferta, en educar a la gente sobre los daños que ocasionan las adicciones y en ayudar a los cocaleros a sustituir cultivos en gran escala?
Actualmente el 80% de muertes relacionadas con drogas se deben a la falta de acceso a dosis estandarizadas, lo que no ocurriría si se fabricaran dentro de los controles propios de un mercado legal. Se podría aplicar un alto impuesto al consumo, que lo desaliente, igual que con el tabaco, y con esos fondos hacer campañas contra la drogadicción en hospitales, hogares y colegios.
Lo más importante es que se daría un golpe mortal y de raíz a los cárteles, como ocurrió cuando se legalizó en EE.UU. el consumo del alcohol, que durante la Gran Prohibición de los ‘20 permitió hacerse multimillonarios a mafiosos como Al Capone. Y se acabaría con el poder corruptor del narcotráfico en la política.
También se desactivaría la bomba de tiempo en la que se ha convertido Latinoamérica, especialmente Colombia, donde las FARC, financiadas por el narcotráfico y pese a sus recientes reveses manejan cientos de millones de dólares y amenazan con extender su influencia a Panamá, Brasil, Venezuela y Perú. Hace algunos años se descubrió la fabricación de un submarino en Colombia para el transporte de armamentos y drogas, lo que demuestra el poderío de este grupo.
Claro que a Washington esto no le conviene, porque el actual esquema de “guerra antidrogas” le ha servido de pretexto para fortalecer su presencia militar en la región. Allí, probablemente, esté la raíz de esta obstinada política de “tolerancia cero”.
P.D.- Esta columna regresa el martes 17 de febrero tras cortas vacaciones.
LA RAZON
Pero lo cierto es que el modelo de “guerra antidrogas” impuesto por Estados Unidos a Latinoamérica en las últimas tres décadas ha derivado en mayores beneficios a los grandes cárteles que a la sociedad que se pretende defender. Esta política otorga un virtual monopolio a los narcotraficantes, que ante la limitación de la competencia venden drogas por diez o veinte veces más de lo que costarían en un entorno legal. Según la ONU, obtienen US$400.000 millones anuales de ganancia, un 8% del comercio mundial, comparable al que genera la industria de textiles.
Quizá, aprovechando la propuesta del alcalde Sierra, haya llegado la hora de hacer preguntas “políticamente incorrectas” ¿Si la cocaína y la marihuana se despenalizaran, como ocurrió con el alcohol, no desaparecerían las mafias? ¿No sería más provechoso invertir los miles de millones de dólares que hoy se gastan inútilmente en combatir la oferta, en educar a la gente sobre los daños que ocasionan las adicciones y en ayudar a los cocaleros a sustituir cultivos en gran escala?
Actualmente el 80% de muertes relacionadas con drogas se deben a la falta de acceso a dosis estandarizadas, lo que no ocurriría si se fabricaran dentro de los controles propios de un mercado legal. Se podría aplicar un alto impuesto al consumo, que lo desaliente, igual que con el tabaco, y con esos fondos hacer campañas contra la drogadicción en hospitales, hogares y colegios.
Lo más importante es que se daría un golpe mortal y de raíz a los cárteles, como ocurrió cuando se legalizó en EE.UU. el consumo del alcohol, que durante la Gran Prohibición de los ‘20 permitió hacerse multimillonarios a mafiosos como Al Capone. Y se acabaría con el poder corruptor del narcotráfico en la política.
También se desactivaría la bomba de tiempo en la que se ha convertido Latinoamérica, especialmente Colombia, donde las FARC, financiadas por el narcotráfico y pese a sus recientes reveses manejan cientos de millones de dólares y amenazan con extender su influencia a Panamá, Brasil, Venezuela y Perú. Hace algunos años se descubrió la fabricación de un submarino en Colombia para el transporte de armamentos y drogas, lo que demuestra el poderío de este grupo.
Claro que a Washington esto no le conviene, porque el actual esquema de “guerra antidrogas” le ha servido de pretexto para fortalecer su presencia militar en la región. Allí, probablemente, esté la raíz de esta obstinada política de “tolerancia cero”.
P.D.- Esta columna regresa el martes 17 de febrero tras cortas vacaciones.
LA RAZON
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