¡Hay que hacer algo y ya! Según ha advertido el jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., Jorge Montoya, existen en el país más de 450 empresas de seguridad que trabajan sin ninguna regulación, lo cual es realmente gravísimo, pues revela que estamos a la merced de un enorme mercado de espionaje que opera con total inescrupulosidad e impunidad.
Tal situación es inaceptable. No se trata solo de Business Track (BTR), que operó sin supervisión desde el 2003. La realidad resultó mucho más peligrosa, en la que centenares de empresas, bajo la fachada de vigilancia o seguridad, han entrado en una competencia totalmente descontrolada para ofrecer todo tipo de servicios vedados por la ley, desde la interceptación de teléfonos y correos electrónicos hasta el más burdo chantaje a empresas, políticos o personas naturales.
Lo peor de todo es que las autoridades supuestamente encargadas de fiscalizar, en un intolerable juego del Gran Bonetón, se echan la culpa una a otra. Así, la Dicscamec (Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil) señala que correspondía al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) supervisar a BTR por dedicarse esta al ámbito de las telecomunicaciones. En tanto, el titular del MTC, Enrique Cornejo, declaró que no tiene potestad para investigar a las empresas de seguridad, “pues las empresas de espionaje no piden permiso al Estado para funcionar”.
Hay que diferenciar entre empresas de seguridad, protección física, resguardo y vigilancia, que por estar vinculadas con uso de armas deben ser controladas por Interior y la Dicscamec. Existen otras de seguridad electrónica, relacionadas con documentos informáticos y redes electrónicas; algunas que hacen análisis de inteligencia y prospectiva empresarial; y otras híbridas con todo tipo de servicios que incluyen espionaje y extorsión.
Todas ellas deben supervisadas por entidades del Estado, que deben asumir su responsabilidad compartida si es necesario. Tenemos que poder orden. Los peruanos no podemos resignarnos a vivir bajo la espada de Damocles, de ser espiados quién sabe por quién y para qué protervos fines, sin que nadie haga nada por evitarlo. Menos podemos aceptar, como dice otro ministro socarronamente, que no se debe hablar cosas importantes por teléfono. ¿Y entonces de qué hablaremos?
Aceptar dicha hipótesis significaría que las autoridades están claudicando y se rinden ante la acción de mafias que pisotean nuestros elementales derechos a la privacidad y al secreto de las comunicaciones, con lo que el Estado perdería su razón de ser.
En tan delicada coyuntura, debemos seguir bregando por el retorno a la ley, el orden y el sentido común, en lo que la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial y la Dinandro están cumpliendo una destacable labor , que debe ser apoyada por las más altas instancias del Gobierno, para desbaratar las mafias de “chuponeo”.
Igualmente, es necesaria la colaboración de las principales empresas de telefonía, que no pueden eludir su responsabilidad en el tramado técnico-operativo. A su turno, la Marina de Guerra debe informar al país sobre su personal, en actividad o en retiro, que trabaja en empresas de seguridad, y ejercer mayor control sobre dichas actividades.
Tal situación es inaceptable. No se trata solo de Business Track (BTR), que operó sin supervisión desde el 2003. La realidad resultó mucho más peligrosa, en la que centenares de empresas, bajo la fachada de vigilancia o seguridad, han entrado en una competencia totalmente descontrolada para ofrecer todo tipo de servicios vedados por la ley, desde la interceptación de teléfonos y correos electrónicos hasta el más burdo chantaje a empresas, políticos o personas naturales.
Lo peor de todo es que las autoridades supuestamente encargadas de fiscalizar, en un intolerable juego del Gran Bonetón, se echan la culpa una a otra. Así, la Dicscamec (Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil) señala que correspondía al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) supervisar a BTR por dedicarse esta al ámbito de las telecomunicaciones. En tanto, el titular del MTC, Enrique Cornejo, declaró que no tiene potestad para investigar a las empresas de seguridad, “pues las empresas de espionaje no piden permiso al Estado para funcionar”.
Hay que diferenciar entre empresas de seguridad, protección física, resguardo y vigilancia, que por estar vinculadas con uso de armas deben ser controladas por Interior y la Dicscamec. Existen otras de seguridad electrónica, relacionadas con documentos informáticos y redes electrónicas; algunas que hacen análisis de inteligencia y prospectiva empresarial; y otras híbridas con todo tipo de servicios que incluyen espionaje y extorsión.
Todas ellas deben supervisadas por entidades del Estado, que deben asumir su responsabilidad compartida si es necesario. Tenemos que poder orden. Los peruanos no podemos resignarnos a vivir bajo la espada de Damocles, de ser espiados quién sabe por quién y para qué protervos fines, sin que nadie haga nada por evitarlo. Menos podemos aceptar, como dice otro ministro socarronamente, que no se debe hablar cosas importantes por teléfono. ¿Y entonces de qué hablaremos?
Aceptar dicha hipótesis significaría que las autoridades están claudicando y se rinden ante la acción de mafias que pisotean nuestros elementales derechos a la privacidad y al secreto de las comunicaciones, con lo que el Estado perdería su razón de ser.
En tan delicada coyuntura, debemos seguir bregando por el retorno a la ley, el orden y el sentido común, en lo que la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial y la Dinandro están cumpliendo una destacable labor , que debe ser apoyada por las más altas instancias del Gobierno, para desbaratar las mafias de “chuponeo”.
Igualmente, es necesaria la colaboración de las principales empresas de telefonía, que no pueden eludir su responsabilidad en el tramado técnico-operativo. A su turno, la Marina de Guerra debe informar al país sobre su personal, en actividad o en retiro, que trabaja en empresas de seguridad, y ejercer mayor control sobre dichas actividades.
No hay comentarios:
Publicar un comentario