Un gobierno como el actual, que convoca persistentemente al capital extranjero y alienta las inversiones, no necesariamente tiene que convertirse en autoridad débil o temerosa a la hora de hacer respetar la Constitución y la ley.
Pensamos que en el tema energético a Palacio le falta más firmeza y coherencia, específicamente en casos como el de la nulidad de la venta de Petro-Tech y el engaño del que son víctimas las industrias conexas. Incluso aquellas empresas que buscan generar electricidad usando como insumo el gas natural, pues éstas son desalentadas de hacerlo cuando se les dice que ya no hay gas.
Entonces existen dos temas en los cuales el presidente Alan García necesita hacer serios esfuerzos de esclarecimiento. En primer lugar, cuando un respetable parlamentario como Miguel Guevara Trelles, a la vez compañero de partido del jefe de Estado, señala que la venta de Petro-Terch a colombianos y coreanos es ficticia, ya que la referida petrolera sólo tiene un contrato de servicio con el Estado peruano y, por ende, no es dueña de las plataformas petroleras. Ello se suma a antiguos desaguisados protagonizados entre el Estado y Petro-Tech, es decir situaciones irregulares que vienen desde noviembre de 1993, cuando ésta fue “autorizada” a operar en nuestro país. Al respecto, un informe del Congreso de la República halló delitos en el contrato de concesión con Petro-Tech. Sin embargo hasta ahora la Comisión de Energía y Minas del Parlamento lo tiene encarpetado. Recordemos también que en junio del año pasado una subcomisión del Legislativo investigó la concesión de lotes petroleros durante la década del noventa y encontró indicios de ilícitos penales que comprometían a funcionarios de Petroperú y de Petro-Tech, en especial sobre el lote Z-2B. El informe está a la espera de ser debatido. ¿Hasta cuándo habrá que esperar?
En segundo lugar, hay otro caso que afecta los intereses nacionales y es el de la inoperancia del Ministerio de Energía y Minas para poner las cosas claras en cuanto a la expansión del gas natural. Es inminente la falta de este hidrocarburo para abastecer a la industria, e inclusive a la actividad petroquímica. Si no hay la distribución adecuada, ¿qué va a ser de megaproyectos como el del consorcio Petroperú-Petrobras? ¿Quedarán solo en el papel? Por eso le toca al gobierno cruzar el Rubicón para corregir lo mal que procedió en el tema del gas el régimen toledista y renegociar el contrato con el Consorcio Camisea a fin de priorizar la venta de gas al mercado interno y reducir la cuota de exportación (a México, EE UU y, por supuesto en medio de maniobras, a Chile).
No poner firmeza en el asunto de la venta nula de Petro-Tech, por cierto, encima sospechosa del financiamiento del “chuponeo”, nos haría pensar que probablemente el gobierno estaría extorsionado por algún “audio” o video aún no difundido. Asimismo, no poner coherencia en el tema del gas para destinarlo el mercado interno, haría creer que hay hipocresía en Palacio pues por un lado desde allí se dice promover el uso masivo del gas; sin embargo por el otro se deja que el Consorcio Camisea haga lo que quiera, inclusive contra el beneficio de miles de industriales y millones de peruanos que sí verían afectados sus costos en la medida en que no dispongan de mayor cantidad de gas natural para su consumo diario. ¿Acabará esta riqueza nacional como otras (salitre, guano o caucho), malbaratada y sin traernos desarrollo ni prosperidad
EXPRESO
Pensamos que en el tema energético a Palacio le falta más firmeza y coherencia, específicamente en casos como el de la nulidad de la venta de Petro-Tech y el engaño del que son víctimas las industrias conexas. Incluso aquellas empresas que buscan generar electricidad usando como insumo el gas natural, pues éstas son desalentadas de hacerlo cuando se les dice que ya no hay gas.
Entonces existen dos temas en los cuales el presidente Alan García necesita hacer serios esfuerzos de esclarecimiento. En primer lugar, cuando un respetable parlamentario como Miguel Guevara Trelles, a la vez compañero de partido del jefe de Estado, señala que la venta de Petro-Terch a colombianos y coreanos es ficticia, ya que la referida petrolera sólo tiene un contrato de servicio con el Estado peruano y, por ende, no es dueña de las plataformas petroleras. Ello se suma a antiguos desaguisados protagonizados entre el Estado y Petro-Tech, es decir situaciones irregulares que vienen desde noviembre de 1993, cuando ésta fue “autorizada” a operar en nuestro país. Al respecto, un informe del Congreso de la República halló delitos en el contrato de concesión con Petro-Tech. Sin embargo hasta ahora la Comisión de Energía y Minas del Parlamento lo tiene encarpetado. Recordemos también que en junio del año pasado una subcomisión del Legislativo investigó la concesión de lotes petroleros durante la década del noventa y encontró indicios de ilícitos penales que comprometían a funcionarios de Petroperú y de Petro-Tech, en especial sobre el lote Z-2B. El informe está a la espera de ser debatido. ¿Hasta cuándo habrá que esperar?
En segundo lugar, hay otro caso que afecta los intereses nacionales y es el de la inoperancia del Ministerio de Energía y Minas para poner las cosas claras en cuanto a la expansión del gas natural. Es inminente la falta de este hidrocarburo para abastecer a la industria, e inclusive a la actividad petroquímica. Si no hay la distribución adecuada, ¿qué va a ser de megaproyectos como el del consorcio Petroperú-Petrobras? ¿Quedarán solo en el papel? Por eso le toca al gobierno cruzar el Rubicón para corregir lo mal que procedió en el tema del gas el régimen toledista y renegociar el contrato con el Consorcio Camisea a fin de priorizar la venta de gas al mercado interno y reducir la cuota de exportación (a México, EE UU y, por supuesto en medio de maniobras, a Chile).
No poner firmeza en el asunto de la venta nula de Petro-Tech, por cierto, encima sospechosa del financiamiento del “chuponeo”, nos haría pensar que probablemente el gobierno estaría extorsionado por algún “audio” o video aún no difundido. Asimismo, no poner coherencia en el tema del gas para destinarlo el mercado interno, haría creer que hay hipocresía en Palacio pues por un lado desde allí se dice promover el uso masivo del gas; sin embargo por el otro se deja que el Consorcio Camisea haga lo que quiera, inclusive contra el beneficio de miles de industriales y millones de peruanos que sí verían afectados sus costos en la medida en que no dispongan de mayor cantidad de gas natural para su consumo diario. ¿Acabará esta riqueza nacional como otras (salitre, guano o caucho), malbaratada y sin traernos desarrollo ni prosperidad
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