Por: Mariella Balbi Periodista
La política peruana cuenta con varios cotos de caza que se repiten a lo largo de la historia: el ya resuelto conflicto con el Ecuador ocupó ¡más de 50 años nuestra atención! Opiniones, muchísimas páginas de publicaciones, comentarios y enervamientos acompañaron la vida nacional. Ahora queda el impasse con Chile sobre los límites marítimos, todos esperamos que tenga el mismo final que lo ocurrido con el vecino del norte. Internamente, la marcha azarosa y deficiente del Poder Judicial y del Congreso son temas recurrentes, es inevitable no ocuparse de ellos. Cuando se tuvo que nombrar al defensor del Pueblo, la falta de consenso fue un karma, el Parlamento baloteó y maltrató a varios candidatos. Igual pasa con la necesaria designación de un nuevo contralor.
La pequeña historia enseña que sin un acuerdo previo cualquier candidato saldrá bien chamuscado. En estas circunstancias se puede comprender la desconfianza y la aprehensión parlamentaria: la primera candidata mintió como le vino en gana. Trasladar esto al segundo candidato, Edmundo Beteta, resulta injusto y políticamente no rentable, porque los argumentos caen en la pequeñez y la vendetta política, lo que deja de lado el bosque: la transparencia en el manejo de los dineros públicos. Valgan verdades, el Apra y el Ejecutivo han contribuido a desdibujar la imagen de la contraloría al presentarla como un obstáculo para las inversiones y despreciar el consenso se han disparado a los pies. El tiro es doble con la propuesta del Ejecutivo de modificar algunas competencias de la contraloría, lo que la deja sin autoridad.
El ex contralor ha pedido que le señalen un solo caso en el que la institución haya demorado o paralizado una inversión, añadiendo que en Brasil la contraloría sí puede hacerlo. En el Perú esta solo interviene antes cuando se trata de compras militares y cuando el Estado participa con las “platitas” de los peruanos, lo que suena lógico porque cuando se firma un contrato no se puede ni debe deshacer. El control posterior (ex post) es una suerte de auditoría, detecta problemas pero no paraliza. Si la inversión pública es lenta es porque no hay gerentes en el Estado; el sueldo es bajo. No tener contralor es ponernos al nivel de países africanos (con el perdón de la hermosa África), deteniendo lo que se quiere: la inversión extranjera. O tal vez —como señalan los malpensados— el Gobierno no quiere tener un contralor. De ser cierto, ese tercer disparo sería mortal.
La política peruana cuenta con varios cotos de caza que se repiten a lo largo de la historia: el ya resuelto conflicto con el Ecuador ocupó ¡más de 50 años nuestra atención! Opiniones, muchísimas páginas de publicaciones, comentarios y enervamientos acompañaron la vida nacional. Ahora queda el impasse con Chile sobre los límites marítimos, todos esperamos que tenga el mismo final que lo ocurrido con el vecino del norte. Internamente, la marcha azarosa y deficiente del Poder Judicial y del Congreso son temas recurrentes, es inevitable no ocuparse de ellos. Cuando se tuvo que nombrar al defensor del Pueblo, la falta de consenso fue un karma, el Parlamento baloteó y maltrató a varios candidatos. Igual pasa con la necesaria designación de un nuevo contralor.
La pequeña historia enseña que sin un acuerdo previo cualquier candidato saldrá bien chamuscado. En estas circunstancias se puede comprender la desconfianza y la aprehensión parlamentaria: la primera candidata mintió como le vino en gana. Trasladar esto al segundo candidato, Edmundo Beteta, resulta injusto y políticamente no rentable, porque los argumentos caen en la pequeñez y la vendetta política, lo que deja de lado el bosque: la transparencia en el manejo de los dineros públicos. Valgan verdades, el Apra y el Ejecutivo han contribuido a desdibujar la imagen de la contraloría al presentarla como un obstáculo para las inversiones y despreciar el consenso se han disparado a los pies. El tiro es doble con la propuesta del Ejecutivo de modificar algunas competencias de la contraloría, lo que la deja sin autoridad.
El ex contralor ha pedido que le señalen un solo caso en el que la institución haya demorado o paralizado una inversión, añadiendo que en Brasil la contraloría sí puede hacerlo. En el Perú esta solo interviene antes cuando se trata de compras militares y cuando el Estado participa con las “platitas” de los peruanos, lo que suena lógico porque cuando se firma un contrato no se puede ni debe deshacer. El control posterior (ex post) es una suerte de auditoría, detecta problemas pero no paraliza. Si la inversión pública es lenta es porque no hay gerentes en el Estado; el sueldo es bajo. No tener contralor es ponernos al nivel de países africanos (con el perdón de la hermosa África), deteniendo lo que se quiere: la inversión extranjera. O tal vez —como señalan los malpensados— el Gobierno no quiere tener un contralor. De ser cierto, ese tercer disparo sería mortal.
No hay comentarios:
Publicar un comentario