Debido a la profundidad de la recesión internacional que debe durar por lo menos un año más, era siempre un riesgo que hicieran su reaparición en la escena mundial los jinetes del apocalipsis, tal como lo han hecho en depresiones en el pasado y que tanto daño han causado. El nacionalismo económico, que siempre cabalga acompañado del proteccionismo comercial y del intervencionismo estatal, está nuevamente poniéndose en boga debido a la magnitud de la crisis que vienen sufriendo muchos países. Es casi hepática la reacción de algunos –cuando las cosas no marchan– de refugiarse en la autarquía y en la expropiación, ya que con ello retrasan aún más la recuperación. Debemos evitar por todos los medios caer en el facilismo del populismo y la intervención.
Felizmente, el Gobierno ha demostrado temple y no ha cedido ante la primera tentación que le mostraron. El caso de Doe Run era para muchos, incluso al más alto nivel gubernamental, una apetitosa manzana para demostrar la capacidad y voluntad de la intervención estatal. Con una ligereza, bordeando en criminal negligencia, se consideraba que el Estado, es decir todos los peruanos, podíamos con facilidad asumir el complejo manejo de una fundición minera en una de las ciudades más contaminadas del planeta y, voilà, asunto solucionado. Incluso la corriente a favor de la intervención clamaba que de esa manera evitaban tanto el riesgo al programa de mejora ambiental como la amenaza de desempleo en Cerro de Pasco. Estoy seguro de que, de haber prosperado esa tendencia, el resultado hubiera sido todo lo contrario.
Para empezar, basta evaluar el desempeño de las empresas públicas, todas las cuales son más ineficientes que sus pares o competidoras en el sector privado. Por tanto, no había justificación alguna para considerar seriamente que el manejo de esa operación en manos públicas hubiera mejorado. Más aun, debemos recordar que el problema de la contaminación en esa ciudad se agravó tremendamente durante los 25 años de Centromín, empresa estatal, la cual en todas sus operaciones dejó un enorme pasivo ambiental. No tengo duda de que, si el Estado entraba, la situación hubiera empeorado y todos los peruanos íbamos a tener que pagar la cuantiosa cuenta de una inevitable quiebra con los espantosos problemas sociales y ambientales que se hubieran generado.
Por ello, el acuerdo final que se ha logrado ha sido muy adecuado y el Estado ha cumplido exitosamente con su rol mediador, buscando influenciar y acercar posiciones para que se pongan de acuerdo los privados. Es función del Gobierno el asegurar, dentro de lo posible, que se mantenga el nivel de empleo e inversión. Por tanto, si un accionista no puede cumplir con su obligación, debe –a través de los procesos de insolvencia o simplemente vía su poder de persuasión– tratar de lograr que sea reemplazado por otro en mejor situación.
PERU 21
Felizmente, el Gobierno ha demostrado temple y no ha cedido ante la primera tentación que le mostraron. El caso de Doe Run era para muchos, incluso al más alto nivel gubernamental, una apetitosa manzana para demostrar la capacidad y voluntad de la intervención estatal. Con una ligereza, bordeando en criminal negligencia, se consideraba que el Estado, es decir todos los peruanos, podíamos con facilidad asumir el complejo manejo de una fundición minera en una de las ciudades más contaminadas del planeta y, voilà, asunto solucionado. Incluso la corriente a favor de la intervención clamaba que de esa manera evitaban tanto el riesgo al programa de mejora ambiental como la amenaza de desempleo en Cerro de Pasco. Estoy seguro de que, de haber prosperado esa tendencia, el resultado hubiera sido todo lo contrario.
Para empezar, basta evaluar el desempeño de las empresas públicas, todas las cuales son más ineficientes que sus pares o competidoras en el sector privado. Por tanto, no había justificación alguna para considerar seriamente que el manejo de esa operación en manos públicas hubiera mejorado. Más aun, debemos recordar que el problema de la contaminación en esa ciudad se agravó tremendamente durante los 25 años de Centromín, empresa estatal, la cual en todas sus operaciones dejó un enorme pasivo ambiental. No tengo duda de que, si el Estado entraba, la situación hubiera empeorado y todos los peruanos íbamos a tener que pagar la cuantiosa cuenta de una inevitable quiebra con los espantosos problemas sociales y ambientales que se hubieran generado.
Por ello, el acuerdo final que se ha logrado ha sido muy adecuado y el Estado ha cumplido exitosamente con su rol mediador, buscando influenciar y acercar posiciones para que se pongan de acuerdo los privados. Es función del Gobierno el asegurar, dentro de lo posible, que se mantenga el nivel de empleo e inversión. Por tanto, si un accionista no puede cumplir con su obligación, debe –a través de los procesos de insolvencia o simplemente vía su poder de persuasión– tratar de lograr que sea reemplazado por otro en mejor situación.
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