Presiones de ONG’s consiguieron pena máxima, a pesar de que tribunal solo quería aplicar “homicidio por omisión”
Víctor Alvarado
La sala penal especial de la Corte Suprema, que preside el vocal supremo César San Martín Castro, hundió en el descrédito a la justicia peruana e incurrió en grave prevaricato, al condenar al ex presidente de la República, Alberto Fujimori, a la pena de 25 años de pena privativa de libertad, en base a indicios (“pruebas indiciarias” los denomina) y no en base a hechos probatorios, conforme el propio tribunal lo ha reconocido en su resolución final leída este martes en la 161 audiencia, la última del megajuicio.
La sentencia aplicó una sanción mayor de la que esperaban sus propios corifeos ubicados en las llamadas ONG de derechos humanos, la fiscalía acusadora y abogados de la parte civil, quienes daban por descontado que el colegiado aplicaría una condena de 15 años por el delito de homicidio por omisión y no por comisión, debido a la contundente falta de hechos probatorios de que el ex presidente haya aplicado una “guerra sucia”, creado el grupo Colina y ordenado la ejecución de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta.
Los abogados Ronald Gamarra y Carlos Rivera, los más conspicuos del grupo de abogados alquilados por las llamadas ONG de DDHH en los últimos días ya hablaban resignadamente de que lo importante es que lo condenen, aunque sea por el delito de homicidio por omisión, y en esta dirección se alineaban otros, como los letrados César Azabache y Aníbal Quiroga.
Testigos de oídas
Los vocales de la Corte Suprema convirtieron en pruebas todos los dichos de testigos, la mayoría de ellos ex agentes del llamado grupo Colina, acogidos además a la colaboración eficaz, que de manera unánime reconocieron que sabían de oídas (ejemplo “Martin Rivas me dijo...”) que el ex presidente Fujimori había conocido y aprobado los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta; pero nunca admitieron, en los exigentes interrogatorios a que fueron sometidos por los propios miembros del tribunal y del abogado de la defensa, César Nakazaki, que no les constaba lo que informaban haber escuchado de oídas.
El tribunal, igualmente, convirtió en pruebas más de 500 documentos supuestamente probatorios, que no tenían carácter de tales, porque en su mayor parte se trataban de copias fotostáticas sin membrete, ni firmas, ni sellos u otro signo que le diera legalidad y valor, como por ejemplo el llamado “Plan Cipango”, reivindicado por la sentencia como una prueba, que como en el propio debate quedó evidenciado, se trata de apuntes personales del ex agente del grupo Colina, Marcos Flores Albán (a) “Maflo”.
Los juzgadores no valoraron en absoluto la condición de “colaboradores eficaces” en que se convirtieron los ex agentes del grupo Colina aportados como testigos por el Ministerio Público, como el mencionado “Maflo”, Jorge Enrique Ortiz Mantas, Pablo Andrés Atúncar Cama, Héctor Gamarra Mamani y Hércules Gómez Casanova, entre otros, quienes por presiones de los abogados de las ONG aceptaron el beneficio de la citada colaboración eficaz a cambio de acusar al ex presidente Fujimori y recibir una pena benigna.
A pesar del compromiso de acusar al ex mandatario, ninguno acusó a Fujimori de haberlo visto ejercitando la función de jefe del grupo Colina, o de haberles dado órdenes alguna vez para cometer homicidios.
“Colaboradores eficaces”
Al hecho de tratarse de testigos de oídas se sumaba sus condiciones de testigos presionados o condicionados y en ninguna justicia del mundo este tipo de colaboradores son válidos, pero en el marco de la estrategia de condenar “sí o sí” a Fujimori, la sala penal suprema acogió y validó sus testimonios.
Los “colaboradores eficaces” recibieron los beneficios acordados y todos ellos han recibido penas de prisión efectiva entre 7 y 15 años de prisión, a pesar de estar comprobadas sus participaciones como autores directos de los homicidios de los 15 pobladores de Barrios Altos, los 9 estudiantes y un profesor de La Cantuta, del periodista Pedro Yauri, la desaparición de campesinos de El Santa, ocurridos entre 1991 y 1992, de la familia Ventocilla, en Huaura; las desapariciones de Fortunato Gómez Palomino; de dos personas en el distrito Ate Vitarte; y de cuatro personas en Paramonga.
Otro exabrupto antijurídico y prevaricador es la resolución de la sentencia que declara que las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta no eran “terroristas”, lo cual es una verdad a medias, porque las declaraciones en el megajuicio de los propios agentes de inteligencia, Douglas Pascual Arteaga y José Tena Jacinto, infiltrados en la célula terrorista de Barrios Altos y en La Cantuta, varias de las víctimas sí lo eran.
Hasta la fecha no se ha hecho una investigación que ponga los hechos en su exacto nivel, lo cual no significa que por el hecho de ser terroristas, se tenga que justificar sus muertes alevosas a cargo de un grupo militar que se apartó de la directiva 003-01- 92 de pacificación impartida por el ex presidente Fujimori, de combatir el terrorismo con pleno respeto de los derechos humanos.
Alegato de Fujimori
Los vocales juzgadores, al respecto, no han valorado la serie de evidencias surgidas en el curso del megajuicio, reveladores de que el llamado grupo Colina estaba formado por militares procedentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) que fueron sacados de esta estructura por la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dinte), la que solo daba cuenta de sus actos a los comandantes generales Artemio Palomino Toledo (1991) y Nicolás Hermoza Ríos (1992), pero no al ex presidente Fujimori.
La sala en su parte resolutiva incurre en una suposición al asegurar que por el hecho de que Montesinos se reunía con regularidad con los ex comandantes generales del Ejército, Palomino Toledo y Hermoza Ríos, durante la lucha contra el terrorismo, tenía que haber mantenido algún tipo de coordinación con el ex presidente Fujimori, porque era su asesor personal en materia de inteligencia. Este supuesto “indicio” lo ha convertido en prueba, lo que por supuesto no ocurre en ninguna justicia del mundo.
El defensor de Fujimori, doctor César Nakazaki, ha expresado al respecto, en el curso de su alegato, que no hubo un Estado criminal porque no hubo una estrategia antisubversiva de “guerra sucia”, y que lo que sí hubo fue un órgano del Estado como el “SIE” que aplicó inconsultamente métodos de ‘guerra sucia’ en el combate contra el terrorismo, sin conocimiento del ex presidente, y que estos hechos nunca le fueron informados por Montesinos ni por Hermoza.
El propio ex presidente en su alegato ratificó este argumento de su abogado defensor, al expresar:
“Niego las órdenes específicas que en un inicio me imputaban con respecto a las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, y las órdenes verbales, ya sea la orden inicial y genérica que ahora se me atribuye con el fin de sostener su acusación y de hacerla encajar en su nueva teoría para incriminarme, y más aún niego haber dado órdenes verbales de carácter militar-operativo, menos para un asesinato”.
Pero esta confesión de un inocente no vale, lo que sí vale son las presiones de las ONG internacionales, más conocidas como el “caviaraje internacional”, que son las verdaderas financiadoras del megajuicio, y los que le han impuesto un fallo de esta naturaleza al tribunal “caviar” que preside San Martín, devenido finalmente en apéndice de esas ONG.
Lo que estas ONG se empeñan en ocultar es que necesitan urgentemente una condena de esta magnitud para justificar las millonarias y jugosas asignaciones que reciben de parte de fundaciones y gobiernos de Europa y EEUU, y éstas los proporcionan a cambio de exoneración de impuestos y otras exenciones, antes que por una convicción auténtica de la defensa de los derechos humanos.
Víctor Alvarado
La sala penal especial de la Corte Suprema, que preside el vocal supremo César San Martín Castro, hundió en el descrédito a la justicia peruana e incurrió en grave prevaricato, al condenar al ex presidente de la República, Alberto Fujimori, a la pena de 25 años de pena privativa de libertad, en base a indicios (“pruebas indiciarias” los denomina) y no en base a hechos probatorios, conforme el propio tribunal lo ha reconocido en su resolución final leída este martes en la 161 audiencia, la última del megajuicio.
La sentencia aplicó una sanción mayor de la que esperaban sus propios corifeos ubicados en las llamadas ONG de derechos humanos, la fiscalía acusadora y abogados de la parte civil, quienes daban por descontado que el colegiado aplicaría una condena de 15 años por el delito de homicidio por omisión y no por comisión, debido a la contundente falta de hechos probatorios de que el ex presidente haya aplicado una “guerra sucia”, creado el grupo Colina y ordenado la ejecución de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta.
Los abogados Ronald Gamarra y Carlos Rivera, los más conspicuos del grupo de abogados alquilados por las llamadas ONG de DDHH en los últimos días ya hablaban resignadamente de que lo importante es que lo condenen, aunque sea por el delito de homicidio por omisión, y en esta dirección se alineaban otros, como los letrados César Azabache y Aníbal Quiroga.
Testigos de oídas
Los vocales de la Corte Suprema convirtieron en pruebas todos los dichos de testigos, la mayoría de ellos ex agentes del llamado grupo Colina, acogidos además a la colaboración eficaz, que de manera unánime reconocieron que sabían de oídas (ejemplo “Martin Rivas me dijo...”) que el ex presidente Fujimori había conocido y aprobado los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta; pero nunca admitieron, en los exigentes interrogatorios a que fueron sometidos por los propios miembros del tribunal y del abogado de la defensa, César Nakazaki, que no les constaba lo que informaban haber escuchado de oídas.
El tribunal, igualmente, convirtió en pruebas más de 500 documentos supuestamente probatorios, que no tenían carácter de tales, porque en su mayor parte se trataban de copias fotostáticas sin membrete, ni firmas, ni sellos u otro signo que le diera legalidad y valor, como por ejemplo el llamado “Plan Cipango”, reivindicado por la sentencia como una prueba, que como en el propio debate quedó evidenciado, se trata de apuntes personales del ex agente del grupo Colina, Marcos Flores Albán (a) “Maflo”.
Los juzgadores no valoraron en absoluto la condición de “colaboradores eficaces” en que se convirtieron los ex agentes del grupo Colina aportados como testigos por el Ministerio Público, como el mencionado “Maflo”, Jorge Enrique Ortiz Mantas, Pablo Andrés Atúncar Cama, Héctor Gamarra Mamani y Hércules Gómez Casanova, entre otros, quienes por presiones de los abogados de las ONG aceptaron el beneficio de la citada colaboración eficaz a cambio de acusar al ex presidente Fujimori y recibir una pena benigna.
A pesar del compromiso de acusar al ex mandatario, ninguno acusó a Fujimori de haberlo visto ejercitando la función de jefe del grupo Colina, o de haberles dado órdenes alguna vez para cometer homicidios.
“Colaboradores eficaces”
Al hecho de tratarse de testigos de oídas se sumaba sus condiciones de testigos presionados o condicionados y en ninguna justicia del mundo este tipo de colaboradores son válidos, pero en el marco de la estrategia de condenar “sí o sí” a Fujimori, la sala penal suprema acogió y validó sus testimonios.
Los “colaboradores eficaces” recibieron los beneficios acordados y todos ellos han recibido penas de prisión efectiva entre 7 y 15 años de prisión, a pesar de estar comprobadas sus participaciones como autores directos de los homicidios de los 15 pobladores de Barrios Altos, los 9 estudiantes y un profesor de La Cantuta, del periodista Pedro Yauri, la desaparición de campesinos de El Santa, ocurridos entre 1991 y 1992, de la familia Ventocilla, en Huaura; las desapariciones de Fortunato Gómez Palomino; de dos personas en el distrito Ate Vitarte; y de cuatro personas en Paramonga.
Otro exabrupto antijurídico y prevaricador es la resolución de la sentencia que declara que las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta no eran “terroristas”, lo cual es una verdad a medias, porque las declaraciones en el megajuicio de los propios agentes de inteligencia, Douglas Pascual Arteaga y José Tena Jacinto, infiltrados en la célula terrorista de Barrios Altos y en La Cantuta, varias de las víctimas sí lo eran.
Hasta la fecha no se ha hecho una investigación que ponga los hechos en su exacto nivel, lo cual no significa que por el hecho de ser terroristas, se tenga que justificar sus muertes alevosas a cargo de un grupo militar que se apartó de la directiva 003-01- 92 de pacificación impartida por el ex presidente Fujimori, de combatir el terrorismo con pleno respeto de los derechos humanos.
Alegato de Fujimori
Los vocales juzgadores, al respecto, no han valorado la serie de evidencias surgidas en el curso del megajuicio, reveladores de que el llamado grupo Colina estaba formado por militares procedentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) que fueron sacados de esta estructura por la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dinte), la que solo daba cuenta de sus actos a los comandantes generales Artemio Palomino Toledo (1991) y Nicolás Hermoza Ríos (1992), pero no al ex presidente Fujimori.
La sala en su parte resolutiva incurre en una suposición al asegurar que por el hecho de que Montesinos se reunía con regularidad con los ex comandantes generales del Ejército, Palomino Toledo y Hermoza Ríos, durante la lucha contra el terrorismo, tenía que haber mantenido algún tipo de coordinación con el ex presidente Fujimori, porque era su asesor personal en materia de inteligencia. Este supuesto “indicio” lo ha convertido en prueba, lo que por supuesto no ocurre en ninguna justicia del mundo.
El defensor de Fujimori, doctor César Nakazaki, ha expresado al respecto, en el curso de su alegato, que no hubo un Estado criminal porque no hubo una estrategia antisubversiva de “guerra sucia”, y que lo que sí hubo fue un órgano del Estado como el “SIE” que aplicó inconsultamente métodos de ‘guerra sucia’ en el combate contra el terrorismo, sin conocimiento del ex presidente, y que estos hechos nunca le fueron informados por Montesinos ni por Hermoza.
El propio ex presidente en su alegato ratificó este argumento de su abogado defensor, al expresar:
“Niego las órdenes específicas que en un inicio me imputaban con respecto a las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, y las órdenes verbales, ya sea la orden inicial y genérica que ahora se me atribuye con el fin de sostener su acusación y de hacerla encajar en su nueva teoría para incriminarme, y más aún niego haber dado órdenes verbales de carácter militar-operativo, menos para un asesinato”.
Pero esta confesión de un inocente no vale, lo que sí vale son las presiones de las ONG internacionales, más conocidas como el “caviaraje internacional”, que son las verdaderas financiadoras del megajuicio, y los que le han impuesto un fallo de esta naturaleza al tribunal “caviar” que preside San Martín, devenido finalmente en apéndice de esas ONG.
Lo que estas ONG se empeñan en ocultar es que necesitan urgentemente una condena de esta magnitud para justificar las millonarias y jugosas asignaciones que reciben de parte de fundaciones y gobiernos de Europa y EEUU, y éstas los proporcionan a cambio de exoneración de impuestos y otras exenciones, antes que por una convicción auténtica de la defensa de los derechos humanos.
1 comentario:
ME alegro mucho por mi pais!!!, nuestro sufrido Perú!!!!. Al fin se hace justicia, Fujimori es un asesino, perseguidor de consciencias!!!!. Y su hija Keiko por nada del mundo debe ganar las elecciones!!!!!, no podemos ser tan tontos de dejar que el asqueroso fujimorismo regrese!!!. Keiko tu deberias trabajar gratis para el Perú porque tu estudiaste en USA gracias a nosotros los peruanos!!!!!!. Y encima cobras como congresista!!!, que sinverguenza eres!!!!. Debiste apoyar asi a tu madre cuando Fujimori la torturaba y tu no hiciste nada!!!. K clase de hija eres????????, esta es la presidenta que queremos para el Perú??????, como dice el refran cria cuervos y te sacaran los ojos. Ademas acuerdense que Susana Higuchi era una señora acomodada, quien ayudó a financiar la campaña de Fujimori que siempre fue un pobre diablo!!!. Y está donde debería estar!!!. Viva la Justicia!!!!, Viva el Perú!!!!!.
Y para los que dicen ay q Fujimori derrotó el terrorismo!!!, Fujimori sacó al pais adelante!!!, acuerdense que en el año 2000 nos dejó en la bancarrota. Ya suficiente le pagamos TODOOOOOO, LE HEMOS PAGADO TODO CON INTERESES!!!!!. Y además como presidente tiene el deber de cumplir con nosotros para eso cobra!!!!, y cobraba millones. Aliado de Montesinos para favorecer el narcotrafico!!!!!, x eso se pudre en plata!!!
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