¿Las empresas de agua potable y saneamiento del país operan bajo gestiones eficientes? La pregunta es legítima y oportuna porque los usuarios tienen derecho a recibir un servicio responsable y serio. Mucho más cuando las tarifas suben y cuando no hay un correlato empresarial orientado a reducir costos innecesarios, burocracias excesivas o eliminar métodos de administración obsoletos.
La modernización e innovación al interior de las empresas de saneamiento, sean estas públicas, privadas o mixtas, es una necesidad urgente.
Sabido es que sobre este asunto existe un ente regulador: la Sunass (Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento), encargada de supervisar y fiscalizar la prestación de los servicios de agua y desagüe en el Perú. De acuerdo, esto suena muy bonito pero nada sustituirá la palabra, opinión y la propia preocupación de millones de usuarios de tan importante servicio público, los que no pueden quedarse reducidos a un papel pasivo o ser relegados como simples convidados de piedra en una tarea encaminada a mejorar la calidad.
Ahora, en función de la nueva Ley de Recursos Hídricos, y ante la creación de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), se tendrá que redefinir una serie de roles, mucho más cuando el ANA velará por la gestión de la calidad del agua. Para nadie es un secreto que el líquido elemento que actualmente consumimos no cumple los estándares internacionales en materia de calidad para la ingesta humana (principalmente en el interior del país). Preparémonos por eso para exigir cambios urgentes en la gestión y tecnología que utilizan los concesionarios y, en general, las empresas de saneamiento, porque habrá multas si es que no se avanza en la calidad del agua. Y si por ahí se dice que el precio que se paga por este servicio es reducido, pensando seguramente que las alzas de tarifas podrían solucionar los desperfectos de gestión de las prestadoras, la verdad es que sería injusto trasladar a los usuarios y ciudadanos el costo de la inversión que deberían realizar los inversores y a lo que están obligados.
Además de las reformas que tendrán que hacer las prestadoras del servicio, y a fin de evitar que en las principales ciudades se siga desperdiciando el agua potable a causa de cañerías malogradas o de sistemas de represamiento o riego inadecuados, todos deberíamos entender que la Ley de Recursos Hídricos por primera vez ha reconocido el valor económico de este bien, el que a la vez es patrimonio de la nación, tal como sucede en países desarrollados donde ya se ha tomado conciencia de que el agua es un líquido escaso y que, a medida que pase el tiempo, su valor será mayor. Tampoco olvidemos que organismos especializados, entre ellos la FAO (Fondo para la Agricultura y la Alimentación), colocan al Perú como el país más vulnerable a la escasez de agua para la próxima década. Entonces el Estado, las empresas, los ciudadanos de la urbe y del campo, deberían hacer todo lo posible por usar racionalmente el agua, la misma que se nos debería entregar bajo los parámetros aceptables de calidad.
EXPRESO
La modernización e innovación al interior de las empresas de saneamiento, sean estas públicas, privadas o mixtas, es una necesidad urgente.
Sabido es que sobre este asunto existe un ente regulador: la Sunass (Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento), encargada de supervisar y fiscalizar la prestación de los servicios de agua y desagüe en el Perú. De acuerdo, esto suena muy bonito pero nada sustituirá la palabra, opinión y la propia preocupación de millones de usuarios de tan importante servicio público, los que no pueden quedarse reducidos a un papel pasivo o ser relegados como simples convidados de piedra en una tarea encaminada a mejorar la calidad.
Ahora, en función de la nueva Ley de Recursos Hídricos, y ante la creación de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), se tendrá que redefinir una serie de roles, mucho más cuando el ANA velará por la gestión de la calidad del agua. Para nadie es un secreto que el líquido elemento que actualmente consumimos no cumple los estándares internacionales en materia de calidad para la ingesta humana (principalmente en el interior del país). Preparémonos por eso para exigir cambios urgentes en la gestión y tecnología que utilizan los concesionarios y, en general, las empresas de saneamiento, porque habrá multas si es que no se avanza en la calidad del agua. Y si por ahí se dice que el precio que se paga por este servicio es reducido, pensando seguramente que las alzas de tarifas podrían solucionar los desperfectos de gestión de las prestadoras, la verdad es que sería injusto trasladar a los usuarios y ciudadanos el costo de la inversión que deberían realizar los inversores y a lo que están obligados.
Además de las reformas que tendrán que hacer las prestadoras del servicio, y a fin de evitar que en las principales ciudades se siga desperdiciando el agua potable a causa de cañerías malogradas o de sistemas de represamiento o riego inadecuados, todos deberíamos entender que la Ley de Recursos Hídricos por primera vez ha reconocido el valor económico de este bien, el que a la vez es patrimonio de la nación, tal como sucede en países desarrollados donde ya se ha tomado conciencia de que el agua es un líquido escaso y que, a medida que pase el tiempo, su valor será mayor. Tampoco olvidemos que organismos especializados, entre ellos la FAO (Fondo para la Agricultura y la Alimentación), colocan al Perú como el país más vulnerable a la escasez de agua para la próxima década. Entonces el Estado, las empresas, los ciudadanos de la urbe y del campo, deberían hacer todo lo posible por usar racionalmente el agua, la misma que se nos debería entregar bajo los parámetros aceptables de calidad.
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