Venimos insistiendo en que la lucha frente a las facciones terroristas diseminadas en el VRAE implica, al mismo tiempo, la acción contundente del Estado contra el narcotráfico. Igualmente, desde esta casa editora afirmamos que las mafias de narcotraficantes permanecerán intactas si es que no se les bloquea el uso de insumos químicos y si no se ataca directamente a los mecanismos financieros, tales como el lavado de activos y dinero, bien montados con astucia por los cabecillas de este ilícito negocio.
En tal sentido, apoyados en opiniones de especialistas, hemos propuesto en varias oportunidades que se consolide la voluntad política del régimen en lo que respecta al combate al narcotráfico. Sin una firme decisión gubernamental, no habrá éxito alguno ya que solo se arañará, improvisadamente, la epidermis del grueso pellejo de ese monstruo corruptor que no es otra cosa que la transnacional de la cocaína.
Por ejemplo, en materia de incautación de insumos, el control del diésel-1 (kerosene) debería ser la acción más inmediata y fácil de acometer. Ahora bien, en vista de que sólo el Estado puede impedir que el 2% de los insumos químicos llegue a manos de las redes de narcos, no queda otra alternativa que usar el sentido común, al menos en cuanto se refiere al principal y más voluminoso insumo para elaborar pasta básica (PBC) y el clorhidrato de cocaína, vale decir sobre el kerosene, cuya incautación –pese a ser un combustible fácil de detectar por los millones de galones que se transportan– no ha dado hasta la fecha resultados positivos. Y el sentido común nos dice que lo mejor es sustituir el diésel-1 por el gas licuado de petróleo (GLP), plan éste que comprometería recursos del Estado por un monto de US$ 5 millones a fin de ejecutarlo exitosamente.
Por fortuna el Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha decidido cruzar el Rubicón y llevar a la práctica la decisión de sustituir el kerosene por el GLP. Es más, ya se cuenta con la resolución suprema respectiva que contempla esta medida como parte de la visión integral que se debe tener en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, por lo que la referida sustitución se iniciará en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE), cuenca donde actualmente se produce la mayor cantidad de clorhidrato de cocaína que sale principalmente con destino a Europa y Asia.
¿Qué significa esto? Que las familias de esos lugares rurales recibirían gratuitamente una cocina de gas con su respectivo balón de GLP. Por supuesto que este programa es importante pero, obviamente, los narcos tratarán de trasladarse en masa a otras regiones (Cusco, Pucallpa o Puno), por lo que habrá que diseñar la necesidad de expandir ese plan de sustitución a otras zonas altoandinas que son a la vez productoras de la hoja de coca. De modo que tiene que quedar claro que en las actuales circunstancias de emergencia nacional frente a la lucha contra el terrorismo y las mafias de narcóticos, y si nos proponemos evitar que el Perú se convierta en un narco-Estado, el subsidio directo a los campesinos y agricultores pobres no puede dejarse de lado.
EL COMERCIO
En tal sentido, apoyados en opiniones de especialistas, hemos propuesto en varias oportunidades que se consolide la voluntad política del régimen en lo que respecta al combate al narcotráfico. Sin una firme decisión gubernamental, no habrá éxito alguno ya que solo se arañará, improvisadamente, la epidermis del grueso pellejo de ese monstruo corruptor que no es otra cosa que la transnacional de la cocaína.
Por ejemplo, en materia de incautación de insumos, el control del diésel-1 (kerosene) debería ser la acción más inmediata y fácil de acometer. Ahora bien, en vista de que sólo el Estado puede impedir que el 2% de los insumos químicos llegue a manos de las redes de narcos, no queda otra alternativa que usar el sentido común, al menos en cuanto se refiere al principal y más voluminoso insumo para elaborar pasta básica (PBC) y el clorhidrato de cocaína, vale decir sobre el kerosene, cuya incautación –pese a ser un combustible fácil de detectar por los millones de galones que se transportan– no ha dado hasta la fecha resultados positivos. Y el sentido común nos dice que lo mejor es sustituir el diésel-1 por el gas licuado de petróleo (GLP), plan éste que comprometería recursos del Estado por un monto de US$ 5 millones a fin de ejecutarlo exitosamente.
Por fortuna el Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha decidido cruzar el Rubicón y llevar a la práctica la decisión de sustituir el kerosene por el GLP. Es más, ya se cuenta con la resolución suprema respectiva que contempla esta medida como parte de la visión integral que se debe tener en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, por lo que la referida sustitución se iniciará en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE), cuenca donde actualmente se produce la mayor cantidad de clorhidrato de cocaína que sale principalmente con destino a Europa y Asia.
¿Qué significa esto? Que las familias de esos lugares rurales recibirían gratuitamente una cocina de gas con su respectivo balón de GLP. Por supuesto que este programa es importante pero, obviamente, los narcos tratarán de trasladarse en masa a otras regiones (Cusco, Pucallpa o Puno), por lo que habrá que diseñar la necesidad de expandir ese plan de sustitución a otras zonas altoandinas que son a la vez productoras de la hoja de coca. De modo que tiene que quedar claro que en las actuales circunstancias de emergencia nacional frente a la lucha contra el terrorismo y las mafias de narcóticos, y si nos proponemos evitar que el Perú se convierta en un narco-Estado, el subsidio directo a los campesinos y agricultores pobres no puede dejarse de lado.
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