Por: Otto Guibovich*
Partamos de dos premisas: más del 90% de la población del VRAE vive de la coca y, de otro lado, casi todos los agricultores dedicados al cultivo de la hoja de coca son pobres.
La estrategia general del Estado Peruano para el VRAE contempla una acción integral contra el terrorismo, el narcotráfico y una acción social contra la extrema pobreza que, en esta parte de la patria, alcanza niveles alarmantes. Diríamos que el enfoque general es el correcto, a partir del cual deben diseñarse las estrategias en cada uno de los campos y niveles.
Para el éxito en el combate contra el terrorismo, hay cuando menos dos condiciones básicas que alcanzan la categoría de axiomáticas por irrebatibles: hay que ganar el apoyo de la población y se debe generar inteligencia puntual, especialmente de carácter predictiva; en ambos casos la población se constituye en eje principal. Después de todo, en este tipo de conflictos, la población es el campo de batalla. Ahora bien, muchos coincidimos en que es el narcotráfico el verdadero motor logístico de los narcoterroristas, entonces combatirlos se hace prioritario. Pero tengamos en cuenta que el tráfico de narcóticos es casi el final de una cadena que empieza con el agricultor y sus sembríos de hojas de coca. En otras palabras, es el verdadero origen del problema y no el síntoma; con la clara salvedad que el campesino en sí no es narcotraficante, pues no procesa ni trafica droga, simplemente cultiva una planta reaccionando a las fuerzas de la oferta y la demanda. Muchos de ellos también lo hacen por cultura ancestral para el consumo humano.
La erradicación forzada de coca reafirmaría a los cocaleros como parte del problema y sería fácil perder la adhesión de aquellos cercanos a las fuerzas del orden y al Estado, o volcarlas al otro extremo si es que su posición es ambigua o neutra. ¿Cómo entonces dar solución a este dilema?
Creemos además que la estrategia indirecta de estrangulamiento de insumos químicos —que tiene efecto directo sobre el procesamiento y no sobre el cultivo— es comúnmente entendida y aceptada como una vía obligada del Estado, y que tendrá efecto rápido sobre la producción de drogas, es decir, sobre la capacidad de oferta, e indirectamente hará subir el precio de la droga, pero baja el precio de la hoja de la coca, al no haber capacidad de procesamiento. De todas formas, deberán reducirse los campos de cultivo por ser el eslabón inicial de un fenómeno mayor.
La propuesta va en el sentido de que debemos ganar la adhesión de los cocaleros y lograr que sean aliados del Estado. Una solución sería la fórmula que podríamos denominar “subvención por erradicación”. Se trata de un esquema en el que los agricultores puedan autoerradicar los plantíos de coca y recibir durante un período que estimamos en dos años una subvención del Estado, por el trabajo a realizar y por el tiempo que les tome iniciar un nuevo proceso de cultivos alternativos. En esta formula los agricultores tendrían cómo sobrevivir mientras trabajan erradicando la coca y luego reconvierten sus tierras a una producción legal que el Estado apoyaría en la etapa de la comercialización.
Puede ser difícil, pero el camino sería seguro. Recordemos que es esta población la que permitirá la victoria final, como lo hicieron los pueblos liderados por Suzano Mendoza, “Centurión”, “Lagarto”, “Zorro”, “Antonio”, “Cobra” y tantos otros comandos anónimos en jornadas memorables. La formalización de los agricultores cocaleros sería parte de una alianza que logre incorporarlos al sentido del Estado. Permitiría además una visión común de la coca que no puede seguir siendo bendita para algunos y maldita para otros.
Todos, incluyendo los cocaleros, debemos entender por igual el catastrófico efecto de la coca en la sociedad en su conjunto y, peor aún, como sustento de la violencia terrorista que tantas vidas le significa a la nación. Pero la decisión política está tomada. Nos corresponde a quienes tenemos cargos en el Ejecutivo, continuar la búsqueda de alternativas que sean viables y que permitan operativizar las decisiones e intenciones. Esta puede ser una a mediano plazo.
(*) Comandante general del Ejército
EL COMERCIO
Partamos de dos premisas: más del 90% de la población del VRAE vive de la coca y, de otro lado, casi todos los agricultores dedicados al cultivo de la hoja de coca son pobres.
La estrategia general del Estado Peruano para el VRAE contempla una acción integral contra el terrorismo, el narcotráfico y una acción social contra la extrema pobreza que, en esta parte de la patria, alcanza niveles alarmantes. Diríamos que el enfoque general es el correcto, a partir del cual deben diseñarse las estrategias en cada uno de los campos y niveles.
Para el éxito en el combate contra el terrorismo, hay cuando menos dos condiciones básicas que alcanzan la categoría de axiomáticas por irrebatibles: hay que ganar el apoyo de la población y se debe generar inteligencia puntual, especialmente de carácter predictiva; en ambos casos la población se constituye en eje principal. Después de todo, en este tipo de conflictos, la población es el campo de batalla. Ahora bien, muchos coincidimos en que es el narcotráfico el verdadero motor logístico de los narcoterroristas, entonces combatirlos se hace prioritario. Pero tengamos en cuenta que el tráfico de narcóticos es casi el final de una cadena que empieza con el agricultor y sus sembríos de hojas de coca. En otras palabras, es el verdadero origen del problema y no el síntoma; con la clara salvedad que el campesino en sí no es narcotraficante, pues no procesa ni trafica droga, simplemente cultiva una planta reaccionando a las fuerzas de la oferta y la demanda. Muchos de ellos también lo hacen por cultura ancestral para el consumo humano.
La erradicación forzada de coca reafirmaría a los cocaleros como parte del problema y sería fácil perder la adhesión de aquellos cercanos a las fuerzas del orden y al Estado, o volcarlas al otro extremo si es que su posición es ambigua o neutra. ¿Cómo entonces dar solución a este dilema?
Creemos además que la estrategia indirecta de estrangulamiento de insumos químicos —que tiene efecto directo sobre el procesamiento y no sobre el cultivo— es comúnmente entendida y aceptada como una vía obligada del Estado, y que tendrá efecto rápido sobre la producción de drogas, es decir, sobre la capacidad de oferta, e indirectamente hará subir el precio de la droga, pero baja el precio de la hoja de la coca, al no haber capacidad de procesamiento. De todas formas, deberán reducirse los campos de cultivo por ser el eslabón inicial de un fenómeno mayor.
La propuesta va en el sentido de que debemos ganar la adhesión de los cocaleros y lograr que sean aliados del Estado. Una solución sería la fórmula que podríamos denominar “subvención por erradicación”. Se trata de un esquema en el que los agricultores puedan autoerradicar los plantíos de coca y recibir durante un período que estimamos en dos años una subvención del Estado, por el trabajo a realizar y por el tiempo que les tome iniciar un nuevo proceso de cultivos alternativos. En esta formula los agricultores tendrían cómo sobrevivir mientras trabajan erradicando la coca y luego reconvierten sus tierras a una producción legal que el Estado apoyaría en la etapa de la comercialización.
Puede ser difícil, pero el camino sería seguro. Recordemos que es esta población la que permitirá la victoria final, como lo hicieron los pueblos liderados por Suzano Mendoza, “Centurión”, “Lagarto”, “Zorro”, “Antonio”, “Cobra” y tantos otros comandos anónimos en jornadas memorables. La formalización de los agricultores cocaleros sería parte de una alianza que logre incorporarlos al sentido del Estado. Permitiría además una visión común de la coca que no puede seguir siendo bendita para algunos y maldita para otros.
Todos, incluyendo los cocaleros, debemos entender por igual el catastrófico efecto de la coca en la sociedad en su conjunto y, peor aún, como sustento de la violencia terrorista que tantas vidas le significa a la nación. Pero la decisión política está tomada. Nos corresponde a quienes tenemos cargos en el Ejecutivo, continuar la búsqueda de alternativas que sean viables y que permitan operativizar las decisiones e intenciones. Esta puede ser una a mediano plazo.
(*) Comandante general del Ejército
EL COMERCIO
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