La abrupta y polémica intervención de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) en Panamericana Televisión, así como su inmediata contramarcha son una muestra clara de lo que puede pasar cuando las autoridades no actúan a tiempo o no miden el efecto de sus decisiones.
El malhadado episodio ha afectado al país y al sistema político, además de evidenciar la fragilidad institucional. Luego, es muy malo que ahora se retomen vías de solución concursal (Indecopi) solo cuando el administrador tributario (Alberto Cabello) renuncia y por presión de la opinión pública.
Más allá de la posible buena fe de la Sunat, voceros de la oposición y reconocidos juristas han hecho ver no solo la endeblez legal de la intervención —justo cuando era inminente un pronunciamiento judicial—, sino también sus sospechas sobre una posible injerencia política gubernamental, con graves repercusiones en los ámbitos de la libertad de expresión, la gestión empresarial y la seguridad jurídica.
Sin embargo, el problema no ha concluido y el jefe de la Sunat ha invocado al Indecopi a dar rápido trámite al pedido de insolvencia, lo cual sigue siendo un paliativo mientras la administración del canal queda en un riesgoso limbo de indefinición e incertidumbre, que no debe prolongarse ni servir de base para disponer arbitrariamente de la señal.
En este ambiente, ayer mismo el presidente del Poder Judicial, doctor Javier Villa Stein, exhortó a los jueces a cargo del caso a asumir su responsabilidad y actuar con celeridad pero también con autonomía. Es hora de que este poder haga su propio mea culpa y actúe con urgencia y consecuencia, sin permitir más jugarretas ni traspiés de ningún tipo.
En verdad, como lo hemos señalado antes, el caótico estado de cosas en el canal es consecuencia principalmente del desorden, la indolencia y hasta la lenidad de algunos magistrados, que permitieron dilaciones y polémicas medidas cautelares sin pronunciarse hasta ahora sobre el fondo del asunto.
Dura es la ley pero debe cumplirse. Mientras se hace más urgente el pronunciamiento de las autoridades concursales y judiciales, no podemos soslayar el problema ético, político y social de fondo.
Como es público, existe un tedioso problema de propiedad (entre personajes que se coludieron con Montesinos y vendieron su línea editorial) y de manejo de un medio de comunicación masivo, lo que genera una sensibilidad especial en la ya preocupada opinión pública.
En tan delicada coyuntura, hay graves responsabilidades que deben ser asumidas.
Antes que nada, debe explicarse al país cómo fue el proceso fallido de intervención de la Sunat y por qué fallaron los controles constitucionales, jurídicos y operativos, con tanto daño para la nación.
A las autoridades del Indecopi y, sobre todo del Poder Judicial, siempre dentro del orden constitucional y el marco legal necesario, les corresponde acabar con este zafarrancho que ha dejado tan mal parados a la Sunat y al Gobierno del que depende.
EL COMERCIO
El malhadado episodio ha afectado al país y al sistema político, además de evidenciar la fragilidad institucional. Luego, es muy malo que ahora se retomen vías de solución concursal (Indecopi) solo cuando el administrador tributario (Alberto Cabello) renuncia y por presión de la opinión pública.
Más allá de la posible buena fe de la Sunat, voceros de la oposición y reconocidos juristas han hecho ver no solo la endeblez legal de la intervención —justo cuando era inminente un pronunciamiento judicial—, sino también sus sospechas sobre una posible injerencia política gubernamental, con graves repercusiones en los ámbitos de la libertad de expresión, la gestión empresarial y la seguridad jurídica.
Sin embargo, el problema no ha concluido y el jefe de la Sunat ha invocado al Indecopi a dar rápido trámite al pedido de insolvencia, lo cual sigue siendo un paliativo mientras la administración del canal queda en un riesgoso limbo de indefinición e incertidumbre, que no debe prolongarse ni servir de base para disponer arbitrariamente de la señal.
En este ambiente, ayer mismo el presidente del Poder Judicial, doctor Javier Villa Stein, exhortó a los jueces a cargo del caso a asumir su responsabilidad y actuar con celeridad pero también con autonomía. Es hora de que este poder haga su propio mea culpa y actúe con urgencia y consecuencia, sin permitir más jugarretas ni traspiés de ningún tipo.
En verdad, como lo hemos señalado antes, el caótico estado de cosas en el canal es consecuencia principalmente del desorden, la indolencia y hasta la lenidad de algunos magistrados, que permitieron dilaciones y polémicas medidas cautelares sin pronunciarse hasta ahora sobre el fondo del asunto.
Dura es la ley pero debe cumplirse. Mientras se hace más urgente el pronunciamiento de las autoridades concursales y judiciales, no podemos soslayar el problema ético, político y social de fondo.
Como es público, existe un tedioso problema de propiedad (entre personajes que se coludieron con Montesinos y vendieron su línea editorial) y de manejo de un medio de comunicación masivo, lo que genera una sensibilidad especial en la ya preocupada opinión pública.
En tan delicada coyuntura, hay graves responsabilidades que deben ser asumidas.
Antes que nada, debe explicarse al país cómo fue el proceso fallido de intervención de la Sunat y por qué fallaron los controles constitucionales, jurídicos y operativos, con tanto daño para la nación.
A las autoridades del Indecopi y, sobre todo del Poder Judicial, siempre dentro del orden constitucional y el marco legal necesario, les corresponde acabar con este zafarrancho que ha dejado tan mal parados a la Sunat y al Gobierno del que depende.
EL COMERCIO
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