Por: Jorge Chediek*
Las mediciones tradicionales del desarrollo no consideraban los temas ambientales. Se partía de la premisa que los recursos de nuestro planeta eran básicamente infinitos y que su utilización a favor del progreso material podía por lo tanto acometerse sin restricciones.
Sin embargo, ya en la década de 1960 se hacía evidente que el nivel de utilización de nuestros recursos se tornaba insostenible. La población mundial había pasado de 1.650 millones aproximadamente, a principios del siglo XX, a más de 3.000 millones en los años 60, y la buena nueva del creciente progreso económico tenía la contracara de un uso acelerado de los medios ambientales. Este progreso se estaba logrando a costa del agua limpia, la pureza de la atmósfera, la estabilidad de los ecosistemas.
Así, desde principio de los años 70 se fue forjando un sistema internacional de acuerdos para proteger este patrimonio común. Estos instrumentos intentaron establecer un orden mundial orientado al desarrollo sostenible y la preservación de los bienes públicos comunes a través del intercambio de información, la transferencia de recursos financieros y tecnológicos, y la corresponsabilidad de todas las naciones.
Pese a este creciente consenso, todavía hay mucho por hacer. La población mundial se calcula hoy en más de 6.800 millones, con legítimas aspiraciones de progreso material y las demandas sobre los recursos son cada vez mayores. Día tras día la ciencia nos informa que la acción humana está produciendo daños ambientales más serios.
En lo positivo, también se constata que la acción colectiva emprendida a tiempo puede mitigar y aun revertir dichos efectos negativos. Ejemplos como el Protocolo de Montreal, que básicamente ha erradicado el uso de sustancias que destruyen la capa de ozono, o la acción internacional para preservar especies en extinción demuestran que la voluntad común puede generar soluciones reales.
La comunidad internacional está en proceso de negociar la respuesta al mayor desafío ambiental global, a saber las causas y efectos del calentamiento global y el cambio climático. En diciembre de este año, una conferencia global en Copenhague buscará establecer el mecanismo de respuesta global para reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, y para apoyar las necesidades de adaptación a las consecuencias del cambio climático en las naciones en desarrollo. Es indispensable que se concrete ese acuerdo.
Naciones como el Perú deben considerar este emergente orden ambiental internacional como una oportunidad de generar nuevos modelos de desarrollo. La activa participación de la diplomacia peruana y del Ministerio del Ambiente otorga al país un importante espacio en estas negociaciones.
En efecto, se abrirán posibilidades de acceder a fondos que apoyen la introducción a gran escala de nuevas tecnologías energéticas limpias, así como recursos financieros para adaptarse a los cambios del clima. Asimismo, el acuerdo seguramente incluirá la compensación para evitar la deforestación, y así capitalizar en forma sostenible y creativa, el extraordinario patrimonio de la Amazonía peruana.
En suma, la inacción no es una opción.
(*) Representante residente del PNUD en el Perú
EL COMERCIO
Las mediciones tradicionales del desarrollo no consideraban los temas ambientales. Se partía de la premisa que los recursos de nuestro planeta eran básicamente infinitos y que su utilización a favor del progreso material podía por lo tanto acometerse sin restricciones.
Sin embargo, ya en la década de 1960 se hacía evidente que el nivel de utilización de nuestros recursos se tornaba insostenible. La población mundial había pasado de 1.650 millones aproximadamente, a principios del siglo XX, a más de 3.000 millones en los años 60, y la buena nueva del creciente progreso económico tenía la contracara de un uso acelerado de los medios ambientales. Este progreso se estaba logrando a costa del agua limpia, la pureza de la atmósfera, la estabilidad de los ecosistemas.
Así, desde principio de los años 70 se fue forjando un sistema internacional de acuerdos para proteger este patrimonio común. Estos instrumentos intentaron establecer un orden mundial orientado al desarrollo sostenible y la preservación de los bienes públicos comunes a través del intercambio de información, la transferencia de recursos financieros y tecnológicos, y la corresponsabilidad de todas las naciones.
Pese a este creciente consenso, todavía hay mucho por hacer. La población mundial se calcula hoy en más de 6.800 millones, con legítimas aspiraciones de progreso material y las demandas sobre los recursos son cada vez mayores. Día tras día la ciencia nos informa que la acción humana está produciendo daños ambientales más serios.
En lo positivo, también se constata que la acción colectiva emprendida a tiempo puede mitigar y aun revertir dichos efectos negativos. Ejemplos como el Protocolo de Montreal, que básicamente ha erradicado el uso de sustancias que destruyen la capa de ozono, o la acción internacional para preservar especies en extinción demuestran que la voluntad común puede generar soluciones reales.
La comunidad internacional está en proceso de negociar la respuesta al mayor desafío ambiental global, a saber las causas y efectos del calentamiento global y el cambio climático. En diciembre de este año, una conferencia global en Copenhague buscará establecer el mecanismo de respuesta global para reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, y para apoyar las necesidades de adaptación a las consecuencias del cambio climático en las naciones en desarrollo. Es indispensable que se concrete ese acuerdo.
Naciones como el Perú deben considerar este emergente orden ambiental internacional como una oportunidad de generar nuevos modelos de desarrollo. La activa participación de la diplomacia peruana y del Ministerio del Ambiente otorga al país un importante espacio en estas negociaciones.
En efecto, se abrirán posibilidades de acceder a fondos que apoyen la introducción a gran escala de nuevas tecnologías energéticas limpias, así como recursos financieros para adaptarse a los cambios del clima. Asimismo, el acuerdo seguramente incluirá la compensación para evitar la deforestación, y así capitalizar en forma sostenible y creativa, el extraordinario patrimonio de la Amazonía peruana.
En suma, la inacción no es una opción.
(*) Representante residente del PNUD en el Perú
EL COMERCIO
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