Demagogos y politiqueros como el presidente de Bolivia, Evo Morales, o el dirigente de un sector de las comunidades nativas localeras nos distrajeron esta semana frente a un asunto grave relacionado con la seguridad en las cárceles del país.
La noticia de la fuga –por la puerta principal nada menos– de 44 presos de los 200 que había en el penal de Bagua Grande (región Amazonas), pone nuevamente en agenda la urgencia de acelerar reformas en la administración penitenciaria nacional, en la que está directamente comprometido el sector Justicia y, en menor medida, está la responsabilidad del Ministerio del Interior por cuanto hay penales que figuran bajo su jurisdicción.
El hecho ocurrió a las 6 am del último sábado 30 de mayo en el centro penitenciario San Humberto de Bagua Grande; lugar donde la vigilancia policial era insuficiente, por lo que fue reducida fácilmente por un grupo de reclusos. Todo plan de contingencia, de reacción inmediata para evitar este tipo de acontecimientos, sencillamente no existía, demostrándose así la incapacidad del Inpe y de la PNP para brindar las mínimas garantías de seguridad en los penales de provincias. Inclusive hoy no se tienen informaciones sobre las capturas que se hayan concretado a seis días de esa fuga masiva, poniendo de esta manera en mayor zozobra a la población de la provincia de Utcubamba y de los caseríos que rodean esta circunscripción de la región Amazonas. Por cierto a esta hora es muy probable que muchos fugitivos se encuentren muy lejos y repartidos en distintas direcciones del país.
Es el momento de que las autoridades salgan del desconcierto que suele pasmarlos cuando se producen estas acciones protagonizadas por malhechores que pueblan las cárceles, y –reconociendo el grado supino de negligencia que les asiste– se dediquen a recapturar a los fugados así como a dar las explicaciones a la opinión pública, no sin antes sancionar ejemplarmente al alcaide y a los principales responsables del penal ubicado en Bagua Grande. Este tipo de malas noticias, que ponen en alarma a la ciudadanía en general, no deberían quedar como un precedente envuelto en la más completa impunidad administrativa.
En ese sentido, sin que se intente evadir las responsabilidades que le alcanzan al Inpe, que es el organismo rector, planificador y ejecutivo de la política penitenciaria del Perú, en este caso específico le compete mayor responsabilidad a la PNP, pues el referido penal está bajo su custodia y fueron dos los agentes de esta institución quienes fueron reducidos con armas blancas al momento que se realizaba el cambio de guardia y cuando abrían las puertas de algunos pabellones. Pero, ¿quién asumirá la responsabilidad política con relación a este escape, en el cual fugaron peligrosos sujetos procesados o sentenciados por delitos de homicidio calificado, secuestro, tráfico ilícito de drogas, hurto agravado y violación sexual, entre otros? Preocupa que estemos a mitad del segundo gobierno del presidente Alan García y aún no se aborden los problemas sustantivos que arrastran las cárceles del país.
EXPRESO
La noticia de la fuga –por la puerta principal nada menos– de 44 presos de los 200 que había en el penal de Bagua Grande (región Amazonas), pone nuevamente en agenda la urgencia de acelerar reformas en la administración penitenciaria nacional, en la que está directamente comprometido el sector Justicia y, en menor medida, está la responsabilidad del Ministerio del Interior por cuanto hay penales que figuran bajo su jurisdicción.
El hecho ocurrió a las 6 am del último sábado 30 de mayo en el centro penitenciario San Humberto de Bagua Grande; lugar donde la vigilancia policial era insuficiente, por lo que fue reducida fácilmente por un grupo de reclusos. Todo plan de contingencia, de reacción inmediata para evitar este tipo de acontecimientos, sencillamente no existía, demostrándose así la incapacidad del Inpe y de la PNP para brindar las mínimas garantías de seguridad en los penales de provincias. Inclusive hoy no se tienen informaciones sobre las capturas que se hayan concretado a seis días de esa fuga masiva, poniendo de esta manera en mayor zozobra a la población de la provincia de Utcubamba y de los caseríos que rodean esta circunscripción de la región Amazonas. Por cierto a esta hora es muy probable que muchos fugitivos se encuentren muy lejos y repartidos en distintas direcciones del país.
Es el momento de que las autoridades salgan del desconcierto que suele pasmarlos cuando se producen estas acciones protagonizadas por malhechores que pueblan las cárceles, y –reconociendo el grado supino de negligencia que les asiste– se dediquen a recapturar a los fugados así como a dar las explicaciones a la opinión pública, no sin antes sancionar ejemplarmente al alcaide y a los principales responsables del penal ubicado en Bagua Grande. Este tipo de malas noticias, que ponen en alarma a la ciudadanía en general, no deberían quedar como un precedente envuelto en la más completa impunidad administrativa.
En ese sentido, sin que se intente evadir las responsabilidades que le alcanzan al Inpe, que es el organismo rector, planificador y ejecutivo de la política penitenciaria del Perú, en este caso específico le compete mayor responsabilidad a la PNP, pues el referido penal está bajo su custodia y fueron dos los agentes de esta institución quienes fueron reducidos con armas blancas al momento que se realizaba el cambio de guardia y cuando abrían las puertas de algunos pabellones. Pero, ¿quién asumirá la responsabilidad política con relación a este escape, en el cual fugaron peligrosos sujetos procesados o sentenciados por delitos de homicidio calificado, secuestro, tráfico ilícito de drogas, hurto agravado y violación sexual, entre otros? Preocupa que estemos a mitad del segundo gobierno del presidente Alan García y aún no se aborden los problemas sustantivos que arrastran las cárceles del país.
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