LA CRISIS AMAZÓNICA Y LA REACCIÓN DE LA CANCILLERÍA
Por: Alejandro Deustua Internacionalista
El país acaba de albergar un movimiento de protesta con evidente dimensión internacional.
En efecto, en tanto los decretos legislativos que se cuestionan implementan el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, la nueva relación con esa potencia ha sido también arriesgada. Y dado que la modalidad violenta y delictiva de la protesta tiene parámetros e instrumentos ostensiblemente generados por el Gobierno Boliviano, la relación con ese país tendrá que ser revisada.
Finalmente, en tanto que los derechos de las minorías están en el centro de la cuestión y aquellos están asociados a problemas globales y al cumplimiento de normas internacionales esta aproximación debe ser mejor atendida por nuestra política exterior.
Si los decretos en cuestión normaban sustantivamente un hábitat (el ámbito forestal y de fauna) que afecta el modo de vida de un grupo humano y la forma de explotación económica de la región, el régimen de propiedad y de titulación correspondientes, es evidente que la consulta con los habitantes del área debió realizarse con mayor consistencia y prolijidad desde el principio.
Sin embargo, el corto plazo establecido para la implementación del tratado de libre comercio con Estados Unidos, el sentido de urgencia propio de la delegación de facultades legislativas y el predominio de la orientación tecnocrática de los implementadores conspiraron para devaluar la importancia de la consulta.
Ello no implica que un acuerdo trascendental para mejorar la inserción externa del Perú deba ser erosionado. Pero sí muestra que el TLC debe permitir mejorar los términos de su aplicación: si el tratamiento diferencial no fue adecuadamente considerado en la gestación del acuerdo, debe adoptarse como criterio fundamental en su aplicación.
La contraparte debe poder entenderlo teniendo en cuenta que las circunstancias actuales no son las de 1994. Entonces, a pesar de que un levantamiento mayor se produjo en el sur de México inmediatamente después de la suscripción del Nafta, este pudo implementarse y generar un extraordinario crecimiento exportador (y también problemas para el campo).
A diferencia de la insurgencia mexicana de 1994, que se gestó localmente, el movimiento contestario que hoy emerge en el Perú tiene fuerte imbricación externa.
El clima que ha contribuido a la violencia en la selva tiene origen en el Altiplano boliviano y el presidente Evo Morales ha contribuido a generarlo. No solo lo ha hecho personalmente, incitando a las comunidades indígenas a pasar de la rebelión a la revolución, sino que voceros de su partido el Movimiento al Socialismo (MAS) han confirmado que su proyecto consiste en erradicar a los gobiernos liberales de la región.
Esta agresión contra el orden interno de un vecino tiene que ser denunciada en la Organización de los Estados Americanos (OEA) y en las Naciones Unidas (ONU), y debe ser contenida en la región. Especialmente si el tratamiento internacional de los pueblos indígenas y tribales es distorsionado por maniqueas influencias ideológicas que complican la aplicación responsable de normas de inclusión, como las de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Nuestra política exterior debe recalibrarse al respecto más allá de la rápida y sensata respuesta informativa con la que ha reaccionado. Más aun cuando la percepción externa del Estado y el escenario interno han cambiado.
EL COMERCIO
Por: Alejandro Deustua Internacionalista
El país acaba de albergar un movimiento de protesta con evidente dimensión internacional.
En efecto, en tanto los decretos legislativos que se cuestionan implementan el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, la nueva relación con esa potencia ha sido también arriesgada. Y dado que la modalidad violenta y delictiva de la protesta tiene parámetros e instrumentos ostensiblemente generados por el Gobierno Boliviano, la relación con ese país tendrá que ser revisada.
Finalmente, en tanto que los derechos de las minorías están en el centro de la cuestión y aquellos están asociados a problemas globales y al cumplimiento de normas internacionales esta aproximación debe ser mejor atendida por nuestra política exterior.
Si los decretos en cuestión normaban sustantivamente un hábitat (el ámbito forestal y de fauna) que afecta el modo de vida de un grupo humano y la forma de explotación económica de la región, el régimen de propiedad y de titulación correspondientes, es evidente que la consulta con los habitantes del área debió realizarse con mayor consistencia y prolijidad desde el principio.
Sin embargo, el corto plazo establecido para la implementación del tratado de libre comercio con Estados Unidos, el sentido de urgencia propio de la delegación de facultades legislativas y el predominio de la orientación tecnocrática de los implementadores conspiraron para devaluar la importancia de la consulta.
Ello no implica que un acuerdo trascendental para mejorar la inserción externa del Perú deba ser erosionado. Pero sí muestra que el TLC debe permitir mejorar los términos de su aplicación: si el tratamiento diferencial no fue adecuadamente considerado en la gestación del acuerdo, debe adoptarse como criterio fundamental en su aplicación.
La contraparte debe poder entenderlo teniendo en cuenta que las circunstancias actuales no son las de 1994. Entonces, a pesar de que un levantamiento mayor se produjo en el sur de México inmediatamente después de la suscripción del Nafta, este pudo implementarse y generar un extraordinario crecimiento exportador (y también problemas para el campo).
A diferencia de la insurgencia mexicana de 1994, que se gestó localmente, el movimiento contestario que hoy emerge en el Perú tiene fuerte imbricación externa.
El clima que ha contribuido a la violencia en la selva tiene origen en el Altiplano boliviano y el presidente Evo Morales ha contribuido a generarlo. No solo lo ha hecho personalmente, incitando a las comunidades indígenas a pasar de la rebelión a la revolución, sino que voceros de su partido el Movimiento al Socialismo (MAS) han confirmado que su proyecto consiste en erradicar a los gobiernos liberales de la región.
Esta agresión contra el orden interno de un vecino tiene que ser denunciada en la Organización de los Estados Americanos (OEA) y en las Naciones Unidas (ONU), y debe ser contenida en la región. Especialmente si el tratamiento internacional de los pueblos indígenas y tribales es distorsionado por maniqueas influencias ideológicas que complican la aplicación responsable de normas de inclusión, como las de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Nuestra política exterior debe recalibrarse al respecto más allá de la rápida y sensata respuesta informativa con la que ha reaccionado. Más aun cuando la percepción externa del Estado y el escenario interno han cambiado.
EL COMERCIO
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