Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
Para el gobierno peruano el tamaño sí importa.
Una de las peores consecuencias del mamarracho con que el gobierno quiso ‘resolver’ la crisis de Panamericana es la ratificación de lo que todos los peruanos sabemos pero nos molesta cada vez que vuelve a ocurrir: no todos somos iguales ante la ley.
En el Perú, la ley se aplica con criterios diferentes de los que aprenden los estudiantes de derecho, los cuales son muy arbitrarios: cercanía al poder, influencia, tamaño, riqueza o, también, la acción de personas enquistadas en el sistema de toma de decisiones del Estado que están a la caza de oportunidades conflictivas para obtener un provecho particular.
Así, lo que todos se preguntan en estos días, a pesar de saber la respuesta, es por qué la Sunat, siempre tan rigurosa para exigir el pago puntual de los impuestos –lo cual está muy bien–, es, en cambio, tan prudente, tímida y delicada cuando enfrenta a tipos como Genaro Delgado Parker.
Con la mayor frescura, él conducía un canal de televisión debiéndole a la Sunat nada menos que S/.117 millones. Además, él decidía si un funcionario del Ministerio de Trabajo entraba a su empresa para supervisar el cumplimiento de las obligaciones laborales, o si acataba o no los fallos judiciales. Y las concesiones de telefonía celular que luego vendía en millones de dólares, las obtenía ‘gratis’ en el pasillo del ministerio.
Pero más insólita que su manera desalmada e inmoral de hacer negocios es que los gobiernos se lo permitieran. La explicación obvia radica en sus contactos políticos, en su capacidad de adular o chantajear al poder desde su canal, y en la usual promiscuidad de los políticos frente a estos tipos. Con la misma frescura con que le hacía ‘perro muerto’ a la Sunat, entraba a Palacio de Gobierno para abrazarse con los presidentes. Por ejemplo, con el actual y con el anterior.
Algunos medios creen, en efecto, que pueden vivir sin pagar impuestos o pagándolos con ‘buena prensa’. Pero no solo en el periodismo ocurre esto. ¿Por qué, por ejemplo, Doe Run puede seguir funcionando, tanto tiempo, sin el menor respeto a las leyes? Y, para no solo pensar en el Poder Ejecutivo sino en otros poderes del Estado, ¿por qué alguien tan comprobadamente culpable como Tula Benites va ganando en las cortes?
Esto ocurre porque el Estado actúa, con frecuencia, según el interés político del que lo controla. Pero, también, por el interés económico particular de políticos que dicen actuar por el bien común pero son, en la práctica, lobbistas de su propio bolsillo que aprovechan todo conflicto –sobre todo empresarial, donde hay más billete– como oportunidad para ‘ganarse alguito’. En este gobierno –como en todos– hay especímenes así. Se mueven como Pedro por su casa pero nadie les dice ni pío. Y encima los felicitan.
LA REPUBLICA
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
Para el gobierno peruano el tamaño sí importa.
Una de las peores consecuencias del mamarracho con que el gobierno quiso ‘resolver’ la crisis de Panamericana es la ratificación de lo que todos los peruanos sabemos pero nos molesta cada vez que vuelve a ocurrir: no todos somos iguales ante la ley.
En el Perú, la ley se aplica con criterios diferentes de los que aprenden los estudiantes de derecho, los cuales son muy arbitrarios: cercanía al poder, influencia, tamaño, riqueza o, también, la acción de personas enquistadas en el sistema de toma de decisiones del Estado que están a la caza de oportunidades conflictivas para obtener un provecho particular.
Así, lo que todos se preguntan en estos días, a pesar de saber la respuesta, es por qué la Sunat, siempre tan rigurosa para exigir el pago puntual de los impuestos –lo cual está muy bien–, es, en cambio, tan prudente, tímida y delicada cuando enfrenta a tipos como Genaro Delgado Parker.
Con la mayor frescura, él conducía un canal de televisión debiéndole a la Sunat nada menos que S/.117 millones. Además, él decidía si un funcionario del Ministerio de Trabajo entraba a su empresa para supervisar el cumplimiento de las obligaciones laborales, o si acataba o no los fallos judiciales. Y las concesiones de telefonía celular que luego vendía en millones de dólares, las obtenía ‘gratis’ en el pasillo del ministerio.
Pero más insólita que su manera desalmada e inmoral de hacer negocios es que los gobiernos se lo permitieran. La explicación obvia radica en sus contactos políticos, en su capacidad de adular o chantajear al poder desde su canal, y en la usual promiscuidad de los políticos frente a estos tipos. Con la misma frescura con que le hacía ‘perro muerto’ a la Sunat, entraba a Palacio de Gobierno para abrazarse con los presidentes. Por ejemplo, con el actual y con el anterior.
Algunos medios creen, en efecto, que pueden vivir sin pagar impuestos o pagándolos con ‘buena prensa’. Pero no solo en el periodismo ocurre esto. ¿Por qué, por ejemplo, Doe Run puede seguir funcionando, tanto tiempo, sin el menor respeto a las leyes? Y, para no solo pensar en el Poder Ejecutivo sino en otros poderes del Estado, ¿por qué alguien tan comprobadamente culpable como Tula Benites va ganando en las cortes?
Esto ocurre porque el Estado actúa, con frecuencia, según el interés político del que lo controla. Pero, también, por el interés económico particular de políticos que dicen actuar por el bien común pero son, en la práctica, lobbistas de su propio bolsillo que aprovechan todo conflicto –sobre todo empresarial, donde hay más billete– como oportunidad para ‘ganarse alguito’. En este gobierno –como en todos– hay especímenes así. Se mueven como Pedro por su casa pero nadie les dice ni pío. Y encima los felicitan.
LA REPUBLICA
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