Pusimos en el debate nacional el tema de fondo del D. S. 213-90-EF, instrumento normativo dirigido a mejorar los sueldos del personal de las fuerzas armadas y de la PNP. Pero un manto de silencios cómplices, ardides y desinformaciones fueron tejidos por sucesivos gobiernos contra la efectiva vigencia y aplicación de aquel decreto firmado por el presidente Alan García el 19 de julio de 1990, vale decir once días antes de culminar su primera gestión.
Paradójicamente, casi veinte años después, en la actual segunda administración aprista le ha tocado a la ministra del Interior –a la vez connotada dirigente del partido de la avenida Alfonso Ugarte–, entender finalmente que aquellos dispositivos jurídicos tienen que respetarse, y no recurrir al facilismo de argumentar que, por falta de recursos económicos, la homologación de los ingresos de la Policía no puede concretarse.
Ahora, si bien este tipo de pretextos no justifican la inaplicación de las normas en el país, el argumento de la falta de dinero debió advertirse desde un principio, y no recurrir a lanzar una serie de medias verdades o frases inconsistentes que sólo subestiman la inteligencia del personal policial y militar, y de la opinión pública. No obstante, hay mucho más que decir. Y es que con esa forma capciosa de discursos ministeriales, en los cuales incluso no estuvieron exentos ataques contra este diario –cuando se deslizó la idea de que estaba actuando en connivencia con abogados de algunos oficiales lo que en su momento rechazamos de inmediato y de manera tajante–, se atenta contra la propia imagen del jefe de Estado, ya que fue él quien estampó su firma dándose el “cúmplase” al D.S. 213-90-EF.
Se supone que cuando una norma legal es aprobada, existe detrás de ella un sustento técnico y fáctico que respalda su funcionalidad. Asunto que se evidencia lógicamente en los “considerandos” de la misma. Entonces, cuando EXPRESO puso en el debate el hecho de que, por la vía judicial, había un puñado de militares y policías que consiguieron la homologación con un porcentaje del ingreso de los congresistas, la verdad era –y es– que el decreto siempre estuvo vigente. Lamentablemente el propio gobierno no se encargaba de hacerlo cumplir. Pero en cierta forma, con nuestras denuncias, se ha desbaratado este doble discurso donde, por un lado, se abona a favor de la PNP y las FF AA y, por el otro, se echa por la borda las aspiraciones justas de las mismas, al desconocerse la entrada en vigor a plenitud del D.S. 213-90-EF.
Es más, en junio de 2007 el entonces director de Recursos Humanos de la Policía, José Sánchez Farfán –hoy director general de la PNP–, autorizó la homologación salarial del mayor (r) Celso Tévez Velarde, inmediatamente después de que la Corte Superior de Lima fallara a favor de este oficial (Resolución Directoral Nº 9014-2007-DIRREHUM-PNP del 14 de junio de 2007). De esta manera se aprecia un hecho más en el cual se dio visto bueno al pago remunerativo previsto por dicho decreto, el que ahora pretende ser tirado al tacho por sectores del Ejecutivo.
EXPRESO
Paradójicamente, casi veinte años después, en la actual segunda administración aprista le ha tocado a la ministra del Interior –a la vez connotada dirigente del partido de la avenida Alfonso Ugarte–, entender finalmente que aquellos dispositivos jurídicos tienen que respetarse, y no recurrir al facilismo de argumentar que, por falta de recursos económicos, la homologación de los ingresos de la Policía no puede concretarse.
Ahora, si bien este tipo de pretextos no justifican la inaplicación de las normas en el país, el argumento de la falta de dinero debió advertirse desde un principio, y no recurrir a lanzar una serie de medias verdades o frases inconsistentes que sólo subestiman la inteligencia del personal policial y militar, y de la opinión pública. No obstante, hay mucho más que decir. Y es que con esa forma capciosa de discursos ministeriales, en los cuales incluso no estuvieron exentos ataques contra este diario –cuando se deslizó la idea de que estaba actuando en connivencia con abogados de algunos oficiales lo que en su momento rechazamos de inmediato y de manera tajante–, se atenta contra la propia imagen del jefe de Estado, ya que fue él quien estampó su firma dándose el “cúmplase” al D.S. 213-90-EF.
Se supone que cuando una norma legal es aprobada, existe detrás de ella un sustento técnico y fáctico que respalda su funcionalidad. Asunto que se evidencia lógicamente en los “considerandos” de la misma. Entonces, cuando EXPRESO puso en el debate el hecho de que, por la vía judicial, había un puñado de militares y policías que consiguieron la homologación con un porcentaje del ingreso de los congresistas, la verdad era –y es– que el decreto siempre estuvo vigente. Lamentablemente el propio gobierno no se encargaba de hacerlo cumplir. Pero en cierta forma, con nuestras denuncias, se ha desbaratado este doble discurso donde, por un lado, se abona a favor de la PNP y las FF AA y, por el otro, se echa por la borda las aspiraciones justas de las mismas, al desconocerse la entrada en vigor a plenitud del D.S. 213-90-EF.
Es más, en junio de 2007 el entonces director de Recursos Humanos de la Policía, José Sánchez Farfán –hoy director general de la PNP–, autorizó la homologación salarial del mayor (r) Celso Tévez Velarde, inmediatamente después de que la Corte Superior de Lima fallara a favor de este oficial (Resolución Directoral Nº 9014-2007-DIRREHUM-PNP del 14 de junio de 2007). De esta manera se aprecia un hecho más en el cual se dio visto bueno al pago remunerativo previsto por dicho decreto, el que ahora pretende ser tirado al tacho por sectores del Ejecutivo.
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