Las comunidades nativas tienen que evaluar seriamente a esa cúpula de dirigentes politizados que en este momento ha roto toda posibilidad de entendimiento con las autoridades elegidas por el pueblo. Impedir el diálogo entre peruanos es una actitud reaccionaria.
También hipócrita, cuando algunos voceros de las organizaciones de la selva salen muy valientes a decir que “moriremos defendiendo a nuestros pueblos” pero nada dicen ellos del enorme perjuicio que están ocasionando a miles de compatriotas debido a la toma de instalaciones de energía o al bloqueo de carreteras. Por eso, ese tipo de mensajes seudoheroicos sólo constituye demagogia y chantaje.
Pero encima de este innegable daño económico que se viene infligiendo a la sociedad y al Estado, esta dirigencia autoproclamada “indigenista” se dedica sistemáticamente a atizar el enfrentamiento, en vez de facilitar canales de comunicación con miras a superar cualquier diferencia; y lo hace tanto al convocar a un “paro nacional”, en franca amenaza al estado de derecho, como al radicalizar su discurso y dirigir proclamas cargadas de mentiras y eslóganes de clisé a sus bases. Si fuera responsable y consciente esa dirigencia no estaría en este momento exponiendo la vida de los propios integrantes de las comunidades indígenas, al alentar inclusive, al interior de ellas, la posesión de armas para agredir a los ciudadanos que quieren desarrollar sus actividades normalmente o a las fuerzas policiales si es que éstas tratan de poner orden.
Bajo el pretexto de protestar contra unos decretos legislativos, es evidente que la actitud reaccionaria de esta dirigencia “indigenista” está orientada a construirse en catapulta electoral para algunos de sus miembros, tal como –mutatis mutandis– lo hizo Evo Morales en Bolivia, es decir, cuando éste explotó al máximo su condición de cocalero para llegar a la presidencia. Aunque en el caso peruano hay quienes vienen utilizando su pertenencia a la selva para rodearse de un aura de “apu” (jefe con mucho poder). Ante este tipo de situaciones pedimos firmeza al gobierno, así como claridad en el tema delictivo de quienes recurren a la violencia para hacer oír supuestos reclamos que huelen a insurgencia. Nada justifica la perpetración de ilícitos penales. Los fiscales y jueces tendrán que perseguirlos, por más que exhiban la condición de selváticos. Quien comete estropicios contra la sociedad debe pagarlos. En consecuencia, el Estado tiene que poner precedentes muy claros: cuando la protesta acabe, nadie podrá irse a su casa como si nada hubiera pasado. La ley tiene que imponerse.
Ahora, mientras a las autoridades y a la ciudadanía nos corresponde defender la institucionalidad democrática, a las comunidades nativas les asiste el derecho a saber cómo su dirigencia realiza tantos viajes al extranjero, hospedándose en hoteles lujosos; a conocer quiénes financian esos más de 16 periplos a distintos países del mundo. Pero también a los pobladores de la selva les debería interesar saber cómo maneja su dirigencia los millones de soles que obtiene vía donaciones. Por lo demás, la opinión pública no puede ni debe aceptar que, por el mero hecho de ser habitantes de la selva, éstos pretendan exigir que el resto de la sociedad se arrodille ante sus pedidos politizados. La mayoría manda. Y ello necesitan comprenderlo aquellos ciudadanos engañados por dirigencias armadas al estilo boliviano con dinero proveniente del incendiario chavismo.
EXPRESO
También hipócrita, cuando algunos voceros de las organizaciones de la selva salen muy valientes a decir que “moriremos defendiendo a nuestros pueblos” pero nada dicen ellos del enorme perjuicio que están ocasionando a miles de compatriotas debido a la toma de instalaciones de energía o al bloqueo de carreteras. Por eso, ese tipo de mensajes seudoheroicos sólo constituye demagogia y chantaje.
Pero encima de este innegable daño económico que se viene infligiendo a la sociedad y al Estado, esta dirigencia autoproclamada “indigenista” se dedica sistemáticamente a atizar el enfrentamiento, en vez de facilitar canales de comunicación con miras a superar cualquier diferencia; y lo hace tanto al convocar a un “paro nacional”, en franca amenaza al estado de derecho, como al radicalizar su discurso y dirigir proclamas cargadas de mentiras y eslóganes de clisé a sus bases. Si fuera responsable y consciente esa dirigencia no estaría en este momento exponiendo la vida de los propios integrantes de las comunidades indígenas, al alentar inclusive, al interior de ellas, la posesión de armas para agredir a los ciudadanos que quieren desarrollar sus actividades normalmente o a las fuerzas policiales si es que éstas tratan de poner orden.
Bajo el pretexto de protestar contra unos decretos legislativos, es evidente que la actitud reaccionaria de esta dirigencia “indigenista” está orientada a construirse en catapulta electoral para algunos de sus miembros, tal como –mutatis mutandis– lo hizo Evo Morales en Bolivia, es decir, cuando éste explotó al máximo su condición de cocalero para llegar a la presidencia. Aunque en el caso peruano hay quienes vienen utilizando su pertenencia a la selva para rodearse de un aura de “apu” (jefe con mucho poder). Ante este tipo de situaciones pedimos firmeza al gobierno, así como claridad en el tema delictivo de quienes recurren a la violencia para hacer oír supuestos reclamos que huelen a insurgencia. Nada justifica la perpetración de ilícitos penales. Los fiscales y jueces tendrán que perseguirlos, por más que exhiban la condición de selváticos. Quien comete estropicios contra la sociedad debe pagarlos. En consecuencia, el Estado tiene que poner precedentes muy claros: cuando la protesta acabe, nadie podrá irse a su casa como si nada hubiera pasado. La ley tiene que imponerse.
Ahora, mientras a las autoridades y a la ciudadanía nos corresponde defender la institucionalidad democrática, a las comunidades nativas les asiste el derecho a saber cómo su dirigencia realiza tantos viajes al extranjero, hospedándose en hoteles lujosos; a conocer quiénes financian esos más de 16 periplos a distintos países del mundo. Pero también a los pobladores de la selva les debería interesar saber cómo maneja su dirigencia los millones de soles que obtiene vía donaciones. Por lo demás, la opinión pública no puede ni debe aceptar que, por el mero hecho de ser habitantes de la selva, éstos pretendan exigir que el resto de la sociedad se arrodille ante sus pedidos politizados. La mayoría manda. Y ello necesitan comprenderlo aquellos ciudadanos engañados por dirigencias armadas al estilo boliviano con dinero proveniente del incendiario chavismo.
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