El informe que publicáramos ayer sobre la utilización que hace la Municipalidad de Lima de un organismo internacional en sus licitaciones, y al cual ya le ha encargado 521 millones de soles, levanta una serie de interrogantes.
La primera es la función que cumple una entidad especializada en migraciones en la entrega de contratos y supervisión de la ejecución de obras públicas. Su presencia no puede deberse a su especialidad, sino que el objetivo sería más bien el servir como facilitador de la licitación. Es decir, con su participación se estaría buscando reducir plazos y omitir instancias burocráticas, argumento que sin duda se esgrimirá como explicación. Sin embargo, también a través de ella se está evadiendo controles y fiscalización.
Más aun considerando que en la totalidad de los proyectos que la municipalidad le ha encargado a la Oficina Internacional de Migraciones, la ejecución efectiva del gasto ha superado ampliamente los presupuestos originalmente asignados –lo cual no denota eficiencia ni en el seguimiento del proyecto, ni en el costeo de obras–, sería adecuado conocer la metodología con la cual se ha evaluado y calificado la gestión de esa entidad para justificar el haberle pagado S/.18 millones en honorarios.
Lamentablemente, fiel a su estilo de poca comunicación, el alcalde Castañeda no ha respondido a nuestros requerimientos de aclaración, y solo nos queda esperar que lo haga cuando sea citado al Congreso. Confiamos en que en ese momento este asunto quedará aclarado.
Por otro lado, asumiendo que las explicaciones que dé el burgomaestre sean válidas, habría que eliminar la maraña burocrática que se ha tejido alrededor de las licitaciones públicas, lo cual está obligando a la municipalidad más grande del país a tomar rutas extrañas a fin de poder licitar. Claramente el sistema requiere de simplificación y agilización.
Incluso se ofreció encontrar una solución –desde Perú Compras hasta tercerizar parte de la labor del SNIP–, pero como ha sido el caso en la mayoría de reformas propuestas por este gobierno, se quedaron en el anuncio sin implementación. El riesgo que se corre de no hacer algo no es solo el impedir la ejecución de inversión, sino que los esquemas imaginativos que le sacan la vuelta al sistema terminen, en la práctica, facilitando la corrupción.
PERU 21
La primera es la función que cumple una entidad especializada en migraciones en la entrega de contratos y supervisión de la ejecución de obras públicas. Su presencia no puede deberse a su especialidad, sino que el objetivo sería más bien el servir como facilitador de la licitación. Es decir, con su participación se estaría buscando reducir plazos y omitir instancias burocráticas, argumento que sin duda se esgrimirá como explicación. Sin embargo, también a través de ella se está evadiendo controles y fiscalización.
Más aun considerando que en la totalidad de los proyectos que la municipalidad le ha encargado a la Oficina Internacional de Migraciones, la ejecución efectiva del gasto ha superado ampliamente los presupuestos originalmente asignados –lo cual no denota eficiencia ni en el seguimiento del proyecto, ni en el costeo de obras–, sería adecuado conocer la metodología con la cual se ha evaluado y calificado la gestión de esa entidad para justificar el haberle pagado S/.18 millones en honorarios.
Lamentablemente, fiel a su estilo de poca comunicación, el alcalde Castañeda no ha respondido a nuestros requerimientos de aclaración, y solo nos queda esperar que lo haga cuando sea citado al Congreso. Confiamos en que en ese momento este asunto quedará aclarado.
Por otro lado, asumiendo que las explicaciones que dé el burgomaestre sean válidas, habría que eliminar la maraña burocrática que se ha tejido alrededor de las licitaciones públicas, lo cual está obligando a la municipalidad más grande del país a tomar rutas extrañas a fin de poder licitar. Claramente el sistema requiere de simplificación y agilización.
Incluso se ofreció encontrar una solución –desde Perú Compras hasta tercerizar parte de la labor del SNIP–, pero como ha sido el caso en la mayoría de reformas propuestas por este gobierno, se quedaron en el anuncio sin implementación. El riesgo que se corre de no hacer algo no es solo el impedir la ejecución de inversión, sino que los esquemas imaginativos que le sacan la vuelta al sistema terminen, en la práctica, facilitando la corrupción.
PERU 21
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