Si por un lado hay cada vez menos duda de la vocación dictatorial de Hugo Chávez, que arremete inescrupulosamente contra los medios de comunicación independientes, por el otro lado es realmente enervante la escasa capacidad de organismos como la OEA para denunciar y condenar tales atropellos a la democracia.
El cierre y confiscación de RCTV fue solo un eslabón en esta política de Estado que rechaza la información libre y la opinión crítica. Recientemente, ha amenazado a Globovisión con una medida similar, a la par que ha anunciado la revocación de concesiones de 240 emisoras de radio, bajo cualquier pretexto.
Entidades como la Sociedad Interamericana de Prensa han denunciado estos hechos y le han recordado al régimen chavista que, según la Declaración de Chapultepec, “Los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión… no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas”.
Todo esto ha sido ignorado por Chávez, que busca eliminar, de varios plumazos, todas las voces discordantes y, como su colega y mentor ideológico Fidel Castro, instaurar en Venezuela una prensa monocorde, sometida y cortesana. Así, según su óptica, podrá mantener a los ciudadanos ignorantes de los abusos del régimen y de las estadísticas de pobreza y corrupción, así como despejar el camino de la reelección indefinida. Hay que recordar que en diciembre del 2007 Chávez perdió el referéndum para modificar la Constitución, lo que quiere evitar que se repita a toda costa.
Mientras tanto, asombra e indigna que, mientras destruye la democracia y las libertades en su país, Chávez utilice el foro de la OEA para encabezar un movimiento que exige la restauración democrática en Honduras. Esto no es gratuito, pues, como es conocido, el régimen del depuesto Manuel Zelaya integra el círculo de países del ALBA, con lo cual el discurso democrático chavista es solo eso, una careta válida solo cuando se trata de defender a sus amigos e incondicionales.
Al interior de Venezuela, en tanto, la situación del sistema democrático es cada vez más sombría. Al acogotamiento del alcalde de Caracas, el opositor Antonio Ledezma, que tuvo que recurrir a una huelga de hambre para que lo escuchara la OEA, se suma el anunciado cierre de más medios de comunicación. Según el presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), Luis Pardo, el cierre del 40% de las radios es ilegal.
¿Qué hacer? La situación de Venezuela se ha convertido en una prueba de fuego para la OEA, que tendría que reformar su Carta Democrática. Tenemos que aprender la lección: no se puede esperar que se produzca un golpe de Estado tradicional para recién actuar.
La experiencia de los gobiernos elegidos en democracia, pero que luego en el poder la destruyen —y se convierten en autocracias, pero revestidas de formalidades democráticas— así lo demuestra. Hay que actuar antes, cuando se producen recusables zarpazos dictatoriales que atentan contra la libertad de expresión, el árbol frondoso bajo el cual se cobijan las demás libertades democráticas.
EL COMERCIO
El cierre y confiscación de RCTV fue solo un eslabón en esta política de Estado que rechaza la información libre y la opinión crítica. Recientemente, ha amenazado a Globovisión con una medida similar, a la par que ha anunciado la revocación de concesiones de 240 emisoras de radio, bajo cualquier pretexto.
Entidades como la Sociedad Interamericana de Prensa han denunciado estos hechos y le han recordado al régimen chavista que, según la Declaración de Chapultepec, “Los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión… no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas”.
Todo esto ha sido ignorado por Chávez, que busca eliminar, de varios plumazos, todas las voces discordantes y, como su colega y mentor ideológico Fidel Castro, instaurar en Venezuela una prensa monocorde, sometida y cortesana. Así, según su óptica, podrá mantener a los ciudadanos ignorantes de los abusos del régimen y de las estadísticas de pobreza y corrupción, así como despejar el camino de la reelección indefinida. Hay que recordar que en diciembre del 2007 Chávez perdió el referéndum para modificar la Constitución, lo que quiere evitar que se repita a toda costa.
Mientras tanto, asombra e indigna que, mientras destruye la democracia y las libertades en su país, Chávez utilice el foro de la OEA para encabezar un movimiento que exige la restauración democrática en Honduras. Esto no es gratuito, pues, como es conocido, el régimen del depuesto Manuel Zelaya integra el círculo de países del ALBA, con lo cual el discurso democrático chavista es solo eso, una careta válida solo cuando se trata de defender a sus amigos e incondicionales.
Al interior de Venezuela, en tanto, la situación del sistema democrático es cada vez más sombría. Al acogotamiento del alcalde de Caracas, el opositor Antonio Ledezma, que tuvo que recurrir a una huelga de hambre para que lo escuchara la OEA, se suma el anunciado cierre de más medios de comunicación. Según el presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), Luis Pardo, el cierre del 40% de las radios es ilegal.
¿Qué hacer? La situación de Venezuela se ha convertido en una prueba de fuego para la OEA, que tendría que reformar su Carta Democrática. Tenemos que aprender la lección: no se puede esperar que se produzca un golpe de Estado tradicional para recién actuar.
La experiencia de los gobiernos elegidos en democracia, pero que luego en el poder la destruyen —y se convierten en autocracias, pero revestidas de formalidades democráticas— así lo demuestra. Hay que actuar antes, cuando se producen recusables zarpazos dictatoriales que atentan contra la libertad de expresión, el árbol frondoso bajo el cual se cobijan las demás libertades democráticas.
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