Justicia deprimente

Todavía están frescas en nuestra memoria las indignantes imágenes de policías abatidos por francotiradores en el Santuario Histórico Bosque de Pómac (Lambayeque), apenas en enero de este año. Sin embargo todavía no se hace justicia castigando drásticamente a los culpables. Muchos rodeos en la Fiscalía y en el Poder Judicial desesperan no solo a los deudos de los malogrados custodios del orden, caídos en cumplimiento del deber, sino también a la sociedad entera, que exige que en su país se respete la vida de todos y no sólo la de algunos patrocinados por las ONG políticas, traficantes de los derechos humanos. Esta tara es consecuencia directa y punible de la injerencia ideológica de esa asociación politizada de nombre Instituto de Defensa Legal (IDL), una ONG que en comparsa con su homóloga Aprodeh, por ejemplo, ha adoctrinado por años –y bajo nada nobles postulados jurídico-penales– a varios contingentes de fiscales y jueces del país. Por eso, cuando se trata de un militar o de un policía asesinado o herido a causa de la barbarie terrorista a manos de subversivos, revoltosos o narcotraficantes, IDL no mueve un dedo para acicatear que el sistema judicial esclarezca los hechos y sancione a los autores intelectuales y materiales de tales crímenes. Es más, IDL pone su maquinaria de abogados a favor del lado agresor del Estado, protegiendo a quienes atacan a los custodios del orden. Es decir IDL corre a asistir legalmente a agitadores –dizque campesinos–, a revoltosos –dizque invasores de terrenos–, o subversivos –dizque humildes cocaleros–, mientras abandona a los uniformados del Estado.

En fin, los “jurisconcultos” de IDL o de Aprodeh son mañosos para disfrazar de lo que sea a los presuntos criminales de policías y militares. De ahí que hasta ahora claman justicia los familiares de un capitán de la PNP asesinado cuando unos huelguistas arrojaran enormes rocas (desde las alturas de un cerro) durante un bloqueo de la Carretera Central. Igual ocurre con el destino de las acusaciones fiscales o judiciales referidas a los luctuosos sucesos de Bagua, donde 24 policías fueron también asesinados, y sin embargo hoy, pese a un hecho de tanta gravedad, quienes administran justicia se mueven displicentes como si nada hubiera ocurrido, gracias a la indiferencia de “defensores de los derechos humanos” como IDL o Aprodeh. Sin ir muy lejos, mano blanda se constata frente a quienes delictivamente asaltaron la represa de Huallamayo (así como la central hidroeléctrica de Yuncán II) y secuestraron a 13 policías y cuatro vigilantes particulares. Por más comuneros que sean los agresores, ante la ley todos somos iguales y no hay atenuantes que valgan, pues de lo contrario, ¿dónde están los derechos de los agentes del orden? ¿O acaso son seres de otro planeta, o peruanos de tercera categoría sin derechos humanos?

En ese sentido, algo huele mal en muchas Fiscalías y otros tantos juzgados. Por ejemplo, en el Segundo Juzgado Civil de Chiclayo, donde un “magistrado” admitió muy suelto de huesos una demanda de los invasores del Santuario Histórico Bosque de Pómac, quienes pretenden retomar más de 1.200 hectáreas que habían invadido, escenario sangriento donde resultaron asesinados varios policías. En este tema coincidimos con el premier Javier Velásquez Quesquén, cuando sostiene que la admisión de aquella demanda, por parte del juez Juan Terán Arrunátegui, es una afrenta a los valerosos miembros de la PNP y un hecho irritantemente atentatorio contra el orden democrático.