Especialmente comprometidos en la defensa de los intereses nacionales, siempre fue valedera y fundamentada nuestra sospecha sobre la existencia de un lobby que busca, por todos los medios, que el gas de Camisea sea exportado en detrimento del mercado interno. Por ello no tuvimos duda acerca de que, más allá del respeto a los contratos-ley suscritos por el Estado con el inversionista privado, resulta legítimo y razonable renegociar el marco bajo el cual se explota el referido hidrocarburo, si se confirma que los acuerdos suscritos en el camino priorizan la exportación, sobre todo si dichos instrumentos responden a normas de menor jerarquía que la Ley Marco del Gas Natural. Y resulta que esos contratos fueron modificados hasta en seis o siete oportunidades, por lo que no puede argumentar una de las partes –el Consorcio Perú LNG– que no hay nada que tratar. Pensar así es sencillamente practicar la ley del embudo.
Es decir cuando una parte pide modificar una cláusula, pensando en sus ambiciones particulares y no en una visión compartida del desarrollo del Perú, la verdad es que se desaira el sano nivel en el cual deben transcurrir los negocios con el Estado, máxime cuando nuestro país acoge de la forma más auspiciosa al capital privado. De manera que complace escuchar, por boca del presidente de la República, nada menos que en un párrafo de su Mensaje a la Nación, que el gas de Camisea debe desenvolverse en exclusivo en función del abastecimiento prioritario del Perú; y a resultas de ello, el saldo de las reservas que existieran será para la exportación. En otros términos, el consumo interno del gas no debe ser sustituido por la venta al exterior. Ello constituye un primer hito en la ruta de la explotación de este hidrocarburo sobre el cual Shell ya había invertido cerca de 500 millones de dólares en Camisea a finales del siglo pasado, aunque después vendría el actual consorcio a trabajar sobre el mismo terreno, aprovechando aquel enorme capital ajeno. Este dato no debemos olvidarlo si queremos entender el tema de la manera más transparente posible.
Sin embargo, un segundo derrotero planteado por el Jefe de Estado ha sido solicitar al Ministerio Público la investigación acerca de quiénes y por qué decidieron cambiar la ley vía decretos supremos, para dar prioridad a la exportación del gas en vez de satisfacer antes el mercado interno así como del cambio real de la matriz energética peruana. En estos temas EXPRESO tiene autoridad moral para manifestarse, dada la anticipación con la cual puso en la agenda nacional este espinoso problema, y pedir el que trato entre el Estado y el consorcio gasífero se cumpla con todas las cartas sobre la mesa. Si bien el primer mandatario no usó el término “renegociación”, es evidente que –a la luz de las reservas que llegan sólo a 8.8 TCF– exportar el hidrocarburo pondría en peligro la atención de la demanda interna que ya bastante sufre con la mala atmósfera y las ineficiencias generadas por algunos lobbistas.
En síntesis, no obstante la necesaria coordinación que debe existir entre las autoridades peruanas y los representantes del Consorcio Perú LNG, nada impide que el Congreso de la República conforme una comisión especial que investigue por qué se aprobaron determinadas normas de inferior jerarquía para priorizar la exportación del gas sin asegurarse antes las reservas suficientes que abastezcan al mercado peruano.
EXPRESO
Es decir cuando una parte pide modificar una cláusula, pensando en sus ambiciones particulares y no en una visión compartida del desarrollo del Perú, la verdad es que se desaira el sano nivel en el cual deben transcurrir los negocios con el Estado, máxime cuando nuestro país acoge de la forma más auspiciosa al capital privado. De manera que complace escuchar, por boca del presidente de la República, nada menos que en un párrafo de su Mensaje a la Nación, que el gas de Camisea debe desenvolverse en exclusivo en función del abastecimiento prioritario del Perú; y a resultas de ello, el saldo de las reservas que existieran será para la exportación. En otros términos, el consumo interno del gas no debe ser sustituido por la venta al exterior. Ello constituye un primer hito en la ruta de la explotación de este hidrocarburo sobre el cual Shell ya había invertido cerca de 500 millones de dólares en Camisea a finales del siglo pasado, aunque después vendría el actual consorcio a trabajar sobre el mismo terreno, aprovechando aquel enorme capital ajeno. Este dato no debemos olvidarlo si queremos entender el tema de la manera más transparente posible.
Sin embargo, un segundo derrotero planteado por el Jefe de Estado ha sido solicitar al Ministerio Público la investigación acerca de quiénes y por qué decidieron cambiar la ley vía decretos supremos, para dar prioridad a la exportación del gas en vez de satisfacer antes el mercado interno así como del cambio real de la matriz energética peruana. En estos temas EXPRESO tiene autoridad moral para manifestarse, dada la anticipación con la cual puso en la agenda nacional este espinoso problema, y pedir el que trato entre el Estado y el consorcio gasífero se cumpla con todas las cartas sobre la mesa. Si bien el primer mandatario no usó el término “renegociación”, es evidente que –a la luz de las reservas que llegan sólo a 8.8 TCF– exportar el hidrocarburo pondría en peligro la atención de la demanda interna que ya bastante sufre con la mala atmósfera y las ineficiencias generadas por algunos lobbistas.
En síntesis, no obstante la necesaria coordinación que debe existir entre las autoridades peruanas y los representantes del Consorcio Perú LNG, nada impide que el Congreso de la República conforme una comisión especial que investigue por qué se aprobaron determinadas normas de inferior jerarquía para priorizar la exportación del gas sin asegurarse antes las reservas suficientes que abastezcan al mercado peruano.
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