Las exoneraciones tributarias a la Amazonía, restituidas populista y demagógicamente por el Pleno del Congreso son, en verdad, una perturbación al desarrollo de esas regiones, y hace bien el Ejecutivo, como lo ha anunciado, en observar la ley, como hacen bien diversas bancadas parlamentarias en señalar que el proyecto de ley debe retornar a la Comisión de Economía, para luego aprobar una nueva norma que contenga los consensos que se requieran.
No hay motivo para la restitución impuesta por una perspectiva estrecha y mercantilista del progreso en la región amazónica, ni en lugar alguno del país. El sistema de exoneraciones ha dado un desastroso resultado. Generó prebendas y corruptelas, entre ellas –por ejemplo– el contrabando de combustible generado en zonas consideradas selváticas –liberadas de todo tributo– que luego ingresaba a Lima y a otras regiones sin pagar impuestos. Concurrentemente, tales exoneraciones no trajeron, como anunciaron sus promotores, beneficios ni valor añadido a los lugares en las que regían, observándose más bien una paradoja: el país creció en porcentaje más alto que el de esas regiones exoneradas.
Con la falacia que no se trata de un sistema de exoneraciones sino de un “tratamiento especial a la Amazonía por mandato constitucional” –cuyo objetivo sería supuestamente beneficiar a esas zonas alejadas–, sectores mercantilistas y anquilosados promueven esa norma de manera irracional, exacerbando los ánimos de sus pobladores y presionando a los congresistas de las regiones. Olvidan, sin embargo, que los intereses de una región no pueden estar al margen de los del país ni del proceso de modernización del Estado, dentro del cual el proceso de descentralización general y, en su marco, la regionalización fiscal, juegan un rol preponderante.
Por otro lado está probado que la alternativa de transferencias presupuestales directas a las regiones es mucho más efectiva y transparente que las exoneraciones. En este sentido, es clave considerar que aquella transferencia directa del pago de tributos implicaría para la Amazonía un ingreso de 30 mil millones de soles a lo largo de 50 años, según ha señalado el ministro de Economía, Luis Carranza. Asimismo, una opinión fundamental debe ser escuchada: la de los presidentes regionales involucrados. Y éstos ya se han pronunciado por la eliminación de las exoneraciones.
No entonces a las exoneraciones tributarias a la Amazonía. No a las prebendas. No a la corrupción. Sí a la modernidad. Sí a la competencia. Sí a la efectividad. Es decir, sí a la transferencia de tributos para obras, desarrollo e inclusión social en la selva.
EXPRESO
No hay motivo para la restitución impuesta por una perspectiva estrecha y mercantilista del progreso en la región amazónica, ni en lugar alguno del país. El sistema de exoneraciones ha dado un desastroso resultado. Generó prebendas y corruptelas, entre ellas –por ejemplo– el contrabando de combustible generado en zonas consideradas selváticas –liberadas de todo tributo– que luego ingresaba a Lima y a otras regiones sin pagar impuestos. Concurrentemente, tales exoneraciones no trajeron, como anunciaron sus promotores, beneficios ni valor añadido a los lugares en las que regían, observándose más bien una paradoja: el país creció en porcentaje más alto que el de esas regiones exoneradas.
Con la falacia que no se trata de un sistema de exoneraciones sino de un “tratamiento especial a la Amazonía por mandato constitucional” –cuyo objetivo sería supuestamente beneficiar a esas zonas alejadas–, sectores mercantilistas y anquilosados promueven esa norma de manera irracional, exacerbando los ánimos de sus pobladores y presionando a los congresistas de las regiones. Olvidan, sin embargo, que los intereses de una región no pueden estar al margen de los del país ni del proceso de modernización del Estado, dentro del cual el proceso de descentralización general y, en su marco, la regionalización fiscal, juegan un rol preponderante.
Por otro lado está probado que la alternativa de transferencias presupuestales directas a las regiones es mucho más efectiva y transparente que las exoneraciones. En este sentido, es clave considerar que aquella transferencia directa del pago de tributos implicaría para la Amazonía un ingreso de 30 mil millones de soles a lo largo de 50 años, según ha señalado el ministro de Economía, Luis Carranza. Asimismo, una opinión fundamental debe ser escuchada: la de los presidentes regionales involucrados. Y éstos ya se han pronunciado por la eliminación de las exoneraciones.
No entonces a las exoneraciones tributarias a la Amazonía. No a las prebendas. No a la corrupción. Sí a la modernidad. Sí a la competencia. Sí a la efectividad. Es decir, sí a la transferencia de tributos para obras, desarrollo e inclusión social en la selva.
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