Es a todas luces contra la ética que la revista institucional de la Dirección Nacional de Lucha contra las Drogas, Dirandro, de la Policía Nacional del Perú, haya contratado publicidad, con cartas firmadas por su ex director, con una empresa de propiedad de la familia Sánchez Paredes, investigada por lavado de activos y tráfico de drogas. También lo es que figuren como anunciantes de la revista, empresas que trabajan con insumos químicos y productos fiscalizados por la Dirandro.
Si cualquier entidad cuando se trata de publicaciones que se financian con publicidad toma sus precauciones para que no se produzcan conflictos éticos o de intereses con sus anunciantes, cómo no lo iba a tomar la entidad estatal encargada de un asunto tan delicado y grave como la lucha contra las drogas. La revista se publicó con los cuestionados auspicios y luego, al hacerse las investigaciones para determinar las responsabilidades, se procedió a cesar en sus funciones a dos coroneles sin que el director general de la dependencia corriera la misma suerte, aun cuando todos los indicios a señalar su presunta responsabilidad.
Ética es la gran responsabilidad del Estado, porque al margen de que si algunas cuestionadas acciones en el aparato público sean delitos o no, lo cierto es que sí constituyen faltas contra la ética y sí producen una mala imagen. En este sentido, las instituciones públicas y mucho más las tutelares como la Policía Nacional están en la obligación de predicar con el ejemplo y de ser abanderadas en esta cruzada.
A la policía se le respeta, por cierto, pero en la institución policial, jefes y subalternos deben ser conscientes de que ese respeto se gana con las acciones y los comportamientos. Cualquier falta, por pequeña que sea, trasciende y mella la imagen policial que debe ser inmaculada. Con un trabajo paciente y tenaz se va construyendo el prestigio personal e institucional y, como dice el refrán, una imagen apuntalada con esfuerzo y tiempo puede venirse abajo con una sola inconducta.
A propósito de esta mala experiencia, todas las entidades públicas que se embarcan en proyectos de difusión y comunicación institucional, deben cuidar que el financiamiento de los mismos no vulnere los principios de la ética ni comprometa a las instituciones con sus proveedores. En el caso de la Dirandro, queda claro que esto no se observó y que las medidas correctivas y sancionadoras tomadas luego, tampoco fueron las apropiadas. Debe, por ello mismo, la Dirección General de la Policía Nacional revisar el caso y establecer las responsabilidades y sanciones que sean las justas y apropiadas con lo sucedido para así dejar a salvo a la alta dirección de la Policía Nacional de todo cuestionamiento a propósito de estos auspicios.
EXPRESO
Si cualquier entidad cuando se trata de publicaciones que se financian con publicidad toma sus precauciones para que no se produzcan conflictos éticos o de intereses con sus anunciantes, cómo no lo iba a tomar la entidad estatal encargada de un asunto tan delicado y grave como la lucha contra las drogas. La revista se publicó con los cuestionados auspicios y luego, al hacerse las investigaciones para determinar las responsabilidades, se procedió a cesar en sus funciones a dos coroneles sin que el director general de la dependencia corriera la misma suerte, aun cuando todos los indicios a señalar su presunta responsabilidad.
Ética es la gran responsabilidad del Estado, porque al margen de que si algunas cuestionadas acciones en el aparato público sean delitos o no, lo cierto es que sí constituyen faltas contra la ética y sí producen una mala imagen. En este sentido, las instituciones públicas y mucho más las tutelares como la Policía Nacional están en la obligación de predicar con el ejemplo y de ser abanderadas en esta cruzada.
A la policía se le respeta, por cierto, pero en la institución policial, jefes y subalternos deben ser conscientes de que ese respeto se gana con las acciones y los comportamientos. Cualquier falta, por pequeña que sea, trasciende y mella la imagen policial que debe ser inmaculada. Con un trabajo paciente y tenaz se va construyendo el prestigio personal e institucional y, como dice el refrán, una imagen apuntalada con esfuerzo y tiempo puede venirse abajo con una sola inconducta.
A propósito de esta mala experiencia, todas las entidades públicas que se embarcan en proyectos de difusión y comunicación institucional, deben cuidar que el financiamiento de los mismos no vulnere los principios de la ética ni comprometa a las instituciones con sus proveedores. En el caso de la Dirandro, queda claro que esto no se observó y que las medidas correctivas y sancionadoras tomadas luego, tampoco fueron las apropiadas. Debe, por ello mismo, la Dirección General de la Policía Nacional revisar el caso y establecer las responsabilidades y sanciones que sean las justas y apropiadas con lo sucedido para así dejar a salvo a la alta dirección de la Policía Nacional de todo cuestionamiento a propósito de estos auspicios.
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