Votantes de segunda clase

Considerando que, en el caso de una revocatoria, son los ciudadanos que están insatisfechos quienes alzan su voz, ¿por qué obligar al resto a participar?

Por: Beatriz Boza

¿Sabía que 1.242 alcaldes y regidores fueron sometidos a consulta popular de revocatoria el domingo pasado y que 98% eran en distritos pobres? ¿Sabía que a esas revocatorias no asistió uno de cada tres votantes y que los omisos tendrán que pagar una multa de S/.70, S/.35 si son pobres y S/.17,50 para pobres extremos?


La Constitución nos garantiza el voto individual, universal y secreto a todos los peruanos mayores de edad y hábiles para votar. Casi 18 millones tenemos ese derecho y 90% solemos asistir a las urnas. La Constitución también consagra el derecho de revocatoria como mecanismo para manifestar nuestra disconformidad y cambiar a una autoridad elegida antes de que culmine su mandato. Los derechos ciudadanos de voto y revocatoria son dos pilares de nuestro sistema democrático que se financian con nuestros impuestos. La elección de las actuales autoridades nacionales, regionales, provinciales y distritales, incluyendo las revocatorias de los tres últimos años nos han costado más de S/.616 millones, esto es casi S/.34 por cada peruano con derecho a votar.


Más de 155 mil peruanos no asistieron a votar en las revocatorias. Como en el Perú votar no solo es un derecho ciudadano sino hasta los 70 años, una obligación, cuyo incumplimiento está sancionado con multa, quienes no votaron el domingo tendrán que pagarla. Para el caso de personas de escasos recursos, nuestro sistema electoral prevé un régimen especial, pues a los pobres extremos se les rebaja a S/.17,50. ¡Estamos hablando de personas que con las justas perciben S/.121 al mes! ¡A eso se suma una multa de S/.175, sin descuento, por no actuar como miembro de mesa! El problema es de fondo, pues aborda la esencia de un derecho fundamental.


Considerando que, en el caso de una revocatoria, los ciudadanos insatisfechos son quienes alzan su voz, ¿por qué obligar al resto a participar? ¿Por qué multarlos? ¿La participación en una revocatoria no debería ser libre? Más allá de ello, para garantizar condiciones de gobernabilidad a en el ámbito local y evitar así tantas revocatorias precisamente en los lugares más pobres del país, ¿no debería buscarse que las autoridades locales sean elegidas por el 50% más uno de los votos, como ocurre con la elección presidencial?


Para fortalecer la legitimidad del proceso democrático debemos replantearnos algunos temas centrales de nuestro sistema electoral.