Ante el capricho oficial que busca vender más de 16 hectáreas del terreno de la Comandancia General del Ejército –también conocido como “Pentagonito”–, se justifica que la Municipalidad de San Borja, encabezada por su alcalde, los comités vecinales de este distrito, el Colegio de Ingenieros del Perú, el Colegio de Arquitectos, miles de militares en situación de retiro, congresistas y ciudadanos comunes y corrientes se organicen en un bloque a fin de hacer entrar en razón a las autoridades del Ejecutivo que han ingresado en una loca carrera vendedora de los bienes ligados a los institutos militares.
No estamos contra la construcción ni el deseo del régimen por incrementar la oferta de viviendas populares. Pero lo cierto es que no se puede construir ejerciendo un evidente abuso de autoridad. Dicho sea de paso, en vez de descongestionar la capital de la República, con esas pretensiones el gobierno está dando señales que alentarán el interés de miles de peruanos del interior del país por continuar migrando a una sobresaturada Lima. También se está favoreciendo la tugurización en San Borja, la reducción de sus áreas verdes por habitante, e impulsando la contaminación por ruido y polución producto de la combustión automovilística. Aunque también se está agraviando a los vecinos de zonas adyacentes a la Comandancia General del Ejército, quienes ven cómo se atenta contra sus propiedades al depreciarse el rango residencial de las mismas.
Pero más allá de la calidad de los habitantes de un distrito importante de la ciudad, hay otra razón de peso que EXPRESO hizo de conocimiento público en su edición de ayer. Esa venta atenta contra la defensa nacional pues el Cuartel General se creó como una unidad estratégica para contribuir al desarrollo cuantitativo y cualitativo del Ejército del Perú. Así se diseñó toda su infraestructura que debía darse en una secuencia de etapas que tomaron años de ejecución. Ello comenzó, en primer lugar, con la estructuración del Cuartel General desde el Estado Mayor. De allí pasó a la edificación de las unidades de apoyo. Luego a los órgano de seguridad. Y a continuación a los servicios propios de la institución. Por último se avanzó en el diseño de un búnker antibombas para albergar no solo a los militares encargados de la dirección de combate sino incluso a altas autoridades de gobierno.
En otros términos, el terreno que se quiere vender conforma una red de instalaciones subterráneas proyectada para servir –en caso de un conflicto externo– hasta para proteger al presidente de la República, que constitucionalmente, sería el conductor de una guerra, así como para los órganos estratégicos de apoyo. Hay pues argumentos que deben tomarse en cuenta y que, sólo en función a ellos, el Ejecutivo debería retroceder ante su ansioso proyecto vendedor. Por lo demás, ya bastante daño se ha hecho a un distrito como San Borja. Hace 22 años se construyeron pilotes y muros de concreto que desfiguraron la avenida Aviación dizque para que corriera por esa vía el llamado Tren Eléctrico
No estamos contra la construcción ni el deseo del régimen por incrementar la oferta de viviendas populares. Pero lo cierto es que no se puede construir ejerciendo un evidente abuso de autoridad. Dicho sea de paso, en vez de descongestionar la capital de la República, con esas pretensiones el gobierno está dando señales que alentarán el interés de miles de peruanos del interior del país por continuar migrando a una sobresaturada Lima. También se está favoreciendo la tugurización en San Borja, la reducción de sus áreas verdes por habitante, e impulsando la contaminación por ruido y polución producto de la combustión automovilística. Aunque también se está agraviando a los vecinos de zonas adyacentes a la Comandancia General del Ejército, quienes ven cómo se atenta contra sus propiedades al depreciarse el rango residencial de las mismas.
Pero más allá de la calidad de los habitantes de un distrito importante de la ciudad, hay otra razón de peso que EXPRESO hizo de conocimiento público en su edición de ayer. Esa venta atenta contra la defensa nacional pues el Cuartel General se creó como una unidad estratégica para contribuir al desarrollo cuantitativo y cualitativo del Ejército del Perú. Así se diseñó toda su infraestructura que debía darse en una secuencia de etapas que tomaron años de ejecución. Ello comenzó, en primer lugar, con la estructuración del Cuartel General desde el Estado Mayor. De allí pasó a la edificación de las unidades de apoyo. Luego a los órgano de seguridad. Y a continuación a los servicios propios de la institución. Por último se avanzó en el diseño de un búnker antibombas para albergar no solo a los militares encargados de la dirección de combate sino incluso a altas autoridades de gobierno.
En otros términos, el terreno que se quiere vender conforma una red de instalaciones subterráneas proyectada para servir –en caso de un conflicto externo– hasta para proteger al presidente de la República, que constitucionalmente, sería el conductor de una guerra, así como para los órganos estratégicos de apoyo. Hay pues argumentos que deben tomarse en cuenta y que, sólo en función a ellos, el Ejecutivo debería retroceder ante su ansioso proyecto vendedor. Por lo demás, ya bastante daño se ha hecho a un distrito como San Borja. Hace 22 años se construyeron pilotes y muros de concreto que desfiguraron la avenida Aviación dizque para que corriera por esa vía el llamado Tren Eléctrico
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