No es novedad que en el mercado se encuentre gran número de equipos de diversas funciones y alta tecnología para espiar. Por tanto los aparatos de interceptación y escucha de la empresa Business Track SAC –adquiridos el año 2000, aparentemente mediante artificios semejantes a los de aquel montesinismo que usó a los institutos castrenses para conformar un grupo de sujetos inescrupulosos dedicados a husmear la privacidad de la gente–, no son los únicos utilizados para amenazar la tranquilidad pública, la estabilidad política y el derecho constitucional a la confidencialidad de las comunicaciones.
Lamentablemente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC recién ha dispuesto acciones de control sobre las empresas de telefonía fija, a fin de que éstas supervisen a los services y a sus subcontratistas, en especial a aquellas que manipulan postes y redes de telecomunicaciones. Recordemos que en el caso Business Track se confirmó que las líneas fijas son las más vulnerables. Pero ese nivel de control estatal es insuficiente. Se requiere aplicar medidas conducentes a registrar y fiscalizar la contabilidad y los sistemas administrativos de aquellas empresas que brindan “servicios de seguridad” en comunicaciones, así como a las que importan equipos para realizar tales trabajos. El MTC, en coordinación con Aduanas y otras autoridades del Estado, está obligado a hacerlo a fin de evitar –como sucede en forma creciente– la proliferación indiscriminada del “chuponeo”.
No obstante, si bien señalan los especialistas que la tecnología del espionaje se reinventa en cuestión de meses –hoy, sin ir muy lejos, ya no se requiere comprar aparatos físicos, consolas o interceptores para “pinchar” los teléfonos, pues hasta por internet se venden softwares que facilitan la interceptación telefónica y de los correos electrónicos– lo indispensable es que el MTC siga actuando seriamente, sobre todo dando pasos anticipados para no ofrecerle ventaja a las bandas del espionaje. Al Estado no le es difícil controlar lo que se adquiera por internet, por ejemplo. En consecuencia deberá mejorarse el control post venta a través de ese mecanismo.
Reiteramos, la labor del MTC es insuficiente. Como están las cosas, hoy cualquier títere con cabeza puede dedicase –como “negocio legal” o simple vouyerismo– a destruir el prestigio de personas o amenazar la estabilidad del país, al contar con todas las facilidades para interceptar las comunicaciones. Este mayor esfuerzo del Estado implica desarrollar una reglamentación administrativa coherente, acompañada de una penalización firme y de una campaña publicitaria de concientización ciudadana que repugne la violación del derecho que tienen las personas e instituciones a mantener las reserva de sus comunicaciones, de lo contrario seguiremos a merced de los extorsionadores.
Lamentablemente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC recién ha dispuesto acciones de control sobre las empresas de telefonía fija, a fin de que éstas supervisen a los services y a sus subcontratistas, en especial a aquellas que manipulan postes y redes de telecomunicaciones. Recordemos que en el caso Business Track se confirmó que las líneas fijas son las más vulnerables. Pero ese nivel de control estatal es insuficiente. Se requiere aplicar medidas conducentes a registrar y fiscalizar la contabilidad y los sistemas administrativos de aquellas empresas que brindan “servicios de seguridad” en comunicaciones, así como a las que importan equipos para realizar tales trabajos. El MTC, en coordinación con Aduanas y otras autoridades del Estado, está obligado a hacerlo a fin de evitar –como sucede en forma creciente– la proliferación indiscriminada del “chuponeo”.
No obstante, si bien señalan los especialistas que la tecnología del espionaje se reinventa en cuestión de meses –hoy, sin ir muy lejos, ya no se requiere comprar aparatos físicos, consolas o interceptores para “pinchar” los teléfonos, pues hasta por internet se venden softwares que facilitan la interceptación telefónica y de los correos electrónicos– lo indispensable es que el MTC siga actuando seriamente, sobre todo dando pasos anticipados para no ofrecerle ventaja a las bandas del espionaje. Al Estado no le es difícil controlar lo que se adquiera por internet, por ejemplo. En consecuencia deberá mejorarse el control post venta a través de ese mecanismo.
Reiteramos, la labor del MTC es insuficiente. Como están las cosas, hoy cualquier títere con cabeza puede dedicase –como “negocio legal” o simple vouyerismo– a destruir el prestigio de personas o amenazar la estabilidad del país, al contar con todas las facilidades para interceptar las comunicaciones. Este mayor esfuerzo del Estado implica desarrollar una reglamentación administrativa coherente, acompañada de una penalización firme y de una campaña publicitaria de concientización ciudadana que repugne la violación del derecho que tienen las personas e instituciones a mantener las reserva de sus comunicaciones, de lo contrario seguiremos a merced de los extorsionadores.
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