En este momento hay casos gordos que investiga la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, quien valientemente hace apenas unos días dio al país la buena noticia que consistía en la captura de una red de interceptación telefónica camuflada bajo el membrete de Business Track SAC. Quizá por ello ahora la doctora Echaíz ha sido el último fin de semana blanco de un ataque con armas de fuego. Tres sujetos dispararon contra su vehículo pero sus guardaespaldas a tiempo pudieron repeler la agresión criminal.
Ante hecho de esta magnitud queremos elevar nuestra enérgica voz de protesta contra quienes resulten ser los autores materiales o intelectuales de este atentado. Igualmente manifestamos nuestra solidaridad y nuestro más completo respaldo a la titular del Ministerio Público. Si bien es temprano para determinar de dónde provino este acto asesino, no se descarta que los atacantes pertenezcan a la mafia del “chuponeo” que se siente actualmente cercada por las investigaciones policiales, fiscales y parlamentarias, las que deberán profundizarse aún más a fin de desmantelar esa red delictiva.
Pero venga de donde venga esa intención malsana por herir o amedrentar a una alta funcionaria de Estado que tiene en sus manos la enorme misión de luchar contra el delito y la corrupción, la sociedad y el Estado no pueden permanecer impasibles. De modo que de inmediato toda la opinión pública, la ciudadanía y las autoridades de la nación deberán cerrar filas y unirse para enfrentar a quienes no respetan la vida ni el estado de derecho. Así, esté de por medio de este ataque la delincuencia común, el narcotráfico, la corrupción o la mafia de interceptación telefónica –aceitada por los financistas del “chuponeo”–, debemos adoptar medidas urgentes para proteger a quienes tienen la misión de evitar que el país caiga en manos de facinerosos que ya convirtieron a otras naciones, como México, en víctimas de la vendetta y la muerte.
Sabemos de la delicada función de la Fiscal de la Nación, quién podría haber sido escogida como víctima para de ahí derivar un mensaje amenazador a las demás autoridades del país con el objeto de que no lleguen al fondo del espionaje telefónico, entre otros delitos de gravedad, por lo que desde esta columna editorial también respaldamos a los agentes de la PNP que ejemplarmente están desarticulando a las bandas criminales, a todos los fiscales y jueces anticorrupción e igualmente apoyamos la labor del Congreso de la República, espacio democrático donde muchos parlamentarios se están fajando de veras para acabar con la delincuencia común y la que se considera “sofisticada”. A todos ellos se les debe redoblar el resguardo personal
EXPRESO
Ante hecho de esta magnitud queremos elevar nuestra enérgica voz de protesta contra quienes resulten ser los autores materiales o intelectuales de este atentado. Igualmente manifestamos nuestra solidaridad y nuestro más completo respaldo a la titular del Ministerio Público. Si bien es temprano para determinar de dónde provino este acto asesino, no se descarta que los atacantes pertenezcan a la mafia del “chuponeo” que se siente actualmente cercada por las investigaciones policiales, fiscales y parlamentarias, las que deberán profundizarse aún más a fin de desmantelar esa red delictiva.
Pero venga de donde venga esa intención malsana por herir o amedrentar a una alta funcionaria de Estado que tiene en sus manos la enorme misión de luchar contra el delito y la corrupción, la sociedad y el Estado no pueden permanecer impasibles. De modo que de inmediato toda la opinión pública, la ciudadanía y las autoridades de la nación deberán cerrar filas y unirse para enfrentar a quienes no respetan la vida ni el estado de derecho. Así, esté de por medio de este ataque la delincuencia común, el narcotráfico, la corrupción o la mafia de interceptación telefónica –aceitada por los financistas del “chuponeo”–, debemos adoptar medidas urgentes para proteger a quienes tienen la misión de evitar que el país caiga en manos de facinerosos que ya convirtieron a otras naciones, como México, en víctimas de la vendetta y la muerte.
Sabemos de la delicada función de la Fiscal de la Nación, quién podría haber sido escogida como víctima para de ahí derivar un mensaje amenazador a las demás autoridades del país con el objeto de que no lleguen al fondo del espionaje telefónico, entre otros delitos de gravedad, por lo que desde esta columna editorial también respaldamos a los agentes de la PNP que ejemplarmente están desarticulando a las bandas criminales, a todos los fiscales y jueces anticorrupción e igualmente apoyamos la labor del Congreso de la República, espacio democrático donde muchos parlamentarios se están fajando de veras para acabar con la delincuencia común y la que se considera “sofisticada”. A todos ellos se les debe redoblar el resguardo personal
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