Es increíble la capacidad histriónica de la que hacen gala dos periodistas, un hombre y una mujer, al rasgarse las vestiduras por el ex ministro del Interior Fernando Rospigliosi, recientemente declarado infractor de la Constitución por la Comisión Permanente del Congreso. Una vez más se comprueba que existe en el periodismo peruano una cofradía mediática, por fortuna integrada por poquísimos periodistas, quienes pese a tener rabo de paja insisten en presentarse ante la opinión pública muy pulcros y honestos, es decir quieren aparecer como líderes de opinión con facultad para levantar el dedo acusador a diestra y siniestra, ponderando hipócritamente sobre democracia, derechos humanos y ética.
Esa argolla con poder mediático, donde quienes la integran suelen lisonjearse unos a otros, piensa que la ciudadanía es incapaz de darse cuenta de los hechos por los cuales el ex ministro toledista de marras ha sido acusado por infracción constitucional. Todos ellos, cortados por la misma tijera y sin autoridad moral, señalan que se ha cometido una vendetta contra Rospigliosi por haber revelado los “petroaudios”. Qué cosa más jalada de los cabellos. Sucede que esa fue la coartada del ex ministro ante la falta de argumentos para defenderse. En esencia en este caso, como antes lo fue en otro relacionado al funcionario Diego García Sayán, los periodistas aludidos se refieren a hechos cometidos durante el gobierno toledista, pero que mediante una serie de argucias y mañas tardó mucho en ser visto en la agenda del Legislativo. Pero como toda demora es signo de ineficiencia, máxime cuando estaba por prescribir el hecho materia de la acusación contra Rospigliosi, el asunto merecía ser abordado de una vez y sin más postergaciones.
De modo que el affaire “petroaudios” nada tiene que ver. Sugerirlo es mezclar papas con camotes, o en todo caso es lanzar cortinas de humo de parte del acusado o de sus defensores mediáticos para confundir a la platea, como fue la pataleta de Rospigliosi en el seno de la Comisión Permanente a la que calificó de “pandilla”, así como a los congresistas que lo acusaban de “corruptos”. Pero ese es el estilo procaz que siempre practica Rospigliosi, un individuo que ahora recibe sopa de su propio chocolate. Si no, recordemos sus columnas furibundas publicadas en un hebdomadario, desde donde fusiló a más de un político, en especial a quienes le antecedieron en la cartera del Interior, de donde salió censurado.
Lamentamos que en una noticia que debió manejarse sin apasionamiento, dos periodistas hayan hecho cuestión de Estado –y sobre todo desinformado a la opinión pública– al soslayar los hechos y al afirmar que existe una venganza de por medio. Basta preguntar a los policías cómo fue el uniforme que vistieron durante la gestión del entonces ministro Rospigliosi. Eran prendas de ínfima calidad, incluyendo el calzado con el cual no podían caminar. Por eso da pena ver a ambos periodistas reciclados, que ayer nomás trabajaron para ese fujimorismo que hoy tanto cuestionan, poner las manos al fuego por Rospigliosi y pasar por agua tibia a este ex ministro que habría beneficiado económica o amicalmente a un consorcio (Proética) que ni siquiera estaba inscrito en Registros Públicos cuando suscribió con él un contrato oneroso representando al Estado, nada menos que para supervisar una licitación de uniformes policiales que acabó siendo un escándalo. Al margen de lo que determine el Pleno, existe aquí un severo error ético y político.
EXPRESO
Esa argolla con poder mediático, donde quienes la integran suelen lisonjearse unos a otros, piensa que la ciudadanía es incapaz de darse cuenta de los hechos por los cuales el ex ministro toledista de marras ha sido acusado por infracción constitucional. Todos ellos, cortados por la misma tijera y sin autoridad moral, señalan que se ha cometido una vendetta contra Rospigliosi por haber revelado los “petroaudios”. Qué cosa más jalada de los cabellos. Sucede que esa fue la coartada del ex ministro ante la falta de argumentos para defenderse. En esencia en este caso, como antes lo fue en otro relacionado al funcionario Diego García Sayán, los periodistas aludidos se refieren a hechos cometidos durante el gobierno toledista, pero que mediante una serie de argucias y mañas tardó mucho en ser visto en la agenda del Legislativo. Pero como toda demora es signo de ineficiencia, máxime cuando estaba por prescribir el hecho materia de la acusación contra Rospigliosi, el asunto merecía ser abordado de una vez y sin más postergaciones.
De modo que el affaire “petroaudios” nada tiene que ver. Sugerirlo es mezclar papas con camotes, o en todo caso es lanzar cortinas de humo de parte del acusado o de sus defensores mediáticos para confundir a la platea, como fue la pataleta de Rospigliosi en el seno de la Comisión Permanente a la que calificó de “pandilla”, así como a los congresistas que lo acusaban de “corruptos”. Pero ese es el estilo procaz que siempre practica Rospigliosi, un individuo que ahora recibe sopa de su propio chocolate. Si no, recordemos sus columnas furibundas publicadas en un hebdomadario, desde donde fusiló a más de un político, en especial a quienes le antecedieron en la cartera del Interior, de donde salió censurado.
Lamentamos que en una noticia que debió manejarse sin apasionamiento, dos periodistas hayan hecho cuestión de Estado –y sobre todo desinformado a la opinión pública– al soslayar los hechos y al afirmar que existe una venganza de por medio. Basta preguntar a los policías cómo fue el uniforme que vistieron durante la gestión del entonces ministro Rospigliosi. Eran prendas de ínfima calidad, incluyendo el calzado con el cual no podían caminar. Por eso da pena ver a ambos periodistas reciclados, que ayer nomás trabajaron para ese fujimorismo que hoy tanto cuestionan, poner las manos al fuego por Rospigliosi y pasar por agua tibia a este ex ministro que habría beneficiado económica o amicalmente a un consorcio (Proética) que ni siquiera estaba inscrito en Registros Públicos cuando suscribió con él un contrato oneroso representando al Estado, nada menos que para supervisar una licitación de uniformes policiales que acabó siendo un escándalo. Al margen de lo que determine el Pleno, existe aquí un severo error ético y político.
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