Por: Hugo Guerra
Buen lector, los peruanos debemos velar para que, con la sentencia sobre Alberto Fujimori, concluya el martes, con justicia y sin ánimo de venganza, el juicio impecable que ha presidido el doctor César San Martín.
Personalmente sí creo que el procesado es culpable. Veamos: en su alegato de autodefensa, el ex dictador ha incurrido en la manipulación arquetípica de los genocidas, al sostener que al momento de su llegada al poder la situación era tan catastrófica que, por ello, debió dar el autogolpe de Estado de 1992; y, asimismo, avanzar en una estrategia sin cuartel para derrotar al terrorismo.
Es cierto que desde 1980 hasta principios de la década siguiente el Perú padeció uno de los fenómenos más violentos que se hayan registrado en la historia contemporánea. Estábamos involucionando hacia un modelo polpotiano y eso costó la vida de decenas de miles de compatriotas y pudo poner a nuestro país en la terrible condición de inviable.
También es verdad que los gobiernos del período 1980 – 1990 incurrieron en el grave error político y estratégico de delegar el poder real del país a las FF.AA., al otorgarles un mando político-militar en las zonas de emergencia que ocupaban gran parte del territorio nacional, sin estar preparadas para tal encargo.
Se planteó, entonces, la disyuntiva más compleja que debe afrontar un gobernante: o Fujimori asumía una política radical (la guerra sucia sustentada en la interrupción de la democracia y el desprecio por los derechos humanos) para frenar rápidamente a Sendero y el MRTA; o desplegaba estrategias de defensa quizá más lentas, pero igualmente enérgicas y eficientes, sin salirse del marco democrático.
En lógica esto se llama dilema, el problema que puede resolverse de dos maneras distintas, aunque ninguna de ambas sea plenamente satisfactoria. Y en política el dilema se resuelve, en última instancia, con criterio moral, privilegiando el bien sobre el mal.
La opción de Fujimori fue el pragmatismo, la hipereficiencia y el corto plazo, sin importar que ello implicara —como está demostrado— una represión indiscriminada, el avasallamiento de las libertades fundamentales, la imposición del autoritarismo, la construcción de un régimen que pretendió perpetuarse por el miedo y la corrupción y, claro, el silencio de aquellos a quienes su gobierno mandó a asesinar.
La sentencia debe circunscribirse al dictador y sus cómplices, porque no están bajo escrutinio los militares que vistieron y visten con honor el uniforme de la patria. Tampoco debe juzgarse un modelo económico o una postura ideológica. El tribunal no puede perder de vista que el sujeto de la sentencia es el hombre que optó por convertirse en un mesías impostor carente de criterios morales.
Condenar a Alberto Fujimori será como encender el fuego purificador sobre un sistema político que necesita con urgencia recuperar aquellos valores que le permitan proyectar al Perú como nación moralmente sólida por encima de cualquier contingencia futura.
EL COMERCIO
Buen lector, los peruanos debemos velar para que, con la sentencia sobre Alberto Fujimori, concluya el martes, con justicia y sin ánimo de venganza, el juicio impecable que ha presidido el doctor César San Martín.
Personalmente sí creo que el procesado es culpable. Veamos: en su alegato de autodefensa, el ex dictador ha incurrido en la manipulación arquetípica de los genocidas, al sostener que al momento de su llegada al poder la situación era tan catastrófica que, por ello, debió dar el autogolpe de Estado de 1992; y, asimismo, avanzar en una estrategia sin cuartel para derrotar al terrorismo.
Es cierto que desde 1980 hasta principios de la década siguiente el Perú padeció uno de los fenómenos más violentos que se hayan registrado en la historia contemporánea. Estábamos involucionando hacia un modelo polpotiano y eso costó la vida de decenas de miles de compatriotas y pudo poner a nuestro país en la terrible condición de inviable.
También es verdad que los gobiernos del período 1980 – 1990 incurrieron en el grave error político y estratégico de delegar el poder real del país a las FF.AA., al otorgarles un mando político-militar en las zonas de emergencia que ocupaban gran parte del territorio nacional, sin estar preparadas para tal encargo.
Se planteó, entonces, la disyuntiva más compleja que debe afrontar un gobernante: o Fujimori asumía una política radical (la guerra sucia sustentada en la interrupción de la democracia y el desprecio por los derechos humanos) para frenar rápidamente a Sendero y el MRTA; o desplegaba estrategias de defensa quizá más lentas, pero igualmente enérgicas y eficientes, sin salirse del marco democrático.
En lógica esto se llama dilema, el problema que puede resolverse de dos maneras distintas, aunque ninguna de ambas sea plenamente satisfactoria. Y en política el dilema se resuelve, en última instancia, con criterio moral, privilegiando el bien sobre el mal.
La opción de Fujimori fue el pragmatismo, la hipereficiencia y el corto plazo, sin importar que ello implicara —como está demostrado— una represión indiscriminada, el avasallamiento de las libertades fundamentales, la imposición del autoritarismo, la construcción de un régimen que pretendió perpetuarse por el miedo y la corrupción y, claro, el silencio de aquellos a quienes su gobierno mandó a asesinar.
La sentencia debe circunscribirse al dictador y sus cómplices, porque no están bajo escrutinio los militares que vistieron y visten con honor el uniforme de la patria. Tampoco debe juzgarse un modelo económico o una postura ideológica. El tribunal no puede perder de vista que el sujeto de la sentencia es el hombre que optó por convertirse en un mesías impostor carente de criterios morales.
Condenar a Alberto Fujimori será como encender el fuego purificador sobre un sistema político que necesita con urgencia recuperar aquellos valores que le permitan proyectar al Perú como nación moralmente sólida por encima de cualquier contingencia futura.
EL COMERCIO
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